El Gobierno deja en el aire la subida del 40% de la tasa Enresa a las centrales nucleares

VALÈNCIA (EFE). El Gobierno ha dejado temporalmente en el aire la subida de casi el 40 % de la tasa Enresa sobre gestión de residuos nucleares tras el lanzamiento de una consulta pública para reiniciar el proceso normativo sobre la modificación y que los interesados tengan más tiempo para manifestar ideas y aportaciones.

Dadas las solicitudes de los interesados que reclamaban mas tiempo para ver la normativa, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha reiniciado el procedimiento con una consulta publica previa sobre cómo cubrir los costes del plan de residuos radiactivos.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha informado a Efe de que "reinicia la tramitación del proyecto de Real Decreto que actualiza la prestación patrimonial de carácter público que financia el servicio de Enresa a las centrales nucleares en explotación, lanzando una consulta pública previa, siguiendo el mismo procedimiento que en 2019, cuando se tramitó la actualización por última vez".

"Atendiendo a buena parte de las alegaciones recibidas hasta ahora solicitando un plazo más amplio, la consulta previa estará abierta para la recepción de observaciones hasta el próximo 18 de marzo.

En el proyecto de real decreto presentado por el Miteco previamente se anunciaba una subida de casi un 40 % de la tarifa que abonan los titulares de las centrales nucleares para la gestión pública de sus residuos radiactivos, la "tasa Enresa", que pasaría de los 7,98 euros por MWh producido a 11,14 euros.

Foro de la Industria Nuclear Española presentó alegaciones conjuntas compartidas por todos los titulares de las centrales nucleares españolas al proyecto de real decreto para modificar la tarifa fija unitaria mediante la que se financia el servicio de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) para la gestión de los residuos, desmantelamiento y clausura de las centrales nucleares españolas.

Asimismo, Foro Nuclear ha presentado también un recurso contencioso administrativo contra el VII Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) y otro contra el abandono del Almacén Temporal Centralizado (ATC). En su opinión, el nuevo PGRR supone "un coste muy superior al previsto inicialmente debido a nuevas soluciones adoptadas y falta de consenso entre las diferentes instituciones involucradas".

"En ningún caso, explicaba, estos extra-costes deberían imputarse a las centrales nucleares españolas, que aportan anualmente al Fondo Enresa del orden de 450 millones de euros", según Foro Nuclear.

Recuerda que "las centrales nucleares españolas están sometidas a una carga fiscal excesiva, discriminatoria e incluso en algunos casos redundante, que penaliza el funcionamiento y la gestión de las mismas".

El sector nuclear reclama una mesa de diálogo con el Gobierno que permita alcanzar un marco estable para las centrales nucleares en el ámbito del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).