Texto del 20/01/2003
Fotografía: Àngel Font

Joan Piqué Vidal es uno de los profesores más admirados en su campo y goza de un gran prestigio profesional, no exento en ocasiones de polémica por las implicaciones, políticas a veces, de los casos en que ha actuado, pero al margen de ellas se ha guiado siempre por la convicción de que toda persona tiene derecho a ser defendida.

Es un hombre de honor y firmes convicciones, cuyas opiniones, siempre sabias, merecen atención y respeto.

Grandeza de la figura del empresario

Este país en general y Cataluña en particular tiene una enorme deuda de gratitud con la clase empresarial, como consecuencia de la mala imagen que casi todos le atribuimos al principio de la transición política. Fue un fenómeno gratuito, injusto y que nunca hasta la fecha ha sido reparado. De todos modos, con la perspectiva de los años se ha hecho evidente que la misma grandeza de la figura del empresario hace innecesario cualquier tipo de reparación.

No podemos olvidar que, por suerte para nuestro país, más del 95% del empleo y de la generación de riqueza depende de los pequeños y medianos empresarios. Atribuir a éstos el mismo perfil que a la gran empresa y, lo que es peor, el mismo comportamiento que el de las multinacionales es un gran error. En cualquier caso todos, grandes, medianos y pequeños empresarios, pagaron un alto precio en su día por demostrar su pureza de sangre democrática y aún lo siguen pagando periódicamente, cuando se producen de modo inexorable las fases de contracción del ciclo económico, de las que ya hemos vivido por lo menos cuatro en los últimos veinticinco años.

Ética y gestión empresarial

El término ética, como patria y otros tantos, es una de esas palabras que debe ser usada con muchísima cautela por cuanto un uso indebido de las mismas tan sólo conduce a su fosilización y pérdida de sentido. Los recientes acontecimientos puestos al descubierto en los Estados Unidos principalmente, aunque no sólo en ese país, en lo relativo a la gestión de grandes empresas (Enron, Worldcom, Vivendi y tantos otros), así lo confirman. Lo curioso de esos casos es que sus gestores y auditores venían cumpliendo al pie de la letra cuantos reglamentos, regulaciones y normas legales les exigían, lo que no impidió que llegaran a perpetrar desafueros éticos de gran trascendencia. A la vista de lo vivido y lo que queda por venir, es fácil deducir que la proliferación de normativa y, lo que es peor, su estricto acatamiento, no es óbice para que se cometan enormes abusos en la gestión de las empresas. Por el contrario, resulta incluso contraproducente, por cuanto la conducta de los sujetos que las gestionan y controlan tiende al estricto cumplimiento de la maraña normativa, lo que despliega una cortina de humo tras la que esconder prácticas corruptas, en vez de garantizar la observancia de los simples y elementales principios de la ética natural. Me viene en este punto a la memoria la frase que ha figurado durante más de cien años en nuestro código de comercio en la que se estipulaba que la gestión de un comerciante debía ajustarse a la diligencia con que obra un buen padre de familia, fórmula simple pero de enorme fuerza ilustrativa.

En España desde hace unos años se está poniendo de moda la promulgación, con fuerza de norma, de los llamados códigos éticos para la gestión de las empresas, impulsados desde el ministerio de Economía. A la luz de la reciente experiencia internacional, cabría preguntarse si alguien cree de verdad en que esa vía es capaz de aportar verdadero sentido ético a la gestión empresarial. La ética es un concepto complicado y así lo han puesto de manifiesto numerosos filósofos, pero en el fondo no es más que un ajustado equilibrio entre lo bueno y lo malo y eso depende esencialmente de la formación de los individuos: ciudadanos, políticos, gestores y consumidores; tanto como de la percepción social que exista en cada momento del tema.

En consecuencia, cabe concluir que hay que abandonar la proliferación de normativa y exigir, desde todas las instancias sociales y económicas, que la legislación específica de cada ámbito de gestión se aplique a través de la efectiva actuación de las diferentes instancias judiciales.

La realidad de la pequeña empresa se impone en nuestro entorno cada vez con mayor fuerza

Nuestra Constitución, al tratar de los derechos y libertades, reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado y es en ese marco en el que es legítima la generación de un beneficio, una vez satisfechos los costes materiales y sociales, como retribución del riesgo asumido por los empresarios. Lo que parece evidente es que el riesgo no es igual para todos, por cuanto éste castiga con especial rigor a las pequeñas unidades productivas, a las que resulta más difícil acceder a determinados recursos organizativos y de financiación.

No deja de ser sorprendente que, a pesar de esta discriminación por el tamaño, la realidad de la pequeña empresa se imponga en nuestro entorno cada vez con mayor fuerza. Para reequilibrar esta situación asimétrica resulta imprescindible que todos aportemos una sobredosis de apoyo a los pequeños empresarios, al modo que desde hace décadas viene haciendo la Generalitat de la mano del COPCA y del CIDEM1, y del modo que las últimas políticas fiscales del gobierno vienen aplicando a través de los incentivos a la inversión, tanto de las pequeñas y medianas empresas, como del otro gran colectivo que representa un enorme potencial de riqueza económica y social: la empresa familiar.

Algo está cambiando para bien en los últimos años; comienza a imponerse la necesidad de recurrir al asesor económico y jurídico, más como medida preventiva que por necesidad ante la aparición de un conflicto. Esta actitud, propiciada por nosotros los abogados desde siempre, tan sólo puede reportar beneficios para todos, y se está imponiendo por estrictas razones de racionalidad además en las pequeñas unidades productivas. De este modo se supera el último agravio con respecto a las grandes, ya que éstas han dispuesto siempre de equipos de asesoramiento internos y externos que les ayudan en la toma de decisiones organizativas y estratégicas.

Es lógico que los ciudadanos nos fijemos más en los puntos débiles que en los aciertos

Está claro, al menos para mí, que una cosa es la política y otra muy diferente el mercado. Se rigen por reglas distintas y creo que, aunque coinciden puntualmente en muchos aspectos, tan sólo tienen una cosa en común: los dos son los modelos menos malos de todos los que la humanidad ha venido experimentando desde la prehistoria. Quizás existan sistemas mejores, pero hoy por hoy resulta obvio que los instaurados mayoritariamente en el mundo civilizado son los más eficaces entre todos los conocidos. Lo cual no implica, lógicamente, que ambos no presenten carencias y puntos débiles, aunque sólo sea por aquello de que lo mejor a veces es enemigo de lo bueno. El problema trasciende cuando los dos sistemas entran en crisis a la vez y se buscan recíprocamente, cual si se tratara de un bálsamo de Fierabrás2. Algo parecido es lo que ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos y su ­inmediata irradiación hacia todo el orbe a través de los medios de comunicación. En situaciones como ésta es cuando se patentizan las miserias del ­sistema y, nos guste o no, es lo que nos está tocando vivir y tiene reflejos locales y cotidianos muy próximos, como pueden ser la caída de las bolsas financieras, el encarecimiento del petróleo, la inmigración (o, mejor dicho, su tratamiento) y los vertidos del Prestige3, por citar tan sólo algunos ejemplos.

Es lógico que los ciudadanos nos fijemos más en los puntos débiles que en los aciertos. Sin embargo, no debe existir ninguna duda de que los políticos en general y los nuestros en particular hacen muchas cosas acertadas y toman muchísimas decisiones correctas para reducir los riesgos y apuntalar las oportunidades. Como ejemplo, cabe citar la labor enormemente positiva, por sus efectos, de las políticas económicas de los Estados, en el sentido que, si bien no saben cómo atajar las oscilaciones de la economía, sí que disciernen lo suficiente como para amortiguar las fases de contracción. Recorde­mos que no se produce una gran depresión económica a nivel mundial desde 19294, y recemos para que siga así.

Cuanto mejor se hagan las cosas más carga alentadora habrá de cara a los ciudadanos, pero en política no hay más cera que la que arde. Quizás la gran carencia de los últimos tiempos, y que conste que no es nostalgia, sea la falta de verdadera talla humana en los líderes políticos de la última generación. ¿Dónde están los Churchill, Roosevelt, Adenauer, Spaak, Fanfani, Nasser, Ben Gurion, Nehru5 y tantos otros que supieron sacar a la humanidad del callejón sin salida de la posguerra? Gente de su talla es lo que hace falta para volver a entusiasmarnos colectivamente por la política.

No es cierto que la juventud no esté ilusionada por la política

No puedo participar en la denuncia del masivo absentismo electoral por parte de la juventud. En promedio nuestra ratio es perfectamente homologable con países de nuestro entorno próximo y muy por encima de las obtenidas en la mayoría de las repúblicas hispanoamericanas. Además, el posible (por relativo) desencanto de nuestros jóvenes no viene tanto por el marco de referencia (la Constitución) o la escasez de discursos políticos seductores, como por la constatación de que, tal como están establecidas las reglas del juego electoral, basta que ochocientos mil españoles hagan oscilar su voto de uno a otro de los partidos mayoritarios, para que se produzca un relevo en el partido que accede a gobernar con mayoría absoluta. Esta simpleza del sistema se intuye desde la calle, tanto más por parte de los jóvenes, que son los más perspicaces.

La Constitución proclama el Estado de derecho

La libre adopción por parte del pueblo español de un modelo político como el que define de forma clara y meridiana nuestra Constitución, no deja ningún resquicio a la duda de la importancia que se otorga al Estado de derecho, tanto más cuando se realiza la lectura completa y pausada de su Artículo Primero. En síntesis podemos decir que el Estado de derecho es aquél que se autoorganiza en torno al predominio de la ley sobre las personas, como garantía de la libertad de éstas por encima de la voluntad de alguien o de varios, organizados en grupos. Pero si nos quedáramos aquí pecaríamos de parcialidad. Además, este Estado de derecho debe cumplir dos requisitos adicionales. El primero es que las leyes deben ser consecuencia del acuerdo entre los ciudadanos (requisito democrático), y el segundo es que la única finalidad del Estado debe ser la consecución de una sociedad de personas libres e iguales (requisito social). En cualquier caso, creo que veinticinco años de prueba en condiciones a veces extremas, es un buen certificado de origen para nuestra Constitución, sin que ello deba ocultar los importantes problemas que viene suscitando su aplicación práctica.

Esfuerzo realizado por los últimos gobiernos para agilizar e incentivar las diferentes instancias procesales

La impresión general del ciudadano es que la aplicación de la justicia en este país adolece de considerables defectos, que la máquina judicial es excesivamente lenta, y esto se refleja en multitud de encuestas. Desde mi punto de vista, existen dos razones muy distintas que propician este estado de cosas. Primero, la vocación decididamente garantista de nuestro ordenamiento jurídico emanada de nuestras propias leyes; lógicamente a más garantías se precisa de más procedimiento y, en consecuencia, de más tiempo. Pero además, es cierto que el mundo de la justicia ha sido la cenicienta de la administración española, aunque se trata de una carencia secular que apunta tímidamente a la superación en los últimos años. En efecto, además de unas dotaciones pecuniarias más elevadas, también es obligado recordar los esfuerzos realizados por los últimos gobiernos para agilizar e incentivar las ­diferentes instancias procesales, intentando reducir la distancia entre la justicia y el justiciable, sin renunciar por ello ni un ápice a nuestro envidiable nivel de garantismo judicial. Buena prueba son los juicios rápidos, la novedad de los Juzgados Contenciosos o la dotación de elementos informáticos para agilizar los procedimientos. Seguro que la velocidad aún no es la deseada, pero no cabe duda de que el camino que venimos recorriendo a lo largo de los últimos años es el adecuado.

Una nueva forma de resolver conflictos

Tradicionalmente la gente viene utilizando el dicho más vale un mal pacto que un buen pleito, aforismo del que participamos todos los abogados de bien. Yo diría que a partir de los años cincuenta, como consecuencia del proceso de internacionalización de la economía, del comercio y, por qué no también,

de la delincuencia, este principio que en origen era deseable, cada vez se está manifestando como más necesario. Pensemos que la hoy tan denostada globalización es una realidad innegable y por su propia naturaleza está provocando, en caso de litigio o choque de intereses, la creciente proliferación de los llamados conflictos de jurisdicción, es decir, la necesidad de definir el tribunal o juez que debe entender de un asunto transnacional. Para dar respuesta rápida y eficaz a esta nueva problemática es por lo que cada vez más se recurre preventivamente al sometimiento de las partes a los llamados mecanismos autorreguladores: arbitraje, mediación, códigos éticos, etc. En consecuencia, se está produciendo la sustitución de lo que podríamos llamar la secuencia tradicional del derecho: ley, oposición de contrarios, policía, tribunal, sentencia; por una nueva forma de resolver conflictos que evoluciona a través de las siguientes etapas: autorregulación, aproximación de contrarios, códigos éticos, mediación, arbitraje, pacto o laudo.

El nuevo entorno transfronterizo en que se desarrollan cada vez más las relaciones económicas y sociales, fenómeno acrecentado por el uso progresivo de las nuevas tecnologías, está provocando que lo que en origen era deseable por su propia esencia, se haya convertido casi en una exigencia de las nuevas reglas del juego, si bien hay que puntualizar que en nuestro país este proceso está en desarrollo y aún lejos de alcanzar toda su deseable plenitud.

El problema de la inmigración nos está poniendo a prueba como sociedad

La inmigración es un fenómeno de siempre conocido, pero que viene a cobrar una dimensión, al menos preocupante en los últimos tiempos, como reflejo social de la globalización. Conceptualmente y per se la inmigración es un fenómeno absolutamente positivo, por su enorme potencial renovador y enriquecedor. El problema surge no por el qué, sino por el cuánto. Todos estamos de acuerdo en que las sociedades ricas tienen una obligación con los pueblos y culturas menos evolucionados. Aceptando este principio, cabe preguntarse ¿es legítimo o no poner límites cuantitativos a la corriente inmigratoria? Si la respuesta es negativa deberíamos abrir nuestras fronteras sin ningún tipo de restricción y acoger generosamente a todos, sin excepción de origen, raza, cultura o religión. En esta hipótesis se debe contestar inmediatamente a una nueva pregunta: ¿no será cuestionando la permanencia de las señas de identidad de la sociedad de acogida? Seguramente sí en situaciones límite, como podría ser la de España por su condición de doble puente de enlace entre África (puente geográfico), Hispanoamérica (puente cultural) y Europa. La legitimidad de la respuesta, sea ésta cual sea, tan sólo reside en el conjunto de la sociedad manifestando su voluntad vía referéndum. Si por el ­contrario, la respuesta a la primera pregunta fuera afirmativa, en el sentido de aceptar poner límites cuantitativos a la recepción de inmigrantes, el quid de la cuestión radica en la equidad. No sería justo establecer criterios diferenciales subjetivos para aceptar o rechazar a determinados individuos, más allá de las estrictas razones de humanitarismo o vinculación cultural e histórica.

En nuestro caso particular, no es recomendable abordar esta complejísima cuestión olvidando que estamos integrados en un marco de referencia supranacional, constituido por la Unión Europea y debemos, en consecuencia, respetar las reglas del juego al respecto que emanen de este nuevo entorno político y económico. No sería de recibo adoptar unilateralmente políticas inmigratorias con criterios sustancialmente distintos de los comunitarios. Llegado el caso, deberíamos gestionar el cambio de criterio superior y, si ello se manifestara imposible, aceptarlo o bien renunciar a nuestra participación en el proyecto europeo, lo cual nos llevaría al suicidio colectivo.

En mi opinión existe otra consideración obligada al plantear el tema que nos ocupa. Es necesario realizar un planteamiento positivo, generoso y a la vez realista. Indudablemente se deben adoptar políticas de desarrollo en origen, políticas de formación laboral y de crecimiento económico, de creación de empleo, pero éstas son medidas de resultados a muy largo plazo. Mien­tras tanto hay que ser muy cuidadoso en la búsqueda del equilibrio entre la equidad, la seguridad y la lealtad con nuestro entorno inmediato.

La observancia de la ley es la verdadera grandeza y a la vez servidumbre de la práctica de la abogacía

Respecto a la ética profesional de los abogados en particular, lo más correcto es acudir al mandato constitucional que se deriva de la tutela judicial efectiva. Desde mi perspectiva como abogado estoy obligado, he dicho bien, obligado, a poner al servicio de la posición de mi cliente todos, repito, todos, los medios y recursos legales de los que tenga conocimiento y estén a mi alcance.

La consecuencia inmediata es que la ética profesional me obliga a disponer como mínimo de un adecuado nivel de conocimientos y además, de la necesaria habilidad para que aquéllos sean realmente operativos en orden a alcanzar la citada tutela judicial efectiva. El único límite para nuestra actuación, el punto de equilibrio, es la observancia de la ley, cuya ignorancia jamás podrá, lógicamente, ser alegada por nosotros. Ésta es la verdadera grandeza y a la vez servidumbre de la práctica de la abogacía.

Querella de Banca Catalana

En el tema de Banca Catalana yo sólo actué de una forma jurídica. El motivo de la querella era si había habido o no un uso indebido de los fondos de Banca Catalana6, si se llevaba una doble contabilidad, si los libros reflejaban realmente el movimiento económico de la entidad. Estábamos en una época muy distinta a la de ahora, una época en que se pagaban extratipos, es decir, que los depósitos bancarios se compensaban económicamente y aparte del interés fijado por contrato había otro que se entregaba sobre en mano. Toda la banca en general debía atender aquel uso del mercado de pagar en dinero negro una parte de los beneficios y reembolsos. Eso es algo que, al final, entre todos logramos reconducir hacia las prácticas legales, pero lo que no sabemos, ni se pudo demostrar, es si Banca Catalana también incidió en esta corriente de pagar con dinero negro; lo que sí es cierto, es que todo el movimiento económico de la entidad estaba reflejado en los libros oficiales y las cuentas complementarias que se llevaban, con lo cual quedó sobradamente demostrado que no había ningún céntimo de desvío de cantidad, pero para llegar a este resultado la fiscalía tuvo que investigar.

No se determinó que hubiera responsabilidad ni para Pujol ni para ninguno de los encausados

La querella se presentó contra todos los consejeros de Banca Catalana y muy especialmente también contra Jordi Pujol, que ya era President de la Gene­ralitat en aquellas fechas, quizás con el ánimo político de incriminarle, a pesar de que muy pronto se acreditó que Pujol no tuvo nada que ver, su misión como consejero de la entidad había sido definir la finalidad política de Banca Catalana, pero nunca estuvo al tanto del día a día de la empresa, así que desconocía si se pagaban o no extratipos, si es que se hubieran pagado, y cómo se pagaban.

Se formó un equipo de abogados. Varios consejeros, entre ellos Jordi Pujol, me pidieron que me encargara personalmente de su defensa. En su caso acepté con una condición, y es que, como en aquel momento, en la fase procesal y con las leyes vigentes entonces, no hacía falta que él estuviera asistido por abogado, me limité a estar presente junto con el profesor Córdoba en su declaración, pero excepto esta comparecencia, en la causa no quise que presentara ni un solo escrito, ni que estuviera representado por un procurador. Yo estaba seguro de que nada malo podía pasar aplicando la ley y pretendía que, cuando se estudiara la historia de nuestro President de la Generalitat, se viera que ni siquiera había tenido necesidad de abogado que le defendiera en el proceso. Bastó aquella declaración, efectuada en la Casa dels Canonges7, donde expuso sus ­razonamientos, por cierto una de las primeras en que, conforme a su derecho, se utilizó la lengua catalana, para aclarar su conducta.

El pleno de la audiencia, formado por más de treinta magistrados, decidió por mayoría en una larguísima sesión que no había responsabilidad para ninguno de los acusados. Desde entonces se ha hablado mucho de las implicaciones de Jordi Pujol en el escándalo financiero de Banca Catalana, pero poco de su exculpación y de rehabilitar su buen nombre para la historia.

Quiero destacar el importante papel que jugaron algunos personajes políticos durante la transición

Conocí a Adolfo Suárez durante su etapa de presidente del gobierno. En contra de lo que se podía pensar, era un hombre muy preparado, muy responsable en todas las tareas del gobierno. No fue, como se preveía entonces, una persona de paso, una figura que no iba a dejar huella en la historia, sino que vivió el presente con todas sus consecuencias e intentó hacerlo lo mejor posible.

Santiago Carrillo es un hombre que jugó un papel importantísimo en su momento, porque podía haber incitado a las masas a la rebelión, pero en cambio se limitó a hacer lo indispensable y lo necesario para conseguir un cambio pacífico de sistema político.

Sólo estuve una vez con el President Tarradellas, me atendió muy bien, era una persona que respiraba una gran humanidad, se preocupaba por lo político, pero también mucho por lo humano y eso se notaba enseguida en su presencia.

La figura del Rey merece ser reivindicada

Estamos viviendo una época en que todo es criticable y en algunos ámbitos se pone ya en tela de juicio el valor de la monarquía. Entiendo que el papel del Rey en España, desde un punto de vista meramente institucional, ha sido especialmente positivo. España necesitaba la figura del Monarca en los delicados momentos de la transición y creo que sigue haciendo falta ahora, porque cuando dudamos si los que están rigiendo los destinos del país lo hacen bien, siempre contamos con el Rey como instancia superior que garantiza nuestro proceso democrático. Durante el golpe de Estado de 1981 tuvimos un ejemplo claro de la conveniencia de la Corona.

Constitución y estatutos de autonomía: sus principios no son inmutables, hay que adaptarlos a la realidad social por medio de reformas legales

El código penal español de 1953 fue totalmente modificado, dictando uno nuevo, en 1995, porque el anterior había quedado a todas luces desfasado. Ocho años después se han hecho ya múltiples modificaciones a ese nuevo código penal y en estos días se están discutiendo en el Congreso más modifica­ciones a la mayoría de sus artículos, a pesar de que se trata de un código penal hecho por consenso, con la aquiescencia de todos los partidos políticos, y nadie lo niega. Por lo tanto, si un código penal que refleja lo que está bien y lo que está mal, lo que hay que castigar y cómo castigarlo, se puede modificar al cabo de ocho años, yo no entiendo cómo hay gente que se empecina diciendo que la Constitución, o cualquier otra ley de principios fundamentales como los estatutos de autonomía, no pueden modificarse. Habrá algo bueno para añadir, que convenga a la ciudadanía y le sea útil, ­algo que se pueda mejorar. Sus principios no son inmutables, hay que adaptarlos a la realidad social por medio de reformas legales. Otra cosa es que digan que no se debe modificar porque políticamente no interesa, pero que se puede modificar y mejorar, por supuesto que sí.

Como profesor, deseo alentar a mis alumnos para que perseveren en su vocación profesional por el derecho y la ejerciten con confianza en el sistema

A mis alumnos les pido, para que nunca se olviden de ello en el desarrollo de su carrera práctica, que sean muy leales consigo mismos, que intenten por todos los medios hacer que el derecho triunfe, que no se desanimen cuando el juez no les dé la razón, porque deben tener en cuenta que, más de una vez, en un tribunal de tres magistrados dos dicen blanco y uno negro, por lo tanto, con uno solo que hubiera compartido la teoría de aquél cuyo estudio de nada ha servido en la sentencia, el resultado hubiera sido distinto. Deben seguir estudiando y confiar en que, a la larga, el trabajo bien hecho da sus frutos.