El informe preliminar de la Contraloría General de Santander determinó hallazgos fiscales por $1.255 millones en la fallida construcción del puente peatonal colapsado en Cepitá, Santander, tan solo dos meses después de su inauguración.
La fallida construcción del puente peatonal sobre el río Chicamocha en la vereda San Miguel, en el municipio de Cepitá, Santander, tan solo un par de semanas posteriores a su inauguración, podría derivar en un detrimento patrimonial calculado en $1.255 millones, el valor total de la obra.
Así lo concluyó el informe de auditoría preliminar 017 del 26 de abril de 2024 de la Contraloría Departamental al advertir el alto riesgo de daño fiscal por las falencias en la ejecución y supervisión del contrato 2071 de 2023 firmado por la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo con la firma Construcciones y Soldaduras por valor de $1.255 millones para la construcción del puente metálico sobre el río Chicamocha en Cepitá, que conllevaron al colapso de la infraestructura.
“Colapso de la obra en detrimento al patrimonio público de las fallas técnicas estructurales y de rotación de la línea del puente que podrían llevar al colapso de la estructura construida por el puente peatonal sobre el río Chicamocha en el municipio de Cepitá, el bien construido que no satisface las necesidades de la comunidad y que no está prestando el servicio de tránsito del cual se derivó necesidad, por el contrario, por su inestabilidad puso en riesgo el bien más preciado, que es la vida de sus usuarios”, concluyó en ente de control fiscal.
Por tal motivo, la Contraloría determinó que el hallazgo fiscal es de $1.255 millones, es decir, el valor total del fallido paso elevado, incluido el costo de la interventoría.
“Por lo anterior, el valor ejecutado según acta de recibo final es $1.255 millones, lo que equivale a los recursos públicos invertidos que no revisten utilidad, ni cumplen la finalidad para lo cual fueron previstas”, agrega el informe.
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Los riesgos del puentes
Las conclusiones de la Contraloría Departamental se dieron después de la visita de inspección que realizó el pasado 26 de febrero al sitio de construcción del puente en la vereda San Miguel de Cepitá.
Según el informe, el puente presenta una rotación en su línea de tránsito que es de aproximadamente 115 metros lineales por la falla aparente del cimiento de anclaje que tira la estructura atrás y da estabilidad a las torres principales del puente, el cual se encuentra desplazado de su línea de aplome.
Además, el equipo auditor de la Contraloría encontró que la torre principal del puente en uno de sus costados se encuentra desplazada hacía adelante en línea con el cauce del río Chicamocha, producto del desplazamiento del anclaje perdiendo el soporte de estabilidad.
“Para la fecha de la visita de la Contraloría General de Santander el cimiento que falló se encontraba completamente demolido por parte del contratista”, señala el equipo auditor.
Planes de mejoramiento
En la misma visita, la firma Construcciones y Soldaduras, empresa encargada del colapsado paso elevado se comprometió tener listos los nuevos diseños del puente 15 días después y en 45 días, tener en funcionamiento el paso elevado.
Si bien el contratista ha venido ejecutando obras de reparación en el puente, la semana pasada, dos meses después del siniestro, el paso elevado continúa sin ser habilitado, como lo informó en su momento esta redacción.
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Presuntos responsables
La Contraloría reportó a Gerardo Durán Mantilla, representante legal de la firma Construcciones y Soldaduras, en su calidad de contratista; Fabián Vargas, exdirector departamental de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, Udgrd, y Valeria Vivas, representante legal del Consorcio Interpuentes, firma encargada de la interventora de la obra, como los presuntos responsables fiscales por el fallido contrato del puente peatonal, calculada en $1.255 millones.
Curiosamente, Gerardo Durán y el Consorcio Interpuentes, (interventor), son socios en el contrato del contrato 233 de 2023, para la construcción de un puente vehicular en la vereda Santo Domingo, en el municipio del Carmen del Chucurí, por valor superior a los $2.500 millones. Aunque la estructura debía estar construida el pasado 31 de diciembre, a hoy el paso elevado no existe, a pesar de que los empresarios recibieron un anticipo del 40 % a iniciar el contrato, es decir, unos $900 millones anticipados.
