La “inteligencia” de la Secretaría de Hacienda no da para rastrear el quebranto al erario por 15 mil millones de pesos en Seguridad Alimentaria Mexicana (antes Conasupo) en lo que va del sexenio, pero sí para negar el derecho laboral de los cuatro consejeros electorales que concluirán su gestión dentro de dos semanas.
Pablo Gómez, titular de la Unidad, atiza el linchamiento de Adriana Margarita Favela Herrera, José Roberto Ruiz Saldaña, Ciro Murayama y Lorenzo Córdova, perfilando su eventual persecución por dizque delincuentes:
Tuiteó:
ART. 28 DE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES: Tampoco tendrán derecho a liquidación o compensación por el término de su periodo…titulares de organismos y órganos autónomos, estén o no incorporados al Presupuesto.
ART. 217 TER DEL CÓDIGO PENAL: incurre en delito de remuneración ilícita… quien reciba… liquidación por servicios prestados no autorizado conforme a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Y lo hizo inclusive después de que el presidente López Obrador admitiera la legalidad de esas liquidaciones que juzgó, sin embargo, “inmorales”.
El finiquito de los cuatro, informó en su transparencia el propio INE, es la suma de tres meses de salario y 20 días por año.
Córdova lleva 12 años trabajando en el Instituto y nueve los otros tres, equivalentes a 1.9 millones de pesos para el consejero presidente y 1.6 para sus compañeros.
Pese a estos datos incontrastables, Morena (donde milita Gómez) ha esparcido la patraña de que cada consejero se retirará con “nueve millones de pesos”, lo que confirma la sevicia del cuatroteísmo en su facciosa guerra contra los cuatro consejeros.
Lo que Pablo Gómez omite o ignora es que la Constitución, el máximo de todas las leyes, incluidas la de remuneraciones y el Código Penal, establece en su Artículo 41 que las relaciones laborales en el INE se rigen por el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama administrativa del Instituto autónomo del Estado. Es la ley laboral del INE, donde están previstas las prestaciones, a menos de que los consejeros no sean trabajadores del INE.
Y puesto que la Constitución dice que no pueden tener otro empleo ni comisión y que les paga el INE, cabría preguntar: ¿dónde supone Gómez que trabajan?
Son servidores públicos asalariados y se irán en las mismas condiciones que quienes laboran en el organismo: con tres meses de sueldo neto y 20 días por año laborado (así se han ido anteriores consejeros como Javier Santiago, Arturo Sánchez y Beatriz Galindo en 2017; Benito Nacif, Enrique Andrade, Marco Baños y Pamela San Martín en 2020).
El gobierno como tal no cometió la estulta osadía de quejarse, pero el machuchón Pablo Gómez, militante fundamentalista de Morena, amaga con denunciar penalmente a Favela, Ruiz, Murayama y Córdova.
No los derrotaron con los planes A y B que descuartizarían al INE pero dejan ver sus ansias de cacería, aprovechando que los consejeros ya no tendrán, a partir del 3 de abril, la protección del fuero…
