TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS Y CAMBIOS SOCIALES EN EL SIGLO XIX

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TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS Y CAMBIOS SOCIALES EN EL SIGLO XIX 13.1 Transformaciones económicas. Proceso de desamortización y cambios agrarios. Las peculiaridades de la incorporación de España a la revolución industrial. Modernización de las infraestructuras: El impacto del ferrocarril.

A lo largo del siglo XIX España intenta llevar a cabo una transformación económica que resulta enormemente difícil.

La desamortización acaba con el sistema de “manos muertas”, pero está lejos de crear una agricultura moderna, los nuevos propietarios no realizarán las inversiones de capital y las transformaciones técnicas necesarias, tampoco se crea un campesinado de clase media con tierras suficientes. Predominan arrendatarios pobres y jornaleros.

Tampoco en el aspecto industrial la modernización alcanza resultados relevantes, la industria textil catalana, por ejemplo, estuvo siempre lastrada por los problemas de un mercado escaso y una población con poco poder adquisitivo.

La siderometalúrgia no se consolidará hasta el siglo siguiente.

Los gobiernos liberales emprendieron un proceso de reforma de las estructuras de la propiedad agraria y las formas de explotación de la tierra, estas ideas entroncaban con la ideología ilustrada, Jovellanos en su “Informe sobre la ley agraria” había expuesto la necesidad de que la tierra en manos de propietarios interesados en introducir mejoras en la producción y en librar a la tierra de las ataduras del régimen señorial. Fueron muchas las leyes dadas en este sentido desde 1808, por José I, las Cortes de Cádiz y los gobiernos posteriores. Sobre las tierras de la nobleza se dieron leyes de supresión de señoríos, la primera en 1811 y leyes de desvinculación (1836) que convertían a la tierra en una propiedad privada que podía ser objeto de venta. La realidad es que estas leyes favorecían la formación de un nuevo latifundio, los tribunales concedían la propiedad a los antiguos señores en contra de los campesinos que pasaban así a la calificación de arrendatarios.

Sin duda, el mayor cambio se efectuó sobre las tierras del clero pues las leyes de 1836 suprimieron las órdenes religiosas que no tuvieran interés público y sus bienes fueron nacionalizados y posteriormente puestos a la venta. Mendizábal pretendía financiar el déficit de la Hacienda pública. Las condiciones permitieron comprar a los que ya tenían los campesinos y arrendatarios vieron empeorar su situación, el nuevo concepto de propiedad permitió a los propietarios convertir las tierras en monocultivos (54% de la población agraria eran jornaleros) e incluso expulsar a los antiguos agricultores.

Otro tanto puede decirse de la ley de desamortización de Madoz en 1855 que sacará a la venta las tierras de propios y junto con ellas tierras comunales aprovechando la confusión. Estas medidas aumentaron la superficie cultivada y la producción, tanto de cereal como de vid, pero a finales del siglo, a partir de 1880, el sector entrará en crisis, el cereal por la llegada a Europa de cereal barato lo que hundirá los precios y la destrucción de las vides por la extensión a España de la filoxera a partir de 1890.

Con un 60 o70% de población campesina y con las dificultades vista anteriormente es lógico que la revolución industrial tuviera muchas dificultades y aunque su inicio fuera a la vez que en otros países europeos, como Francia o Alemania, el proceso fue muy lento.

Faltaba un mercado, los campesinos no generaban producción y la financiación, absolutamente imprescindible para el sector, se encontraba con una falta de tradición (compra de tierras).

La industria textil se desarrolló, principalmente, en Cataluña, donde a partir de 1832 se utilizaron máquinas de vapor. Las fábricas se concentraron en las márgenes fluviales del Ter y el LLobregat para aprovechar el agua, la producción creció a buen ritmo hasta 1898 pues la pérdida de las colonias redujo su mercado al español.

Las minas eran siempre una regalía pero a partir del año 1868 se produjo un proceso desamortizador de forma que fueron vendidas a particulares (Almadén siguió siendo explotada por el Estado), la idea era explotar los minerales de forma moderna a la par que proporcionar a la Hacienda pública recursos. A partir de este momento España fue exportadora de hierro, cobre y plomo. Algunas

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de ellas fueron adquiridas por compañías extranjeras (Riotinto fue con capital inglés). El hierro de Vizcaya se exportaba a G. Bretaña.

La industria siderometalúrgica comenzó pronto, los primero altos hornos se construyeron en Marbella en 1833, aprovechando el hierro de la zona, pero a partir de los años sesenta la producción de hierro pasa a Asturias que utiliza carbón mineral y, sobre todo, a partir de los años ochenta se consolidó el núcleo de Bilbao (en 1902 se crearon Altos hornos de Vizcaya por fusión de tres empresas) mientras desaparecía el de Málaga. Las empresas vizcaínas producían el 62% del hierro español pero el 90% era exportado.

Tampoco hasta la década de los ochenta hubo en España metalurgia de transformación.

Astilleros del Nervión fueron creados en 1888 y Euskalduna en 1900 Construcción y reparación de buques).

La creación de la red ferroviaria fue otro de los grandes retos de la industrialización en España.

El gobierno había fijado en 1844 las condiciones para la concesión y explotación de las líneas férreas, sin embargo los particulares no tenían interés en el proyecto y hacia 1850 sólo existía la línea Barcelona- Mataró. Esto provocó que se fijaran nuevas condiciones con la Ley de ferrocarriles de 1855, el Estado garantizaba una rentabilidad de un 6% para el capital invertido y se autorizaba la libre importación de todos los productos necesarios para la construcción. La parte más importante del capital aportado fue por grandes sociedades de crédito extranjeras, especialmente francesas.

La mejora de las comunicaciones, en especial con el ferrocarril, cambió el panorama de la vida nacional y la construcción de un verdadero mercado nacional.

13.2 Transformaciones sociales. Crecimiento demográfico. De la sociedad estamental a la sociedad de clases. Génesis y desarrollo del movimiento obrero en España.

La población española se caracterizó, a lo largo del siglo XIX, por un lento crecimiento, pasó de tener poco más de 11 millones de habitantes (1800) a algo más de 18 millones (1900). La causa de este escaso crecimiento fue la elevada tasa de mortalidad, que contrarrestaba los elevados índices de natalidad. Pervivió el modelo demográfico antiguo, con una alta tasa de mortalidad, sobre todo infantil, de un 29% en 1900, casi la más alta de Europa.

Se mantuvo la existencia de movimientos migratorios, agudizados por la crisis agraria de fin de siglo. La emigración a ultramar creció, sobre todo, a partir de 1880 (1,4 millones de españoles abandonaron la península entre 1830 y 1900).

La población española seguía siendo, a principios del siglo XX, mayorita riamente rural: el 51 % vivía en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, y el 91 %, en ciudades por debajo de los 100.000. Sólo Madrid y Barcelona eran ciudades importantes.

El tránsito a la economía capitalista supuso un cambio social. La nueva clase dirigente se nutrió de la alta burguesía y de la vieja aristocracia terrateniente. La gran mayoría de los españoles se guían siendo campesinos, en su mayor parte jornaleros o peque ños arrendatarios, cuyas condiciones de vida no mejoraron con los cambios, sino más bien al contrario.

La aristocracia perdió su posición relevante en la sociedad, aunque supo adaptarse a las circunstancias y conservar una gran influencia. La mayor parte de la nobleza no se involucró en el crecimiento económico ni invirtió en compañías ferroviarias ni en activi - dades industriales.

El modo de vida nobiliario fue, por tanto, el referente para una burguesía en ascenso durante el siglo XIX: introducirse en salones y palacios nobiliarios era signo del triunfo en sociedad.

El crecimiento económico favoreció la aparición de una nueva burguesía de

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negocios o élite del dinero, constituida por banqueros, grandes comer ciantes e industriales, relevantes propietarios de tierras rústicas y de inmue bles urbanos, dueños de títulos de deuda pública y especuladores en bolsa. A ellos se unieron los profesionales más prestigiosos y los altos cargos del Estado y el ejército. Estos burgueses habitaban en las grandes ciudades y capitales de provincia; los más ricos solían residir en Madrid, aunque su patrimonio estaba repartido por todo el país. De este grupo surgieron, a fines de siglo, empresarios industriales y comerciales.

El principal cambio social fue la aparición de la clase obrera industrial, aunque la proporción que representaba al principio era pequeña, sólo significativa en Barcelona, Madrid y el núcleo siderúrgico malagueño, pero no dejó de crecer llegando a ser muy numerosa en Cataluña y, desde finales de la centuria, en el País Vasco; los ferroviarios; los inmigrantes procedentes del campo, generalmente poco cualificados; y los que se incorporaban a sectores en expansión, como la minería (en Jaén, Huelva, País Vasco y Asturias), la construcción (en las grandes ciudades en crecimiento), el comercio y la Administración .

El desarrollo de la industria del algodón y la primera siderurgia hicieron afluir a las ciudades a miles de trabajadores agrícolas El resultado fue el crecimiento de los barrios obreros. Los salarios eran muy bajos. El analfabetismo era general: afectaba al 69% de los hombres y el 92% de las mujeres.

El grupo social más numeroso era, sin embargo, el de las clases trabajado ras del campo, que apenas poseían bienes.

Los jornaleros eran el grupo más numeroso en el campo español, especial mente en la mitad meridional de la península y en Andalucía occidental, donde constituían más del 75 % de los trabajadores del campo, ocupados casi exclusivamente en los grandes latifundios.

Al principio los trabajadores no comprendían bien qué estaba pasando. O bien procedían de una sociedad campesina, en la que la jornada la marcaban el clima y las faenas agrícolas, o bien venían de antiguos talleres artesanos. La supresión de los gremios había acabado con todo el sistema de asistencia y socorro mutuo que antiguamente protegía al trabajador frente a la adversidad.

La incorporación del vapor a las fábricas, al inicio de la década de 1830 provocó despidos y generó algunos episodios de destrucción de maquinaria, como el incendio de la fábrica Bonaplata en Barcelona. Pero el luddismo apenas tuvo repercusión en España.

Los primeros inicios de organización obrera fueron las sociedades de ayuda mutua. En 1840 se fundó la Sociedad de Protección Mutua de Tejedores de Algodón. Pronto provocaron por todo el país sociedades semejantes.

La revolución de 1868 despertó las esperanzas de obreros y campesinos, que creyeron que, con ella, comenzaría el proceso reformas sociales largamente esperado. En octubre de 1868 llegó a España Giuseppe Fanelli, un miembro de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT), enviado por Mijail Bakunin con el objetivo de organizar la sección española de la Internacional; sobre la base de las tesis anarquistas que propugnaba el líder ruso. Fanelli estableció dos secciones, en Madrid y Barcelona, esta última la más sólida

En junio de 1870 se celebró en Barcelona el I Congreso de la sección española de la Internacional . La mayoría catalana impuso la orientación anarquista, de no colaboración ni alianza con los partidos burgueses.

Por otra parte, en diciembre de 1871 había llegado a la capital el dirigente de la Internacional Paul Lafargue, partidario de la corriente marxista. Entró en contacto con el núcleo madrileño, cuyos principales miembros aceptaron sus tesis. Al comenzar 1873 la Internacional española contaba con más de 25.000 afiliados, un tercio de ellos catalanes. Estaba claramente implantada entre los obreros textiles, la construcción, las artes gráficas y parte del campesinado andaluz. Entre los dirigentes había una mezcla de obreros e intelectuales de clase media, estos últimos los de ideología más radical y próxima al anarquismo.

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En enero de 1874, tras el golpe de Estado, el gobierno de Serrano decretó la disolución de la Internacional.

En conjunto, el Sexenio significó una etapa de clara toma de conciencia política y organizativa para el movimiento obrero.

13.3 Transformaciones culturales. Cambio de mentalidades. La educación y la prensa

Los liberales heredaron las preocupaciones de los ilustrados. Creían que el saber debía llegar a todos los ciudadanos, algo bastante difícil en una sociedad que a principios del siglo XIX contaba con un 90% de analfabetos. Pensaban que el Estado debía crear un sistema de enseñanza pública, universal y, si er posible, gratuita.

Para la regulación de la educación se había promulgado la Ley de Instrucción Pública (o Ley Moyano), promovida en 1857 por el ministro de Fomento, Claudio Moyano, que dividía la enseñanza en tres niveles: Primaria, secundaria y universitaria.

El sistema educativo era dua1: en parte era estatal o público, ya que el Estado tenía el monopolio total de la enseñanza universitaria, en cambio la enseñanza primaria y, sobre todo, la secundaria estaban en manos de instituciones privadas. Este modelo educativo se mantuvo más de un siglo con pocas variantes. En cualquier caso, la difusión de la educación en España chocó, en el siglo XIX, con las limitaciones presupuestarias: el Estado apenas invirtió en las escuelas, y la mayor parte de los recursos públicos destinados a educación se dedicaban a las universidades, a las que acudía una minoría.

El número de analfabetos disminuyó, pero no en grado suficiente, ya que en 1900 más del 50 % de la población adulta no sabía leer ni escribir. Las principales perjudicadas fueron las niñas (mucho menos escolarizadas que los niños y, por tanto, con un porcentaje de analfabetismo mucho mayor), las áreas rurales y, en especial, Galicia, Valencia, las islas Baleares y Canarias y todo el sur del país, ya que en estas zonas no se consideraba de mucha uti lidad, para sobrevivir, aprender a leer o a escribir.

En 1900 había un instituto público de enseñanza secundaria en cada capi tal de provincia y en algunas ciudades importantes y dos en Madrid. Durante la Restauración

disminuyó el número de alumnos de los centros públicos en favor de la red escolar

impulsada por las asociaciones privadas y las con gregaciones religiosas (en 1900, menos de un tercio del total de bachilleres estudiaba en centros públicos).

En la universidad (que contaba con unos 15 000 alumnos en 1900), el sistema de enseñanza era totalmente uniforme y centralista: la Universidad Central de Madrid era la

única que impartía todas las licencia turas y podía conceder el grado de doctor; el rey nombraba a los rectores de cada una de las universidades y a los decanos de cada facultad. Las carreras que se podían estudiar eran Derecho, Medicina, Farmacia, Ciencias y Filosofía y Letras; junto a ellas surgieron las Escuelas Politécnicas y de Bellas Artes.

Los profesores, empleados del Estado, carecían de libertad de cátedra, lo cual provocó conflictos durante el régimen de Isabel II y al comienzo de la Restauración. En

esta última etapa (1875), el Gobierno apartó de sus cáte dras a Castelar, Salmerón, Montero Ríos y Azcárate, entre otros. Este hecho, en realidad, encubría una persecución

político-religiosa contra los catedrá ticos más liberales y partidarios del krausismo, que se negaron a jurar fidelidad a la monarquía y respeto a los dogmas del catolicismo, y eran,

además, partidarios de nuevas teorías, como el evolucio nismo darwinista y el positivismo.

En 1876, Francisco Giner de los Ríos, fundó la Institución Libre de Enseñanza, un centro

donde primaba el libre pensamiento, el debate científico y la forma ción integral del

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individuo. Los krausistas de la Institución obtuvieron, con el tiempo, un gran número de cátedras universitarias en toda España.

La cultura no sólo se difundió a través de la educación, sino también por otros medios oficiales o estatales, como las academias, promotoras del arte y la ciencia. Además de las ya existentes (Real Academia Española... ) se crearon otras, como el Real Conservatorio de Música de Madrid (1830). También se procedió a la apertura al público de colecciones de obras de arte o de objetos históricos significativos: el Museo del Prado (1819), que albergaba las colecciones reales de arte, y el Museo Arqueológico Nacional (1867), que reunía parte del patrimonio histórico-artístico de la antigüedad española.

Ambos se encontraban en Madrid, que fue la prin cipal difusora de la cultura oficial por todo el país.

A lo largo del siglo XIX la prensa se convirtió en un instrumento esencial de la lucha

política y la difusión de las ideas El ejemplo mas característico es el de un periódico

identificado con un partido político, caso como el de “La Iberia”, de significación

progresista. En este caso los redactores y directores solían ser gente perteneciente al

partido. A partir de mediados de siglo empezó a aparecer muna prensa independiente y que,

por tanto, aspiraba a influir en la opinión pública, este fue el caso de “La correspondencia

española” o “El imparcial”. También apareció la prensa ilustrada como “El mundo

pintoresco” fundado por el escritor Mesonero Romanos.

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Referencias