Llama la atención el sentido común que ilumina el documento firmado por ocho comunidades autónomas en Santiago de Compostela el pasado martes. El tono constructivo con la que los presidentes de estos gobiernos regionales –las dos Castillas, Extremadura, Asturias, Galicia, La Rioja, Cantabria y Aragón, esto es: cinco comunidades gobernadas por el PSOE, dos del PP y una regionalista– han abordado un debate que acostumbra a tener una carácter incendiario en España: los territorios y el dinero a repartir.
El documento defiende los intereses compartidos en la negociación de la financiación autonómica de unas regiones que constituyen el 62% del territorio de España en las que vive el 24% de la población. En promedio 36 habitantes por kilómetros cuadrado. En Madrid viven 5.500 habitantes por kilómetro cuadrado.
Veremos en qué queda el acuerdo de las ocho comunidades pero su sensatez merece ser subrayada
Al periodista Sergio del Molino se debe el término la España vacía –que los propios concernidos por la definición quisieron reinterpretar con la España vaciada– para describir a esta parte del país que se caracteriza también por tener una población envejecida, con una edad media muy superior a la española, y una base fiscal –la capacidad de generar recursos propios– sensiblemente por debajo de la media. Añadan la imposibilidad de retener al talento joven. Tienen un problema serio, sí.
Con este panorama y en un país en el que cualquier asunto grave se convierte en trilita dialéctica es agradable leer que los ocho presidentes reivindican unas políticas de integración de nueva población en sus territorios (política de integración para repoblar lo que se vació con la gran emigración); o la reclamación de una estrategia concertada para fomentar la sanidad familiar (sanidad pública para cuidar); la gratuidad de las guarderías (sin niños no hay futuro) o el acceso igualitario a las tecnologías de la información (sin la que la brecha digital se agrandará). Gran programa.
Tanta sensatez tiene seguramente dos razones. La primera es la amenaza que se cierne sobre estos líderes y sus respectivos partidos si finalmente cuaja la iniciativa de algunos movimientos ciudadanos para crear una plataforma electoral que represente a esa España diezmada. Esas plataformas se movilizan en la convicción de que los partidos a los que pertenecen los ocho presidentes no aciertan a representarles.
En realidad estos territorios no están mal representados numéricamente –tienen más diputados en el Congreso que los que les correspondería a su población comparada con las áreas urbanas más densas– pero sí han sido mal representados políticamente. Esa es su impresión. Tampoco están mal financiados. A otras comunidades –y no precisamente las más ricas– les va mucho peor. Pero no es suficiente.
La segunda razón es la respuesta de estos territorios al vocerío que tiene como extremos simbólicos de la cordada política a Madrid y a Catalunya. En el estruendo del puente aéreo no se consigue oír lo que realmente les sucede y preocupa a esa gente. Ellos nunca son noticia. Para poderles escuchar España necesita un sosiego del que carece. De ahí la templanza con la que los ocho presidentes abordan por ejemplo las legítimas –esa es la palabra empleada– relaciones bilaterales de las comunidades con el Gobierno central. Toda una novedad.
Veremos en que queda la iniciativa pero merece ser subrayado un precedente de tanto sentido común.