Mueren Enrique Arroyo y la época de la 'infravivienda' o los 'asustaviejas'

Todas esas palabras trataban de determinar a unos promotores, especuladores o empresarios inmobiliarios que intentaban sacar de sus viviendas de «renta antigua» (contratos de alquiler muy largos y con un arrendamiento bajo) a los últimos inquilinos de algún edificio que comprar, rehabilitar y revender a precios muy altos.

La mayoría de esos últimos inquilinos a los que se trataba de convencer con algunas prácticas legales, o intimidar con otras rayanas en la irregularidad -advertencias de diverso calado, visitas constantes, falta de mantenimiento de los edificios- eran generalmente mujeres muy mayores. De ahí el término 'asustaviejas'.

Fue una consecuencia más, urbana y propia de la década de los 90, de la España del pelotazo, el imperio del ladrillo y la fiebre de la construcción, reconstrucción en este caso. En Cádiz, ese fenómeno fue asociado con varios empresarios pero el más conocido, y temido, fue Enrique Arroyo Nombela. Este empresario madrileño fallecía este domingo 16 de octubre a los 74 años cerca de su casa de Conil, donde residía hace años. Su óbito se habría producido de forma repentina aunque tenía precedentes como paciente cardiaco que le habían hecho pasar por el quirófano.

El fallecido inició su etapa empresarial en Cádiz en 1988, cuando llegó a la ciudad al calor del prometedor negocio que ofrecía un parque de viviendas muy envejecido, muy deteriorado, con demasiada «infravivienda» -otro término de la época ya con poco uso- con una población que empezaba a decrecer y a envejecer. Era, por lo tanto, terreno abonado para las rehabilitaciones rentables. La presencia de algunos vecinos que se aferrasen a su legítimo contrato de alquiler, o solicitasen una indemnización por romperlo, era un estorbo.

Distintas asociaciones de vecinos llegaron a agruparse para señalar este tipo de prácticas, rayanas en la irregularidad en algunos casos, y señalaron a Enrique Arroyo, entre otro quinteto de empresarios en ese caso andaluces, como uno de sus máximos exponentes. La tensión llegó incluso a crear una Oficina de Atención al Inquilino por parte del Ayuntamiento de Cádiz, gobernado desde 1995 por Teófila Martínez. También surgieron numerosas mesas y reuniones de mediación entre promotor y afectados.

La hemeroteca de LA VOZ recoge, en 2005, denuncias como la del presidente vecinal de La Viña, José Lado, que critica: «Pasan cosas rarísimas con todo lo relacionado con la vivienda». En este mismo artículo define al colectivo como «una de las entidades que se muestran más combativas contra la infravivienda y los asustaviejas».

«Hay expropiaciones que se han llevado paralizadas durante años porque el Ayuntamiento ha sido incapaz de localizar a sus propietarios y, de pronto, una promotora privada ha comenzado a construir allí porque sí los ha localizado. Siete años ha estado Urbanismo buscando a sus propietarios para completar la expropiación. Al final han sido uno de estos promotores los que han cerrado el acuerdo con ellos. Es algo incomprensible».

Otro dirigente vecinal, José Rodríguez, presidente de la asociación de vecinos de Santa María por entonces, hace 17 años, lamentaba haber participado en reuniones, para aclarar el futuro de fincas y la situación de vecinos con alquileres bajos, a las que acudían representantes del Ayuntamiento de Cádiz «con Enrique Arroyo».

La asociación de vecinos de Cádiz Centro y la Federación 5 de Abril también fueron muy activas en denunciar posibles prácticas irregulares que, en la mayoría de los casos, acabaron en mediación y acuerdo, sin necesidad de acogerse a resoluciones judiciales.

En ese tiempo, el conglomerado empresarial de Enrique Arroyo -luego de su hijo Darío y con sede en la calle Cervantes de la capital gaditana- había conseguido hacerse con un gran patrimonio. Hasta 800 ciudadanos o familias pagaban el alquiler de su vivienda o local a esta firma, que ha rehabilitado y comercializado más de un centenar de fincas en la ciudad.

La movilización vecinal, la conquista de buena parte del mercado inmobiliario gaditano y la actuación coordinada de Junta de Andalucía y Ayuntamiento entre 1998 y 2010 para rehabilitar decenas de finas desactivó el fenómeno. Con todo, esta etapa, este fenómeno, fueron muy comentados con encuentros, jornadas y debates públicos, entre 2004 y 2008, cuando la crisis económica terminó de pasar página.

A modo de resumen, con la perspectiva de los 20 años transcurridos, el presidente en Cádiz de la Federación de Consumidores y Usuarios, David Cifredo, resumía en 2011 la situación una vez superada: «La mayoría de la ciudadanía no tiene ni capacidad ni recursos económicos para afrontar la compra ni el alquiler de una vivienda en Cádiz. La ciudad queda para las rentas más altas, como zona residencial. A las rentas más modestas se les expulsa. Por la falta de suelo, ni siquiera se les empuja a una periferia, como en el resto de ciudades de España. Aquí no existe. Se les manda a otro término municipal. La rehabilitación de viviendas frenó algo esa posibilidad. Fue la respuesta a un movimiento especulativo, llamado 'asustaviejas', que pudo controlarse en parte pero la situación de fondo, la imposibilidad de acceder a una vivienda, sigue ahí».

El mayor representante de esa época, de ese fenómeno, ha fallecido y cabe pensar que, mucho antes, pereció esa etapa en la sociedad gaditana.