La sucesión de Carlos II

El 1 de noviembre de 1700, el alma del último monarca de los Austrias en el trono español, Carlos II, escapaba de su cuerpo entre ataques epilépticos y dolores intestinales que se prolongaron durante cuarenta días. En una Corte llena de exorcistas y monjas visionarias, aquellos achaques eran obra del demonio. «Me duele todo», se dice que fueron las últimas palabras del desdichado rey de las Españas. Lo siguiente, los lamentos de sus amados súbditos: «No es bastante expresión derramar lágrimas hilo a hilo, empiessen arroyos crescan ríos y dilátame mares» era el pesar de Pau Ignasi Salmases en un texto titulado Lágrimas perennes. El dantesco espectáculo no encubría otro de mayor rango y terrenal: ¿Quién se sentaría en el trono de aquel excelso imperio que era la monarquía hispánica? El rey moría sin dejar descendencia que se hiciera cargo de los destinos de la corona española. Pero el problema de la sucesión no empezó entonces, sino mucho antes: en 1665.

En 1665, su majestad Felipe IV murió. Su único descendiente, un niño de cuatro años, que respondía al nombre de Carlos II, heredó aquel enorme imperio. Con una frágil salud y tantas enfermedades que parecía estar hechizado, de ahí el sobrenombre con el que fue recordado, ningún observador de la época afirmaría con rotundidad que pudiera vivir tanto como para llegar a tener descendencia. Hizo lo primero y alcanzó los 39 años de edad, pero la progenie nunca llegó. El problema sucesorio tanto en la Corte castellana como en el resto de monarquías fue el centro de atención desde aquel primer día del reinado.

En 1668 dos jóvenes monarcas, Luis XIV, rey de Francia; y Leopoldo I, el emperador del Sacro Imperio, ya asumían que aquel enfermizo niño no llegaría a la mayoría de edad. Ambos, por medio de sus embajadores, acordaron el Tratado de Viena, el primero de los tratados de partición —aunque la historiografía no lo trata como el primero de los tres que hubo—. Tal fue el secretismo de este que hasta el siglo XIX no se halló tal documento. Era, por otra parte, un texto novedoso: nunca antes dos poderosas monarquías se habían reunido para rapiñar el cadáver de una tercera. Sea como fuere, el tratado recogía que los Habsburgo heredarían los reinos peninsulares, las Indias, el ducado de Milán y los presidios de la Toscana. Por su parte, los Borbones se adueñarían de los Países Bajos españoles, el Franco Condado, las Filipinas, el reino de Navarra, los territorios en las costas africanas y los reinos de Nápoles y Sicilia.

Demasiado apresurado fue aquel reparto; el niño rey al que todos daban por desahuciado de forma prematura reinó sobre aquel Imperio español los siguientes treinta y dos años tras la firma de aquel tratado. Demasiado tiempo y vicisitudes como para que los mencionados compromisos se mantuvieran. Tampoco ninguna de esas dos potencias pretendían respetar aquel secreto acuerdo si de una forma u otra podían apoderarse de la totalidad del botín.

El reparto de las posesiones de los Austrias españoles se justificaba como un medio «para procurar el bien de la cristiandad, para no omitir nada que pueda garantizar a su posteridad los males de la guerra». Un argumento totalmente irónico y cínico, al menos en la boca del Rey Sol: el año anterior al Tratado de Viena, ejércitos franceses se habían apoderado de fortalezas situadas en los Países Bajos españoles bajo el pretexto de que se tomaba la herencia de la mujer del rey francés, Teresa de Austria, hermana de Carlos II. En los años siguientes, Francia no dejaría de enviar a sus ejércitos a desfilar por territorios vecinos. Con la firma del Tratado de Viena fresca y, de hecho, todavía no rubricado por el emperador, Francia tomó militarmente el Franco Condado. La agresión fue contestada por Inglaterra, las Provincias Unidas y Suecia, que acordaron una alianza contra Francia para que firmara la paz con la monarquía española. Francia cedió y devolvió el Franco Condado; sin embargo, el rey francés mantuvo varias localidades en los Países Bajos españoles. Todavía resonaba el eco de los cañones cuando estalló una nueva guerra entre el país galo y las Provincias Unidas en 1672; España entró en el conflicto de parte de esta última —anteriormente acérrima enemiga— y acabó con la entrega del Franco Condado a Francia según el Tratado de Nimega de 1678. Diez años después, Francia invadió el Palatinado en una guerra que lleva por nombre, por razones obvias, la Guerra de los Nueve Años (1688-1697). El conflicto se extendió a Saboya, Flandes y Cataluña —las tropas francesas llegaron a tomar Barcelona— e incluso Irlanda. Francia quedó sola ante la Alianza de Augsburgo formada por el Imperio, Saboya, las Provincias Unidas, Inglaterra, la monarquía española, Suecia, Baviera, Brandeburgo, Sajonia y Portugal. En la Paz de Ryswick de 1697, el rey francés devolvía los territorios conquistados y dejaba la causa del Estuardo Jacabo II para reconocer a Guillermo III como legítimo rey de Inglaterra. Por su parte, las Provincias Unidas recobraban la tranquilidad de no ser engullidas por Francia. El resto de monarquías acabaron de una forma u otra sumándose a la paz.

Mientras se producían esas batallas, se producía otra para la que no requerían armas, sino diplomacia; el campo de lucha, la Corte en Madrid. Aquella guerra había empezado años atrás con el matrimonio del rey. Luis XIV consiguió que el monarca español casara con su sobrina, Maria Luisa de Orleans, en 1679. La joven reina murió diez años después y de su vientre no había salido nada. Fue entonces el turno para Leopoldo I; este, con el cadáver insepulto de Maria Luisa, concertó un nuevo matrimonio con María Ana de Neoburgo, hermana de la esposa del emperador. La conspicua fertilidad de las mujeres de su familia tampoco dio fruto alguno. En cualquier caso, la influencia de las esposas era ya en sí otro objetivo, que ahora se decantaba por Austria, pues ademas de la reina, también seguía viviendo la Reina Madre, Mariana de Austria, a la sazón hermana de Leopoldo.

Sin sucesor y con Carlos andando hacia el más allá conforme se acercaba el final de siglo, el partido austriaco y el borbónico empezaron a tomar posiciones más fuertes en Madrid. Los embajadores emprendieron una endiablada lucha en la Corte para que en el testamento de Carlos figuraran Felipe de Borbón, duque de Anjou y nieto de Luis XIV; o el archiduque Carlos de Austria, hijo de Leopoldo I. Ambos alegaban derechos dinásticos: el Borbón exponía que era nieto de Maria Teresa de Austria, hermana de Carlos II, así como biznieto de Ana de Austria, hermana de Felipe IV; el segundo defendía que extinta la casa de Austria en España, la corona pasaba a la rama iniciada por el hermano de Carlos I, Fernando I; además la abuela del archiduque era María Ana de Austria, hermana de Felipe IV de España e hija del tercero. Ambos candidatos no estaban destinados a heredar otros territorios, pero que una casa u otra se sentara en el trono español era de gran importancia para las futuras relaciones diplomáticas. Que dos hermanos de la Casa de Habsburgo se sentaran en los tronos de Austria —y por ende en el imperial— y de la monarquía hispánica supondría que Francia quedaría rodeada por territorios pertenecientes a una misma casa real. Para Austria y otras monarquías, la colaboración de una misma familia en los tronos de España y Francia supondría que el resto quedarían a su sombra. De fondo, se encontraba el control del importante control del tráfico comercial con América que, exceptuando Austria, todas las monarquías ansiaban controlar. Todo esto sin tener en cuenta que ambos candidatos podrían heredar, si así lo quería el destino, la corona de Francia o del Imperio, además del trono español.

Por supuesto, no eran los únicos candidatos y casas que esgrimían derechos dinásticos: el duque de Orleans, hermano de Luis XIV, pretendía también apoderarse del trono español aludiendo parentesco similar que su sobrino nieto. El duque Amadeo de Saboya, ya que su bisabuela, Catalina Micaela, era hija de Felipe II. También el rey luso, Pedro II, quien argumentaba que era descendiente de los Reyes Católicos. Ninguno de ellos tenía ni fuerza ni influencia suficiente.

En este duelo entre Austriacos y Borbones en Madrid, destacaron el conde de Harrach, enviado desde Viena, que trabajaba junto con la Reina Madre y hermana del emperador, Mariana de Austria; mientras que desde París fue enviado el marqués de Harcourt, este último respaldado por las arcas francesas, que debían de servirle para comprar voluntades entre los solubles nobles que por la Corte pululaban. El partido francés fue ganando adeptos en la capital de los Austrias, entre ellos Luis Manuel Portocarrero, arzobispo de Toledo, así como el inquisidor general Rocaberti. Tan solo el conde de Oropesa, valido del rey y presidente del Consejo de Castilla, tomó partido del austriaco.

En cualquier caso, por el momento ningún partido consiguió su propósito. Oropesa propuso a un tercer candidato, al hijo del elector de Baviera, el joven José Fernando de Baviera, nieto de Margarita de Austria, hermana de Carlos II, inmortalizada en las Meninas y que se había barajado como la sucesora al trono al considerarse que Carlos no llegaría a la adultez. También era nieto de Leopoldo I. Finalmente, el Consejo de Estado votó por este candidato y Carlos II aceptó designarle como sucesor, tal y como lo expresó en el testamento de 1696.

Tal candidato era la mejor opción si lo que se quería era mantener intacta la balanza de poderes en Europa. No obstante, tres potencias llevaron a cabo un nuevo Tratado de Partición en La Haya en 1698: Inglaterra, las Provincias Unidas y Francia aceptaron al candidato propuesto, pero menguando su herencia. Todas ellas pretendían sacar algún beneficio el día en que el monarca español expirara: a Francia, alegando que el duque de Anjou estaba renunciado a sus derechos dinásticos, se le entregaría Nápoles, Sicilia, Guipúzcoa, el marquesado de Final —en la costa de Liguria— y los Presidios de la Toscana . Por su parte, Inglaterra y las Provincias Unidas, con importantes intereses comerciales, aspiraban a romper el monopolio comercial que ostentaba el puerto de Sevilla con las Indias Occidentales. Tuvieron la cortesía de no olvidar a los Habsburgo, pese a que no participaban esta vez en el reparto: se le otorgaba a Carlos de Austria el ducado de Milán. El tratado recogía también toda una serie de acuerdos para obligar a cumplir lo acordado, hubieran participado o no en el reparto; evidentemente, pretendían usar la fuerza para imponerlo.

Repentinamente, entre ataques epilépticos y vómitos, la muerte se llevó al joven heredero, José Fernando de Baviera, en 1699. Su padre, Maximiliano II Manuel de Baviera, consideró que esa extraña y repentina enfermedad se debía a algún tipo de envenenamiento perpetrado por sicarios de algunas de las monarquías; apuntó en concreto a los Habsburgo. Ni en su momento ni hoy día hay pruebas de que la muerte fuera provocada; poco importaba esta carencia, muchas cancillerías europeas asumieron este rumor con el consiguiente desprestigio de la Casa de Austria.

Sea como fuere, la trágica muerte anuló el Tratado de Partición. De nuevo, las diplomacias europeas se pusieron en marcha. En marzo de 1700, las tres mismas potencias volvieron a hacer un segundo Tratado de Partición —o tercero, según se cuente o no el Tratado de Viena—, en este caso negociado en Londres, que mantenía más o menos el reparto anterior, pero esta vez proponiendo como sucesor al archiduque Carlos de Austria, hijo segundo del emperador del Sacro Imperio. Francia se apoderaba del ducado de Lorena; a su duque, Leopoldo, se le entregaba a cambio el ducado de Milán. Intentaron que el emperador participara en las negociaciones, pero este declinó las ofertas: estaba seguro de que gracias a la influencia de la esposa de Carlos II y de su embajador en Madrid, Harrach, conseguiría que Carlos estampara el nombre de su hijo en el testamento. ¿Para qué repartir si podía conseguirlo todo?

La salud del monarca empeoró a lo largo de los siguientes meses. Los dos partidos tenían de nuevo la oportunidad de que en el testamento del monarca español quedara reflejado los nombres del duque de Anjou o de archiduque Carlos. Especial ahínco puso Francia en esta labor, pues, pese al tratado firmado, el rey francés no estaba dispuesto a respetarlo si la herencia recaía en su nieto. Las intrigas de estos bandos llegaron hasta el punto de hacer creer al monarca que estaba hechizado o incluso endemoniado; vieja teoría que en 1698 volvió a ocupar los pensamientos del rey español y de su entorno. En aquel año, Carlos II llamó a Rocabri, inquisidor general, para que reabriera la investigación sobre si era víctima de encantamientos. El inquisidor se hizo cargo de ello y consultó con el Consejo de Inquisición; sus consejeros, más juiciosos que él, descartaron tal posibilidad. En un alarde de fanatismo, el inquisidor se unió con otro personaje de su misma índole, fray Froilán Díaz, el confesor real. Este último se puso en contacto con un antiguo compañero suyo, fray Antonio Alvarez Argüeles, vicario de un convento de monjas en Cangas en donde estaba practicando exorcismos a unas monjas. En las conversaciones con los demonios que las poseían, estos explicaron que el rey de las Españas era víctima de malévolos hechizos y acusaban de tales a la difunta Reina Madre y al que fuera el valido del rey, Valenzuela. Detrás de estas acusaciones que desprestigiaban a los austriacos estaba, por supuesto, el partido francés. Los austriacos actuaron del mismo modo una vez muerto Rocabri al año siguiente y que aquellos demonios afirmaran que habían mentido. El nuevo inquisidor, Alonso de Aguilar hizo traer al exorcista fray Mauro Tenda desde el Imperio, pues en Viena otros demonios hicieron saber que eran otros personajes los que tanto mal estaban haciendo al monarca. Las acusaciones de unos a otros fueron continuas;  mientras tanto, el rey vivía con gran temor, tal y como él mismo expresó: «Muchos me dicen que estoy hechizado, y yo lo voy creyendo: tales son las cosas que dentro de mí experimento y padezco». Por lo que decía el embajador inglés, Stanhope, el temor del monarca era tan grande que «nunca se cree seguro si no están a su lado su confesor y dos frailes, a quienes hace acostar en su dormitorio todas las noches».

De todas las intrigas, el bando francés sacó ventaja en la carrera por el trono por extraño que parezca. Carlos tenía que elegir entre los Borbones, enemigos que no habían dejado de provocar guerras a lo largo de su reinado; y los amados parientes de la Casa Habsburgo. Sin embargo, los partidarios del francés habían conseguido el destierro de Oropesa de la Corte. En general, existía un resentimiento hacia Viena por el tibio o nulo apoyo que la monarquía hispánica recibió en aquellas guerras contra Francia. Tampoco la reina levantaba muchos apoyos —ni tan siquiera en Carlos II, quien empezó a odiar todo lo que sonara a alemán—, ni los miembros de su personal ni de la propia embajada por la altanería con la que se comportaban: los agentes imperiales hablaban delante del rey de la sucesión como si Carlos reposara ya en la cripta de El Escorial, quizás creyendo que el monarca no se enteraba.

Los Consejos fueron reunidos y emitieron el correspondiente informe favorable al Borbón. Algunos propusieron que se decidiera en las Cortes Generales, alegando que era difícil encajar un candidato entre tantos y diversos reinos que componían la monarquía hispánica. Se consultó también al papa, Inocencio XII, que santificó igualmente al francés. El rey español, el 3 de octubre de 1700, rubricó un nuevo testamento en el que se designaba a Felipe de Borbón, duque de Anjou, como sucesor, con el mandato de que mantuviera todos los dominios y territorios de la monarquía unidos.

En noviembre de 1700, Carlos II expiró. Con certeza, nadie podía decir quién era el heredero. En el Real Alcázar, el duque de Abrantes hizo público el texto del testamento. Tomando por los brazos al embajador enviado desde Viena, quizás en un acto de ironía, le indicó con tristeza: «tengo el mayor placer, mi buen amigo, y la satisfacción más verdadera en despedirme para siempre de la ilustre Casa de Austria». Rápidamente, se envió un emisario a París con la orden de que si allí no aceptaban la corona, viajara hasta Viena, pues según el testamento, el archiduque sería el segundo en la sucesión. El rey francés conocía ya esta información, pero reunió en Fontaineblau a su consejo privado. Era la hora de la verdad. Ahora debía tomar una decisión sobre hechos reales: si aceptaba la corona para su nieto desestabilizaba la balanza de poderes europea; no hacerlo era fortalecer a los Habsburgo en Europa. Decidió aceptar con todas las consecuencias que ello podría acarrear. Felipe, desde entonces el quinto de su nombre, reinaba sobre los reinos de la monarquía hispánica. ¡Viva el rey!, se gritó en Versalles en una multitudinaria y ostentosa celebración como acostumbraban en aquella corte.

Leopoldo I no aceptó tal testamento alegando que el duque de Anjou no tenía ningún derecho sucesorio, pues su abuela y bisabuela habían renunciado a sus derechos dinásticos. Sin embargo, el propio testamento exponía la justificación: «la razón en que se funda la renuncia de las señoras doña Ana y doña María Teresa, reinas de Francia, mi tía y hermana, a la sucesión de estos reinos, fue evitar el perjuicio de unirse a la corona de Francia; y reconociendo que viniendo a cesar este motivo fundamental, subsiste el derecho a la sucesión en el pariente más inmediato, conforme a las leyes de estos reinos y que se verifica este caso con el hijo segundo del delfín».

Mientras los Habsburgo estallaban en ira, el resto de las monarquías contenían la respiración ante los futuros acontecimientos. Lo siguiente sería la guerra.

 

BIBLIOGRAFÍA:

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