La Segunda República (I): El Gobierno Provisional y el Bienio Reformista

Las calles de las principales ciudades de España se convirtieron en una auténtica fiesta aquel 14 de abril de 1931, que en los años siguientes sería festivo. Las gentes vitoreaban la república, ondeaban banderas tricolor y, algunos, destruían los símbolos monárquicos. La población anhelaba que aquel nuevo régimen que se instauraba en España resolviera los muchos problemas del país y lo modernizara. Es más, había que constituir una auténtica democracia. Mientras a algunos les embargaba la emoción en aquella jornada, las élites económicas observan con cierto estupor los hechos. No era para menos, pues tomaban el poder nuevas personas que representaban a clases sociales medias y bajas; tenían la voluntad de transformar el país, beneficiar a los de abajo y extirpar la vieja política de corrupción y caciquismo.

 

1. EL Gobierno Provisional. El contexto económico y político internacional

Desde la tarde del 14 de abril de 1931, el Comité Revolucionario se convirtió en el Gobierno Provisional de la República, que asumía temporalmente el poder hasta que existiera, al menos, un parlamento. El Gobierno estaba presidido por Niceto Alcalá Zamora. En él estaban, como en el comité, tanto los republicanos de derecha (como Zamora y Lerroux), los republicanos de izquierda (por ejemplo, Manuel Azaña) y los socialistas (Indalecio Prieto o Largo Caballero). También algunos nacionalistas como el catalán Luis Nicolau d’Olwer (Acción Catalana Republicana) y el gallego Casares Quiroga (Organización Republicana Gallega Autónoma). A excepción de su presidente, que había sido ministro antes de la dictadura de Primo de Rivera, el resto no tenían experiencia previa de gobierno.

 

En ocasiones se ha dicho que era un Gobierno revolucionario. Lo eran desde el punto de vista del cambio de régimen, pero estaban alejados de la revolución social. Observamos que sus miembros eran burgueses en su mayoría e, incluso, habían sido monárquicos como sucedía con el propio presidente del nuevo gabinete. El propio Manuel Azaña se describía de la siguiente manera: “Soy un intelectual, un liberal y un burgués.” Por tanto, eran gente de orden y no pretendían alterar las estructuras sociales y económicas, lo que no significaba que estuvieran en contra de la justicia social que a partir de entonces debía reinar en la República. Solo el PSOE era revolucionario, al menos sobre el papel, pues, como el resto de partidos socialistas europeos, aceptaban el juego parlamentario para establecer medidas sociales que repercutiera en los trabajadores. Por ello, pese a las reticencias de un sector del partido, aceptaron entrar en un Gobierno de corte burgués. Solo las circunstancias llevó a los socialistas a usar, y con cierta desgana, la vía de la revolución en 1934.

Tampoco era un Gobierno de intelectuales como se ha afirmado otras veces. Tan solo Manuel Azaña lo era, pues además de Registrador de la Propiedad, era literato y presidente del Ateneo de Madrid. Dos de los ministros, por su parte, no tenían ni siquiera estudios superiores: Largo Caballero tenía un amplio bagaje cultural de forma autodidacta, pero no tenía títulos, mientras que el ya anciano Alejandro Lerroux los tenía, aunque no había cursado ni el Bachillerato ni la carrera Derecho, que consiguió en su madurez y en pocos días…

Independientemente de ello, pese a las diferencias de todos estos partidos, todos ellos pretendían crear un régimen democrático y modernizar España. Para ello, tenían que convocar elecciones constituyentes, pero, antes de que estas se reunieran, entendían que debían comenzar a resolver los numerosos y acuciantes problemas que existían en el país: agricultura, trabajo, educación, Iglesia, ejército, nacionalismos, etc. Por tanto, empezaron a legislar a golpe de decreto sobre las diferentes materias, que comentaremos más tarde al tratar sobre el conjunto de reformas. Jamás las rotativas de la entonces Gaceta de Madrid trabajaron tanto como en aquellos primeros meses de la República.

La Segunda República y las intenciones de sus fundadores llegaron en el peor momento económico posible. El crac del 29, si bien afecto poco directamente a España al ser un país proteccionista y con un gran peso agrario, sí que lo hizo indirectamente: inversores extranjeros retiraron capitales o dejaron de invertir en el país; el proteccionismo que impusieron el resto de países impidió la exportación de productos; el paro creció a lo largo de todo el periodo republicano al entrar en crisis los países a los que los emigrantes españoles iban en busca de una vida mejor y, de hecho, muchos de ellos volvieron a España. Las políticas de reforma de la República, de hecho, que aumentaron el gasto público (aunque no en la cuantía que se prevía para asentar las reformas) aminoraron las consecuencias, pese a que no se tenía la intención de promover una política económica de corte keynesiano, sino que afrontaron la crisis con la fórmula clásica: despreciar la moneda. Por tanto, no fueron las políticas del Gobierno progresista las que provocaron la crisis, sino de la disminución de la inversión privada. De hecho, la inestabilidad política a partir de finales de 1933 y la violación de la legislación en materia laboral por parte de terratenientes e industriales deja entender que el paro aumentara considerablemente a partir de esa fecha.

En el plano europeo, tampoco la situación política era halagüeña para una nueva democracia. Europa entera estaba bajo la amenaza de las dictaduras de derechas y el fascismo. Cada año, el número de democracias era menor. De hecho, dos años después de proclamarse la República en España, llegó al poder Hitler en Alemania. Lo raro de España es que cayera una dictadura, la de Primo de Rivera, y se estableciera una democracia.

 

2. Las elecciones de 1931 y la constitución

Tal y como había planeado el último Gobierno de la monarquía, las elecciones generales para Cortes constituyentes se mantuvieron para junio. El Gobierno provisional consideró que estas debían seguir siendo por sufragio universal masculino, como habían sido en época de la Restauración, dejándose a las propias Cortes que legislaran sobre el futuro voto femenino. No obstante, la voluntad de los partidos del Gobierno era otorgar este derecho a la mujer, así como ponerla en igualdad con el hombre como demuestra que, por ejemplo, se permitiera a estas presentarse a las oposiciones para los cuerpos de funcionario desde el mismo mes de abril. La novedad, algo que no ocurría desde las Cortes de Cádiz de 1810, es que solo existiría una única cámara legislativa. También se eliminó el antiguo distrito unipersonal y se estableció como circunscripción la provincia con el fin de que las redes caciquiles no pudieran alterar el resultado electoral. Los candidatos a diputado debían alcanzar al menos un 20% de los votos (posteriormente la ley electoral cambió el porcentaje al 40%) y, en caso de que quedaran escaños vacantes, se llevaba a cabo una segunda vuelta.

Por segunda vez en aquel año de 1931, los españoles acudieron a las urnas. El resultado dio una gran victoria a los partidos del Gobierno, que se presentaron en coalición, lo que legitimaba la República. No obstante, había más de una veintena de partidos representados en las Cortes, una tendencia que se mantuvo e incluso se incrementó en las siguientes dos legislaturas. El partido mayoritario era el PSOE con poco más de un centenar de diputados, la cuarta parte de la cámara. Le seguía el viejo Partido Republicano Radical (89 diputados), que ocupaba el centro derecha. Con 61, el Partido Republicano Radical Socialista, situado a la derecha del PSOE, era la tercera fuerza. El resto eran partidos republicanos de izquierda y derecha que, ideológicamente, tendían al centro, así como partidos nacionalistas, como ERC o el PNV.

Los que apenas tenían representación era la oligarquía económica, monárquicos y católicos, que no había sido capaz de estructurar partidos de ámbito nacional, más allá de Acción Nacional (más tarde Acción Popular), que representaba a los católicos, pero que tan solo consiguió cinco actas. También podemos destacar al Partido Agrario, que representaban a los terratenientes y, de hecho, entre sus quince diputados estaban los principales propietarios de tierra del país. Los monárquicos tan solo obtuvieron un diputado con Unión Monárquica (la antigua Unión Patriótica de la dictadura), mientras que los carlistas obtuvieron cuatro. En cualquier caso, este espectro ideológico no pudo influir sobre la futura constitución y la legislación en general. Las antiguas élites observaron que habían perdido el control del país, y abandonaron las Cortes como símbolo de que no estaban dispuestos a aceptar la República, al menos ese modelo de Estado que se estaba construyendo.

Sea como fuere, una vez abiertas las Cortes, estas ratificaron al Gobierno Provisional, que se convirtió en el primer Gobierno ordinario de la república. De igual modo, se aprobaron todas las medidas que el Gobierno había realizado por medio de decretos. También juzgaron al monarca por traidor a la patria. Pero el principal trabajo que debían acometer era aprobar la nueva constitución, cuya redacción llevó a amplios debates en dos cuestiones concretas: la relación entre Iglesia y Estado, y el voto de la mujer.

Entre sus características destaca que el Estado se definía como una República democrática, de trabajadores de toda clase con la justicia, la libertad, la igualdad y la paz como principales derechos. Además, se daba la posibilidad de que las regiones adquirieran la autonomía.

En cuanto a la organización política, el poder legislativo recaía en las Cortes, que se mantenían unicamerales y se convertían en el epicentro de la vida política de la República. El presidente de la República era elegido por estas y por una cámara de compromisarios elegidos por sufragio. El Jefe del Estado, a su vez, podía designar al presidente del Gobierno, pero el Consejo de Ministros debía contar con la confianza de las Cortes. Destaca que se creaba, por primera vez, el Tribunal de Garantías Constitucionales, con el fin de velar por la constitucionalidad de las leyes.

Pero si algo levantó un gran debate fue el derecho a voto de la mujer. El debate no solo giró en torno al clásico argumento de la incapacidad de la mujer para participar en la política, sino que en la propia izquierda se temía que el voto de la mujer se decantara por la derecha. El diario de sesiones recoge un acalorado debate sobre este aspecto entre Victoria Kent, que se oponía, y Clara Campoamor, que estaba a favor. Estas eran, por otro lado, junto con Margarita Nelken, las únicas tres diputadas. Finalmente, la constitución recogió el voto de la mujer en igualdad de condiciones con el hombre.

La constitución recogía un amplio conjunto de derechos y obligaciones, en muchos casos de carácter social. Entre ellos, podemos destacar el derecho al divorcio y al matrimonio civil. No era la primera vez que se legislaba sobre estos últimos, pues en el Sexenio Democrático ya habían estado en vigor. Pero contra ellos se oponía, evidentemente, la Iglesia.

Pero la Iglesia no solo perdía este monopolio sobre la vida moral de las personas, sino que se puso en debate la separación entre Iglesia y Estado, y la constitución confirmó que en adelante la Iglesia tan solo sería una organización más. Desaparecía el presupuesto para la institución eclesiásticas, el país se tornaba laico y cualquier religión era permitida. Además, se prohibía a las órdenes religiosas la enseñanza.

Precisamente, los artículos relacionados con la separación de Iglesia y Estado provocaron que la coalición de Gobierno se rompiera. Alcalá Zamora y su partido, la Derecha Liberal Republicana, abandonaron el Gobierno, pues defensores del catolicismo no aceptaron que sus socios en el gobierno se inclinaran hacia la laicidad. Así pues, desde octubre, Manuel Azaña pasó a presidir del Gobierno, que mantenía al resto de partidos que habían formado el Gobierno Provisional.

En diciembre de 1931 la constitución fue aprobada, estableciéndose un régimen democrático a la altura de otras democracias de la época.

 

3. El Bienio Reformista. Las reformas

Aprobada la Constitución, Niceto Alcalá Zamora fue elegido presidente de la República, cargo que ocupó hasta abril de 1936. Se pretendía retornar a la coalición de partidos del Gobierno Provisional. La Derecha Liberal Republicana en la presidencia de la República, y el resto de partidos en el Gobierno, que continuó estando presidido por Manuel Azaña durante los dos años siguientes (el llamado Bienio Reformista) Sin embargo, mientras que los republicanos de izquierda y los socialistas se mantuvieron en él, el Partido Radical lo abandonó y pasó a la oposición. Lerroux no estaba dispuesto a continuar en un Gobierno donde también estuvieron los socialistas y lanzó a Azaña un ultimátum: o con los radicales o con los socialistas. Azaña se decantó por estos últimos, pues no solo era el partido mayoritario en las Cortes, sino que representaban, a juicio del presidente del Consejo, a la base social de la República, es decir, a los trabajadores. Así pues, el Gobierno del Bienio Reformista estuvo compuesto por elementos de izquierda, tanto republicanos como socialistas. Sea como fuere, el Gobierno, pese a la salida del Partido Radical, seguía contando con la confianza de las Cortes.

Las Cortes no se disolvieron, sino que se consideró que estas mismas debían realizar la legislación que completara a la constitución. Durante los dos siguientes años se continuaron las reformas que ya habían sido iniciadas por el Gobierno Provisional.

En materia educativa, ante la gran tasa de analfabetismo y la carencia de escuelas que dejaba a un millón de niños sin posibilidad de educarse, se inició un programa de construcción de colegios (se construyeron 6.000 de los 20.000 proyectados) y se amplió la plantilla de maestros. Pero esto también obedecía a que la constitución, y así lo desarrolló la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, imposibilitaba a la Iglesia impartir clases. Se pretendía que la educación fuera laica, pública, obligatoria y mixta. Anclar la democracia y la igualdad solo se podía por medio de una escuela que fuera igual para todos.

Se pretendía también educar al pueblo en general, especialmente en las zonas rurales, para lo que se creo el Patronato de Misiones Pedagógicas. Como las antiguas misiones evangelizadoras de la iglesia, tenía como objetivo llevar a estas zonas la luz de la cultura y el progreso: conferencias, teatro, cine, arte, clases de alfabetización, música, bibliotecas, etc. Participaron en ellas importantes personajes de la generación del 27, como García Lorca, que fundó la conocida compañía de teatro La Barraca para este menester.

En cuanto a la Iglesia, la ley antes mencionada la dejaba sin presupuesto y sin posibilidad de dedicarse a al enseñanza tal y como apuntaba la constitución. Además, los bienes de la Iglesia pasaban a ser titularidad de la Iglesia y se cedían para el culto. Cualquier acto pública, debía ser autorizado por la autoridad política pertinente.

En materia laboral, Largo Caballero sacó adelante la Ley de Jurados Mixtos y el Código de Trabajo, que se basaba en la legislación de Primo de Rivera y la mejoraba, dando a los sindicatos importantes cuotas de poder en la negociación colectiva con los empresarios. Antes de ello, durante la etapa del Gobierno Provisional puso las primeras medidas para paliar los muchos problemas del campesinado pobre y sin tierras. Estableció sueldos mínimos, el laboreo forzoso de tierra para los propietarios, la jornada de ocho horas (que en realidad ya se había establecido en los años veinte) o la contratación de jornaleros del término municipal.

El proyecto más ambicioso y esperado fue la Ley de Bases para la Reforma Agraria de 1932. Se trataba de una ley que preveía la expropiación de tierras de cultivo que no estuvieran explotadas, que estuvieran mal cultivadas o que estuvieran arrendadas. Además, se indemnizaba a los propietarios de tales tierras. El objetivo era asentar a jornaleros sin tierras y resolver el problema que el país tenía desde hacía más de un siglo. Para llevar a cabo las expropiaciones y asentamiento de los jornaleros, se creó el Instituto de Reforma Agraria (IRA), que debía realizar un censo de las tierras expropiables y pagar las indemnizaciones. No obstante, el IRA tuvo un escaso presupuesto, lo que hizo que la ley tuviera muy poco alcance. En cualquier caso, la ley era muy moderada, pues el requisito para mantenerlas era que los propietarios invirtieran en sus propias tierras.

Respecto al ejército y el amplio número de oficiales, Manuel Azaña obligó a todos ellos a jurar lealtad a la República: “Prometo por mi honor servir bien y fielmente a la República, obedecer sus leyes y defenderla con las armas.” En caso contrario, podían pasar a la reserva, oportunidad que, en cualquier caso, se les daba a todos los oficiales independientemente del juramento. Además, se revocaron algunos ascensos durante la dictadura, se eliminaron algunos rangos y se cerró, entre otras, la Academia Militar de Zaragoza, en aquel momento dirigida por Francisco Franco. Se abolió la ley de jurisdicciones de 1906 que daba al ejército jurisdicción sobre delitos a la patria. En definitiva, se pretendía la modernización del ejército, incluso cuando la constitución rezaba que“España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional” (art. 6), pues como afirmó Azaña: “El Ejército servía en España para casi todo: ha servido para dirimir las discordias de la dinastía , ha servido para ir a las campañas coloniales, ha servido para ir a África; pero nunca, desde que se acabó la guerra de la Independencia, se ha tratado en España de organizar y formar el Ejército en condiciones tales que pueda competir con uno extranjero en una guerra de carácter internacional”. No obstante, se prefirió destinar la mayor parte del presupuesto a la educación antes que al ejército.

Respecto a los nacionalismos, en Cataluña Macià había proclamado el 14 de abril de 1931 la República catalana dentro de la Federación Española. El Gobierno Provisional, y en particular su presidente, logró convencerle de que abandonara tal idea, encargándole que presidiera la Generalitat provisional y que iniciara la redacción de un Estatuto de Autonomía, pues la constitución permitiría, y así fue, la autonomía de las regiones. Ese mismo año, el Estatut fue redactado y sometido a referéndum en Cataluña, pero tenía que ser aprobado por las Cortes. Esta cuestión tardo más, puesto que primero se tenía que aprobar la constitución y más tarde debatir el texto llegado desde Cataluña. Quedó finalmente aprobado en agosto de 1932. También se presentó el Estatuto vasco, pero, al fundamentarse en la religión, se consideraba anticonstitucional; aprobación se demoró hasta 1936, cuando la Guerra Civil ya había comenzado.

 

4. Los problemas del Bienio Reformista

La Iglesia, una parte del ejército, la oligarquía económica, los católicos y los monárquicos mostraron desde el principio sus reticencias a toda esta legislación. Como se ha visto, en realidad no eran medidas ni mucho menos radicales ni revolucionarias, pero todos estos sectores se sintieron atacados. La defensa de España (su España) y la religión como elemento principal llevó a un ataque hacia los grupos republicanos y socialistas que quedaron agrupados bajo etiquetas como comunistas, masones y judíos, siguiendo la influencia del ultranacionalismo y fascismo que provenía de Europa. En el caso de España, la acusación de “moro” fue también habitual. Incluso se tradujeron al español Los sabios de Sión, que denunciaba la supuesta existencia de una conspiración judía para acabar con la civilización occidental.

Sea como fuere, durante el Bienio Progresista, la derecha no republicana se fue reestructurando. Nació la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) en torno a Acción Popular. Era un partido de masas, dirigido por Gil Robles, que, aunque ocupaba un amplio espectro social (clases altas, medias y pequeños propietarios), recogía los intereses de los terratenientes y los católicos. Si bien aceptaba en principio el orden establecido, distaba mucho de aceptar la democracia tal y como manifestaba el propio Gil Robles en noviembre de 1933: La democracia no es para nosotros un fin, sino un medio para ir a la conquista de un Estado Nuevo. Llegado el momento, el Parlamento o se somete lo haremos desaparecer. El año antes había indicado: En este año de 1932 hemos de imponernos con la fuerza de nuestra razón y con otras fuerzas si no bastara. Arremetía contra los grupos de la izquierda de forma contundente con la consabida acusación de comunistas y masones: Somos hombres de derechas…acatamos las órdenes legítimas de la autoridad, pero no aguantaremos las imposiciones de la chusma irresponsable. No nos faltará nunca el valor para que se nos respete. Declaramos la guerra al comunismo así como a la masonería. En pocas palabras, la CEDA pretendía usar el parlamento para acabar con las reformas, pero dejaba abierta la vía de la sublevación militar.

También surgió, con la bendición del exiliado Alfonso XIII, Renovación Española (RE), un partido monárquico y, por supuesto, también católico, mucho más a la derecha que la CEDA que pretendía el restablecimiento de una monarquía autoritaria. En sintonía con este partido, se encontraba Comunión Tradicionalista (el partido carlista), aunque con candidato al trono propio. Un diputado de este último grupo, Joaquín Beunza, manifestaba en un discurso en Palencia el 8 de noviembre de 1931: Hay que estar dispuesto a defenderse por todos los medios, y no digo por los medios legales, porque a la hora de la defensa todos los medios son buenos… Estamos gobernados por unos cuantos masones. Y yo digo que contra ellos todos los medios, los legales y los ilegales, son lícitos.

Más a la derecha se encontraban los partidos fascistas de Falange Española (fundado por José Antonio Primo de Rivera), así como la JONS (Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas), que fueron fundadas por Enésimo Rendondo y Ramiro Ledesma. Ambos grupos se unieron en 1934, dando lugar a Falange Española y de las JONS. Declaraciones como las de Redondo dejan ver la violencia como característica principal de estos grupos: La Guerra se avecina, pues; la situación de violencia es inevitable. No sirve que nos neguemos a aceptarla, porque nos la impondrán. Es necio rehuir la Guerra cuando con toda seguridad nos han de hacer. Lo importante es prepararla, para vencer Y, para vencer, será preciso incluso tomar la iniciativa en el ataque.

La asimilación de la violencia como vía política y la retórica en torno al combate y la guerra deja entender la necesidad que tenían de crear escuadrones paramilitares como estaba sucediendo en otras partes de Europa. Falange creó sus propias unidades, que se caracterizaron por la camisa azul, y comenzaron a acaparar armas. No solo eso, sino que se sabe que eran entrenadas por oficiales del propio ejército. Los carlistas, que durante el siglo XIX habían estado prestos a la guerra, intensificaron el entrenamiento de los miembros del Requeté, organización paramilitar fundada mucho antes de que existiera la República.

La República tuvo que hacer frente en 1932 a un primer golpe de Estado que llevó a cabo una parte del ejército, entre los que se encontraba Sanjurjo, que había sido apartado de la Dirección General de la Guardia Civil por el acontecimiento de Arnedo al que haremos referencia más adelante. Ante los debates para aprobar la ley de reforma agraria y el Estatut catalán, algunos oficiales del ejército actuaron, pero no estaban bien organizados. Al final, Sanjurjo fue básicamente el único que se levantó en Sevilla, por ello recibió el nombre de la Sanjurjada. Además, este se encontró con trabajadores que, ante la orden del alcalde hispalense tras ser detenido, se lanzaron a la huelga general en defensa de la República. El Gobierno, por otro lado, recibió un chivatazo que permitió desmontar el golpe en sus primeros momentos. Sanjurjo acabó siendo condenado a muerte, aunque se le conmutó la pena por cadena perpetua, pues Manuel Azaña no quería manchar a la República de sangre. La intentona, por otra parte, hizo que los grupos parlamentarios que formaban el Gobierno se unieran para aprobar la Ley de Bases para la Reforma Agraria y el Estatut catalán. Sanjurjo consiguió justo lo que pretendía evitar.

Si la República tuvo que hacer frente al golpe de Estado por la derecha y el nacimiento de partidos que pretendían destruirla, por la izquierda los problemas no fueron menores. La CNT, controlada por la FAI, tomó la rebelión como forma de lucha para establecer el comunismo libertario. Para estos el problema no era la República en sí, sino la propia existencia del Estado. Ante los levantamientos, el Gobierno mantuvo el orden con los mismos mecanismos usados por los Gobiernos de la monarquía: la represión. Además, la Guardia Civil, muchas veces siguiendo ordenes de los propios caciques, disparaban contra obreros y campesinos mostrando poca humanidad y gran desprecio contra estos colectivos sociales. En Arnedo (La Rioja) una matanza de manifestantes ante las puertas del ayuntamiento, en donde se estaba negociando en aquel momento el despido de varios trabajadores de una fábrica y en donde estaba el propio comandante de la Guardia Civil, provocó que el Gobierno retirara a Sanjurjo de la Dirección General de la Benemérita en 1932. Este, ante el levantamiento de Castilblanco (Extremadura) un poco antes manifestó a sus subordinados que por qué habían hecho prisioneros. Pero el caso más llamativo fue el de Casas Viejas en 1933, en donde la Guardia Civil, pero también la recién creada Guardia de Asalto (un cuerpo que garantizara su fidelidad a la República) ejecutó a prisioneros sin previo juicio en este pequeño pueblo gaditano. No solo eso, llegaron a prender una casa con personas dentro. El propio Azaña fue interpelado en las Cortes acerca del asunto, pues en definitiva la Guardia Civil y las fuerzas del orden dependían del Gobierno, pero el presidente no pudo dar una explicación adecuada del suceso. El acontecimiento hizo que incluso el PSOE pusiera en duda su continuidad en el Gobierno, ya que una parte del mismo, entre ellos Largo Caballero, consideraba que había llegado la hora de abandonar el gabinete ante el desgaste que estaba sufriendo por ser participes de esta represión.

Pero Casas Viejas no provocó la caída de Azaña. Este seguía contando con la confianza de las Cortes. Fue el propio presidente de la República, Alcalá Zamora, el que interpretó que Azaña no contaba con respaldo suficiente, apoyándose en los resultados de las elecciones al Tribunal de Garantias Constitucionales: los candidatos gubernamentales perdieron en favor de los candidatos presentados por el Partido Radical. Así, Alcalá Zamora retiró a Azaña de la presidencia del Gobierno en septiembre de 1933. El problema fue que no pudo encontrar a ningún otro candidato que contara con la confianza de las Cortes: el Gobierno de Alejandro Lerroux, que consiguió el sueño de su vida al llegar a presidir el Consejo de Ministros, tan solo duró un mes. Los socialistas dejaron bien claro que tan solo apoyarían un Gobierno en donde estuviera Manuel Azaña.

Niceto Alcalá Zamora tuvo que recurrir a su potestad para disolver las Cortes y convocar elecciones en noviembre de 1933. Ponía fin a las Cortes constituyentes.