El fin de la guerra en Guatemala y El Salvador y la vuelta a la democracia en Nicaragua se gestaron como parte del Procedimiento para Establecer la Paz Firme y Duradera en Centroamérica firmado el 7 de agosto de 1987 en Esquipulas, Guatemala. A dicho pacto se le conoce también como Esquipulas II.

Treinta y cinco años después no hay guerra armada en Centroamérica. Pero no hay proceso electoral limpio en Nicaragua y el panorama político en El Salvador, Guatemala y Honduras es muy complejo. Al punto de que las tres democracias son consideradas híbridas por el índice global de The Economist, con nota de entre 4 y 6, de un puntaje máximo de 10.

La realidad de ambos momentos, 1987 y 2022, es muy distinta, totalmente incomparable. Sin embargo, hechos que llevaron a la paz en el siglo pasado son valiosas señales para Centroamérica y sus ciudadanos de hoy.

El procedimiento

El Procedimiento definió pasos y compromisos, pues realmente era el inicio de un proceso para cada país signatario:

• 1) Fue un acuerdo de jefes de Estado de las cinco naciones centroamericanas. Incluia a Costa Rica, pese a sus distintas condiciones: democracia plena entonces y también hoy;
• 2) Estos presidentes se enfrentaron a múltiples posiciones internas contrarias, el Ejército y los empresarios, y a la oposición de países aliados como Estados Unidos y Cuba;
• 3) Se dio con el apoyo o al amparo de organizaciones diversas, entre ellas las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Iglesia católica y la institucionalidad europea;
• 4) Fue posterior a otros acuerdos políticos que sentaron las bases de Esquipulas II, como lo fue el Grupo de Contadora;
• 5) Se dio en el marco de cambios globales vinculados a la reforma política y económica en la Unión Soviética, y en paralelo a la posterior caída del muro de Berlín.

Por una paz firme y duradera

«Cese al fuego y reconciliación» fue uno de los componentes del Procedimiento para Establecer la Paz Firme y Duradera en Centroamérica; también lo fueron «Cese de ayuda a las fuerzas irregulares», «Democratización» y «Elecciones libres», por sus nombres específicos.

Guatemala vivió una guerra civil durante 36 años, desde 1960 hasta 1996 cuando se firmó la paz entre el gobierno y la guerrilla agrupada en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).

El Salvador padeció una guerra por no menos de 13 años, que finalizó en 1992 y permitió la incorporación del grupo insurgente, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en la vida política del país.

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En el marco de Esquipulas II, en Nicaragua se convocó a elecciones en 1990. La Unión Nacional Opositora (UNO), con Violeta Barrios de Chamorro como candidata a la presidencia, obtuvo la mayoría por encima del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN) con Daniel Ortega. Este se encontraba en el poder y al frente de la Revolución sandinista desde 1979. Así se acabó el proceso de guerrilla interna y el apoyo internacional a la resistencia «Contra».

Vuelta a las elecciones

Es decir, el proceso político cambió en los tres países que acordaron la paz y sí hubo cese al fuego, incorporación política de los disidentes, una parcial reconciliación y vuelta a elecciones libres. No se podía anticipar, en ese entonces, que una justa electoral podía ser el elemento que justificara el poder casi absoluto, posteriormente, en El Salvador y Nicaragua, y que el paso de los años fortalecería pero muy ligeramente la institucionalidad (poderes Legislativo y Judicial) y los partidos políticos de Guatemala, Honduras y El Salvador.

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Además de paz y democracia, Esquipulas II buscó la promoción del desarrollo mediante la cooperación internacional. La Unión Europea ha sido clave en esa labor. Pero incluso hoy se percibe una decepción por el pobre estado de la madurez política regional que los europeos trataron de apoyar.

El bienestar social y la estabilidad económica no habían tenido un espacio relevante en la política pública de los países centroamericanos, salvo Costa Rica, en la década de los ochenta del siglo XX ni tampoco en los años precedentes. En buena medida ello era producto de la guerra. En términos generales, la gestión política posterior a Esquipulas II permitió una mejora significativa de la actividad económica, aunque no en la misma medida o dimensión de la equidad y el bienestar social.

A principios de la década de 1980, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) indicaba en un reporte: «Centroamérica atraviesa por una profunda crisis, tanto en el ámbito económico como en el político-social, aspectos ambos tan estrechamente entrelazados que resulta ocioso tratar de determinar si alguno tiene precedencia causal sobre el otro».

Centroamérica hoy

En Guatemala, en ese entonces, el 25 % de la población recibía el 66 % del ingreso nacional, mientras que el 75 % restante percibía el 34 %. El país se caracterizaba económicamente por una ausencia de clase media. Un 82 % de los niños menores de 5 años sufrían de algún grado de desnutrición. Aproximadamente el 69 % de la población rural y el 30 % de la población urbana eran analfabetas. La esperanza de vida al momento de nacer se estimaba en 58 años.

Hoy, Guatemala, según el Banco Mundial, es un país de ingreso medio alto, su PIB per cápita es de USD 4603 (2020). Sin embargo, no se ha dado una reducción significativa de la pobreza y la desigualdad. Guatemala tiene la cuarta tasa más alta de desnutrición crónica en el mundo y la más alta en América Latina.

El Salvador experimentaba a inicios de los ochenta los mayores niveles de pobreza junto con Guatemala (58 % urbana y 76 % rural). La esperanza de vida al nacer era de 56 años, por citar solo dos indicadores sociales.

El Banco Mundial reporta que El Salvador tiene un gran potencial para impulsar un crecimiento económico dinámico, inclusivo y resiliente. Pero también señala que el crimen y la violencia son una amenaza para el desarrollo social y el crecimiento económico, y están entre los principales motivos para que muchos salvadoreños migren.

Nicaragua experimentó en la década de 1980 un colapso económico tras el cambio de modelo productivo que impulsó la Revolución sandinista, y una mejoría de algunos indicadores sociales, sobre todo de salud y educación. La esperanza de vida pasó de 59 años a 64 años en esa década. La mortalidad infantil comenzó a reducirse progresivamente desde 84 fallecimientos por 1000 habitantes a 55 en la década de 1990. Aun así, como señala el Banco Mundial, Nicaragua sigue siendo uno de los países menos desarrollados de América Latina, donde el acceso a los servicios básicos es un desafío diario.

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Después de Vinicio Cerezo, quien gobernó a Guatemala y firmó Esquipulas II, el país ha tenido diez mandatarios en elecciones periódicas y crisis agudas en casi todas las gestiones.

El Salvador tuvo cuatro gobiernos consecutivos del mismo partido político, dos posteriores liderados por el FMLN. Desde 2019 y hasta el 2024 el gobierno es guiado por un partido alternativo populista con dominio total de los poderes del Estado.

De 1990 a 1997, Violeta Barrios de Chamorro presidió el gobierno de Nicaragua, luego de un mandato de 11 años de Daniel Ortega tras la Revolución sandinista que acabó con una dictadura de 42 años. De 1997 a 2017 se sucedieron dos gobiernos liberales, que dieron paso nuevamente y apoyaron el resurgimiento de Ortega. Este se mantiene mediante elecciones irregulares en control total y absoluto del poder.

La precedencia causal entre lo económico y lo político-social que señaló el reporte de la CEPAL queda más que confirmada con la realidad de los tres países beneficiados con la pacificación. Esto era válido hace 35 años y lo es hoy, pero en condiciones muy diferentes.

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