El Consell se compromete a negociar la jornada de 35 horas para todos los funcionarios de la Generalitat

La jornada de 35 horas para los casi 190.000 funcionarios de la Generalitat se negociará para estar aplicada en 2026. Es uno de los compromisos recogidos en el macroacuerdo de legislatura firmado este jueves por el president del Ejecutivo valenciano, Carlos Mazón, y los tres sindicatos presentes en la Mesa de Negociación de las Administraciones Públicas, UGT, CC OO y Csif.

El documento recoge toda una serie de medidas para mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos, en su gran mayoría reivindicaciones históricas de los sindicatos, y calendariza cuándo deberán ser negociadas por las partes. El plan afectará a todos los funcionarios de la Generalitat --Función Pública, Sanidad, Educación y Justicia-- si bien la gran mayoría de las medidas se discutirán en las mesas sectoriales de cada ámbito de la administración autonómica.

El Consell negociará con los sindicatos mejoras laborales para todos los funcionarios

Según el cronograma oficial, al que ha tenido acceso Levante-EMV, las negociaciones más inmediatas serán para la eliminación de las cáusulas restrictivas de reposición de efectivos, sobre la jubilación parcial y anticipada, para un acuerdo en materia de derechos sindicales y para "activar y dinamizar" las mesas de negociación. Todas ellas se deben debatir y consensuar en este 2024.

En este mismo ejercicio también arrancarán las conversaciones sobre materias algo más complejas de consensuar a tenor del calendario, ya que se extenderán durante varios años. Es el caso de la jornada de 35 horas, probablemente uno de los puntos más sensibles de todo el acuerdo. Según el calendario, el melón se abrirá ya este curso y se negociará hasta 2026. Los sindicatos, en el acto de firma del pacto, incidieron en la importancia de los tiempos y prometieron estar "vigilantes" para que se "cumplan plazos". "No es un cheque en blanco", advirtió UGT ante el mismo Mazón.

La reducción horaria es una batalla sindical que viene de lejos. Tras roces con la parte social, el Botànic dejó encarrilada la modificación en Sanidad, pero el nuevo conseller, Marciano Gómez, frenó el plan tras asumir el cargo. Ahora deberá volver a negociarse en cada rama de la administración valenciana, si bien Mazón recalcó ayer que también se han fijado "políticas de evaluación" de las medidas a implementar, por lo que "no es solo una relación de exigir sino de corresponsabilidad".

Ya para 2025, el calendario prevé que se abran negociaciones para la mayoría de iniciativas que afectan a temas de Igualdad. Así, para ese ejercicio deberán pactarse medidas contra la violencia de género, actualizando los protocolos de actuación contra el acoso sexual y ampliando la protección de las mujeres trabajadoras víctimas de la violencia machista, así como el establecimiento de cursos de formación.

El pacto también prevé que el año próximo se debatan planes de Igualdad, el "desarrollo" de la Ley de Función Pública valenciana y los planes de teletrabajo, si bien las negociaciones serán bianuales, hasta 2026. Asimismo, se incluye el compromiso de mantener el fondo contra la brecha salarial entre 2025 y 2027, una iniciativa del Botànic a la que se le da continuidad.

Exigencias mutuas

El acto de firma del acuerdo estuvo plagado de agradecimientos y buenas palabras entre Mazón, que presidió la reunión, y los líderes sindicales, aunque también hubo advertencias. La más explícita la envió Mayte Montaner, secretaria general de la federación de Serveis Públics de UGT, quien aseguró ante el president que el macroacuerdo "no es un cheque en blanco". “El diálogo social en las adminsitraciones públicas es necesario, pero un acuerdo no sirve de nada si no se cumple. UGT no se va a conformar con una mera declaración de intenciones y una fotografía”, señaló.

Los sindicatos avisan a Mazón en la firma de su macroacuerdo: "No es un cheque en blanco"

Mazón asumió e incluso celebró la exigencia sindical e incidió en que se trata de un compromiso conjunto con el fin último de mejorar los servicios públicos que reciben los valencianos. "No es una relación solo de exigir sino de corresponsabilidad", dijo devolviendo la pelota a las centrales sindicales. En concreto, el president hacía referencia al hecho de que el documento marco incluya "políticas de evaluación" de las medidas a implementar, lo que ha considerado un "paso adelante" porque los sindicatos se someten también "al examen de la ciudadanía".

El texto no concreta ninguna mejora todavía sino el compromiso del Consell y sindicatos de sentarse a negociar. Las partes se comprometen a cumplir los potenciales acuerdos en los términos y plazos pactados y podrán romper el acuerdo si hay inclumplimientos recurrentes. Habrá una comisión de seguimiento cada seis meses.

La representante de CC OO, Pilar de Vera, mostró también su alegría por el acuerdo aunque también advirtió del "trabajo árduo que queda por delante" y vaticinó "acuerdos y desacuerdos" en ese proceso, mientras Rafael Cantó (Csif) agradeció la predisposición del Consell al diálogo, destacó que el documento incluye las "principales reivindicaciones" de su central y avanzó que "pelearán" en las comisiones de seguimiento para hacer cumplir esos compromisos adquiridos.

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