El ciudadano reclama un lenguaje jurídico claro y comprensible
La relación entre derecho y lenguaje es intensa. El derecho necesita ser escrito y hablado a través del lenguaje sin el cual no podría existir y, en sentido recíproco, el derecho contribuye a la elaboración constante del lenguaje gracias al aporte de neologismos jurídicos y nuevas expresiones. Nace así el término lenguaje jurídico.
De la nomenclatura propia del derecho proceden varias palabras incorporadas al caudal de la lengua castellana viva (victimización, homicidio, filicidio, genocidio, fratricidio, infanticidio, parricidio, matricidio, suicidio, son algunas de ellas) que hoy figuran como palabras del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE).
La RAE define lenguaje como el “conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o siente” y el “estilo y modo de hablar y escribir de cada persona en particular”. Por su parte, el profesor Joaquín Garrigues Díaz-Cañabate, decía que “el derecho es el arte de trazar límites y el límite no existe cuando no es claro”. Esto nos conduce a afirmar que la precisión y la claridad constituyen requisitos esenciales para asegurar la propiedad y el rigor en el uso del lenguaje jurídico.
Los ciudadanos tenemos el derecho a comprender, por nosotros mismos, las comunicaciones verbales y documentos escritos (leyes, sentencias, resoluciones administrativas y contratos, esencialmente) que producen los profesionales del derecho (abogados, delegados de protección de datos, jueces y magistrados, fiscales, notarios, árbitros, mediadores, profesores de derecho, entre otros) y las emitidas por las instituciones del Estado (en España, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, los colegios profesionales de abogados, procuradores y graduados sociales, las universidades, las instituciones penitenciarias, las fuerzas y cuerpos de seguridad, los ayuntamientos, las Cortes Generales y los Parlamentos autonómicos).
Un mal uso del lenguaje por parte de tales profesionales e instituciones genera inseguridad jurídica e incide negativamente en la solución de los conflictos sociales, como ha advertido el Informe de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico del Ministerio de Justicia de España (2011). El Estado de Derecho se ve fortalecido gracias a una mayor claridad del lenguaje jurídico.
La palabra es la médula del discurso de los profesionales del derecho: claridad, lógica, precisión y rigor técnico pueden ir perfectamente de la mano con la simplicidad y belleza, al momento de comunicar. En este portal encontrarás artículos relacionados con el lenguaje jurídico claro y el legal design, textos legales y jurisprudencia. Pero lo que principalmente te ofrecemos es el Diccionario Jurídico al alcance de todos redactado en lenguaje claro, especialmente diseñado para el ciudadano de a pie.
Últimas entradas publicadas en Lenguaje Jurídico
Los órganos sociales de las sociedades de capital están constituidos por los administradores y la junta general. Los administradores tienen la función de llevar a cabo el objeto social. Su responsabilidad abarca tanto la gestión interna de las operaciones de la sociedad, como también la interacción con terceros, contando con la autorización para actuar en representación de la sociedad frente a estos. En resumen, ejercen labores de gestión y representación de la sociedad.
Comete el delito de apropiación indebida aquel que tome una cosa mueble ajena, con ánimo de lucro, partiendo de la posesión legítima de la cosa y teniendo la obligación legal o contractual de gestionar o custodiar dichos bienes, utilizando dicha cosa para su propio beneficio o para un uso no autorizado e incorporando ese objeto a su patrimonio.
Este delito se encuentra regulado en el artículo 253 y 254 del Código Penal. A través de la reforma de la Ley Orgánica 1/2015 se buscó delimitarlo con respecto al tipo penal del delito de administración desleal.
Las sociedades de capital son un tipo específico de empresas, en donde lo relevante son las contribuciones económicas que los socios hagan. La medida de cuánto participa cada socio en la empresa se determina según lo que aporta al capital social. El capital se encuentra dividido en partes alícuotas, ser propietario de esas partes alícuotas – participaciones o acciones – es lo que te proporciona la posición de socio. Las sociedades de capital dan nacimiento a una persona jurídica, con capacidad para mantener sus propias relaciones jurídicas y para operar en el tráfico como sujeto de derecho.
Comete delito de estafa todo aquel que, con ánimo de lucro, utilice algún tipo de engaño para producir error en otra persona y que esta lleve a cabo la entrega de bienes, derechos, dinero o cualquier tipo de acto de contenido económico, ya sea en perjuicio propio o en perjuicio de un tercero.
El delito de estafa está regulado del artículo 248 al artículo 251 bis del Código Penal bajo la rúbrica “De las estafas”.
La Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio) es la ley encargada de regular todo lo relativo al Poder Judicial en España, es decir, la constitución, funcionamiento y el gobierno de los distintos Juzgados y Tribunales. Establece el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera y de todo el personal que se encuentra al servicio de la Administración de Justicia, así como la responsable de establecer las diferentes incompatibilidades de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, además de sus funciones.
Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, conocida como la Ley «Crea y Crece», tiene como objetivo regular un mejor entorno empresarial, promover la iniciativa emprendedora y estimular el crecimiento de las empresas, además de facilitar el establecimiento de redes de colaboración e interacción. Busca fomentar la competencia y mejorar el clima de negocios en España.
El Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil es una norma jurídica que desempeña un papel crucial al asegurar la integridad, coherencia y eficiencia del sistema de registros en España. Concretamente, contribuye a fortalecer la confianza en las transacciones comerciales al tiempo que simplifica el cumplimiento de las obligaciones legales. Regula los aspectos vinculados al funcionamiento y la estructura del Registro Mercantil (RM), entidad cuyo objetivo principal es proporcionar transparencia y seguridad jurídica en el ámbito de las relaciones comerciales.
La Ley sobre Condiciones Generales de Contratación (LCGC) o Ley 7/1998 de 13 abril se encarga de regular todos aquellos contratos que tengan condiciones generales. Por condiciones generales entendemos como aquella condición que ha sido impuesta por una de las partes sin posibilidad de negociación, y que ha sido redactada de forma que pueda ser incorporada en una pluralidad de contratos, independientemente de que la persona que se adhiera al mismo sea un consumidor o un profesional. Hay que destacar que esta ley ha de completarse en varios aspectos con el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, conocida más comúnmente como TRLGDCU, especialmente en lo que respecta a los artículos 80 a 91 de la misma.
La Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión desempeña un papel crucial en la consecución de mercados financieros transparentes, eficientes y estables asegurando los más altos niveles de protección para los clientes de servicios financieros. Regula el mercado de valores y los servicios y actividades de inversión en España. Consolida el marco normativo en un único texto y lo ajusta a las nuevas realidades tecnológicas y económicas. Dota al desempeña un papel crucial en la consecución de mercados financieros transparentes, eficientes y estables asegurando los más altos niveles de protección para los clientes de servicios financieros. Regula el mercado de valores y los servicios y actividades de inversión en España. Consolida el marco normativo en un único texto y lo ajusta a las nuevas realidades tecnológicas y económicas. Dota al sistema financiero de seguridad jurídica.
El Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal a lo largo de sus 999 artículos desarrolla todos los procedimientos y actuaciones que se han de practicar para poder desarrollar de manera adecuada el proceso penal y garantizar los derechos de defensa del acusado. La importancia de esta ley radica en la necesidad de proteger los derechos fundamentales tanto de las víctimas como de los acusados, garantizar la justicia y toda una serie de principios penales. Contar con una Ley de Enjuiciamiento Criminal completa es una de las claves para generar confianza y fe en el sistema por parte de los ciudadanos.
¿Por qué una web sobre el lenguaje jurídico?
Las entradas de esta web están dirigidas especialmente a legos en Derecho. Particular importancia tienen los colectivos de empresarios, emprendedores, inversores y autónomos, así como los consumidores y usuarios y, en general, el ciudadano de a pie. El objetivo perseguido por Lenguaje Jurídico es facilitar la comprensión del Derecho y ponerlo al alcance de todos o, más específicamente, de quién lo necesite. Para ello combinamos la simplicidad y sencillez del lenguaje, con la didáctica expositiva, la rigurosidad del análisis y el uso adecuado de las fuentes del Derecho. Aunque particularmente las publicaciones de este portal se hagan desde la perspectiva del derecho español, también se podrá hacer a otros ordenamientos jurídicos en cuyo caso se efectuará la referencia y precisión correspondientes.
Lenguaje Jurídico es una web de juristas para no juristas. Con la finalidad de facilitar la comprensión del Derecho a empresarios, emprendedores, inversores, profesionales liberales, autónomos en general, trabajadores por cuenta ajena, policías, militares, consumidores y usuarios, jubilados, desempleados, y particulares en general, hemos creado esta web y en especial el "diccionario jurídico" que encontrarás dentro del portal. Las entradas de Lenguaje Jurídico se caracterizan por ser claras, prácticas y didácticas, a la vez que rigurosas y precisas desde un punto de vista técnico. Buscamos hacer fácil lo difícil y entretenido lo aburrido en Derecho.
¿Qué nos impulsó a crear Lenguaje Jurídico?
Porque habíamos detectado un conjunto de necesidades insatisfechas, frustraciones intolerables y problemas irresueltos en el mundo del Derecho. Hablamos concretamente de un “dolor jurídico” que afecta a los ciudadanos en su conjunto y que requiere una pronta y eficaz solución: la incomprensión manifiesta y reiterada de los términos jurídicos y de lenguaje jurídico en general por parte del ciudadano de a pie.
¿Cuáles son los síntomas de ese "dolor" jurídico que afecta a los ciudadanos?
Al ciudadano el lenguaje jurídico suele parecerle críptico y oscuro. Además, la falta de claridad de muchos abogados genera dificultades para distinguir entre un letrado generalista (el que se dedica a todas o casi todas las áreas o ramas del Derecho) de uno especialista (el que concentra sus servicios profesionales en concretas, específicas y determinadas áreas del Derecho). Esto se complica por la falta de empatía de algunos abogados hacia sus clientes y por la incomprensión de sus negocios, de sus problemas patrimoniales y de sus dificultades personales o familiares. Para ofrecer una buena solución jurídica hay que conocer antes el problema subyacente que se pretende solucionar.
¿Cuál es la causa generadora de ese "dolor" jurídico?
Hemos detectado más de una. Las más destacadas quizá sean la limitada cultura legal del ciudadano medio, el desconocimiento generalizado del sector jurídico y de sus especialidades, y la asimetría de información que existe en el mercado de servicios jurídicos y de los profesionales del Derecho respecto de la información que reciben los ciudadanos.
¿De qué trata este portal y cómo se aliviará ese "dolor jurídico"?
Definimos los términos jurídicos más utilizados en la vida diaria y los negocios, lo que incluye los aforismos o latinajos jurídicos de uso corriente. Además, ofrecemos análisis jurídico e información técnica sobre derecho accesible y lenguaje jurídico claro para lo cual contamos con los mejores expertos en accesibilidad y usabilidad legal, lenguaje jurídico claro y legal design.
¿Cómo se estructura la web Lenguaje Jurídico?
La web se divide en tres categorías (Diccionario Jurídico, Textos Legales y Palabra de Jurista) dentro de las cuales se incluirán todos las entradas y los artículos publicados en el portal. La principal sección del portal en la actualidad es el Diccionario Jurídico. De este modo, trataremos de poner el Derecho al alcance del empresario, emprendedor, inversor, innovador, trabajador, científico, consumidor, estudiante, jubilado, desempleado y, en general, del ciudadano de a pie que es quien más lo necesita.
En pro de un lenguaje jurídico accesible.
No son de nuestra devoción los juristas burdamente dogmáticos, es decir, aquellos que intentan dominar la discusión con una frase hecha, que apelan a una palabra incomprensible para quienes no forman parte de su esotérico círculo, o que se valen de un vetusto latinajo innecesario para impresionar al interlocutor. Los ciudadanos tenemos el derecho a comprender y a entender, por nosotros mismos, las comunicaciones verbales y escritas por los profesionales del Derecho.
por 
