La Audiencia Nacional absuelve a Sandro Rosell tras 22 meses en prisión preventiva

La Audiencia Nacional ha absuelto al expresidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell y a los otros cinco acusados de blanquear comisiones por los dererechos audiovisuales de partidos de la selección brasileña de fútbol y por un contrato de esponsorización con Nike. La sala considera que tras valorar las pruebas practicadas no se han podido acreditar los hechos y, ante las dudas sembradas, deben quedar en libertad. La Fiscalía pedía seis años de cárcel para Rosell por delitos de blanqueo y pertenencia a grupo criminal, tras lo que ahora tendrá que decidir si recurre la sentencia ante la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.

Además de Rosell, que pasó 22 meses en prisión preventiva, los magistrados absuelven también a su mujer Marta Pineda, al gestor andorrano Joan Besolí, al cuñado de este Antonio Ramos, a su amigo José Colomer y a su presunto testaferro Sahe Ohanessian. El escrito de acusación sostenía que los seis conformaron "una estructura estable reforzada por vínculos de amistad y parentesco" que persiguió el "común propósito de obtener importantes beneficios económicos como contraprestación a los riesgos que corrían con su ilícita actividad", una supuesta trama que habría operado en Brasil, Andorra y España. La sentencia, sin embargo, explica ahora que "solo nos ha sido posible llegar hasta donde hemos llegado, operando en esa valoración con observancia del prinicipio 'in dubio pro reo' [en caso de duda falla a favor del acusado]".

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Tras arrancar el juicio oral, el propio fiscal rebajó de once a seis los años de prisión que pedía para el expresidente del Barça por blanquear supuestamente veinte millones de euros de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), de los que sostenía que el empresario se había quedado con al menos 6,5. Rosell se negó a responder a las preguntas del Ministerio Público durante su declaración, alegando en este sentido que "el escrito de acusación de la Fiscalía tiene tantos errores y falsedades que no voy a contestarle". Una línea similar a la expuesta por su abogado Pau Molins, que criticó que su cliente se encontrase en prisión preventiva desde hacía "casi dos años" cuando acusados "como los de La Manada" ya están en libertad, sugiriendo incluso que Rosell pusiese como fianza sus 30 millones de patrimonio para salir de la cárcel.

El pasado 27 de febrero, después de escuchar a los acusados y las defensas, la sala decidió dejar en libertad con medidas cautelares a Rosell y su socio Besolí, que también se encontraba en prisión desde mayo de 2017, al considerar que el riesgo de fuga había disminuido sensiblemente. La medida se tomó en pleno juicio y conllevó una serie de cautelares como la retirada de pasaporte y comparecencias ante las autoridades, pero no exigió fianza a ninguno de ellos. La salida de prisión de ambos chocó con la postura mantenida por la instructora del caso, la jueza Carmen Lamela, que rechazó en todo momento concederles la libertad y les mantuvo entre rejas 22 meses.

El caso parte de una comisión rogatoria de Estados Unidos por la investigación llevada a cabo por la Fiscalía de Nueva York sobre la participación de funcionarios de la FIFA en actividades delictivas, tras lo que la UDEF y la UCO se hicieron cargo de las pesquisas en España. La Audiencia Nacional, sin embargo, considera ahora que los delitos de blanqueo y pertenencia a grupo criminal no han sido probados: "Nos quedan, al menos, dudas, tanto en relación con la ilegalidad de las comisiones (soborno) como respecto de las sospechas apuntadas sobre las distintas sociedades, dudas que, en aplicación del principio 'in dubio pro reo', insistimos, han de resultar a favor de la absolución".

Casi dos años en prisión preventiva

Tras dejarles en libertad con medidas cautelares, la Audiencia Nacional defendió los casi dos años que estuvieron en prisión preventiva por "simples razones de riesgo de fuga, ya que hemos considerado imprescindible que comparecieran en el juicio, y ello porque partíamos de la premisa de una base fáctica y jurídica, que nos venía dada y consolidada por una serie de antecedentes procesales". En mayo de 2018, Rosell aseguró ante la instructora Lamela que "en ningún caso" se iba a fugar y negó tener una fortuna en el extranjero, pero la jueza no dio su brazo a torcer en ningún momento, quedando así el expresidente del Barça entre rejas hasta el pasado febrero.

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La sentencia, que absuelve ahora al empresario, también aborda la prisión preventiva a la que se han enfrentado tanto él como Besolí y, una vez más, defiende la medida: "No puesta en duda la presunción de inocencia que ha amparado a todos los acusados, la razón de la situación de prisión de Rosell y Besolí, siendo, como es, una prisión preventiva en nada afecta a dicha presunción; tanto es así, que el resultado del presente juicio es una sentencia absolutoria; por ello que, aunque se comprenda la alegación hecha por las defensas, en una línea que, por lo demás, suele ser habitual en casos como el que nos ocupa, no deje de sorprender, incluso, incomodar a este Tribunal, no ya por la duda de imparcialidad que se arroja sobre él, sino de su profesionalidad".

El escrito de acusación

Al comienzo del juicio, la Fiscalía apuntaba en su escrito de acusación a tres supuestas operaciones de blanqueo: la que se centra en Uptrend Developement, la sociedad participada por Rosell y Besolí que hizo de intermediaria en los contratos de derechos audiovisuales para la emisión de partidos de la selección de Brasil; la que aborda la "venta simulada" de Bonus Sport Marketing, una empresa de Rosell y su mujer que con un capital de 4.000 euros fue comprada en 2011 por una mercantil libanesa a cambio de más de 13,5 millones de euros, y la que gira en torno al contrato obtenido por Nike para la esponsorización de la Confederación de Fútbol de Brasil.

Antes de rebajar su acusación, el Ministerio Público pidió entonces 11 años de prisión y una multa de 59 millones de euros para Rosell al considerar que lideró una organización criminal que, entre 2006 y 2011, blanqueó cerca de 20 millones de euros del que fuera presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ricardo Terra Teixeira. De todos modos, la sala explica en su sentencia que los acusados han sido juzgados por un delito de blanqueo de capitales que entre sus elementos constitutivos requiere que concurra un delito antecedente, es decir, una explicación sobre la actividad de la que procede el dinero sucio que después se ha tratado de 'lavar'. En este caso, el tribunal considera que el delito antecedente no ha quedado acreditado, por lo que absuelve a los acusados.