Gana fuerza la estrategia de Petro para revivir la reforma a la salud

La reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro no está muerta, pese a que hace unas semanas la Comisión Séptima del Senado decidiera hundirla por mayoría absoluta. Aún existe una última oportunidad en el Congreso para revivir el proyecto de ley al que más importancia le ha dado el presidente Gustavo Petro desde que llegó al poder. La estrategia, liderada por los senadores Wilson Arias y Ferney Silva, del oficialista Pacto Histórico, consiste en apelar la decisión de la comisión para que la plenaria del Senado decida si le da una nueva oportunidad. Esta fórmula, consignada en el artículo 166 de la ley quinta que reglamenta el funcionamiento del Congreso, no se había usado nunca en la historia legislativa reciente. “Negado un proyecto en su totalidad o archivado indefinidamente, cualquier miembro de la Comisión o el autor del mismo, el Gobierno o el vocero de los proponentes en los casos de iniciativa popular, podrán apelar de la decisión ante la Plenaria de la respectiva Cámara”, dice el artículo.

Después de recibir la apelación, el presidente del Congreso, Iván Name, designó a los presidentes de las siete comisiones del Senado para que estudien el recurso y emitan un concepto sobre su procedencia. Las conclusiones de ese grupo, que se debe reunir esta semana, no serán obligatorias. Es decir, al final será la mayoría de senadores de la plenaria la que decida, a voto limpio, si acepta la apelación. Si lo hace, Name deberá enviar el texto de la reforma a la salud a una comisión distinta a la Séptima, para que la discuta de nuevo. Eso daría una nueva oportunidad a la reforma que pretende transformar de raíz el sistema sanitario de Colombia, fortalecer la atención primaria y eliminar las funciones de aseguramiento financiero y en salud que tienen las entidades promotoras de salud, EPS. El presidente Petro, además, se anotaría una victoria política inesperada y sin precedentes.

Hace unas semanas esta opción parecía imposible porque el Gobierno no tenía las mayorías necesarias en la plenaria del Senado. Pero desde este lunes el panorama cambió. Ese día el Gobierno logró configurar una mayoría legislativa con la participación de nueve senadores del partido Liberal y siete del partido de la U, que votaron la ponencia de la reforma pensional, otra de las tres grandes iniciativas sociales de Petro. Fuentes cercanas al Gobierno dicen que los acuerdos logrados con las partes mayoritarias de las bancadas de estos dos partidos incluyen también el apoyo a la reforma a la salud. Con esos apoyos, más los votos del Pacto Histórico, la Alianza Verde, los ex FARC de Comunes, el partido de centro En Marcha y el cristiano Mira, el Gobierno podría asegurar una mayoría.

En diálogo con EL PAÍS, el senador Wilson Arias explica los motivos de la apelación: “Muchos de mis compañeros de la Comisión Séptima que hundieron el proyecto se declararon impedidos por posible conflicto de interés, pero entre ellos se negaron los impedimentos para votar y conservar la mayoría. Esto es un comportamiento cuestionable para la sociedad”, dijo el veterano congresista de izquierda. Y añade: “Creo que es razonable que no se pierda el tiempo invertido en una reforma que ha acumulado consensos”. El senador, uno de los principales defensores del proyecto, es optimista. “Reconozco las dificultades, pero tengo expectativa. Había que intentarlo todo”.

Ferney Silva, el recién posesionado senador que llegó al Capitolio en reemplazo de la fallecida Piedad Córdoba, coincide en que el ambiente en la plenaria es positivo para que la reforma reviva: “Los antecedentes de los últimos días en los que se ha aprobado una parte importante de la reforma pensional nos permiten pensar que hay una oportunidad”. Silva explica las razones de fondo que motivaron su decisión: “Necesitamos una reforma que nos permita devolverle la dignidad y la prestación del derecho a la salud a todos los colombianos. Los indicadores de mortalidad y morbilidad materna infantil de Colombia son los peores de la OCDE, eso tiene que cambiar con la reforma”. Silva insiste en que hay 13 millones de personas que viven en las zonas alejadas y rurales del país que no pueden acceder al sistema de salud. “El sistema está en crisis desde hace años y requiere una solución inmediata”.

La exministra de Salud y madrina de la reforma, Carolina Corcho, también se pronunció sobre esta alternativa: “Vamos a observar la estatura política del Senado, que debe superar las obstinaciones irracionales y obstruccionistas, frente a la necesidad urgente de parar la crisis financiera y humanitaria de la salud e iniciar un tránsito hacia un nuevo sistema de salud”.

El senador opositor Germán Blanco, del Partido Conservador, debería conformar la comisión accidental porque preside la comisión primera. Sin embargo, explica a EL PAÍS que ha renunciado a esa responsabilidad por un posible conflicto de interés: “Mi esposa es gerente de una IPS [institución prestadora de salud, como las clínicas o los laboratorios] de Antioquia. Prefiero dar un paso al costado para no hacer parte de la comisión. Le pedí al presidente Name que revise la posibilidad que la persona que me remplace sea alguien de Cambio Radical o del Centro Democrático [partidos de oposición]”. El también antioqueño Juan Felipe Lemus, del partido de la U y presidente de la comisión cuarta, explicó que aún no lo han convocado a ninguna reunión específica para estudiar el recurso de apelación, pero afirmó que se va a “abstraer de cualquier consideración política para tomar la decisión basada en argumentos jurídicos”.

Los avances por fuera del Capitolio

En paralelo a la estrategia en el Congreso, el Gobierno ha empezado a implementar por vía administrativa varios de los ejes centrales de la reforma. Primero, la Superintendencia de Salud intervino a Nueva EPS y a Sanitas, las dos EPS más grandes del país. Con ello, más de 17 millones de usuarios, uno de cada tres colombianos, quedó asegurado por entidades cuyas directivas han sido designadas por el Ejecutivo. Después comenzó una reorganización del sistema por medio de decisiones administrativas. La semana pasada, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, expidió un decreto para que la Adres, una especie de banco público de los recursos de la salud, gire más dinero directamente a las clínicas y hospitales, y así empezar a eliminar una de las funciones principales de las EPS, que sirven de intermediarias de los recursos entre el Estado y las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).

En los últimos días, el presidente anunció la puesta en marcha de un puesto de mando unificado, una figura usualmente destinada a catástrofes naturales o grandes manifestaciones, para hacerle seguimiento a la crisis del sistema de salud. Al tiempo, creó un espacio de diálogo con las EPS: “Hemos acordado con las EPS una sesión permanente de trabajo de 100 horas, partiendo de una base y es que se necesita la reforma a la salud”, escribió el presidente en su cuenta de X. “Este espacio será de concertación para buscar una salida a la crisis que durante décadas se ha llevado al sistema de salud. Una salud incluyente y preventiva es el camino”. Fuentes del Gobierno han explicado a EL PAÍS que la encargada de liderar esta sesión será Laura Sarabia, la directora del Dapre y mano derecha del presidente Petro.

Las EPS, por su parte, han demostrado que están dispuestas a llegar a consensos o por lo menos a abrir el camino del diálogo con el Gobierno. Seis de ellas, que reúnen a más de 14 millones de afiliados, anunciaron esta semana que estaban de acuerdo en convertirse en gestoras de salud, el mismo nombre que proponía la reforma para ellas. A través de un video, los representantes de Mutual Ser, Coosalud, Salud Total, Capital Salud, Familiar Deco y Cajacopi expresaron que gracias a una concertación con el Ministerio de Salud, el Pacto Histórico y varios senadores del Partido de la U, habían llegado a un acuerdo. Hemos avanzado muchísimo en querer transformarnos en gestoras de salud y vida. También en que la reforma a la salud avance. Hemos precisado cuáles serán las funciones que tendremos nosotros y queremos decirle al país que la discusión debe seguir abierta. Ahora, esperamos que participen pacientes, partidos políticos, asociaciones y prestadores”, dijeron en un comunicado. Aunque no es claro si por “gestoras” se refieren a lo mismo que el Gobierno en la reforma, pues no revelaron cuáles serían esas funciones, demostraron que el diálogo fluye.

La estrategia en el Congreso, las intervenciones a las EPS, los decretos emitidos o en proceso y la sesión permanente de diálogo demuestran que el presidente no está dispuesto a dejar morir la reforma que convirtió en su gran bandera política. Por ahora, la palabra la tiene la plenaria del Senado. En caso de que no se apruebe la solicitud de revivirla, se espera que el Gobierno radique un nuevo texto el próximo 20 de julio, cuando inicia una nueva legislatura, y que ella mantenga el espíritu, pero con menos artículos y el respaldo de más partidos políticos.

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