Por una parte, la vigilancia de las consultas jurídicas que tengan lugar en la comisaría de policía tiene un tratamiento análogo a la interceptación de las llamadas telefónicas entre un abogado y su cliente, esto es, puede lugar a la violación del artículo 8 CEDH, dada la necesidad de asegurar un nivel de protección de la relación reforzado, y en particular por la confidencialidad de los intercambios de información por la que se caracterizan. Incluso la grabación de conversaciones telefónicas privadas en el contexto y para el beneficio de una investigación oficial (criminal u otra) hecha por una persona con la connivencia y la asistencia técnica de autoridades de investigación públicas también se condena por el TEDH. 

Por otra parte, el TEDH considera que la vigilancia de un terrorista sospechoso por medio de GPS así como el procesamiento y el uso de datos de ahí obtenidos no vulnera el artículo 8 CEDH. 

Cuando el TEDH trata asuntos relativos a la zona de interacción entre una persona con otros en espacios públicos, ha previsto que el parar y registrar a una persona en un espacio público sin que haya sospechas razonables de mala conducta supone un ataque a su vida privada. La entrada de oficiales de policía en una casa en que el recurrente no estaba presente y tampoco había riesgo de cometerse delito también se considera desproporcionada al objetivo legítimamente perseguido y contraria por tanto al artículo 8 CEDH. 

IV. Protección de la vida familiar

1. Definición de vida familiar 

El ingrediente esencial de la vida familiar es el derecho a vivir juntos de manera que las relaciones familiares puedan desarrollarse de forma normal y que los miembros de la familia puedan disfrutar de la compañía unos de los otros. La noción de “vida familiar” es un concepto autónomo que tiene en cuenta básicamente si existen vínculos personales estrechos, forjados entre las personas cuando por ejemplo conviven juntos. Otros elementos relevantes son la duración de la relación y si los miembros de la pareja han demostrado compromiso el uno hacia el otro teniendo hijos comunes.

La protección de la vida familiar consagrada en el artículo 8 CEDH no se limita a las relaciones constituidas bajo la institución del matrimonio sino que incluye otros vínculos “familiares” de facto, es decir, otras formas de convivencia fuera del matrimonio. La constatación de si hay o no vínculos familiares entre determinadas personas es primordialmente una cuestión de hecho que depende de la existencia real y efectiva de relaciones personales estrechas, sin que la cohabitación constituya una condición sine qua non, como se verá más adelante en el apartado dedicado a desarrollar el ámbito de aplicación de la vida familiar.   

2. Obligación procesal en relación a la vida familiar

Mientras que el artículo 8 CEDH no contiene requisitos procesales explícitamente, el proceso de toma de decisiones involucrado en medidas de intervención debe ser equitativo para proporcionar el debido respeto a los intereses salvaguardados por el artículo 8 CEDH, en particular en relación a los niños que se cuidan. Además, el Tribunal de Estrasburgo ha determinado que en los casos en que la duración de los procedimientos tenga un claro impacto sobre la vida familiar del recurrente, es necesario un enfoque más riguroso, y el recurso disponible en la legislación nacional debe ser preventivo y compensatorio.

Las autoridades no tienen apenas margen de apreciación cuando el asunto versa sobre la separación de un progenitor y su hijo, imponiéndosele a los Estados la obligación de tomar medidas encaminadas de reagrupar a los progenitores con sus hijos. 

3. Ámbito de aplicación de la vida familiar

A. Relaciones derivadas de parejas 

a. Vida familiar sin formalización mediante la institución del matrimonio

Como se adelantaba más arriba, la noción de “familia” bajo el artículo 8 CEDH no está confinada solamente a relaciones constituidas bajo la institución del matrimonio sino que incluye otros “vínculos familiares” de facto donde las personas viven juntas de forma extramatrimonial. E incluso aunque las partes no cohabiten, pueden existir entre ellos bastantes vínculos como para considerar que se da la vida familiar. 

En relación con los hijos nacidos de parejas que están unidas bajo la forma extramatrimonial, el Tribunal ha considerado que los factores relevantes que pueden determinar la existencia real de vínculos personales estrechos, en la práctica, incluyen la naturaleza de la relación entre los padres biológicos así como el interés demostrable y la dedicación del padre para con el hijo tanto antes como después de su nacimiento. La cohabitación no es un requisito sine qua non para considerar que existe vida familiar entre padres e hijos.

b. Parejas del mismo sexo

Cuando una pareja homosexual vive una relación estable puede considerarse, de la misma manera que se considera cuando se trata de una pareja heterosexual, que tienen una vida familiar a efectos del artículo 8 CEDH.

En este sentido, el TEDH establece en Vallianatos y otros c. Grecia que “la relación que mantienen los demandantes en el presente asunto entra tanto dentro del concepto de “vida privada” como del de “vida familiar” en igualdad de condiciones que la de una pareja de distinto sexo que se halle en la misma situación”.

Este principio se especifica en Schalk y Kopf c. Austria donde el Tribunal consideró artificial el mantener el punto de vista que, en contraste con una pareja heterosexual, una pareja homosexual no podía disfrutar de la “vida familiar” con los fines del artículo 8 CEDH. En consecuencia, el Tribunal ha establecido también que los hijos nacidos de parejas homosexuales, aun cuando lo hayan sido mediante reproducción asistida, también constituyen “vida familiar” a los efectos del artículo 8 CEDH.  

Por otra parte, el Tribunal ha señalado que ha surgido un consenso en Europa en lo que se refiere a las parejas del mismo sexo, el cual se ha desarrollado rápidamente en la última década. Sin embargo, no existe todavía una mayoría de Estados que reconozca jurídicamente a las parejas del mismo sexo. Se trata de un área con derechos sociales en evolución donde los Estados disfrutan de un margen de apreciación en el momento de introducción de cambios legislativos.

Por lo expuesto, los Estados disponen de libertad, con arreglo a los artículos 12 y 14 CEDH en conjunción con el artículo 8 CEDH, de restringir el acceso al matrimonio de parejas del mismo sexo.  

Por otro lado, en cuanto a la prohibición de las parejas del mismo sexo de celebrar una unión civil, el Tribunal considera que se viola el artículo 14 CEDH en conjunción con el artículo 8 CEDH, pues:

“el Tribunal considera útil recordar que, aunque no exista consenso entre los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros del Consejo de Europa, sí se observa actualmente una tendencia sobre la adopción de formas de reconocimiento jurídico de las relaciones entre personas del mismo sexo. En efecto, nueve Estados miembros han aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Además, diecisiete Estados miembros permiten formas de pareja de hecho para personas del mismo sexo. En cuanto a la cuestión concreta planteada por el presente asunto (…), el Tribunal considera que la tendencia que se desprende de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros del Consejo de Europa es clara: entre los diecisiete Estados que permiten formas de registro de parejas de hecho distintas al matrimonio, Lituania y Grecia son las únicas que las limitan únicamente a las parejas de distinto sexo (…). En otras palabras, con solo dos excepciones, cuando un Estado miembro del Consejo de Europa decide promulgar una ley que establece un nuevo sistema de registro de parejas de hecho que represente una alternativa al matrimonio para las parejas no casadas, se incluye en el mismo a las parejas del mismo sexo. Esa tendencia se refleja además en los documentos relacionados del Consejo de Europa. A ese respecto, el Tribunal se remite especialmente a la Resolución 1728(2010) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y a la Recomendación del Comité de Ministres CM/Rec(2010)5 (…) 

El hecho de que un país se halle, tras una evolución gradual, una situación aislada con relación a un aspecto de su legislación no implica necesariamente que ese aspecto se oponga al Convenio ( F. c. Suiza , 18 de diciembre de 1987, § 33, serie A nº 128).Eso no impide que, en vista de lo que antecede, el Tribunal considere que el Gobierno no ha ofrecido motivos sólidos y convincentes para justificar la exclusión de las parejas del mismo sexo del ámbito de aplicación de la Ley nº 3719/2008. Por tanto, estima que en el presente caso se ha vulnerado el artículo 14 en concurso con el artículo 8 del Convenio.”

En esta línea, una pareja homosexual de la cual uno de los miembros era además un nacional no europeo consiguió que el TEDH reconociera que se había vulnerado su derecho a una vida familiar y su derecho a ser tratado igual que una pareja heterosexual tras habérsele negado un permiso de residencia con fines familiares. 

Pero no siempre ha dictaminado el TEDH que los tribunales nacionales deberían haber considerado a las parejas del mismo sexo como a las heterosexuales. En Aldequer Tomás c. España, el Tribunal consideró que no se vulneraba el artículo 14 CEDH en conjunción con el artículo 8 CEDH y artículo 1 del Protocolo No. 1 cuando el miembro que sobrevivió al otro miembro fallecido no pudo obtener la pensión de viudedad por haberse reconocido jurídicamente el matrimonio homosexual después en el tiempo.

B. Padres: derecho a ser progenitores genéticos

Tal y como sucede con la noción de “vida privada”, la noción de “vida familiar” incorpora el derecho al respeto a tomar la decisión de ser progenitores en el sentido genético. En este sentido, si bien el TEDH reconoce el derecho de una pareja a hacer uso de la reproducción asistida entra dentro del ámbito de aplicación del artículo 8 CEDH, como una expresión del derecho a la vida privada y familiar, a su vez considera que los problemas derivados de consideraciones morales o de aceptabilidad social deben ser tenidos en cuenta seriamente en un área tan sensible como es la de la procreación artificial.

Así pues, ante un caso de reproducción asistida donde el recurrente invoque su derecho a la vida familiar conculcado, habrá que estar a la casuística, pues mientras ha habido asuntos donde el TEDH ha condenado a las autoridades nacionales por no respetarla, como sucede en Dickson c. Reino Unido donde éstas deniegan a un preso su petición de autorización para recurrir al procedimiento de inseminación artificial, en otras las ha absuelto, como pasa en Evans c. Reino Unido donde la legislación nacional permitió al recurrente revocar su consentimiento relativo al almacenamiento y uso por su ex pareja de embriones creados conjuntamente, impidiéndole el tener un hijo al que estaría genéticamente vinculado. 

Por su parte, añadir que el artículo 8 CEDH no protege la “vida familiar” de las personas nacidas de una gestación subrogada, o lo que es lo mismo de una “madre de alquiler”, que dicho sea de paso no era ni nacional ni residente de ningún Estado parte en el Convenio. El Tribunal está de acuerdo con los Estados en que no puede obligárseles a legalizar la gestación subrogada. 

C. Hijos

a. Disfrute mutuo

El disfrute mutuo entre un progenitor con su hijo de la compañía el uno del otro constituye un elemento fundamental de la vida familiar en el sentido del artículo 8 CEDH (incluso si la relación entre los progenitores se hubiera roto), y las medidas nacionales que obstaculicen tal disfrute mutuo supondrán una interferencia con el derecho a la vida familiar protegido por el artículo 8 CEDH. 

En casos donde se produce el secuestro secreto y extrajudicial y la detención arbitraria de una persona privando así a sus seres queridos del disfrute de aquélla, el TEDH considera que se viola el artículo 8 CEDH.  Así mismo se entiende cuando el recurrente es aislado y separado de su familia durante más de un año. El mero hecho de no dar al recurrente una información creíble sobre el paradero de su hijo también constituye una violación del derecho al disfrute mutuo y del respeto a la vida familiar.

También la denegación a una madre de permitir que su hijo viva con ella mientras acaba sus estudios de posgrado aun cuando el hijo así lo quiere también, debido a que el padre no lo consiente, es considerada como una vulneración del artículo 8 CEDH, pues el asunto debería haberse examinado por las autoridades nacionales teniendo en cuenta el interés superior del niño y debería haberse evitado un enfoque meramente formalista y mecánico. 

b. Vínculos entre la madre natural y los hijos

El Tribunal considera que forman una “familia” a una madre soltera junto con su hijo, tal y como si se tratase de cualquier otra forma de familia, no inferior a cualquier otra donde existe otro progenitor. El desarrollo de la vida familiar de una mujer no casada con su hijo a quien ella reconoce puede resultar obstaculizado si el hijo no se reconoce como miembro de la familia de la madre por haberlo tenido esta última sin haberse casado. 

En otro orden de cosas, un progenitor biológico que conscientemente de su consentimiento para que su descendiente sea adoptado, podría verse impedido de rescindir tal renuncia. Si por el contrario una hija es dada en acogida y separada de su madre biológica de manera injustificada y la autoridad local fracasa en someter el asunto al tribunal para que decida, se considera por el Tribunal que la madre ha sido privada de una participación adecuada en el proceso de decisión relativo a los cuidados de su hija y por tanto del requisito de protección de sus intereses, lo que resulta en un fracaso del respeto a su vida privada.

c. Vínculos entre el padre natural y los hijos

Como ya se adelantó, el Tribunal incluye dentro de la noción de vida familiar a todo tipo de familias y no solo a las que tienen relación con parejas casadas bajo la institución del matrimonio. La aplicación se extiende también, por tanto, a la relación del padre natural con el hijo que ha nacido fuera del matrimonio, incluyéndose no solamente la vida familiar que hubiera sido ya establecida y que no debe ponerse en peligro bajo ningún concepto sino también la potencial relación que podría haberse desarrollado entre aquel padre biológico con su hijo.  

Existe entre los padres biológicos y su hijo un vínculo de vida familiar incluso si aquéllos no estuvieran conviviendo cuando aquél nazca o su relación sentimental hubiera terminado. En Keegan c. Irlanda se especifica que no importa el estado en que se encuentra la relación entre los padres biológicos en el momento del nacimiento de su hijo cuando por ejemplo han convivido un año de los dos que duró su relación y la concepción de aquél fue fruto de una decisión deliberada, conculcándose el derecho a la vida familiar del padre biológico si se da en adopción el hijo nada más nacer sin que él lo sepa y por tanto sin su consentimiento. 

Por otra parte, el mero parentesco biológico, sin ningún otro elemento de hecho ni jurídico indicativo de la existencia de una relación personal cercana, no es suficiente para atraer la protección del artículo 8 CEDH. Para determinar si en cualquier caso la existencia o no de vida familiar puede relacionarse con una potencial relación entre el hijo y su padre biológico habrá que atender a factores relevantes como el interés demostrable y la dedicación del padre con el hijo tanto antes como después del nacimiento de aquél.  

d. Permiso parental, custodia y derechos de visita 

Konstantin Markin c. Rusia

Respecto al permiso parental, el Tribunal establece en Konstantin Markin c. Rusia que “el artículo 8 no conlleva un derecho al permiso parental ni impone a los Estados la obligación positiva de prever una prestación de permiso parental. No obstante, al permitir que uno de los padres permanezca en el domicilio para ocuparse de los hijos, el permiso parental y la prestación subsiguiente favorecen la vida familiar y tienen necesariamente una incidencia en la organización de ésta. El permiso parental y la prestación correspondiente entran por tanto, en el campo de aplicación del artículo 8 del Convenio (…)”.

En lo que a la custodia por el Estado en centros de acogida, el Tribunal ha previsto que el fracaso en relevar documentos relevantes a los padres durante los procedimientos instituidos por las autoridades relativos a la colocación y al mantenimiento de un niño en acogida implica que el proceso de decisión que determina la custodia y las condiciones de acceso  no proporciona protección a los intereses de los padres salvaguardados por el artículo 8 CEDH, debido a la falta de respeto de la vida familiar de los recurrentes. 

Los Estados deben adoptar medidas tendentes a asegurar que los derechos parentales y las determinaciones de custodia se implementan. Esto puede incluir, si así se requiere, la investigación del paradero de un niño cuya ubicación ha sido escondida por el otro progenitor. El TEDH también considera que, apoyándose en una serie de medidas automáticas y estereotípicas en aras a asegurar el ejercicio por parte del padre de sus derechos de visita con su hijo, los tribunales nacionales no habían tomado las medidas apropiadas para establecer una relación significativa entre el recurrente y su hijo y para ejercer plenamente sus derechos de visita. En relación a medidas que impiden a los recurrentes entrar en otro país donde se encuentran los miembros de su familia para poderlos visitar, el Tribunal ha constatado que suponen una violación a la garantía de vida familiar del artículo 8 CEDH.

Por lo que al derecho de visita de un progenitor, se establece en Elsholz c. Alemania que la negativa a ordenar un examen por un perito psicólogo independiente para desvelar si el hijo sufriría un conflicto insuperable de no lealtad a la madre que es con la que se encontraba viviendo debido a las tensiones que sufrían los padres, junto a la falta de audiencia ante el Tribunal Regional demuestra, en opinión del TEDH, que el solicitante no desempeñó en el proceso de decisión un papel suficientemente importante y, en consecuencia, que las autoridades nacionales se excedieron en su margen de apreciación y violaron sus derechos garantizados por el artículo 8 del Convenio.

Sin perjuicio de este veredicto, el TEDH reconoce que la decisión de una niña de trece años de no querer ver a su padre y de no tener contacto con él por años debe ser tenida en cuenta en favor de los intereses de la misma dado que el forzarla supondría una perturbación seria de su equilibrio emocional y psicológico, por lo que se aplicaría la excepción prevista en el apartado 2 del artículo 8 CEDH. En cualquier caso, cuando se trata de relaciones entre padres e hijos existe un deber de diligencia excepcional en vista de que el riesgo del paso del tiempo puede suponer una determinación de la materia de facto, siendo decisivo que el asunto se escuche en un plazo de tiempo razonable como requisito procesal implícito del artículo 8 CEDH. 

e. Sustracción internacional de menores

En asuntos de sustracción internacional de menores, las obligaciones que el artículo 8 CEDH impone sobre los Estados parte deben ser interpretadas teniendo en cuenta, en particular, el Convenio de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (conocido como “el Convenio de La Haya”) y la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989.

Pero de acuerdo con el TEDH, en este área “El punto decisivo consiste en determinar si se ha alcanzado el justo equilibrio que debe existir entre los diferentes intereses en juego -los del niño, los de los padres y los del orden público- dentro de los límites del margen de apreciación que tienen los Estados en la materia (Maumousseau y Washington , antes citado, § 62) teniendo en cuenta, en todo caso, que el primer elemento a considerar es el interés superior del menor y que los objetivos de prevención y de retorno inmediato obedecen a una determinada concepción del “interés superior del niño” (…)

El Tribunal reitera que hay un amplio consenso -también en derecho internacional- respecto a la idea de que debe primar su interés superior en todas las decisiones relativas a niños (…).”

Además de los intereses del menor, los intereses de los padres, especialmente en tener contacto regular con su hijo, cuando por ejemplo éste se encuentra en un centro de acogida, son un factor importante a la hora de sopesar los diversos intereses en juego y determinar si se respeta el derecho a una vida familiar. 

Para determinar si se ha vulnerado el derecho a la vida familiar por las autoridades nacionales, el TEDH tiene en cuenta que no se haya asegurado el retorno inmediato del menor a su residencia habitual cuando éste hubiera sido sustraído por uno de los progenitores, retorno demandado por un padre, de acuerdo con el Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores.

En cuanto al retorno al Estado donde el menor tenga su residencia habitual:

el TEDH establece en X. c. Letonia que 

“En primer lugar, que el juez competente tenga realmente en cuenta los elementos susceptibles de constituir una excepción al retorno inmediato del menor en aplicación de los artículos 12 , 13 y 20 del citado convenio, especialmente cuando los invoque una de las partes. Dicho juez deberá dictar una resolución lo suficientemente motivada sobre este aspecto de la demanda como para que el Tribunal compruebe que estas cuestiones han sido efectivamente objeto de un examen efectivo. En segundo lugar, estos elementos deben apreciarse atendiendo al artículo 8 del Convenio 

(…)

Por consiguiente, el Tribunal estima que el artículo 8 del Convenio impone en este asunto una obligación procedimental a las autoridades nacionales: al examinar la demanda de retorno del menor, los jueces no sólo deben examinar las alegaciones sobre la existencia de un “grave riesgo” para el menor en caso de retorno, sino que deberán pronunciarse sobre el particular mediante una decisión especialmente motivada atendiendo a las circunstancias del caso. La negativa a tener en cuenta las objeciones al retorno susceptibles de entrar en el ámbito de aplicación de los artículos 12 , 13 y 20 del Convenio de La Haya y la falta de motivación suficiente de la decisión de rechazo a tales objeciones serían contrarias a las exigencias del artículo 8 del Convenio pero también al objeto del Convenio de La haya Es necesario que los tribunales internos analicen seriamente esas acusaciones y que demuestren que lo han hecho mediante una motivación que no sea ni automática ni estándar, sino que sea lo suficientemente detallada atendiendo a las excepciones del Convenio de La Haya, las cuales se interpretarán de manera estricta (Maumousseau y Washington, antes citada, § 73). De este modo el Tribunal, que no está para sustituir a los jueces nacionales, podrá realizar la supervisión europea.

(…)

Por otra parte, en el preámbulo del Convenio de La Haya que prevé el retorno del niño “al Estado en que tenga su residencia habitual”, los jueces deben asegurarse de que en el mismo se prevean las medidas adecuadas y de que en caso de que se tenga conocimiento de un riesgo, que se adopten medidas de protección concretas.”

Por lo que al tiempo en que la autoridad judicial o administrativa debe resolver, se establece en el artículo 11 del Convenio de La Haya un período de seis semanas no obligatorio. De acuerdo con el TEDH, si se excede este período por un tiempo “considerable”, no habiendo una causa justa que exima a las autoridades nacionales de su deber de respetarlo, no se cumpliría con la obligación positiva de actuar rápidamente en los procedimientos relativos al retorno del menor. 

f. Adopción 

Una adopción legal y real constituye una vida familiar de acuerdo con el artículo 8 CEDH, incluso en ausencia de convivencia u otros vínculos reales entre el niño adoptado y los padres adoptivos. Sin embargo, este precepto no garantiza ni el derecho a formar una familia ni el derecho a adoptar. Tampoco puede un Estado Miembro reconocer todo tipo de custodia como adopción. 

Pero aunque el derecho a adoptar no está incluido entre los derechos garantizados por el artículo 8 CEDH, las relaciones entre un padre adoptivo y un hijo, en caso de que se adopte, son por regla general de la misma naturaleza que las relaciones familiares protegidas por el artículo 8 CEDH. 

Ahora pues, a la hora de adoptar y a los efectos de la adopción sobre la relación entre los adoptantes y los adoptados, el TEDH ha establecido que las obligaciones impuestas por el artículo 8 CEDH deben ser interpretadas a la luz del Convenio de La Haya de 1993 relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas de 1989 y del Convenio Europeo sobre Adopción de Niños de 1996. 

En materia de adopción de niños por parejas homosexuales, el TEDH se ha limitado a decir que la comunidad científica ha investigado un poco en esta materia y existe un parecer dividido al respecto, concluyendo que la denegación de adopción a una pareja homosexual en Estados donde la posibilidad no existe no supone un ataque al derecho a la vida familiar conforme al artículo 8 CEDH.  

g. Familias de acogida

El TEDH puede reconocer la existencia de la vida familiar de facto entre los padres de acogida y el niño acogido, teniendo en cuenta el tiempo que hubieran pasado juntos, la calidad de la relación y el papel jugado por el adulto frente al niño.

En Moretti y Benedetti c. Italia el TEDH considera que se produce una violación de la obligación positiva del Estado porque la solicitud de adopción especial de las personas de acogida con respecto a una menor que había pasado cinco meses con ellas no se examinó cuidadosamente antes de que se declarara como libre para dar en adopción y otra pareja la hubiera seleccionado para adoptarla.

Cuando se trata de determinar si las personas acogidas en particular tienen derecho a acceder a los expedientes administrativos para así poder recibir las informaciones necesarias para conocer y comprender su infancia y sus años de formación, ya expusimos más arriba que el TEDH establece que estas personas tienen un interés vital en disponer de informaciones objetivas y merecedoras de crédito, protegido por el artículo 8 CEDH.

En palabras del Tribunal, “Cuando no se consigue entrar en relación con el informante o niega abusivamente su conformidad, el sistema debe proteger los intereses de cualquiera que pretenda consultar los datos sobre su vida privada y familiar; y sólo estará de acuerdo con el principio de proporcionalidad si dispone de un órgano independiente que, en el supuesto de que un informante no conteste o no dé su consentimiento, pueda tomar la resolución definitiva sobre la cuestión.” 

h. Patria potestad y custodia del Estado 

El hecho de que un niño pueda ser criado en un ambiente más beneficioso no justifica la medida de retirada de la custodia de los padres biológicos. Deben existir circunstancias que apunten a la “necesidad” para tal interferencia con el derecho de los padres bajo el artículo 8 CEDH a disfrutar de la vida familiar con su hijo.

Y por supuesto la situación económica de la madre tampoco puede ser motivo para retirarle la custodia de su hijo.

En efecto, el Tribunal de Estrasburgo ha apuntado a que debe proveerse a los padres biológicos con la asistencia social necesaria cuando éstos tienen dificultades económicas y sociales y es éste el motivo que usan las autoridades nacionales para enviar a su hijo a la acogida institucional. En Soares De Melo c. Portugal también se condena por vulneración del derecho a la vida familiar porque se da en acogida institucional a los hijos de una mujer que se encuentra en condiciones precarias, con vistas a dárseles en adopción, produciéndose la ruptura de los lazos familiares.

Las resoluciones de la Administración de hacerse cargo de los niños temporalmente deben ser interrumpidas tan pronto como las circunstancias lo permitan, pues tales medidas temporales deben ser consistentes con el fin de reunir a los padres biológicos con su hijo. La obligación positiva de tomar medidas para facilitar la reunificación familiar tan pronto como sea razonablemente posible empezará a afectar a las autoridades competentes con fuerza de forma progresiva en el momento en que empieza el período de custodia, siempre teniendo en cuenta el mejor interés del menor

No obstante lo expuesto, cuando las autoridades nacionales son confrontadas con alegaciones creíbles de abuso físico severo aunque sea sólo a primera vista, la retirada temporal de la custodia a los padres está suficientemente justificada.