La presencia de agentes encubiertos en movimientos sociales ha vuelto a encender las alarmas sobre la vigilancia estatal y la privacidad ciudadana. Durante tres años, una agente de la Policía Nacional, bajo la identidad ficticia de María Peres, se infiltró en dos colectivos sociales madrileños: el Movimiento Antirrepresivo de Madrid y Distrito 104. La oficial, camuflada como estudiante y cuidadora, se inmiscuyó en la vida de estas organizaciones sin ningún tipo de supervisión judicial, dejando en evidencia una preocupante falta de control sobre las operaciones encubiertas. Lo cuenta ElDiario.es en una investigación.
La ausencia de respuestas claras del Ministerio del Interior y del Cuerpo Nacional de Policía solo profundiza el malestar y las dudas sobre las verdaderas intenciones detrás de estas infiltraciones. La ciudadanía merece una explicación sobre por qué se espía a organizaciones legítimas bajo el débil pretexto de la seguridad.
UNA PRÁCTICA SIN JUSTIFICACIÓN CLARA
El escrutinio público ha sido incapaz de obtener justificaciones válidas para estas infiltraciones. Los colectivos afectados, compuestos principalmente por jóvenes activistas, no están vinculados a actividades criminales, lo que hace que estas acciones policiales parezcan más bien intentos de intimidación y control político que estrategias legítimas de seguridad. Es indignante que en un estado de derecho, las y los ciudadanos tengan que temer ser espiados por sus propias autoridades.
María Peres, quien se hizo pasar por una comprometida activista, participó activamente en diversas iniciativas, incluyendo manifestaciones y eventos políticos, sin que sus compañeros y compañeras sospecharan de su verdadera identidad. Esta revelación no solo pone en tela de juicio la ética de las operaciones encubiertas, sino que también afecta la confianza entre las y los miembros de estos colectivos, esencial para su funcionamiento.
El caso de María Peres no es aislado. Otros agentes infiltrados han sido descubiertos en movimientos sociales en España, mostrando un patrón de conducta que no puede ser ignorado. El impacto de estas infiltraciones va más allá de los individuos y colectivos directamente afectados: afecta la percepción de seguridad y privacidad de toda la sociedad.
El Gobierno y las autoridades policiales deben garantizar que sus acciones no sobrepasen los límites del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. La transparencia en estas operaciones es crucial para mantener la confianza en las instituciones estatales. Sin embargo, hasta ahora, lo que prevalece es un manto de opacidad y respuestas evasivas.
La infiltración de agentes en movimientos sociales debe ser revisada y regulada estrictamente para evitar abusos de poder y violaciones de derechos. La sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos tienen el deber de mantenerse vigilantes y exigir cuentas a las autoridades. No podemos permitir que la seguridad se convierta en sinónimo de vigilancia indiscriminada.
Las y los ciudadanos de España merecen una política de seguridad que proteja, no que persiga. El equilibrio entre seguridad y libertad es delicado, pero esencial para una democracia saludable. Las operaciones como la infiltración de María Peres no solo son éticamente cuestionables, sino que también socavan la confianza en el sistema de justicia y seguridad del país. La transparencia, el respeto a la legalidad y la supervisión judicial no son opciones, son requisitos indispensables para garantizar los derechos de todas y todos los ciudadanos en un estado de derecho.
El escándalo de la infiltración policial en estos colectivos sociales de Madrid debe ser un llamado de atención para reevaluar y reformar las prácticas de inteligencia y seguridad. Las y los activistas deben poder ejercer su derecho a la protesta y la organización política sin temor a ser espiados o manipulados por las fuerzas del estado.
Este artículo se basa en información reportada por elDiario.es.
