El presidente Alberto Fernández desempolvó ideas de su exministro de Salud Ginés González García para reformar el sistema de salud argentino y poner así un dique de contención a las intenciones de una reforma más radicalizada que impulsa desde hace tiempo el ala kirchnerista de su gobierno y que implicaría una lisa y llana estatización. 

Tal como informó LA NACION el miércoles pasado, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, y los titulares de las carteras sanitarias de las 24 jurisdicciones del país decidieron, en una reunión del Consejo Federal de la Salud (Cofesa), en Villa La Angostura, avanzar en la integración del sistema de salud y acordaron dar los primeros pasos considerando “ejes estratégicos”. Aunque nada se adelantó sobre cómo se llevará a cabo esa reforma, se elaboró un documento con los principales puntos de esa propuesta, al que tuvo acceso este diario.

Un hombre de la línea Albertista con un alto cargo en el área de salud, confirmó que lo que se quiere con este proyecto, elaborado principalmente por gente que ya estaba en la época en que González García era ministro, es contrarrestar la iniciativa impulsada por el Instituto Patria. “Cuando uno lee las palabras de cada proyecto o esbozo de proyecto, parece que dijeran lo mismo, pero no dicen lo mismo. El de Alberto pretende preservar la seguridad social y hacerla más eficiente, mientras que el otro busca quedarse con la salud”, afirmó.

Según confió una fuente de la medicina privada, los principales ejes del proyecto del Ministerio de Salud son fusionar las obras sociales para que queden menos, pero con mayor envergadura; trabajar en un fondo nacional de recursos para financiar los medicamentos de alto costo, que deberán ser adquiridos mediante compras centralizadas por el Estado (con un protocolo de buenas prácticas), y habilitar una forma justa de cobrar copagos.

La insistencia con el concepto de integración explicó un hombre que conoce de primera mano el proyecto, tiene que ver con la idea que siempre tuvo González García y su gente de aprovechar las estructuras y los recursos disponibles de los distintos subsistemas (público, privado y de la seguridad social) para que se presten servicios entre ellos. “La propuesta de esta línea es construir sobre lo que anda y hacer algunas modificaciones que no son de fondo, pero que los ayudarán a llegar a 2023″, agregó la fuente.

En tanto, desde la vereda kirchnerista, fuentes del área de la salud afirmaron no conocer en detalle la propuesta del Ministerio de Salud. “Imaginate que ni siquiera tenemos el documento donde se supone que detallaron los ejes principales”, comentó uno de ellos. Y agregó: “Escuché que se habla de consensos para llevar esa reforma adelante, pero eso no es así. No hay un consenso sobre cómo se hará cada cambio. Solo hay un consenso en lo general, qué es que hace falta reformar el sistema de salud”.

LA NACION intentó hablar con Héctor Daer, secretario general del gremio de la sanidad y hombre cercano a Alberto Fernández, pero no respondió a la consulta. Tampoco fue posible obtener respuesta por parte de Presidencia.

Una idea latente

Consultados sobre si ven con mejores ojos el proyecto del Instituto Patria, las mismas fuentes del ala kirchnerista respondieron que tampoco creen que esa propuesta esté tan clara. Sin embargo, un hombre de la medicina privada señaló que esa otra idea siempre está latente. “La están empujando todo el tiempo, pero no tiene plafón político, porque no se lo va a votar nadie, salvo el núcleo duro del kirchnerismo. Cuando Cristina [Fernández] habló hace un año y medio sobre la necesidad de una reforma, la opinión pública la rechazó; en una encuesta al respecto, el 65% de la gente estuvo en contra de que se cambiara el sistema”, recordó.

Si bien el proyecto del Instituto Patria está expuesto de una manera muy general, tanto en el ala Albertista como en el sector de la medicina privada no hay dudas de sus intenciones: consideran que es lisa y llanamente una estatización del sistema, que incluye, entre otras cosas, promover fábricas estatales de medicamentos. “Si eso se aprobara, desaparecerían las prepagas y las obras sociales. Nunca lo dijeron de esta manera, pero es así, porque detrás de eso hay ideólogos formados en Cuba”, contó un especialista del área de salud, que no quiso ser mencionado.

El tema no es menor. Según fuentes del área, la salud es una caja de US$45.000 millones de dólares (un 8% del PBI). Además, como graficó un hombre del sector, el que da salud genera dependencia sobre el que la recibe. “Es como el que da un plan social. Si uno la administra, se la puede dar a uno y no dársela a otro, y así manejar voluntades”, remató.

Carlos Manzoni