Por Federico Malvasio y Juan Cruz Varela

El mercado de la seguridad privada es un mundo cerrado en el que conviven empresarios, políticos, políticos devenidos en empresarios, ex agentes de policía y varios etcéteras.

Para operar en la provincia las empresas deben contar con la autorización de una Sección Agencias de Vigilancia Privada, que funciona bajo la órbita de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos. Aunque el negocio ofrece una gran diversidad, la mayoría presta servicios de seguridad física, que requiere menores costos operativos, y tienen a la seguridad electrónica como complemento.

En ese rubro se desempeñan desde hace décadas los hermanos Claudio Raúl Tortul y Marcelo Javier Tortul, detenidos por haber supuestamente pagado coimas millonarias para retener contratos en organismos públicos y por la emisión de facturas truchas, evasión y lavado de activos.

Los allanamientos que derivaron en la detención de los empresarios, dueños de firmas del rubro que operan en la provincia, se dieron en un contexto que aporta elementos, por lo menos, llamativos.

Las medidas llevadas adelante este martes en Paraná por orden de la jueza Sandra Arroyo Salgado, titular del Juzgado Federal de San Isidro, merecen una explicación.

La intervención de Gendarmería estaba pautada a partir de las 5. Vecinos del barrio privado Puerto Urquiza y de un edificio en calle Mitre, vinculados a los empresarios en cuestión, dieron la primera alerta a Página Política alrededor de las 7.30, lo que generó inquietud y motivó una serie de consultas de distinta índole. Ni en la justicia provincial ni en los tribunales federales tenían noticias de lo que estaba ocurriendo. Incluso luego de varias horas la información seguía siendo nula.

En la mayoría de los casos, un allanamiento ordenado por un magistrado de otra jurisdicción suele ser informado al juez federal. Nada de eso parece haber ocurrido, a pesar de que la orden firmada por Arroyo Salgado lo preveía de esa forma.

Cuando se produjeron los allanamientos en Enersa para secuestrar información relacionada con los contratos que la empresa de energía tiene con empresas vinculadas a los Tortul la noticia empezó a escribirse en algunas redacciones.

Integridad y autodenuncia

La investigación que derivó en la detención de los hermanos Tortul comenzó en 2020 cuando la empresa de seguridad privada Securitas decidió denunciar a sus ex directivos porque “abusaron y utilizaron la estructura corporativa, así como su posición en el mercado y el renombre del grupo, con el único fin de obtener un beneficio para ellos y, de forma indirecta, para las empresas que representaban”.

Para ese momento los hermanos Tortul ya habían abandonado Securitas y estaban embarcados en otro proyecto. Otro ex gerente de la compañía, Christian Faría, los había invitado a asociarse en la administración de Protecta, su propia empresa de seguridad, como retrató el periodista Gustavo Sánchez Romero en el portal Dos Florines. Faría es otro de los ex ejecutivos de Securitas que permanece detenido.

En 2023 la filial argentina de Securitas Seguridad Holding pasó a otro grupo empresario de capitales latinoamericanos. Para ese momento, en el marco de un denominado “programa de integridad”, la compañía ya había avanzado en la denuncia contra quienes ocupaban cargos gerenciales en tiempos de la administración anterior. Entre ellos, Claudio y Marcelo Tortul.

La acusación que pesa sobre ambos es que al menos entre 2016 y 2018 habrían efectuado pagos de coimas para mantener contratos con Enersa, la empresa distribuidora de energía de la provincia de Entre Ríos.

Por eso, cinco directivos de Enersa fueron citados a indagatoria, acusados de haber recibido coimas para favorecer a una empresa de Tortul, y deberán comparecer ante la jueza Arroyo Salgado, según se indicó a Página Política.

Incumplimiento 

Los hermanos Tortul se iniciaron en el negocio de las agencias de seguridad privada cuando asumieron el control administrativo de El Guardián, una empresa dedicada a la prestación de servicios de seguridad física y electrónica que había creado su padre, un ex comisario de la Policía Federal, en 1995. De esa época datan los contratos con Enersa que ahora están en la mira de la jueza Arroyo Salgado. El puntapié inicial lo dieron de la mano del ex gobernador Jorge Busti y continuaron como prestadores en las gestiones de Sergio Urribarri y Gustavo Bordet.

El Guardián dejó de existir en agosto de 2008, cuando los hermanos decidieron venderle sus acciones a la multinacional sueca Securitas Seguridad Holding por una suma que debió superar los 200 millones de pesos, ya que requirió la autorización de la Dirección Nacional de Defensa de la Competencia, que se las concedió recién en marzo de 2010.

Aunque ambos siguieron vinculados a Securitas, la operación de concentración económica tenía una cláusula de no competencia que inicialmente se había fijado en cinco años, de modo que Claudio ni Marcelo Tortul podrían instalar nuevamente una empresa que compita con aquella a la que habían vendido sus acciones.

Ese plazo se justificaba “por la vinculación personal de los vendedores con los clientes y con los potenciales clientes en la actividad de la seguridad”. Pero el organismo nacional consideró que no se trataba de un plazo razonable y determinó que la prohibición caducaría a los dos años desde la fecha de efectiva transferencia de las acciones. Así se hizo. Al menos en lo formal.

De todos modos, los hermanos siguieron vinculados a Securitas durante una década, ocupando cargos gerenciales en la multinacional sueca. Al mismo tiempo, diversificaron su plataforma de negocios.

Claudio Tortul se expandió hacia el rubro de la construcción y el mercado inmobiliario. Paralelamente, conformó Tornell SA, la empresa a través de la cual volvió al negocio de la seguridad privada por cuenta propia, junto con Daniel Eduardo Carbonell. La jueza Arroyo Salgado cree que esta empresa y otra denominada Segar Seguridad SA eran fantasmas que utilizaban para el pago de coimas a cambio de hacerse con contratos de servicios de vigilancia.

La firma cuyo nombre es una conjunción de los dos apellidos fue creada el 31 de octubre de 2016. Al poco tiempo, ya en el gobierno de Gustavo Bordet, resultó adjudicada para realizar tareas de vigilancia y seguridad de Enersa. Fue la única vez que hubo competencia en la licitación y Tornell fue beneficiada frente a la empresa paranense Sentry Seguridad Privada, a pesar de las impugnaciones de su rival.

“Los denunciantes afirmaron que la investigación interna permitió determinar que se habrían efectuado pagos en efectivo para mantener la contratación y que el efectivo habría sido obtenido a través de un supuesto proveedor fraudulento de nombre Tornell SA, el cual –si bien facturaba– no habría brindado ningún servicio concreto. La firma emitía facturas mensuales a favor de Securitas Argentina por servicios de consultoría”, consignó la jueza Arroyo Salgado al justificar los allanamientos.

Los pagos ilegales se habrían realizado, en su mayoría, para renovar, mantener o acceder a contratos con organismos públicos; pero también para agilizar trámites que resultan clave para el desarrollo de la actividad, como la obtención de certificados para que los agentes puedan portar armas.

Por ese motivo es que la jueza Arroyo Salgado ordenó el allanamiento de la Sección Agencias de Vigilancia Privada de la Policía de Entre Ríos, lo que ha encendido alarmas en el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia.