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Claudia López también le metió pulso ciudadano a Petrorreformas
La alcaldesa de Bogotá busca firmatón en contra de la excarcelación que propone el MinJusticia. Mientras tanto, Petro y oposición convocan a marchas.
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El presidente Gustavo Petro y su equipo de gobierno siguen en firme en su convocatoria a marchas ciudadanas como una voz de respaldo a sus planes reformistas. FOTO COLPRENSA
26 de enero de 2023
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El panorama político colombiano ha estado agitándose fuertemente en las primeras cuatro semanas del año. En cuestión de 26 días las diferentes fuerzas políticas, empezado por la que lidera el presidente Gustavo Petro, se han enseñado los dientes entre sí en una especie de competencia por mostrar quién tiene mayor capacidad de convocatoria de adeptos para medir así su apoyo popular, anticipándose al llamado a las urnas del 29 de octubre, día de las elecciones regionales.
La última en recurrir a esta estrategia fue la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien se mostró indignada con la reforma al Código Penal del Gobierno Nacional, lo que la motivó a hacer una convocatoria a los ciudadanos, por los canales institucionales de la Alcaldía de la capital, para que firmen una carta de oposición a la iniciativa y se la envíen por correo electrónico al Congreso de la República, la Presidencia y el Ministerio de Justicia.
Previo a este llamado de la Alcaldesa, quien es una de las cabezas de la Alianza Verde, se registraron otras dos grandes convocatorias políticas en el país: primero se dio la de la oposición –concentrada en el Centro Democrático– a protestar el 14 de febrero contra las reformas estructurales que planea hacer el Gobierno; y luego la del presidente Petro a hacer concentraciones, precisamente para el 14 de febrero, para que se “discutan” las reformas al sistema de salud, laboral, penal y pensional, que sus opositores quieren frenar.
Conflictos por las reformas
Los planes reformistas del Gobierno han dejado entrever tres fuertes choque que hay tras bambalinas. Por un lado hay una discusión interna en el Pacto Histórico, ya que los presidentes del Senado y la Cámara, Roy Barreras y David Racero, tienen visiones distintas sobre el llamado de Petro a marchar para apoyar sus reformas y, además, no ha calado del todo en la bancada petrista la reforma a la salud de la ministra Carolina Corcho.
Frente al llamado del Presidente, Barreras planteó que es una propuesta que, de fondo, “no construye soluciones”, pero reiteró su apoyo a las reformas pese a que no las conoce todas en detalle. Por su parte, Racero fue más fiel a su jefe político y dijo estar “completamente de acuerdo” con que se debatan en las calles la reforma a la salud, pensión y trabajo.
Otra pelea cazada detrás de estos proyectos es entre la alcaldesa López y el ministro de Justicia, Néstor Osuna. La mandataria capitalina le recriminó al Ministro que su reforma al Código Penal permitirá la “excarcelación masiva de criminales”, teniendo en cuenta su propuesta de permitir que los presos salgan a trabajar en el día y regresen a sus celdas, a dormir, en la noche.
Osuna le respondió señalando que su proyecto no busca una excarcelación masiva, sino resocialización y la tildó de populista por la firmatón que impulsa contra la reforma. “Bienvenido el debate democrático, mejor todavía si es de calidad, con argumentos y evidencias en lugar de populismo”, planteó el minJusticia.
En este ring político apareció otra disputa, esta vez contra la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. A quien el senador David Luna, de Cambio Radical, le pidió la renuncia porque, según él, la alta funcionaria presentó un informe sobre las reservas gasíferas y petroleras del país que, al parecer, tenía cifras imprecisas.
“Basta de mentiras, basta de seguir insultando la inteligencia de los colombianos. Hoy formalmente pido su renuncia y la pido porque ha publicado un informe que no tiene sustento técnico. Un informe que señala que Colombia tiene reservas de gas hasta el año 2037, lo cual no está técnicamente probado”, dijo Luna.
¿Presión social para gobernar?
Con estos llamados a la manifestación ciudadana ha quedado claro que los actores políticos están pasándose por alto las vías democráticas e instituciones como el Congreso, en donde en teoría se deberían hacer este tipo de debates sobre las reformas que propone el Gobierno pero, en su lugar, se está recurriendo al voto de opinión para hacer una especie de presión social buscando que el Legislativo responda a los intereses de cada sector.
Este conflictivo escenario tiene cierta similitud con el llamado “Estado de opinión” al que recurrió el gobierno de Álvaro Uribe en sus primeros cuatro años. En ese entonces Uribe buscaba refrendar todas sus políticas de estatales en las calles aprovechando su popularidad para tratar de aminorar así a las voces críticas de sus opositores.
Pese a que tiene una visión política distinta a la de ese gobierno, Petro también recurrió a esta presión social sin llevar siquiera seis meses en el poder. Esto quedó claro con su intento de apalancar sus reformas echando mano de su popularidad, en lugar de permitir que sea el Congreso –que debería actuar como contrapeso al Ejecutivo– el que discuta a fondo estas iniciativas.
Habrá que esperar hasta el 6 de febrero para conocer cuáles son las consecuencias de estos choques políticas y llamados a la manifestación social, pues mientras el Presidente y la oposición siguen firmes en sus convocatorias a marchas (ver ¿Qué sigue?), ya se ha empezado a hablar de un nuevo debate de moción de censura contra Irene Vélez y posibles desencuentros en torno a la reforma a la salud.
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