Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisi�n en v�a administrativa

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Sumario

R.D. 520/2005, 13 mayo rectificado por Correcci�n de errores (�B.O.E.� 30 junio). LE0000215840

La aprobaci�n de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ha supuesto una importante reforma en la revisi�n de actos en v�a administrativa, por lo que resulta necesaria la renovaci�n de las normas que constituyen el desarrollo reglamentario de esta materia. En concreto, la ley contiene una nueva sistem�tica de las normas reguladoras de la revisi�n en v�a administrativa, al incorporar algunos de los preceptos contenidos en el Real Decreto-Legislativo 2795/1980, de 12 de diciembre, por el que se articula la Ley 39/1980, de 5 de julio, de bases sobre procedimiento econ�mico-administrativo; en el Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre, por el cual se regula el procedimiento para la realizaci�n de devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria; en el Real Decreto 2244/1979, de 7 de septiembre, por el que se reglamenta el recurso de reposici�n previo al econ�mico-administrativo; en el Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento en las reclamaciones econ�mico-administrativas, y en el Real Decreto 136/2000, de 4 de febrero, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garant�as de los Contribuyentes, en lo relativo al reembolso del coste de las garant�as prestadas para suspender la ejecuci�n de las deudas tributarias y al r�gimen de actuaciones de la inspecci�n de los tributos y se adapta a las previsiones de dicha ley el procedimiento para la realizaci�n de devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria.

Esta nueva regulaci�n de la revisi�n en v�a administrativa en el �mbito legal ha hecho necesario que se dicte un nuevo texto reglamentario de car�cter fundamentalmente procedimental que se adapte a los cambios introducidos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, de acuerdo con la habilitaci�n general al Gobierno para dictar las disposiciones de desarrollo y aplicaci�n de la ley, contenida en su disposici�n final novena y en virtud de las diversas habilitaciones concretas establecidas en el t�tulo V de la ley.

El real decreto que ahora se aprueba contiene un art�culo �nico por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisi�n en v�a administrativa, una disposici�n transitoria dedicada a las competencias de los tribunales econ�mico-administrativos, una disposici�n derogatoria y una disposici�n final por la que se establece la fecha de entrada en vigor.

El Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisi�n en v�a administrativa, est� integrado por cinco t�tulos, tres disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias y una disposici�n final.

El t�tulo I, �Disposiciones generales�, contiene el �mbito de aplicaci�n de este reglamento y los aspectos comunes a todos los procedimientos de revisi�n, y en �l se regula el contenido m�nimo del escrito que debe presentar el interesado, las reglas generales de subsanaci�n y la aportaci�n, subsanaci�n o ratificaci�n del poder otorgado al representante del interesado.

En el t�tulo II, �Procedimientos especiales de revisi�n�, se recogen los aspectos fundamentales del procedimiento de revisi�n de actos nulos de pleno derecho, del procedimiento para la declaraci�n de lesividad de actos anulables, del procedimiento de revocaci�n, del procedimiento para la rectificaci�n de errores y de la regulaci�n de la devoluci�n de ingresos indebidos, con especificaci�n del procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devoluci�n en los supuestos del apartado 1 del art�culo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Con el fin de evitar en el texto del reglamento las menciones a �rganos concretos y facilitar el desarrollo de la facultad de organizaci�n de las distintas Administraciones tributarias, no se realiza una atribuci�n de competencias exhaustiva en relaci�n con la tramitaci�n, por lo que queda parcialmente supeditada a lo que se establezca en normas de organizaci�n de rango inferior.

En lo relativo a la iniciaci�n del procedimiento de revisi�n de actos nulos de pleno derecho, se recogen las formas de inicio previstas en el apartado 2 del art�culo 217 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre. En la tramitaci�n destaca la solicitud de informe al �rgano que dict� el acto, as� como la audiencia a los interesados para que puedan alegar y presentar los documentos y justificantes que consideren oportunos. Finalmente, en la fase de resoluci�n se reitera la necesidad del dictamen del Consejo de Estado u �rgano equivalente de la comunidad aut�noma.

El procedimiento de declaraci�n de lesividad se iniciar� siempre de oficio de acuerdo con lo establecido en el art�culo 218 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, y se prev� un tr�mite de audiencia al interesado y la obligaci�n de solicitar informe al �rgano con funciones de asesoramiento jur�dico.

El procedimiento de revocaci�n se iniciar� siempre de oficio, sin perjuicio de que los interesados puedan promover dicho inicio. Adem�s, se establece la posibilidad de que el �rgano que hubiera dictado el acto o cualquier otro �rgano de la misma Administraci�n pueda proponer el inicio del procedimiento. Asimismo, se deber� solicitar informe al �rgano con funciones de asesoramiento jur�dico tal y como dispone la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.

En la rectificaci�n de errores se concretan ciertos aspectos procedimentales y se tienen en consideraci�n las dos posibles formas de iniciaci�n del procedimiento, de oficio o a instancia del interesado, seg�n el art�culo 220 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.

Por �ltimo, en la devoluci�n de ingresos indebidos destaca la ampliaci�n de los supuestos de legitimaci�n para solicitar la devoluci�n de los ingresos indebidos a las personas o entidades que hayan soportado la retenci�n, el ingreso a cuenta o la repercusi�n. En este caso, estas podr�n instar la rectificaci�n de la autoliquidaci�n a trav�s de la cual se hubiese realizado el ingreso indebido.

El t�tulo III se dedica al recurso de reposici�n previsto en los art�culos 222 a 225 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. La regulaci�n del recurso de reposici�n destaca por su car�cter continuista respecto del r�gimen anterior, puesto que la ley ha recogido algunas normas sobre tramitaci�n y sobre suspensi�n contenidas en el Real Decreto 2244/1979, de 7 de septiembre, y s�lo ha introducido novedades en cuanto al plazo para interponer, resolver y notificar.

El cap�tulo I contiene disposiciones generales en las que se regulan las consecuencias de la presentaci�n simult�nea de un recurso de reposici�n y de una reclamaci�n econ�mico-administrativa y los efectos de la interposici�n de un recurso de reposici�n respecto a los plazos para el ejercicio de otros recursos, que se ver�n interrumpidos.

El cap�tulo II regula el procedimiento. Dentro de la iniciaci�n se aclara que el escrito de interposici�n debe contener necesariamente las alegaciones y que una vez presentado el recurso no se podr� examinar el expediente al efecto de formularlas.

Dentro de la secci�n de tramitaci�n se encuentran las normas relativas a la suspensi�n. Se aclara que la garant�a podr� tener la vigencia que solicite el recurrente y la posibilidad de que abarque �nicamente a la tramitaci�n del recurso de reposici�n. En otro caso, deber� cubrir toda la duraci�n de la v�a econ�mico-administrativa e, incluso, podr� extender sus efectos a la v�a contencioso-administrativa hasta la adopci�n de la decisi�n que proceda por el �rgano judicial.

El t�tulo IV se refiere a las reclamaciones econ�mico-administrativas.

El cap�tulo I contiene normas generales y dedica la secci�n 1. a regular la organizaci�n y las competencias. En dicha secci�n se describe con detalle la ubicaci�n y competencia territorial del Tribunal Econ�mico-administrativo Central y de los tribunales econ�mico-administrativos regionales y locales. Asimismo, se crean diferentes salas desconcentradas y se prev� la existencia de dependencias provinciales en sustituci�n de las secretar�as delegadas existentes con la anterior normativa. Por otra parte, y de acuerdo con la disposici�n adicional decimotercera de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se fija la composici�n de la Sala Especial que pudiera crearse en virtud de convenio entre el Ministerio de Econom�a y Hacienda y la comunidad aut�noma correspondiente. Tambi�n hay que destacar la regulaci�n de los �rganos unipersonales y de la Sala Especial para la Unificaci�n de Doctrina.

La secci�n 2.� establece normas sobre cuant�a y acumulaci�n de las reclamaciones.

La secci�n 3. contiene un art�culo relativo a los interesados. Se regula el procedimiento para determinar, en caso de duda, aquellos titulares de derechos o intereses leg�timos que pudieran resultar afectados por la resoluci�n.

La secci�n 4.� se refiere a la suspensi�n. Como novedad, se aclara que la suspensi�n tendr� efectos desde la fecha de la solicitud y se establecen los efectos en caso de denegaci�n de la suspensi�n.

Se regula la suspensi�n autom�tica, la suspensi�n con prestaci�n de otras garant�as y los supuestos en que la suspensi�n es acordada por el tribunal econ�mico-administrativo, y se aclara que este es el competente en caso de que la petici�n se funde en error aritm�tico, material o de hecho.

En el caso de que la solicitud de suspensi�n se base en la existencia de perjuicios de dif�cil o imposible reparaci�n, su presentaci�n supondr� que, si la deuda se encuentra en periodo voluntario en el momento de instarse, se suspenda cautelarmente el procedimiento de apremio y la Administraci�n no pueda realizar actuaciones mientras el tribunal adopte la decisi�n de admitirla o inadmitirla a tr�mite. La inadmisi�n a tr�mite supondr� que la solicitud se tendr� por no presentada, mientras que la admisi�n a tr�mite conllevar� que los efectos suspensivos deban entenderse producidos desde la solicitud y se mantengan hasta la resoluci�n relativa a la suspensi�n.

El cap�tulo II est� dedicado al procedimiento general econ�mico-administrativo.

La secci�n 1.� contiene normas generales sobre obtenci�n de copias certificadas, presentaci�n, desglose y devoluci�n de documentos, domicilio para notificaciones y costas del procedimiento.

La secci�n 2.� regula el procedimiento en �nica o primera instancia e incluye normas diversas que desarrollan la extensa regulaci�n de la ley en esta materia. Destaca la regulaci�n del recurso de anulaci�n, introducido como novedad en el apartado 6 del art�culo 239 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.

La secci�n 3.� se refiere a los recursos en v�a econ�mico-administrativa. Se completa la regulaci�n contenida en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, y destaca el establecimiento del plazo de tres meses para la interposici�n del recurso extraordinario para la unificaci�n de doctrina.

El cap�tulo III desarrolla el procedimiento abreviado ante �rganos unipersonales, y se concretan los casos en que aquel ser� aplicable por raz�n de la cuant�a. En todo lo no previsto de forma expresa, se realiza una remisi�n al procedimiento general; en particular, se establece que determinados acuerdos se podr�n dictar por el secretario del tribunal aun cuando no fuera el �rgano unipersonal competente para resolver el procedimiento en cuesti�n.

Finalmente, el t�tulo V regula la ejecuci�n, y distingue entre normas generales para la ejecuci�n de resoluciones administrativas y normas especiales aplicables a la ejecuci�n de las resoluciones econ�mico-administrativas y judiciales y al reembolso del coste de las garant�as.

La disposici�n adicional primera remite a la normativa espec�fica de las comunidades aut�nomas, ciudades de Ceuta y Melilla y entidades locales a los efectos de determinar los �rganos competentes en los procedimientos regulados en el reglamento.

La disposici�n adicional segunda establece la aplicaci�n supletoria de este reglamento a la devoluci�n de ingresos indebidos de deudas aduaneras, que se regir�n en primer lugar por la normativa comunitaria, y a la devoluci�n de otros ingresos de naturaleza p�blica indebidamente ingresados.

La disposici�n adicional tercera dispone que la remisi�n de expedientes entre �rganos administrativos que resulte de los procedimientos regulados en este reglamento pueda realizarse por medios electr�nicos en lugar de hacerlo por otro tipo de soporte.

La disposici�n transitoria primera regula el r�gimen aplicable a las solicitudes de suspensi�n presentadas antes de la entrada en vigor del reglamento; la disposici�n transitoria segunda se refiere al recurso extraordinario para la unificaci�n de doctrina al efecto de permitir su presentaci�n para las resoluciones notificadas desde la entrada en vigor de la ley hasta la entrada en vigor del reglamento, y la disposici�n transitoria tercera regula un r�gimen transitorio para la aplicaci�n de la cuant�a que se toma como l�mite para la tramitaci�n de las reclamaciones por el procedimiento abreviado.

Finalmente, la disposici�n final �nica contiene la habilitaci�n al Ministro de Econom�a y Hacienda para dictar las normas de desarrollo del reglamento.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Econom�a y Hacienda, con la aprobaci�n previa del Ministro de Administraciones P�blicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci�n del Consejo de Ministros en su reuni�n del d�a 13 de mayo de 2005,

DISPONGO:

Disposici�n transitoria �nica Competencias de los �rganos del Tribunal Econ�mico-administrativo Central respecto a las reclamaciones pendientes

A los efectos previstos en la disposici�n transitoria quinta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en tanto deba continuar aplic�ndose el Reglamento de procedimiento en las reclamaciones econ�mico-administrativas, aprobado por el Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, a las reclamaciones o recursos interpuestos con anterioridad al 1 de julio de 2004, las competencias atribuidas en este a los vocales del Tribunal Econ�mico-administrativo Central pasar�n a ser ejercidas por el Secretario General del citado tribunal, excepto las previstas en los p�rrafos c) y d) del apartado 1 y en el apartado 2 del art�culo 14 del citado reglamento, en su art�culo 21 y, en general, las funciones de asistencia y votaci�n en las salas y en el pleno del tribunal, que continuar�n siendo ejercidas por los vocales.

T�ngase en cuenta que la presente disposici�n entra en vigor el d�a 28 de mayo de 2005.LE0000214418