La Fiscalía ignora el informe que sugiere que el equipo de Colau tumbó el Open Camp

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido el archivo de la querella presentada por el empresario impulsor del parque temático de deporte en Barcelona, conocida como el Open Camp, contra miembros del ex equipo municipal de Ada Colau: Eloi Badía, Gerardo Pisarello y Jaume Asens, entre otros. La Fiscalía quiere que el Supremo dé carpetazo a una investigación judicial que, según la querella del empresario afectado, Paco Medina, podría desembocar en un caso penal por coacciones, extorsión y falsedad documental. La Fiscalía, en cambio, prefiere ignorar anteriores informes judiciales, como el del Juzgado Mercantil de Barcelona, que en 2018 señaló «distintas personas jurídicas y físicas» entre los «causantes» de la quiebra del parque temático. El empresario asegura que se trata de los miembros del equipo municipal de Colau, apela al Supremo y denuncia que la Fiscalía actúa sin independencia.

El dictamen judicial en cuestión, al que ha accedido THE OBJECTIVE, es el Informe de Calificación Concursal por la quiebra de la empresa Open Campo, del 23 de marzo de 2018. Se trata de un documento que analiza la quiebra del proyecto estrella del Anillo Olímpico de Barcelona, resultado de un acuerdo entre una empresa privada y otra municipal, y que para el empresario afectado representa una «prueba» de que la Fiscalía debería apostar por investigar y aclarar todo tipo de responsabilidades en dicha quiebra.

Medina, que acaba de pedir un suplicatorio al propio Supremo para que abra una investigación, tras recibir una primera negativa, sostiene que «tal y como se evidencia en la conclusión judicial anterior, tanto el Juez Mercantil de Barcelona como el Administrador Concursal responsables de la liquidación de Open Camp señalaron y apuntaron como causantes de la quiebra del parque temático y la empresa Open Camp a ‘distintas personas jurídicas y físicas’ o ‘exógenas’ que desde fuera de la propia empresa intervinieron y fueron causa del fatal desenlace».

El párrafo del documento al que hace referencia Medina, reza: «La Administración Concursal concluye que en el presente caso no se cumplen los presupuestos reflejados en el apartado primero del artículo 164 de la Ley Concursal, dado que la conducta del Órgano de Administración y de los apoderados de Open Camp, SL, no puede considerarse como la causante de la situación, sino que en la misma han intervenido diversas causas exógenas en las que han intervenido distintas personas jurídicas y físicas».

Fue el administrador concursal quien redactó el informe, que después recogió el juez, eximiendo de culpas a la empresa privada y, sobre todo, instando a la Fiscalía General a abrir diligencias para resolver el asunto. La Fiscalía, sin embargo, está prefiriendo ignorar todo tipo de indicio delictivo. Algo que según el denunciante se debe al interés político del Gobierno, en el que participan los políticos de los Comunes.

«Indicio evidente»

Medina hace referencia al proceso de quiebra de la empresa que había impulsado el proyecto de parque temático del deporte en el espacio del Anillo Olímpico de Barcelona, en Montjuic. Medina había llegado a un acuerdo con la empresa municipal de Barcelona, BSM, durante el mandato de Xavier Trias. Sin embargo, durante la campaña electoral de 2015, Colau y su partido, los Comunes, declararon su intención de frenar y dinamitar la iniciativa. Un planteamiento que según Medina ya representaría una ilegalidad, por la voluntad pública y manifiesta de frenar un desarrollo ya pactado con el Consistorio de la Ciudad Condal.

Pero es más. Medina sostiene que a lo largo del bienio 2015 y 2016, después de la victoria de Ada Colau en Barcelona, sufrió todo tipo de presiones y chantajes para que, primero, se frenara el proyecto, y finalmente se llevara a la quiebra. Medina habla de pérdidas millonarias, para él y para todas las entidades públicas involucradas, en una querella que ya presentó ante el Supremo y que consta de casi 200 páginas. Además, subraya que el juzgado mercantil cuando analizó el proceso de quiebra exculpó a la empresa municipal con la que había sellado el acuerdo, y centró el tiro en unos responsables directos, responsables de haber conducido al fracaso de la iniciativa.

«No puede haber un indicio incriminatario más evidente y cualificado», denuncia Medica, quien apunta a una supuesta connivencia entre la Fiscalía del Supremo y los intereses políticos del gobierno de Pedro Sánchez, que los Comunes apoyan en el Consejo de Ministros. Medina sostiene que la Fiscalía ha activado investigaciones aún sin tener pruebas delictivas por casos como el de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, pero en el caso del Open Camp de Barcelona, prefiere ponerse de perfil y rechazar investigar.

«Falta de independencia»

En opinión del denunciante, se trataría de una actitud condicionada por el interés político de Sánchez y de los Comunes. Pisarello es diputado de Sumar (en cuota de los Comunes) en el Congreso, y Asens entrará en la lista del partido de Yolanda Díaz para las europeas de junio. Medina, en definitiva, denuncia que la Fiscalía está tapando un escándalo con pérdidas por más de una decena de millones de euros, y del que asegura tener pruebas fehacientes de las presiones sufridas por parte de exmiembros del equipo de gobierno de Colau.

«A falta de una Fiscalía independiente e imparcial que persiga el delito y la corrupción política, la damnificada Gaudi Innovation (la empresa de Medina) así como el resto de trabajadores, profesionales y empresas damnificados y perjudicados por la detención y aniquilación del Parque temático Open Camp, continuamos confiando en que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo considerará finalmente, de manera integrada, los evidentes y cualificados indicios probatorios aportados promoviendo la investigación de los hechos y el enjuiciamiento penal de los políticos querellados», concluye Medina, quien asegura que insistirá en todas las instancias judiciales para que se detecten los responsables del fracaso del parque temático del Anillo Olímpico de Barcelona.