En esta cuarta entrega de nuestra campaña #ElLegadoVive, leímos “Narcotráfico como protagonista del conflicto armado y factor de su persistencia”, un capítulo de los hallazgos generales del Informe Final de la Comisión de la Verdad (CEV), que a su vez es distinto al apartado sobre uso de drogas y conflicto armado, que la Comisión publicó como un caso bajo el título ‘De la guerra contra las drogas a la guerra en las drogas: Consumo y usuarios de drogas en las violencias y persistencias del conflicto armado colombiano’. 

El apartado que analizamos destaca que el narcotráfico fue un modo de acumulación de riqueza y poder que impactó de manera violenta a la sociedad colombiana y ha generado redes de corrupción en muchas instituciones. 

Relacionado:

¿Por qué tenemos que hablar de emociones en el conflicto armado? Esto dice el Informe Final de la Comisión de la Verdad?

Encuentre este capítulo en la página 384 del tomo de Hallazgos y recomendaciones del  Informe Final. Las ideas que aquí resaltamos tienen una vocación pedagógica y no resumen la totalidad de este volumen.

¿Cuáles son las principales ideas del capítulo?

Este capítulo presenta diferentes dimensiones de la relación entre el narcotráfico, la política de drogas y el conflicto armado.

En la primera sección se define la relación entre el narcotráfico y el conflicto armado, allí se afirma que el narcotráfico “está en el centro de los debates más importantes, no solo sobre la guerra, sino también sobre la paz”. La segunda sección describe que la crisis en el desarrollo rural, incluyendo los frenos a la reforma agraria, explica la expansión de los cultivos de coca en el país. Este proceso se profundizó en la década de 1990 y empujó al campesinado a depender de la coca para “tener acceso a recursos económicos o a mejorar su situación económica y el acceso a otros recursos educativos o sociales”.

¿Por qué hay que hablar de narcotráfico y poder político?

La Comisión de la Verdad destaca que el poder político y el modelo de Estado han sido funcionales al narcotráfico. Esto es evidente al analizar la entrada del narcotráfico a la política, las falencias institucionales para la investigación del dinero y las rentas ilegales, la relación entre la fuerza pública y los grupos criminales.

¿Por qué, según la CEV, ha fracasado el actual paradigma contra las drogas?

El narcotráfico ha aportado a los actores armados del conflicto, al tiempo que ha financiado al poder político local y nacional a través de la entrega de dineros a campañas y la captura de las instituciones públicas para el beneficio de sus intereses. 

Para la CEV, el actual paradigma de la guerra contra las drogas no solo es un fracaso, sino que no produjo resultados efectivos para desmontar el narcotráfico como sistema político y económico. Por el contrario, produjo una serie de daños y violaciones a los derechos de poblaciones campesinas, afrodescendientes e indígenas en el marco del conflicto armado interno. Es decir, la política de prohibición alimentó narrativas de criminalización de poblaciones y territorios que, a su vez, justificaron operaciones violentas que no redujeron la economía ilegalizada.

¿De qué manera el narcotráfico incide en la persistencia del conflicto?

Mientras el negocio de las drogas siga ilegalizado, el narcotráfico proveerá recursos suficientes para “seguir haciendo la guerra, corromper las instituciones encargadas de combatirlo y financiar ejércitos privados para la protección violenta de sus intereses”. De manera que, si no se cambia el paradigma, transitando hacia una política que afronte el problema de manera integral. Incluso con la regulación de las drogas, es posible que exista un reciclaje permanente de los conflictos en el país. 

En este doble sentido, el narcotráfico debe verse como un protagonista del conflicto armado y como un factor de su persistencia. La CEV reconoce que, a partir del involucramiento de los grupos insurgentes en distintos eslabones de la economía de la coca para el financiamiento de la guerra, se cambió la relación entre la guerrilla y las comunidades, y se adoptaron medidas de violencia y control. Otra dinámica fue la de los paramilitares, que “construyó una relación orgánica con el narcotráfico y lo convirtió en una bisagra entre el crimen y el poder, con el fin de defender sus intereses y cooptar las etapas más rentables del negocio”. Pero además los grupos paramilitares buscaron legitimarse a través de ser parte fundamental de la lucha contrainsurgente, usando la creación de grupos de seguridad y ejércitos privados para la “instalación de reglas sobre precios, compradores, pagos, impuestos e insumos determinados”. 

Relacionado:

‘El daño que nos hacen: Glifosato y guerra en Caquetá’. 

Para la CEV, la economía colombiana tiene una relación “orgánica y estructurante” con las rentas del tráfico de cocaína y marihuana que no se ha comprendido de manera suficiente. Las medidas implementadas por la política de drogas, que se enfocaron en cultivadores, pequeños traficantes y a veces en personas que usan drogas, no desmontaron el negocio y los mecanismos de reciclaje criminal en nuevas estructuras. De esta manera tanto el narcotráfico como las medidas implementadas para confrontarlo se caracterizan por la intensidad de su violencia contra los más vulnerables, esto es, “campesinas y campesinos; pueblos étnicos; mujeres y jóvenes vinculados al cultivo, a las estructuras de microtráfico, y a los usuarios de drogas”. Poblaciones que se han vinculado a la economía de la coca debido a las “crisis en el desarrollo rural y la soberanía alimentaria y el freno sistemático a los intentos de reforma agraria en Colombia explican la expansión de los cultivos de coca en el país”. La política de drogas se esfuerza aún en criminalizar a las poblaciones urbanas empobrecidas que ven en el narcotráfico un medio de subsistencia.  

La CEV reconoce que el cultivo de hoja de coca tuvo un papel en “el desarrollo regional y municipal de distintas zonas del país». De hecho, afirma que “muchos pueblos de Colombia han surgido y son relevantes debido a que estuvieron en contacto con el narcotráfico”. Tal modelo económico, dependiente de la coca, se vio afectado por las aspersiones aéreas, presionadas por la cooperación de Estados Unidos y enfocadas en atacar la economía de la denominada “narcoguerrilla”. Sin embargo, esta estrategia terminó vulnerando los derechos a la salud, al territorio y al medio ambiente de las poblaciones que habitaban las zonas con cultivos.

¿Por qué hay que hablar de las personas usuarias de drogas?

Uno de los reconocimientos más importantes que hizo la CEV en este capítulo fue el del patrón de violencia contra las personas que usan drogas en el marco del conflicto y por acción de los diferentes actores armados. Afirma la CEV que en estos casos se “conjugó una mirada estigmatizante promovida por el discurso global imperante que instaló en Colombia la idea del consumidor como alguien que debía y podría ser eliminado de la sociedad”. En las FARC-EP fue un tema de control de sus combatientes, mientras que el ELN consideró a las personas con usos problemáticos como “enfermas”. De acuerdo con los hallazgos, “donde se promovió con mayor vehemencia la violencia contra los consumidores de drogas fue en aquellas regiones con presencia paramilitar”, así, para “ganar legitimidad entre la población, los paramilitares dijeron que iban a «combatir a los drogadictos»”.

¿Qué hacer para superar este modelo fallido y dañino?

El capítulo concluye con la necesidad de “desmilitarizar” la guerra contra las drogas para detener el papel de los actores del narcotráfico en la persistencia del conflicto armado. Además, es importante fortalecer los mecanismos de investigación que permitan al Estado y a la sociedad conocer a profundidad el sistema de relaciones, alianzas e intereses involucrados en el narcotráfico. 

En relación al modelo actual de la política de drogas, la CEV propone un “cambio de paradigma que supere el prohibicionismo y permita transitar a otras formas de comprender y convivir con las drogas, pasando a una regulación de forma estricta y bajo unos principios específicos y de mercado justo para las comunidades rurales, un tratamiento de salud pública a los consumidores y una prevención social y educativa”.

¿Qué NO dice el capítulo? 

Desde Dejusticia, resaltamos cuatro vacíos en el capítulo. El primero es referente a la relación de las aspersiones aéreas con glifosato y las estrategias de guerra. A lo largo del capítulo se sugiere que esta política es producto de la relación entre la política de drogas y el conflicto armado, pero nunca se llega a caracterizar las aspersiones como violaciones a los derechos humanos o al Derecho Internacional Humanitario. 

El segundo vacío está relacionado con la descripción de la economía de la coca y de su evolución. En este punto encontramos algunas cifras dispersas. Hay una amplia bibliografía económica que ha intentado hacer estos cálculos y el informe no los cita apropiadamente. Algunos trabajos cruciales del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre Guerrilla y población civil, las Masacres del Tigre y el Placer, además de otros informes relacionados no son mencionados en este capítulo. 

En nuestro análisis encontramos también la ausencia de enfoques diferenciales en relación con el narcotráfico. No se menciona ni se hace  una reflexión sobre los impactos desproporcionados de los tres conceptos centrales del capítulo frente a las mujeres, los pueblos indígenas, afrodescendientes y raizales. Tampoco hay reflexiones sobre los impactos diferenciales en territorios y regiones. La mayoría de referencias se hacen con respecto a un hecho concreto pero no a patrones de victimización, algo que incluso exigió la CEV a los informes que presentaron las organizaciones de la sociedad civil. 

Por último, el texto está centrado en la coca y olvida la importancia de las economías de la marihuana y la amapola a niveles regionales. No obstante esta información se puede rastrear en los tomos de Colombia Adentro.

Desde junio, cuando la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) dio a conocer los primeros resultados de su investigación sobre el conflicto armado colombiano, en Dejusticia comenzamos a hacer una lectura reflexiva sobre los capítulos, con el ánimo de entender estos hallazgos y de contribuir a que la sociedad colombiana haga lo mismo.

Es por ello que durante los próximos meses estaremos compartiendo en nuestra página web y en redes sociales los apuntes sobre nuestras lecturas del Informe Final. Si usted quiere compartir esta información en sus entornos laborales, familiares, académicos o informativos, le invitamos a hacerlo con el hashtag #ElLegadoVive.