La rebelión de Aragón en 1591

El 20 de diciembre de 1591 se decapitó en la plaza del mercado de Zaragoza a Juan de Lanuza, Justicia Mayor del Reino de Aragón, por ser uno de los líderes de la rebelión contra la monarquía. ¿Qué había ocurrido?

Cada 20 de diciembre y en recuerdo de aquella ejecución ordenada por el rey Felipe I de Aragón (Felipe II en Castilla), se celebra el Día de los Derechos y Libertades de los Aragoneses. Y no es para menos, ya que aquél día el monarca mando matar al representante de una de las instituciones más importantes del Reino de Aragón.

Tradicionalmente se nos ha contado la famosa historia de Antonio Pérez, quien había sido secretario del monarca y se había metido en numerosos chanchullos de venta de secretos de Estado. Así nos lo sitúan como el único malo de la película, pero también es cierto que el monarca colaboró con Pérez en la trama que montó este para asesinar a Juan de Escobedo, secretario a su vez de Juan de Austria y que iba a destapar todos los tejemanejes que había montado Antonio Pérez en la corte madrileña. Por eso cuando Pérez, ya caído en desgracia, escapó de su cautiverio disfrazado con las ropas de su esposa, llegó a tierras aragonesas y se acogió a los fueros del reino.

Sin tortura

Según estos, se le garantizaba un juicio justo para los parámetros de la época, se le evitaba sufrir tortura e incluso no se le podía juzgar por delitos cometidos en otro reino, como era el de Castilla. Su exsecretario sabía mucho y no podía permitir que escapara, de modo que el rey exigió a las instituciones aragonesas que le devolvieran al preso. Pero eso significaba que el rey se saltaba a la torera unos fueros que en su momento había jurado cumplir y proteger, tal y como se pronunciaba en las juras de los monarcas en la Seo de Zaragoza. «Nos, que somos tanto como vos, y juntos más que vos, os hacemos rey y señor si juráis defender nuestros fueros y libertades. Y si no, no».

Sin embargo, solo esto no explica del todo por qué el Reino de Aragón se levantó en armas liderado por el Justicia, quien declaró contrafuero las acciones del rey, y por otros nobles como el conde de Aranda o el duque de Villahermosa. Había mucho más detrás y el caso de Antonio Pérez sólo fue la chispa que iba a prender una mecha preparada desde hacía mucho.

Y es que la clase política aragonesa comenzaba a estar un poco harta del ninguneo que sufría el reino

Y es que la clase política aragonesa comenzaba a estar un poco harta del ninguneo que sufría el reino y sus necesidades por parte de la monarquía. Muchos eran los desencuentros que se venían produciendo desde décadas atrás y que de haber tenido la voluntad de solucionarlos no habrían provocado el encono que acabó desbordándose en el año 1591. Tras la unión dinástica de la Corona de Aragón y el Reino de Castilla promovida por los Reyes Católicos llegó una nueva dinastía; los Habsburgo.

Sus títulos en el resto de Europa y la nominación para el trono del Sacro Imperio Romano Germánico que recibió Carlos I, junto al descubrimiento de las inmensas tierras en el Nuevo Mundo, acabaron convirtiendo a sus dominios en el primer imperio moderno de la historia, que acabaría abarcando territorios en cuatro continentes. Castilla se convirtió en el centro de ese imperio mundial al que se conoce como la Monarquía Hispánica, un complejísimo conglomerado de Estados que tenían a un mismo señor. Esto hizo que a lo largo del siglo XVI, la Corona de Aragón fuera perdiendo peso en las políticas imperiales, pasando a tener un puesto más secundario. Y si ya hablamos del Reino de Aragón, un territorio de escasa población, que tampoco ofrecía grandes riquezas, y con un régimen legal que limitaba el poder de la monarquía, su peso en el conjunto de ese imperio era aún menor.

Un reino antiguo y orgulloso de sus fueros

Sin embargo, los aragoneses eran conscientes de pertenecer a un reino antiguo y orgulloso de sus fueros, y eso era algo que no iban a permitir que pisotearan desde fuera. Muchos fueron durante el siglo XVI los pleitos que afectaron al reino aragonés y que se consideraba que necesitaban la intervención del rey en cortes para tratar de darles solución. En primer lugar, el Tribunal de la Inquisición, implantado en Aragón ya en tiempos de Fernando II el Católico, seguía provocando malestar en el reino, pues se consideraba que dicho tribunal pasaba muy a menudo por encima de la legislación aragonesa.

También existían problemas como el del virrey extranjero, y es que según los fueros, nadie que no fuera aragonés podía ocupar puestos políticos en Aragón. Sin embargo, la monarquía llevaba muchas décadas nombrando a catalanes y castellanos en aquel puesto, lo que iba aumentando el enfado de las instituciones. Pero una de las mayores quejas era que el monarca apenas convocaba a las Cortes de Aragón para solucionar los agravios que tenía el reino con respecto a la monarquía y le acusaban de desatender sus obligaciones. Así fue como en 1589, el conde de Aranda que había liderado una embajada para pedir unas nuevas cortes y que fue ninguneada por el monarca, llegó a escribir: «los problemas de Aragón han de solucionarse en Aragón, salvando siempre la fidelidad a la monarquía». Tan solo faltaba una gota que colmara el vaso, y esa gota tenía un nombre: Antonio Pérez.