La Ley de Tierras, ahora derogada, limitaba la propiedad de tierras por parte de extranjeros de una misma nacionalidad a no más del 30% del total permitido. Además, establecía que no podían poseer más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo y en las zonas declaradas equivalentes.

Con la derogación de esta ley, las negociaciones de tierras quedarían a la voluntad de compradores y vendedores, y este porcentaje se aplicaría también al territorio de cada provincia. Esto permitiría la comercialización irrestricta de estas propiedades.

Según informara InfoPlatense hace unos días, la Justicia Federal de La Plata habilitó la feria judicial para tratar el recurso de amparo sobre la derogación de la Ley de Tierras presentado por el CECIM. El Ejecutivo Nacional tiene un plazo de cinco días para informar cuál es el “interés público” en la derogación de la Ley de Tierras.

Así, el CECIM La Plata presentó ante el Juzgado Federal N°4, a cargo de Ernesto Kreplak, una acción de amparo que implica una preocupación actual y tangible, así como un sentido profundamente prospectivo contra el artículo 154 del mega DNU 70/2023 que deroga la Ley de Tierras.
El CECIM teme que el Poder Ejecutivo Nacional tenga la intención de “rifar la tierra”, derogando un conjunto de normas creadas para defender la soberanía nacional y garantizar el acceso a la tierra, al hábitat, a la alimentación, al agua y a los bienes naturales.

“La situación que advertimos es de extrema gravedad institucional. La política pública relativa al uso y disposición del territorio nacional debe ser debatida debidamente en el Congreso Nacional, y además se debe velar por la protección de los principios de integridad territorial. El poder ejecutivo no puede disponer unilateralmente y por medio de un mecanismo no idóneo la posibilidad de la extranjerización de la tierra”, remarcaron desde el CECIM.