La guerra del gas: cuarenta y cinco días de resistencia y un triunfo popular*

La guerra del gas: cuarenta y cinco días de resistencia y un triunfo popular*

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La guerra del gas: cuarenta y cinco días de resistencia y un triunfo popular*

Raúl Ornelas

Desde hace mucho tiempo el pueblo boliviano ha defendido sin tregua sus recursos naturales y sus condiciones de vida.

Recordemos la lucha de los mineros de la Central Obrera Boliviana (COB), la Guerra del Agua en Cochabamba, las movilizaciones de los indígenas aymaras y de los campesinos productores de hoja de coca, e incluso las protestas de policías que fraternizaron con la población en febrero de 2003. La más reciente de estas movilizaciones ha sido en defensa del gas.

Agrupados en la Coordinadora Nacional por la Defensa y la Recuperación del Gas, organizaciones sociales, políticas y pobladores en general han realizado una serie de movilizaciones masivas en toda Bolivia que culminaron con la caída del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Antecedentes

El 4 de agosto de 1997, el presidente Sánchez de Lozada entregó los recursos energéticos de Bolivia a las empresas extranjeras mediante un decreto secreto e ilegal, que ha sido demandado como inconstitucional ante los tribunales.

Esta entrega del sector energético boliviano consistió en otorgar no sólo la explotación sino la propiedad de los yacimientos a las empresas inversionistas.

Gracias al decreto de 1997, las transnacionales se han apoderado de las reservas de gas (sólo superadas en Sudamérica por las venezolanas), estimadas en 52 trillones de pies cúbicos con un valor de 80 mil millones de dólares. Esta riqueza equivale a diez veces el valor de la producción de bienes y servicios generados anualmente en Bolivia.

La privatización de los energéticos alcanzó un grado extremo en 2003 con el proyecto de exportación de gas a Estados Unidos, el cual prevé ceder por completo el control a las empresas participantes, centralmente al consorcio Pacific LNG, constituido por las transnacionales British Gas, British Petroleum y Repsol/YPF. Se proyecta la exportación diaria de 36 millones de metros cúbicos

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de gas hasta los mercados de Estados Unidos durante veinte años, es decir, un total de 6.26 trillones de pies cúbicos de gas boliviano. El transporte del gas se daría de los campos de Tarija, al sur de Bolivia, hasta el puerto chileno de Patillos en el Pacífico. En ese puerto, se instalaría una planta para licuar el gas.

El gas sería transportado en barcos metaneros hasta un puerto en Estados Unidos para luego ser transportado por la distribuidora estadounidense Sempra (ligada a Enron) hasta California. El proyecto, en su conjunto, demandaría una inversión de 5 a 7 mil millones de dólares durante un quinquenio.

Un factor adicional para explicar la indignación que ha despertado este proyecto es el hecho de elegir a Chile como el intermediario para procesar y distribuir el gas a Estados Unidos, dado que fue un gobierno chileno quien quitó la única salida al mar con que contaba Bolivia a raíz de una guerra en 1879.

Las condiciones otorgadas a Pacific LNG son por completo desfavorables para Bolivia. Fuentes empresariales estiman que por cada dólar que se entregue al Estado boliviano por concepto de impuestos y regalías, el consorcio obtendrá 24 dólares. El ingreso previsto para las transnacionales es de 1369.6 millones de dólares anuales, mientras que el pago de impuestos y regalías oscilará entre 40 y 70 millones de dólares. En veinte años, periodo de duración del contrato de exportación, las transnacionales petroleras estiman obtener alrededor de 27 mil millones de dólares.

Si las reservas de este energético fueran aprovechadas por la nación boliviana, se podrían superar los agudos problemas que la aquejan: el valor de las reservas de gas detectadas equivale a dieciséis veces el total de la deuda externa de Bolivia y supera en más de ciento treinta veces la inversión anual que realiza el Estado. Por ello, las movilizaciones populares exigen que los recursos naturales sean aprovechados en beneficio del país y no de las empresas.

Una movilización en ascenso

Aunque la lucha en contra de los gobiernos entreguistas dura ya varios años, aquí nos limitamos a recordar las movilizaciones más recientes.

5 de septiembre: nacimiento de la Coordinadora Nacional de Recuperación y Defensa del Gas.

19 de septiembre: primera movilización nacional en torno a la exigencia central de que se anule el proyecto de exportación de gas a Estados Unidos vía Chile. Más de medio millón de personas, no sólo en las principales ciudades, sino en pueblos y pequeñas comunidades a lo largo y ancho del país, protagonizaron masivas marchas reclamando el gas para los bolivianos y el impulso a la industrialización de esos energéticos.

20 de septiembre: masacre del ejército en Warisata e Ilabaya, en la región del

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muertos y más de veinte heridos. A partir de esa fecha, se genera una dinámica de parar la economía, movilizarse hacia la capital y crear una dirección nacional unitaria.

Podemos destacar tres ejes de lucha:

la anulación de los proyectos de exportación de energéticos. Revisión de la ley de energéticos;

renuncia del presidente;

convocatoria e instalación de una Asamblea Constituyente que refunde al país.

24 de septiembre: la Central Obrera Boliviana (COB) llama a una huelga general indefinida y al bloqueo nacional de caminos para forzar al gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada a dar marcha atrás en su política económica.

26 de septiembre: la Coordinadora Nacional de Recuperación y Defensa del Gas llama a movilizaciones para solidarizarse con los aymaras y con la Confederación Obrera Boliviana. En esa semana se anuncian movilizaciones y bloqueos de indígenas, campesinos y cocaleros convergiendo el 6 de octubre.

El bloqueo de la capital toma forma.

Primera semana de octubre: el bloqueo aymara iniciado en la provincia Omasuyus se ha generalizado a la mayoría de las provincias de La Paz. La convocatoria de la COB es acatada por la combativa ciudad aymara de El Alto y por los maestros rurales.

Una marcha de quinientos mineros se acerca a La Paz desde Oruro.

En Cochabamba las movilizaciones se inician con marchas de la Coordinadora de Defensa del Gas y con bloqueos en la carretera Cochabamba-La Paz.

En Santa Cruz hay una huelga de la Central Obrera Regional (COR) de Montero y los campesinos y colonizadores se aprestan a bloquear.

El gobierno ha respondido con un estado de sitio de facto no declarado, pues las carreteras, El Alto y otros puntos están militarizados. El cerco sobre la capital se cierra.

1° de octubre: enfrentamientos en Aroma, el ejército levanta los bloqueos y allana casas. Empiezan las prácticas racistas del ejército de desnudar y quitar los calzados a los indígenas para que en esta condición de extrema humillación quiten las piedras de los caminos.

2 de octubre: inicia el paro cívico convocado por la Central Obrera Regional y la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, población próxima a la capital.

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8-9 de octubre: llegada de los mineros a El Alto. Enfrentamientos con el ejército que arrojan un saldo de tres muertos y más de veinte heridos. Vecinos atacan el retén de policía n. 3 en Senkata, incendian las instalaciones y recuperan armas. Prosigue el paro total a pesar de la dura represión.

10-11 de octubre: marcha de maestros y campesinos en Montero (Santa Cruz) por la vida, la dignidad y el gas.

Se reporta escasez de productos y combustible en la capital. Explosión en Pura Pura daña el gasoducto que baja hacia La Paz. El gobierno decide traer combustible a cualquier precio. Trece camiones cisterna escoltados por el ejército son enviados a la planta de distribución de combustibles de Senkata, en El Alto. Se producen enfrentamientos con los pobladores en paro que bloquean la carretera. Hay dos asesinados más.

Ataques de los pobladores a cuarteles del ejército y la policía en Huayna (Potosí) e Ingavi.

12 de octubre: prosigue la masacre en El Alto por parte de la tropa: los soldados apoyados por tanquetas y helicópteros ametrallan los bloqueos y las viviendas. Ocupación e incendio de las instalaciones de Electropaz por parte de los pobladores.

Concluye el operativo gubernamental para llevar combustible a la capital, las cisternas llegan a La Paz dejando una estela de veintiséis muertos (de los cuales veinticinco son civiles y un niño de cinco años) y alrededor de cien heridos. Las trece cisternas costaron veintiséis muertos. Macabro pero real.

13 de octubre: el vicepresidente rompe con Sánchez de Lozada y el ministro de desarrollo renuncia al gabinete. El gobierno anuncia la "suspensión" de las exportaciones de gas y promete una consulta para decidir el futuro de los recursos energéticos, al tiempo que reitera que no renunciará y recibe el respaldo de la cúpula militar. George Bush, Condolezza Rice y César Gaviria (secretario de la OEA) hacen declaraciones apoyando al gobierno boliviano; en particular, el Departamento de Estado de Estados Unidos declaró: "La comunidad internacional y los Estados Unidos no van a tolerar ninguna interrupción del orden constitucional y no reconocerán a cualquier régimen que sea el resultado de procedimientos antidemocráticos".

Los cocaleros se unen al paro y bloquean las rutas en el Chapare. En Chasquipampa y Ovejuyo mueren cuatro personas en una contraofensiva del ejército en la zona. El ejército continúa disparando a las casas, hay decenas de heridos.

Se reportan movilizaciones en la capital pidiendo la dimisión del gobierno.

Grandes contingentes avanzan sobre el centro y la sede del gobierno. Parte de la policía se niega a reprimir a los manifestantes. Al atardecer se cuentan veintiocho civiles muertos y treinta heridos. La represión no parece ser capaz

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centro de la capital y los contingentes populares evitan la confrontación; se forman barricadas en diversos puntos de la ciudad. Se conoce que convergen hacia La Paz tanto contingentes populares como refuerzos del ejército, lo que anuncia la agudización de los enfrentamientos.

La COB ha instruido bloquear todos los caminos del país y todas las calles de las ciudades. El paro total afecta ya a cinco de las diez ciudades más importantes del país.

En Oruro marchan los mineros.

En Sucre y en Cochabamba se anuncia que a partir del martes 14 iniciarán bloqueos a las carreteras y movilizaciones locales.

En Achacachi en las zonas aymaras han decidido declarar la guerra popular al gobierno y sitiar su sede emprendiendo una marcha armada desde Omasuyus a La Paz, todos bajo el mando del comando general indígena del Jacha Omasuyus con sede en Qalachaca.

Llueven los comunicados de organizaciones sociales y populares, todos hablan el mismo lenguaje: bloqueo total, huelga general, movilización y la renuncia de Sánchez de Lozada.

Evo Morales llamó a los mineros a tomar las minas que son propiedad del presidente. Los mineros de Caracoles deciden ir a la ciudad de El Alto a tomar la empresa de electricidad. De acuerdo con la Federación Sindical Minera, todos los trabajadores de minas de regiones próximas a La Paz han comenzado a marchar sobre la capital.

14 de octubre: el paro es total en La Paz. En los barrios populares de la capital y en El Alto hay barricadas. De acuerdo con la cadena radial Erbol, en los últimos veinticinco días han muerto sesenta y cuatro personas y se reportan más de doscientos heridos. Tanto la COB como las organizaciones indígenas y campesinas han llamado a fortalecer el paro y los bloqueos carreteros, así como a avanzar hacia las ciudades. De acuerdo con la dirigencia de la COB, el gobierno está por caer y llamó a los "militares patriotas" a no disparar más contra su pueblo. La COR de La Paz se une a la petición de renuncia del presidente.

Manifestaciones multitudinarias en Cochabamba, Oruro, Potosí, Sucre y en el norte de Santa Cruz en Yapacaní, donde el clamor es la salida de Sánchez de Lozada.

Paulo Bravo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la cámara de diputados, dijo que un avión estadounidense hizo escala en la ciudad de Pando camino a La Paz, con carga, con toda probabilidad, de armas para el Ministerio de Defensa.

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En el oriente, en Santa Cruz, en la región económicamente más fuerte e importante del país, hay movilizaciones populares, aún pequeñas pero en aumento. Desde Yapacaní, al norte, avanza una marcha y hay bloqueos. En Potosí, en el extremo sur del occidente, hay movilización total. Las marchas se repiten y multiplican en cada pueblo donde hay campesinos y trabajadores en todo el país.

15 de octubre: grandes manifestaciones en las principales capitales del país demuestran la fuerza de la resistencia social. A pesar de la brutal represión y la presencia del ejército y las policías, el pueblo ganó otra vez las calles. Para la COB, esto expresa la voluntad nacional de que Sánchez de Lozada deje la presidencia.

En Patacamaya, en la carretera que va de Oruro a La Paz, mineros y campesinos resisten a los militares. Tres mineros murieron y otros catorce quedaron heridos, muchas personas fueron detenidas y no se conoce su paradero.

En La Paz continúa el paro total. De nueva cuenta se organizan grandes contingentes que se dirigen hacia el centro. Se lleva a cabo el entierro de algunos de los asesinados en los últimos días. La población de los barrios se organiza en torno a las centrales sindicales. Se realiza un cabildo público multitudinario en la plaza San Francisco donde fraternizan campesinos, citadinos, guerreros aymaras, cocaleros, mineros, pobladores de El Alto y de casi todo el país. Tod@s clamando por la salida del presidente.

Las instrucciones del poder popular: profundizar la movilización social, reforzar la huelga general, endurecer y ampliar el bloqueo de caminos, levantar trincheras y cavar zanjas en cada zona de la ciudad, barricadas en los caminos, conformar los comités de autodefensa y defender los medios populares de comunicación. Todos en vigilia, es la orden.

La exdefensora del pueblo Ana María Campero inicia una huelga de hambre, acompañada por el padre jesuita Ricardo Zeballos, el vicepresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Sacha Llorente, la artista Jenny Cárdenas, el empresario Javier Hurtado y los intelectuales José Antonio Quiroga y Ricardo Calla. La huelga abre otro frente de lucha contra el gobierno. Huelgas de hambre de jóvenes intelectuales y vecinos de las clases más acomodadas en Calacoto y Sopocachi, así como en la parroquia de La Exaltación, exigiendo la dimisión de Sánchez de Lozada. La dirigencia de la COB llama a instalar huelgas de hambre en todo el país.

Hostigamiento en contra de los medios independientes. En Oruro, fueron dinamitadas las torres de transmisión de la radio Pío XII de la red Erbol y del canal 13 Televisión Universitaria. En la ciudad de La Paz y El Alto, las torres de transmisión de Cadena A y de Radio Televisión Popular fueron amenazadas por fuerzas militares, al igual que varias redacciones de medios populares y alternativos. El Diario y Pulso fueron retirados de la circulación por órdenes del

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En Cochabamba se producen intensos enfrentamientos, los manifestantes incendiaron la prefectura, el cuartel de policía y el consejo municipal.

En El Alto se observa la organización para la resistencia: los comités de vecinos organizan la autodefensa, la comida, el cuidado de niños y heridos, controlan el tránsito por la zona.

Todo el altiplano, desde Oruro hasta Potosí, toda la zona occidental de Bolivia está en manos de los campesinos y vecinos que bloquean los caminos, grandes y pequeños.

En el sur, de Río Abajo y de Mallasa se reportan sendas marchas de miles de personas.

Las movilizaciones tienden a sincronizarse en todo el país. Las regiones de Cochabamba, Oruro, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca aumentan la presión sobre el gobierno.

Por la noche, Sánchez de Lozada ofreció la realización de un referéndum consultivo sobre la política del gas, la revisión de la ley de hidrocarburos, la convocatoria de una Asamblea Constituyente sin fecha, propuestas que parecen rebasadas por las demandas del pueblo. Las dirigencias sociales rechazaron de manera tajante las propuestas del presidente y afirmaron que el tiempo de la negociación pasó: ahora sólo queda la caída del gobierno.

Entrada la noche, inicia la cacería de brujas en El Alto: las fuerzas represivas allanan casas y realizan detenciones masivas. En un trabajo informativo extraordinario, Erbol transmite por radio los angustiados testimonios de los habitantes de El Alto.

16 de octubre: en el cuarto día de la huelga general se realizan multitudinarias marchas en La Paz, exigiendo la salida de Sánchez de Lozada. Econoticias habla de 250 mil personas rodeando el palacio presidencial. Las dirigencias han sido unánimes en su rechazo a las "propuestas" que hizo el presidente la noche anterior: la Central Obrera Boliviana, la Confederación Sindical Única de Campesinos de Bolivia, el Movimiento al Socialismo y la Central Obrera Regional de El Alto las califican de "engaño".

La confederación de empresarios privados de Bolivia también descalificó el mensaje de Sánchez de Lozada y lo exhortó a "abrir los ojos".

Se extiende la huelga de hambre, al tiempo que se advierte un repliegue de las fuerzas represivas. Se estiman en un millar los ayunantes y en treinta los piquetes de huelga en todo el país. Los ayunos se producen también en Tarija, en Cochabamba y en otras ciudades. A través de estas huelgas, se expresan muchos sectores de la Iglesia.

Así, las movilizaciones populares coinciden con los sectores medios y altos en la demanda de que se vaya el presidente.

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La Confederación Obrera Boliviana llamó a profundizar el paro y las medidas defensivas (cavar zanjas y trincheras, organizar la autodefensa) en prevención de nuevos enfrentamientos.

Al final del día es inminente la caída de Sánchez de Lozada, pero se teme que antes de partir propicie nuevas masacres.

17 de octubre: nuevas y masivas manifestaciones en La Paz para exigir la salida del presidente. Si su caída se da como un hecho, ahora lo que se cuestiona es el siguiente paso: sucesión "constitucional" como plantean el gobierno estadounidense, la burguesía y los políticos profesionales, o gobierno provisional que haga realidad las demandas levantadas en los días recientes:

no a la exportación del gas, derogación de la ley de hidrocarburos, Asamblea Constituyente.

El llamado a una sesión del Parlamento deja ver que el vicepresidente Carlos Mesa Gisbert será investido presidente por los diputados, como otro intento de contener las movilizaciones populares y de dividir la unidad espontánea generada en torno a la demanda de salida del presidente.

Uno tras otro, colaboradores y aliados abandonan a Sánchez de Lozada quien acaba por dimitir y envía una carta leída hacia las diez de la noche en el Congreso, casi al tiempo que vuela a casa: Miami, Florida, Estados Unidos. Una inmensa y diversa celebración sacude al país. Un capítulo de la lucha social concluye en victoria y toda la muerte que costó hace pensar que el nuevo gobierno no podrá proseguir con los planes neoliberales.

En el campo popular, la mayor parte de las dirigencias se inclinan por dar una

"tregua" al gobierno de Mesa, aunque también se escuchan voces como las de la Central Obrera Regional de El Alto, que llama a continuar el paro y las movilizaciones.

En un comunicado, la Central Obrera Boliviana, eje de las protestas, afirma:

"No hay solución con los partidos políticos que consintieron y fueron cómplices de la carnicería contra el pueblo. No hay solución si persiste inalterable la política económica de enajenación de los recursos naturales, y no habrá solución con leyes que favorecen sólo a los privilegiados de siempre". Para esta organización, la solución estriba en cumplir con las demandas levantadas, entre las cuales están:

anulación del Decreto Supremo 24806 que establece la renuncia del Estado a los hidrocarburos;

anulación de la Ley de Hidrocarburos;

revisión en el Congreso de todos los contratos de capitalización, de riesgo compartido y arrendamiento de los yacimientos petrolíferos;

anulación de la Ley INRA que mercantiliza la tierra. Redistribución de la tierra;

respeto a la propiedad comunitaria y de origen;

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reactivación del aparato productivo nacional, rechazando el libre comercio, como el que establece el ALCA;

no a la impunidad de los carniceros de octubre: juicio por genocidio en contra de la población boliviana que se alzó en defensa de los recursos naturales y de la democracia.

En torno a ese planteamiento, la dirigencia de la Central Obrera Boliviana acuerda abrir un compás de espera, instruyendo la suspensión de la huelga general y de los bloqueos. En el mismo sentido se expresan el Movimiento al Socialismo, el Estado Mayor del Pueblo y la Coordinadora del Gas.

El nuevo presidente, cuyo mandato es nominalmente hasta agosto de 2007, propone un referéndum "vinculante" para decidir el futuro del gas, así como la modificación de la ley de hidrocarburos y "revisión" de las "capitalizaciones"

(privatizaciones parciales) de las empresas energéticas estatales. Invoca la posibilidad de realizar una Asamblea Constituyente y nuevas elecciones ("cuando el Congreso lo decida"), ofrecimientos que parecen ir en el sentido de las demandas populares, al tiempo que demanda una tregua.

Econoticias evalúa que a Mesa sólo lo apoya la embajada de Estados Unidos y

"un desmoralizado" ejército; se destaca que este empresario de cincuenta y tres años no pertenece a los clanes políticos tradicionales y que no cuenta con apoyos sociales o corporativos, a lo cual se suma su inexperiencia en tareas de gobierno.

18 de octubre: se advierten los primeros signos de "normalización" con la reanudación del abastecimiento, del tránsito vehicular y el levantamiento de los bloqueos. La mayor parte de los contingentes que participaron en las movilizaciones regresan a sus lugares de origen, tras una celebración en la plaza San Francisco, escenario de los cabildos públicos que derribaron a Sánchez de Lozada; entre muchos gritos se escucha "Si hay que derrocar, nos llaman", promesa de que la rebeldía no se ha extinguido. Ahí, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Regional de El Alto, Roberto de la Cruz, pidió a los trabajadores no traicionar el movimiento social boliviano y pelear sin descanso hasta que los pobres accedan al poder.

La Confederación Obrera Boliviana visita al nuevo presidente y entrega el nuevo pliego de demandas, al tiempo que advierte que si no se gobierna a favor del pueblo, las movilizaciones recomenzarán.

19 de octubre: el presidente Carlos Mesa visitó El Alto, ciudad que sufrió y peleó arduamente en los días anteriores hasta lograr la salida de Sánchez de Lozada, y dijo que no habrá "ni olvido, ni venganza, sino justicia" en referencia a las masacres de que fueron víctimas los pobladores. Los alteños que acudieron al acto respondieron: "El Alto de pie, nunca de rodillas".

El gabinete de Mesa, integrado por tecnócratas y personalidades más o menos ligados al neoliberalismo, encarna la continuidad de las políticas depredadoras que desataron la insurgencia popular. Hacia finales del mes, ya se habían

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producido diversos pronunciamientos en ese sentido: la defensa del proyecto de exportar el gas hacia Estados Unidos, la continuidad del proyecto económico impuesto por el FMI e incluso un episodio más de represión contra los

"comunarios”, campesinos sin tierra a quienes el ejército impidió ocupar un latifundio en Cochabamba, propiedad del exministro de Defensa.

La moneda sigue en el aire: la lucha del pueblo boliviano continúa...

Para citar la versión impresa de este documento:

Ornelas, R. La guerra del gas: cuarenta y cinco días de resistencia y triunfo popular, Chiapas, núm. 16, México: IIEc, UNAM-Ediciones ERA, 2004, pp. 185-194. ISBN: 968- 411-623-3.

Notas:

[*] Resumen realizado con las crónicas, análisis y transmisiones de Jorge Viaña, Bolivia Indymedia, Econoticias de Bolivia y la cadena Erbol.

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