Gobierno de Cuba condena a 15 años a joven madre que transmitió video de una protesta

Nora Gámez Torres
·4  min de lectura

Una joven madre ha sido sentenciada a 15 años de prisión por transmitir videos de una protesta en Cuba en Facebook, el último ejemplo de las duras políticas del gobierno comunista para reprimir el creciente descontento popular en medio del empeoramiento de la situación económica.

Mayelín Rodríguez Prado, de 23 años, fue acusada de “sedición” y difusión de “propaganda enemiga” por publicar videos de una protesta en la ciudad de Nuevitas, en la central provincia de Camagüey, en agosto de 2022. Otros 12 manifestantes recibieron sentencias de entre 14 y cuatro años de prisión por cargos similares, según documentos judiciales compartidos durante el fin de semana por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, una organización de derechos humanos con sede en Madrid.

Un año después de que las protestas antigubernamentales se extendieran por toda la isla el 11 de julio de 2021, los vecinos de Nuevitas volvieron a salir a las calles durante un apagón, coreando “Pongan la luz”, “Libertad” y “El pueblo está cansado”, informó en ese momento el medio de comunicación independiente 14ymedio.

Poco después, Rodríguez Prado y otros participantes fueron arrestados y recluidos durante varios meses sin cargos. Ella es madre una niña pequeña y tenía 21 años cuando fue detenida.

La mayoría de los videos originales publicados por los manifestantes de Nuevitas han sido eliminados.

“La dura sentencia esta semana de hasta 15 años de prisión para los cubanos que se reunieron pacíficamente en Nuevitas en 2022 es indignante,”dijo Brian Nichols, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos. .”La continua represión del gobierno cubano contra los cubanos que se esfuerzan por cumplir con sus derechos y necesidades básicas es inconcebible”.

Anteriormente, el gobierno cubano procesó de manera similar a cientos de personas, incluidas varias madres, personas mayores y menores, que participaron en las manifestaciones del 11 de julio, imponiendo sentencias de hasta 30 años de prisión. A pesar de la protesta internacional y los esfuerzos diplomáticos, las autoridades cubanas se han resistido a su liberación, alegando que no son presos políticos.

Las duras sentencias a los manifestantes de Nuevitas, que se produjeron después de protestas más recientes en Santiago de Cuba por la economía cada vez más deteriorada, sugieren que las autoridades cubanas están firmes en su determinación de reprimir manifestaciones y otros signos de oposición por temor a que las protestas continúen.

Los periodistas independientes cubanos también han sido blanco de la última ola represiva.

José Luis Tan Estrada, periodista independiente camagüeyano, que cubrió la detención de los manifestantes de Nuevitas y reveló el mal estado de las instalaciones sanitarias en esa provincia, se encuentra detenido en Villa Marista, la prisión de la seguridad del estado en La Habana, desde el pasado viernes. Tan Estrada, ex profesor de la Universidad de Camagüey que fue expulsado por criticar al gobierno, fue advertido en abril de que sería arrestado si continuaba su trabajo como periodista. En ese momento, una funcionaria del Ministerio del Interior le mostró un expediente con sus publicaciones en las redes sociales.

En los últimos años, el gobierno cubano ha aprobado leyes que convierten en ley lo que durante décadas ha sido una política de tolerancia cero para la disidencia y las críticas al gobierno. Cuando el gobierno finalmente se vio obligado a ampliar el acceso a Internet en la isla en los últimos años, también se aseguró de poder espiar los teléfonos celulares con la ayuda de tecnología china y convirtió en delito criticar al gobierno en las redes sociales.

El Decreto-ley 370, aprobado en 2019, tipifica como delito publicar “información contraria al interés público, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas” en las redes sociales. Dos decretos aprobados en 2021 por el Ministerio de Comunicaciones tratan el uso de las redes sociales para criticar al gobierno como ciberterrorismo. El nuevo código penal aprobado en 2022 prescribe penas de prisión para quienes utilicen lenguaje vulgar contra altos funcionarios o publiquen “noticias falsas” y “propaganda contra el orden constitucional”.

En su informe anual de 2023 sobre derechos humanos en todo el mundo, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que la ley cubana “penalizó la libertad de expresión en línea, permitió al gobierno marcar para eliminar publicaciones en las redes sociales que criticaban al gobierno o a funcionarios gubernamentales, incluyó la la incitación criminal a través de las redes sociales como una ‘circunstancia agravante’ para permitir sentencias más severas y mayores penas por difamación y el uso de redes sociales para organizar protestas”.

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