La policía judicial registra sedes y domicilios de políticos del conservador PSD en Lisboa y Oporto

El anterior líder del Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha), Rui Rio, se ha despertado esta mañana en su casa de Oporto con una orden de registro judicial. Su vivienda ha sido una de las 14 donde la policía ha desarrollado búsquedas relacionadas con una investigación abierta en 2020 para tratar de esclarecer si se pagaron salarios de trabajadores del principal partido de la oposición en Portugal con fondos públicos de la Asamblea de la República, el Parlamento unicameral.

Además del domicilio de Rui Rio, se registró también el de su antigua jefa de prensa, Florbela Guedes. Ambos tuvieron que entregar sus móviles a los investigadores, según el diario Público. El otro alto cargo del PSD que también está siendo investigado es el diputado Hugo Carneiro, que fue secretario general adjunto y responsable de las cuentas del partido durante la etapa de Rio.

Después de perder las elecciones en enero de 2022, Rui Rio, exalcalde de Oporto, se retiró de la actividad política y fue sustituido en la presidencia del PSD por el abogado Luís Montenegro. El partido ha difundido un breve comunicado donde confirma los registros en las sedes de Lisboa y Oporto, además de desmarcarse de responsabilidades por prácticas cometidas por la anterior dirección. “Según la información de las autoridades, la investigación en curso se refiere a hechos que se remontan al periodo de 2018 a 2021″, sostenían en la nota. Rui Rio presidió el PSD entre febrero de 2018 y julio de 2022.

La investigación judicial se inició a raíz de la denuncia de empleados del PSD, que alertaron en 2020 de un supuesto desvío de fondos públicos de la Asamblea de la República para pagar salarios a personal que trabajaba en el partido. “Existen sospechas sobre la posible práctica de delitos de desvío de dinero y abuso de poderes”, indicó la policía judicial en una nota de prensa.

En una entrevista de hace unos años a la revista Sábado, la expresidenta del Tribunal de Cuentas, Margarida Salema, consideró “vergonzosa” la forma encubierta de financiación de los partidos que se realizaba con los asesores políticos pagados por la Asamblea de la República que acababan haciendo labores al servicio de los partidos.

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