Art�culo 1�. Objeto. Este c�digo regula la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Se aplica, adem�s, a todos los asuntos de cualquier jurisdicci�n o especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no est�n regulados expresamente en otras leyes.�

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Art�culo 2�. Acceso a la justicia. Toda persona o grupo de personas tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus derechos y la defensa de sus intereses, con sujeci�n a un debido proceso de duraci�n razonable. Los t�rminos procesales se observar�n con diligencia y su incumplimiento injustificado ser� sancionado.�

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Art�culo 3�. Proceso oral y por audiencias. Las actuaciones se cumplir�n en forma oral, p�blica y en audiencias, salvo las que expresamente se autorice realizar por escrito o est�n amparadas por reserva.�

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Art�culo 4�. Igualdad de las partes. El juez debe hacer uso de los poderes que este c�digo le otorga para lograr la igualdad real de las partes.�

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Art�culo 5�. Concentraci�n. El juez deber� programar las audiencias y diligencias de manera que el objeto de cada una de ellas se cumpla sin soluci�n de continuidad. No podr� aplazar una audiencia o diligencia, ni suspenderla, salvo por las razones que expresamente autoriza este c�digo.�

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Art�culo 6�. Inmediaci�n. El juez deber� practicar personalmente todas las pruebas y las dem�s actuaciones judiciales que le correspondan. Solo podr� comisionar para la realizaci�n de actos procesales cuando expresamente este c�digo se lo autorice.�

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Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido respecto de las pruebas extraprocesales, las pruebas trasladadas y dem�s excepciones previstas en la ley.�

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Art�culo 7�. Legalidad. Los jueces, en sus providencias, est�n sometidos al imperio de la ley. Deber�n tener en cuenta, adem�s, la equidad, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina.�

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Cuando el juez se aparte de la doctrina probable, estar� obligado a exponer clara y razonadamente los fundamentos jur�dicos que justifican su decisi�n. De la misma manera proceder� cuando cambie de criterio en relaci�n con sus decisiones en casos an�logos.�

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El proceso deber� adelantarse en la forma establecida en la ley.�

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JURISPRUDENCIA [Mostrar]

Art�culo 8�. Iniciaci�n e impulso de los procesos. Los procesos solo podr�n iniciarse a petici�n de parte, salvo los que la ley autoriza promover de oficio.�

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Con excepci�n de los casos expresamente se�alados en la ley, los jueces deben adelantar los procesos por s� mismos y son responsables de cualquier demora que ocurra en ellos si es ocasionada por negligencia suya.�

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Art�culo 9�. Instancias. Los procesos tendr�n dos instancias a menos que la ley establezca una sola.�

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Art�culo 10. Gratuidad. El servicio de justicia que presta el Estado ser� gratuito, sin perjuicio del arancel judicial y de las costas procesales.�

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Art�culo 11. Interpretaci�n de las normas procesales. Al interpretar la ley procesal el juez deber� tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surjan en la interpretaci�n de las normas del presente c�digo deber�n aclararse mediante la aplicaci�n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem�s derechos constitucionales fundamentales. El juez se abstendr� de exigir y de cumplir formalidades innecesarias.�

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Art�culo 12. Vac�os y deficiencias del c�digo. Cualquier vac�o en las disposiciones del presente c�digo se llenar� con las normas que regulen casos an�logos. A falta de estas, el juez determinar� la forma de realizar los actos procesales con observancia de los principios constitucionales y los generales del derecho procesal, procurando hacer efectivo el derecho sustancial.�

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Art�culo 13. Observancia de normas procesales. Las normas procesales son de orden p�blico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ning�n caso podr�n ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorizaci�n expresa de la ley.�

��

Las estipulaciones de las partes que establezcan el agotamiento de requisitos de procedibilidad para acceder a cualquier operador de justicia no son de obligatoria observancia. El acceso a la justicia sin haberse agotado dichos requisitos convencionales, no constituir� incumplimiento del negocio jur�dico en donde ellas se hubiesen establecido, ni impedir� al operador de justicia tramitar la correspondiente demanda.�

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Las estipulaciones de las partes que contradigan lo dispuesto en este art�culo se tendr�n por no escritas.�

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JURISPRUDENCIA [Mostrar]

Art�culo 14. Debido proceso. El debido proceso se aplicar� a todas las actuaciones previstas en este c�digo. Es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violaci�n del debido proceso.�

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Art�culo 15. Cl�usula general o residual de competencia. Corresponde a la jurisdicci�n ordinaria, el conocimiento de todo asunto que no est� atribuido expresamente por la ley a otra jurisdicci�n.�

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Corresponde a la jurisdicci�n ordinaria en su especialidad civil, el conocimiento de todo asunto que no est� atribuido expresamente por la ley a otra especialidad jurisdiccional ordinaria.�

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Corresponde a los jueces civiles del circuito todo asunto que no est� atribuido expresamente por la ley a otro juez civil.�

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Art�culo 16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicci�n y la competencia. La jurisdicci�n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici�n de parte, la falta de jurisdicci�n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar� validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser� nula, y el proceso se enviar� de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci�n o de competencia ser� nulo.�

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La falta de competencia por factores distintos del subjetivo o funcional es prorrogable cuando no se reclame en tiempo, y el juez seguir� conociendo del proceso. Cuando se alegue oportunamente lo actuado conservar� validez y el proceso se remitir� al juez competente.�

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JURISPRUDENCIA [Mostrar]

Art�culo 17. Competencia de los jueces civiles municipales en �nica instancia. Los jueces civiles municipales conocen en �nica instancia:�

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1. De los procesos contenciosos de m�nima cuant�a, incluso los originados en relaciones de naturaleza agraria, salvo los que correspondan a la jurisdicci�n contencioso administrativa.�

��

Tambi�n conocer�n de los procesos contenciosos de m�nima cuant�a por responsabilidad m�dica, de cualquier naturaleza y origen, sin consideraci�n a las partes, salvo los que correspondan a la jurisdicci�n contencioso administrativa.�

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2. De los procesos de sucesi�n de m�nima cuant�a, sin perjuicio de la competencia atribuida por la ley a los notarios.�

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3. De la celebraci�n del matrimonio civil, sin perjuicio de la competencia atribuida a los notarios.�

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4. De los conflictos que se presenten entre los copropietarios o tenedores del edificio o conjunto o entre ellos y el administrador, el consejo de administraci�n, o cualquier otro �rgano de direcci�n o control de la persona jur�dica, en raz�n de la aplicaci�n o de la interpretaci�n de la ley y del reglamento de propiedad horizontal.�

��

5. De los casos que contemplan los art�culos 913, 914, 916, 918, 931, 940 primer inciso, 1231, 1469 y 2026 del C�digo de Comercio.�

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6. De los asuntos atribuidos al juez de familia en �nica instancia, cuando en el municipio no haya juez de familia o promiscuo de familia.�

��

7. De todos los requerimientos y diligencias varias, sin consideraci�n a la calidad de las personas interesadas.�

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8. De los que conforme a disposici�n especial deba resolver el juez con conocimiento de causa, o breve y sumariamente, o a su prudente juicio, o a manera de �rbitro.�

��

9. De las controversias que se susciten en los procedimientos de insolvencia de personas naturales no comerciantes y de su liquidaci�n patrimonial, sin perjuicio de las funciones jurisdiccionales otorgadas a las autoridades administrativas.�

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10. Los dem�s que les atribuya la ley.�

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Par�grafo. Cuando en el lugar exista juez municipal de peque�as causas y competencia m�ltiple, corresponder�n a este los asuntos consagrados en los numerales 1, 2 y 3.�

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Art�culo 18. Competencia de los jueces civiles municipales en primera instancia. Los jueces civiles municipales conocen en primera instancia:�

��

1. De los procesos contenciosos de menor cuant�a, incluso los originados en relaciones de naturaleza agraria, salvo los que correspondan a la jurisdicci�n contencioso administrativa.�

Tambi�n conocer�n de los procesos contenciosos de menor cuant�a por responsabilidad m�dica, de cualquier naturaleza y origen, sin consideraci�n a las partes, salvo los que correspondan a la jurisdicci�n contencioso administrativa.�

��

2. De los posesorios especiales que regula el C�digo Civil.�

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3. De los procesos especiales para el saneamiento de la titulaci�n de la propiedad inmueble de que trata la Ley 1182 de 2008, o la que la modifique o sustituya.�

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4. De los procesos de sucesi�n de menor cuant�a, sin perjuicio de la competencia atribuida por la ley a los notarios.�

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5. De las diligencias de apertura y publicaci�n de testamento cerrado, o del otorgado ante cinco (5) testigos, y de la reducci�n a escrito de testamento verbal, sin perjuicio de la competencia atribuida por la ley a los notarios.�

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6. De la correcci�n, sustituci�n o adici�n de partidas de estado civil o de nombre o anotaci�n del seud�nimo en actas o folios del registro de aquel, sin perjuicio de la competencia atribuida por la ley a los notarios.�

��

7. A prevenci�n con los jueces civiles del circuito, de las peticiones sobre pruebas extraprocesales, sin consideraci�n a la calidad de las personas interesadas, ni a la autoridad donde se hayan de aducir.�

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TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

Art�culo 19. Competencia de los jueces civiles del circuito en �nica instancia. Los jueces civiles del circuito conocen en �nica instancia:�

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1. De los procesos relativos a propiedad intelectual previstos en leyes especiales como de �nica instancia.�

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2. De los tr�mites de insolvencia no atribuidos a la Superintendencia de Sociedades y, a prevenci�n con esta, de los procesos de insolvencia de personas naturales comerciantes.�

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3. De la actuaci�n para el nombramiento de �rbitros, cuando su designaci�n no pudo hacerse de com�n acuerdo por los interesados y no la hayan delegado a un tercero.�

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Art�culo 20. Competencia de los jueces civiles del circuito en primera instancia. Los jueces civiles del circuito conocen en primera instancia de los siguientes asuntos�

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1. De los contenciosos de mayor cuant�a, incluso los originados en relaciones de naturaleza agraria salvo los que le correspondan a la jurisdicci�n contencioso administrativa.�

��

Tambi�n conocer�n de los procesos contenciosos de mayor cuant�a por responsabilidad m�dica, de cualquier naturaleza y origen, sin consideraci�n a las partes, salvo los que correspondan a la jurisdicci�n contencioso administrativa.�

��

2. De los relativos a propiedad intelectual que no est�n atribuidos a la jurisdicci�n contencioso administrativa, sin perjuicio de las funciones jurisdiccionales que este c�digo atribuye a las autoridades administrativas.�

��

3. De los de competencia desleal, sin perjuicio de las funciones jurisdiccionales atribuidas a las autoridades administrativas.�

��

4. De todas las controversias que surjan con ocasi�n del contrato de sociedad, o por la aplicaci�n de las normas que gobiernan las dem�s personas jur�dicas de derecho privado, as� como de los de nulidad, disoluci�n y liquidaci�n de tales personas, salvo norma en contrario.�

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5. De los de expropiaci�n.�

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6. De los atribuidos a los jueces de familia en primera instancia, cuando en el circuito no exista juez de familia o promiscuo de familia.�

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7. De las acciones populares y de grupo no atribuidas a la jurisdicci�n de lo contencioso administrativo.�

��

8. De la impugnaci�n de actos de asambleas, juntas directivas, juntas de socios o de cualquier otro �rgano directivo de personas jur�dicas sometidas al derecho privado, sin perjuicio de la competencia atribuida a las autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales.�

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9. De los procesos de mayor cuant�a relacionados con el ejercicio de los derechos de los consumidores.�

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10. A prevenci�n con los jueces civiles municipales, de las peticiones sobre pruebas extraprocesales, sin consideraci�n a la calidad de las personas interesadas, ni a la autoridad donde se hayan de aducir.�

��

11. De los dem�s procesos o asuntos que no est�n atribuidos a otro juez.�

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TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

Art�culo 21. Competencia de los jueces de familia en �nica instancia. Los jueces de familia conocen en �nica instancia de los siguientes asuntos:�

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1. De la protecci�n del nombre de personas naturales.�

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2. De la suspensi�n y restablecimiento de la vida en com�n de los c�nyuges y la separaci�n de cuerpos y de bienes por mutuo acuerdo, sin perjuicio de la competencia atribuida a los notarios.�

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3. De la custodia, cuidado personal y visitas de los ni�os, ni�as y adolescentes, sin perjuicio de la competencia atribuida a los notarios.�

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4. De la autorizaci�n para cancelar el patrimonio de familia inembargable, sin perjuicio de la competencia atribuida a los notarios.�

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5. De la citaci�n judicial para el reconocimiento de hijo extramatrimonial, prevista en la ley.�

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6. De los permisos a menores de edad para salir del pa�s, cuando haya desacuerdo al respecto entre sus representantes legales o entre estos y quienes detenten la custodia y cuidado personal.�

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7. De la fijaci�n, aumento, disminuci�n y exoneraci�n de alimentos, de la oferta y ejecuci�n de los mismos y de la restituci�n de pensiones alimentarias.�

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8. De las medidas de protecci�n de la infancia en los casos de violencia intrafamiliar, cuando en el lugar no exista comisario de familia, y de los procedimientos judiciales para el restablecimiento de derechos de ni�os, ni�as y adolescentes.�

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9. De las controversias que se susciten entre padres o c�nyuges, o entre aquellos y sus hijos menores, respecto al ejercicio de la patria potestad y los litigios de igual naturaleza en los que el defensor de familia act�a en representaci�n de los hijos.�

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10. De las diferencias que surjan entre los c�nyuges sobre fijaci�n y direcci�n del hogar, derecho a ser recibido en este y obligaci�n de vivir juntos.�

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11. De la revisi�n de la declaratoria de adoptabilidad.�

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12. De la constituci�n, modificaci�n o levantamiento de la afectaci�n a vivienda familiar, sin perjuicio de la competencia atribuida a los notarios.�

��

13. De la licencia para disponer o gravar bienes, en los casos previstos por la ley.�

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14. De los asuntos de familia en que por disposici�n legal sea necesaria la intervenci�n del juez o este deba resolver con conocimiento de causa, o breve y sumariamente, o con prudente juicio o a manera de �rbitro.�

��

15. Del divorcio de com�n acuerdo, sin perjuicio de la competencia atribuida a los notarios.�

��

16. De los conflictos de competencia en asuntos de familia que se susciten entre defensores de familia, comisarios de familia, notarios e inspectores de polic�a.�

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17. De la protecci�n legal de las personas con discapacidad mental, sin perjuicio de la competencia atribuida por la ley a los notarios.�

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18. Homologaci�n de decisiones proferidas por otras autoridades en asuntos de familia, en los casos previstos en la ley.�

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19. La revisi�n de las decisiones administrativas proferidas por el defensor de familia, el comisario de familia y el inspector de polic�a en los casos previstos en la ley.�

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20. Resolver sobre el restablecimiento de derechos de la infancia cuando el defensor de familia o el comisario de familia hubiere perdido competencia.�

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Art�culo 22. Competencia de los jueces de familia en primera instancia. Los jueces de familia conocen, en primera instancia, de los siguientes asuntos:�

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1. De los procesos contenciosos de nulidad, divorcio de matrimonio civil, cesaci�n de efectos civiles del matrimonio religioso y separaci�n de cuerpos y de bienes.�

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2. De la investigaci�n e impugnaci�n de la paternidad y maternidad y de los dem�s asuntos referentes al estado civil que lo modifiquen o alteren.�

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3. De la liquidaci�n de sociedades conyugales o patrimoniales por causa distinta de la muerte de los c�nyuges, o cuando la disoluci�n haya sido declarada ante notario, o por juez diferente al de familia, sin perjuicio de la competencia atribuida por la ley a los notarios.�

��

4. De la p�rdida, suspensi�n y rehabilitaci�n de la patria potestad y de la administraci�n de los bienes de los hijos.�

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5. De la designaci�n y remoci�n y determinaci�n de la responsabilidad de guardadores.�

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6. De la aprobaci�n de las cuentas rendidas por el curador, consejero o administrador de los bienes de la persona con discapacidad mental o del albacea, y de la rendici�n de cuentas sobre la administraci�n de los bienes del pupilo.�

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7. De la adjudicaci�n, modificaci�n y terminaci�n de apoyos adju�dicados judicialmente.�

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8. De la adopci�n.�

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9. De los procesos de sucesi�n de mayor cuant�a, sin perjuicio de la competencia atribuida por la ley a los notarios.�

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10. De la nulidad, reforma y validez del testamento.�

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11. De la indignidad o incapacidad para suceder y del desheredamiento.�

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12. De la petici�n de herencia.�

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13. De las controversias sobre derechos a la sucesi�n por testamento o abintestato o por incapacidad de los asignatarios.�

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14. De las acciones relativas a la caducidad, a la inexistencia o a la nulidad de las capitulaciones matrimoniales.�

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15. De la revocaci�n de la donaci�n por causa del matrimonio.�

��

16. Del litigio sobre propiedad de bienes, cuando se discuta si estos son propios del c�nyuge o del compa�ero o compa�era permanente o si pertenecen a la sociedad conyugal o patrimonial.�

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17. De las controversias sobre la subrogaci�n de bienes o las compensaciones respecto del c�nyuge o del compa�ero o compa�era permanente y a cargo de la sociedad conyugal o patrimonial o a favor de estas o a cargo de aquellos en caso de disoluci�n y liquidaci�n de la sociedad conyugal o patrimonial.�

��

18. De la reivindicaci�n por el heredero sobre cosas hereditarias o por el c�nyuge o compa�ero permanente sobre bienes sociales.�

��

19. De la rescisi�n de la partici�n por lesi�n o nulidad en las sucesiones por causa de muerte y la liquidaci�n de sociedades conyugales o patrimoniales entre compa�eros permanentes.�

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20. De los procesos sobre declaraci�n de existencia de uni�n marital de hecho y de la sociedad patrimonial entre compa�eros permanentes, sin perjuicio de la competencia atribuida a los notarios.�

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21. De la declaraci�n de ausencia y de la declaraci�n de muerte por desaparecimiento, sin perjuicio de la competencia atribuida a los notarios.�

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22. De la sanci�n prevista en el art�culo 1824 del C�digo Civil.�

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23. De la restituci�n internacional de ni�os, ni�as y adolescentes y de la restituci�n de menores en el pa�s.�

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TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

Art�culo 23. Fuero de atracci�n. Cuando la sucesi�n que se est� tramitando sea de mayor cuant�a, el juez que conozca de ella y sin necesidad de reparto, ser� competente para conocer de todos los juicios que versen sobre nulidad y validez del testamento, reforma del testamento, desheredamiento, indignidad o incapacidad para suceder, petici�n de herencia, reivindicaci�n por el heredero sobre cosas hereditarias, controversias sobre derechos a la sucesi�n por testamento o abintestato o por incapacidad de los asignatarios, lo mismo que de los procesos sobre el r�gimen econ�mico del matrimonio y la sociedad patrimonial entre compa�eros permanentes, relativos a la rescisi�n de la partici�n por lesi�n y nulidad de la misma, las acciones que resulten de la caducidad, inexistencia o nulidad de las capitulaciones matrimoniales, la revocaci�n de la donaci�n por causa del matrimonio, el litigio sobre la propiedad de bienes, cuando se disputa si estos son propios o de la sociedad conyugal, y las controversias sobre subrogaci�n de bienes o las compensaciones respecto de los c�nyuges y a cargo de la sociedad conyugal o a favor de esta o a cargo de aquellos en caso de disoluci�n y liquidaci�n de la sociedad conyugal o sociedad patrimonial entre compa�eros permanentes.�

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La solicitud y pr�ctica de medidas cautelares extraprocesales que autorice la ley corresponde al juez que fuere competente para tramitar el proceso al que est�n destinadas. La demanda podr� presentarse ante el mismo juez que decret� y practic� la medida cautelar, caso en el cual no ser� sometida a reparto. Las autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales tambi�n podr�n decretar y practicar las medidas cautelares extraprocesales autorizadas por la ley.�

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Salvo norma en contrario, dentro de los veinte (20) d�as siguientes a la pr�ctica de la medida cautelar, el solicitante deber� presentar la demanda correspondiente, so pena de ser levantada inmediatamente. En todo caso el afectado conserva el derecho a reclamar, por medio de incidente, la liquidaci�n de los perjuicios que se hayan causado. La liquidaci�n de perjuicios se sujetar� a lo previsto en el art�culo 283.�

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Art�culo 24. Ejercicio de funciones jurisdiccionales por autoridades administrativas. Las autoridades administrativas a que se refiere este art�culo ejercer�n funciones jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas:�

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1. La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos que versen sobre:�

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a) Violaci�n a los derechos de los consumidores establecidos en el Estatuto del Consumidor.�

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b) Violaci�n a las normas relativas a la competencia desleal.�

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2. La Superintendencia Financiera de Colombia conocer� de las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecuci�n y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasi�n de la actividad financiera, burs�til, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversi�n de los recursos captados del p�blico.�

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3. Las autoridades nacionales competentes en materia de propiedad intelectual:�

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a) La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos de infracci�n de derechos de propiedad industrial.�

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b) La Direcci�n Nacional de Derechos de Autor en los procesos relacionados con los derechos de autor y conexos.�

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c) El Instituto Colombiano Agropecuario en los procesos por infracci�n a los derechos de obtentor de variedades vegetales.�

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4. El Ministerio de Justicia y del Derecho, o quien haga sus veces, a trav�s de la dependencia que para tales efectos determine la estructura interna, podr�, bajo el principio de gradualidad en la oferta, operar servicios de justicia en todos los asuntos jurisdiccionales que de conformidad con lo establecido en la Ley 446 de 1998 sobre descongesti�n, eficiencia y acceso a la justicia han sido atribuidos a la Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia Financiera y Superintendencia de Sociedades, as� como en los asuntos jurisdiccionales relacionados con el tr�mite de insolvencia de personas naturales no comerciantes y los asuntos previstos en la Ley 1098 de 2006 de conocimiento de los defensores y comisarios de familia. Tambi�n podr� asesorar y ejercer la representaci�n judicial de las personas que inicien procesos judiciales de declaraci�n de pertenencia con miras al saneamiento de sus propiedades.�

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5. La Superintendencia de Sociedades tendr� facultades jurisdiccionales en materia societaria, referidas a:�

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a) Las controversias relacionadas con el cumplimiento de los acuerdos de accionistas y la ejecuci�n espec�fica de las obligaciones pactadas en los acuerdos.�

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b) La resoluci�n de conflictos societarios, las diferencias que ocurran entre los accionistas, o entre estos y la sociedad o entre estos y sus administradores, en desarrollo del contrato social o del acto unilateral.�

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c) La impugnaci�n de actos de asambleas, juntas directivas, juntas de socios o de cualquier otro �rgano directivo de personas sometidas a su supervisi�n. Con todo, la acci�n indemnizatoria a que haya lugar por los posibles perjuicios que se deriven del acto o decisi�n que se declaren nulos ser� competencia exclusiva del Juez.�

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d) La declaratoria de nulidad de los actos defraudatorios y la desestimaci�n de la personalidad jur�dica de las sociedades sometidas a su supervisi�n, cuando se utilice la sociedad en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y los administradores que hubieren realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios, responder�n solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados. As� mismo, conocer� de la acci�n indemnizatoria a que haya lugar por los posibles perjuicios que se deriven de los actos defraudatorios.�

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e) La declaratoria de nulidad absoluta de la determinaci�n adoptada en abuso del derecho por ilicitud del objeto y la de indemnizaci�n de perjuicios, en los casos de abuso de mayor�a, como en los de minor�a y de paridad, cuando los accionistas no ejerzan su derecho a voto en inter�s de la compa��a con el prop�sito de causar da�o a la compa��a o a otros accionistas o de obtener para s� o para un tercero ventaja injustificada, as� como aquel voto del que pueda resultar un perjuicio para la compa��a o para los otros accionistas.�

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6. La Superintendencia de Sociedades tendr� facultades jurisdiccionales en materia de garant�as mobiliarias�

��

Par�grafo 1�. Las funciones jurisdiccionales a que se refiere este art�culo, generan competencia a prevenci�n y, por ende, no excluyen la competencia otorgada por la ley a las autoridades judiciales y a las autoridades administrativas en estos determinados asuntos.�

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Cuando las autoridades administrativas ejercen funciones jurisdiccionales, el principio de inmediaci�n se cumple con la realizaci�n del acto por parte de los funcionarios que, de acuerdo con la estructura interna de la entidad, est�n habilitados para ello, su delegado o comisionado.�

��

Par�grafo 2�. Las autoridades administrativas que a la fecha de promulgaci�n de esta ley no se encuentren ejerciendo funciones jurisdiccionales en las materias precisas que aqu� se les atribuyen, administrar�n justicia bajo el principio de gradualidad de la oferta. De acuerdo con lo anterior, estas autoridades informar�n las condiciones y la fecha a partir de la cual ejercer�n dichas funciones jurisdiccionales.�

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Par�grafo 3�. Las autoridades administrativas tramitar�n los procesos a trav�s de las mismas v�as procesales previstas en la ley para los jueces.�

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Las providencias que profieran las autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales no son impugnables ante la jurisdicci�n contencioso administrativa.�

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Las apelaciones de providencias proferidas por las autoridades administrativas en primera instancia en ejercicio de funciones jurisdiccionales se resolver�n por la autoridad judicial superior funcional del juez que hubiese sido competente en caso de haberse tramitado la primera instancia ante un juez y la providencia fuere apelable.�

��

Cuando la competencia la hubiese podido ejercer el juez en �nica instancia, los asuntos atribuidos a las autoridades administrativas se tramitar�n en �nica instancia.�

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Par�grafo 4�. Las partes podr�n concurrir directamente a los procesos que se tramitan ante autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales sin necesidad de abogado, solamente en aquellos casos en que de haberse tramitado el asunto ante los jueces, tampoco hubiese sido necesaria la concurrencia a trav�s de abogado.�

��

Par�grafo 5�. Las decisiones adoptadas en los procesos concursales y de reorganizaci�n, de liquidaci�n y de validaci�n de acuerdos extrajudiciales de reorganizaci�n, ser�n de �nica instancia, y seguir�n los t�rminos de duraci�n previstos en el respectivo procedimiento.�

��

Par�grafo 6�. Las competencias que enuncia este art�culo no excluyen las otorgadas por otras leyes especiales por la naturaleza del asunto.�

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JURISPRUDENCIA [Mostrar]

Art�culo 25. Cuant�a. Cuando la competencia se determine por la cuant�a, los procesos son de mayor, de menor y de m�nima cuant�a.�

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Son de m�nima cuant�a cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que no excedan el equivalente a cuarenta salarios m�nimos legales mensuales vigentes (40 smlmv).�

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Son de menor cuant�a cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a cuarenta salarios m�nimos legales mensuales vigentes (40 smlmv) sin exceder el equivalente a ciento cincuenta salarios m�nimos legales mensuales vigentes (150 smlmv).�

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Son de mayor cuant�a cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a ciento cincuenta salarios m�nimos legales mensuales vigentes (150 smlmv).�

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El salario m�nimo legal mensual a que se refiere este art�culo, ser� el vigente al momento de la presentaci�n de la demanda.�

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Cuando se reclame la indemnizaci�n de da�os extrapatrimoniales se tendr�n en cuenta, solo para efectos de determinar la competencia por raz�n de la cuant�a, los par�metros jurisprudenciales m�ximos al momento de la presentaci�n de la demanda.�

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Par�grafo. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, previo concepto favorable del Gobierno Nacional, podr� modificar las cuant�as previstas en el presente art�culo, cuando las circunstancias as� lo recomienden.�

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JURISPRUDENCIA [Mostrar]

Art�culo 26. Determinaci�n de la cuant�a. La cuant�a se determinar� as�:�

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1. Por el valor de todas las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios que se causen con posterioridad a su presentaci�n.�

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2. En los procesos de deslinde y amojonamiento, por el aval�o catastral del inmueble en poder del demandante.�

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3. En los procesos de pertenencia, los de saneamiento de la titulaci�n y los dem�s que versen sobre el dominio o la posesi�n de bienes, por el aval�o catastral de estos.�

��

4. En los procesos divisorios que versen sobre bienes inmuebles por el valor del aval�o catastral y cuando versen sobre bienes muebles por el valor de los bienes objeto de la partici�n o venta.�

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5. En los procesos de sucesi�n, por el valor de los bienes relictos, que en el caso de los inmuebles ser� el aval�o catastral.�

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6. En los procesos de tenencia por arrendamiento, por el valor actual de la renta durante el t�rmino pactado inicialmente en el contrato, y si fuere a plazo indefinido por el valor de la renta de los doce (12) meses anteriores a la presentaci�n de la demanda. Cuando la renta deba pagarse con los frutos naturales del bien arrendado, por el valor de aquellos en los �ltimos doce (12) meses. En los dem�s procesos de tenencia la cuant�a se determinar� por el valor de los bienes, que en el caso de los inmuebles ser� el aval�o catastral.�

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7. En los procesos de servidumbres, por el aval�o catastral del predio sirviente.�

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Art�culo 27. Conservaci�n y alteraci�n de la competencia. La competencia no variar� por la intervenci�n sobreviniente de personas que tengan fuero especial o porque dejaren de ser parte en el proceso, salvo cuando se trate de un estado extranjero o un agente diplom�tico acreditado ante el Gobierno de la Rep�blica frente a los cuales la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia tenga competencia.�

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La competencia por raz�n de la cuant�a podr� modificarse solo en los procesos contenciosos que se tramitan ante juez municipal, por causa de reforma de demanda, demanda de reconvenci�n o acumulaci�n de procesos o de demandas.�

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Cuando se altere la competencia con arreglo a lo dispuesto en este art�culo, lo actuado hasta entonces conservar� su validez y el juez lo remitir� a quien resulte competente.�

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Se alterar� la competencia cuando la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura haya dispuesto que una vez en firme la sentencia deban remitirse los expedientes a las oficinas de apoyo u oficinas de ejecuci�n de sentencias declarativas o ejecutivas. En este evento los funcionarios y empleados judiciales adscritos a dichas oficinas ejercer�n las actuaciones jurisdiccionales y administrativas que sean necesarias para seguir adelante la ejecuci�n ordenada en la sentencia.�

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Art�culo 28. Competencia territorial. La competencia territorial se sujeta a las siguientes reglas:�

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1. En los procesos contenciosos, salvo disposici�n legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elecci�n del demandante. Cuando el demandado carezca de domicilio en el pa�s, ser� competente el juez de su residencia. Cuando tampoco tenga residencia en el pa�s o esta se desconozca, ser� competente el juez del domicilio o de la residencia del demandante.�

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2. En los procesos de alimentos, nulidad de matrimonio civil y divorcio, cesaci�n de efectos civiles, separaci�n de cuerpos y de bienes, declaraci�n de existencia de uni�n marital de hecho, liquidaci�n de sociedad conyugal o patrimonial y en las medidas cautelares sobre personas o bienes vinculados a tales procesos o a la nulidad de matrimonio cat�lico, ser� tambi�n competente el juez que corresponda al domicilio com�n anterior, mientras el demandante lo conserve.�

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En los procesos de alimentos, p�rdida o suspensi�n de la patria potestad, investigaci�n o impugnaci�n de la paternidad o maternidad, custodias, cuidado personal y regulaci�n de visitas, permisos para salir del pa�s, medidas cautelares sobre personas o bienes vinculados a tales procesos, en los que el ni�o, ni�a o adolescente sea demandante o demandado, la competencia corresponde en forma privativa al juez del domicilio o residencia de aquel.�

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3. En los procesos originados en un negocio jur�dico o que involucren t�tulos ejecutivos es tambi�n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulaci�n de domicilio contractual para efectos judiciales se tendr� por no escrita.�

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4. En los procesos de nulidad, disoluci�n y liquidaci�n de sociedades, y en los que se susciten por controversias entre los socios en raz�n de la sociedad, civil o comercial, aun despu�s de su liquidaci�n, es competente el juez del domicilio principal de la sociedad.�

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5. En los procesos contra una persona jur�dica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia ser�n competentes, a prevenci�n, el juez de aquel y el de esta.�

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6. En los procesos originados en responsabilidad extracontractual es tambi�n competente el juez del lugar en donde sucedi� el hecho.�

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7. En los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci�n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restituci�n de tenencia, declaraci�n de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, ser� competente, de modo privativo, el juez del lugar donde est�n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci�n del demandante.�

��

8. En los procesos concursales y de insolvencia, ser� competente, de manera privativa, el juez del domicilio del deudor.�

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9. En los procesos en que la naci�n sea demandante es competente el juez que corresponda a la cabecera de distrito judicial del domicilio del demandado y en los que la naci�n sea demandada, el del domicilio que corresponda a la cabecera de distrito judicial del demandante.�

��

Cuando una parte est� conformada por la naci�n y cualquier otro sujeto, prevalecer� el fuero territorial de aquella.�

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10. En los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p�blica, conocer� en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad.�

��

Cuando la parte est� conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p�blica y cualquier otro sujeto, prevalecer� el fuero territorial de aquellas.�

��

11. En los procesos de propiedad intelectual y de competencia desleal es tambi�n competente el juez del lugar donde se haya violado el derecho o realizado el acto, o donde este surta sus efectos si se ha realizado en el extranjero, o el del lugar donde funciona la empresa, local o establecimiento o donde ejerza la actividad el demandado cuando la violaci�n o el acto est� vinculado con estos lugares.�

��

12. En los procesos de sucesi�n ser� competente el juez del �ltimo domicilio del causante en el territorio nacional, y en caso de que a su muerte hubiere tenido varios, el que corresponda al asiento principal de sus negocios.�

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13. En los procesos de jurisdicci�n voluntaria la competencia se determinar� as�:�

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a) En los de guarda de ni�os, ni�as o adolescentes, interdicci�n y guarda de personas con discapacidad mental o de sordomudo, ser� competente el juez de la residencia del incapaz.�

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b) En los de declaraci�n de ausencia o de muerte por desaparecimiento de una persona conocer� el juez del �ltimo domicilio que el ausente o el desaparecido haya tenido en el territorio nacional.�

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c) En los dem�s casos, el juez del domicilio de quien los promueva.�

��

14. Para la pr�ctica de pruebas extraprocesales, de requerimientos y diligencias varias, ser� competente el juez del lugar donde deba practicarse la prueba o del domicilio de la persona con quien debe cumplirse el acto, seg�n el caso.�

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JURISPRUDENCIA [Mostrar]

Art�culo 29. Prelaci�n de competencia. Es prevalente la competencia establecida en consideraci�n a la calidad de las partes.�

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Las reglas de competencia por raz�n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor.�

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Art�culo 30. Competencia de la Sala de Casaci�n Civil de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia conoce en Sala de Casaci�n Civil:�

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1. De los recursos de casaci�n.�

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2. De los recursos de revisi�n que no est�n atribuidos a los tribunales superiores.�

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3. Del recurso de queja cuando se niegue el de casaci�n.�

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4. Del exequ�tur de sentencias proferidas en pa�s extranjero, sin perjuicio de lo estipulado en los tratados internacionales.�

��

5. Del exequ�tur de laudos arbitrales proferidos en el extranjero, de conformidad con las normas que regulan la materia.�

��

6. De los procesos contenciosos en que sea parte un Estado extranjero, un agente diplom�tico acreditado ante el Gobierno de la Rep�blica, en los casos previstos por el derecho internacional.�

��

7. Del recurso de revisi�n contra laudos arbitrales que no est�n atribuidos a la jurisdicci�n de lo contencioso administrativo.�

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8. De las peticiones de cambio de radicaci�n de un proceso o actuaci�n de car�cter civil, comercial, agrario o de familia, que implique su remisi�n de un distrito judicial a otro.�

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El cambio de radicaci�n se podr� disponer excepcionalmente cuando en el lugar en donde se est� adelantando existan circunstancias que puedan afectar el orden p�blico, la imparcialidad o la independencia de la administraci�n de justicia, las garant�as procesales o la seguridad o integridad de los intervinientes. A la solicitud de cambio de radicaci�n se adjuntar�n las pruebas que se pretenda hacer valer y se resolver� de plano por auto que no admite recursos. La solicitud de cambio de radicaci�n no suspende el tr�mite del proceso.�

��

Adicionalmente, podr� ordenarse el cambio de radicaci�n cuando se adviertan deficiencias de gesti�n y celeridad de los procesos, previo concepto de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.�

��

Par�grafo. El Procurador General de la Naci�n o el Director de la Agencia Nacional de Defensa Jur�dica del Estado tambi�n est�n legitimados para solicitar el cambio de radicaci�n previsto en el numeral 8.�

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Art�culo 31. Competencia de las salas civiles de los tribunales superiores. Los tribunales superiores de distrito judicial conocen, en sala civil:�

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1. De la segunda instancia de los procesos que conocen en primera los jueces civiles de circuito.�

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2. De la segunda instancia de los procesos que conocen en primera instancia las autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, cuando el juez desplazado en su competencia sea el juez civil del circuito. En estos casos, conocer� el tribunal superior del distrito judicial de la sede principal de la autoridad administrativa o de la sede regional correspondiente al lugar en donde se adopt� la decisi�n, seg�n fuere el caso.�

��

3. Del recurso de queja contra los autos que nieguen apelaciones de providencias proferidas por las autoridades mencionadas en los numerales anteriores.�

��

4. Del recurso de revisi�n contra las sentencias dictadas por los jueces civiles de circuito, civiles municipales y de peque�as causas, y por las autoridades administrativas cuando ejerzan funciones jurisdiccionales.�

��

5. Del recurso de anulaci�n contra laudos arbitrales que no est� atribuido a la jurisdicci�n de lo contencioso administrativo.�

��

6. De las peticiones de cambio de radicaci�n de un proceso o actuaci�n, que implique su remisi�n al interior de un mismo distrito judicial, de conformidad con lo previsto en el numeral 8 del art�culo 30.�

��

Par�grafo. El Procurador General de la Naci�n o el Director de la Agencia Nacional de Defensa Jur�dica del Estado tambi�n est�n legitimados para solicitar el cambio de radicaci�n previsto en el numeral 6.�

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Art�culo 32. Competencia de las salas de familia de los tribunales superiores. Los tribunales superiores de distrito judicial conocen, en sala de familia:�

��

1. De la segunda instancia de los procesos que se tramiten en primera instancia ante los jueces de familia y civiles del circuito en asuntos de familia.�

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2. Del recurso de queja contra los autos que nieguen apelaciones de providencias dictadas por los jueces de familia.�

��

3. Del recurso de revisi�n contra las sentencias dictadas en asuntos de familia por los jueces de familia y civiles.�

��

4. Del levantamiento de la reserva de las diligencias administrativas o judiciales de adopci�n.�

��

5. De las peticiones de cambio de radicaci�n de un proceso o actuaci�n de familia, que implique su remisi�n al interior de un mismo distrito judicial, de conformidad con lo previsto en el numeral 8 del art�culo 30.�

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6. De los dem�s asuntos de familia que en segunda instancia le asigne la ley.�

��

Par�grafo. El Procurador General de la Naci�n o el Director de la Agencia Nacional de Defensa Jur�dica del Estado tambi�n est�n legitimados para solicitar el cambio de radicaci�n previsto en el numeral 5.�

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Art�culo 33. Competencia funcional de los jueces civiles del circuito. Los jueces civiles del circuito conocer�n en segunda instancia:�

��

1. De los procesos atribuidos en primera a los jueces municipales, incluso los asuntos de familia, cuando en el respectivo circuito no haya juez de familia.�

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2. De los procesos atribuidos en primera a las autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, cuando el juez desplazado en su competencia sea el juez civil municipal. En estos casos, conocer� el juez civil del circuito de la sede principal de la autoridad administrativa o de la sede regional correspondiente al lugar en donde se adopt� la decisi�n, seg�n fuere el caso.�

��

3. Del recurso de queja contra los autos que nieguen apelaciones de providencias proferidas por las autoridades mencionadas en los numerales anteriores.�

��

Art�culo 34. Competencia funcional de los jueces de familia. Corresponde a los jueces de familia conocer en segunda instancia de los procesos de sucesi�n de menor cuant�a atribuidos en primera al juez municipal, de los dem�s asuntos de familia que tramite en primera instancia el juez municipal, as� como del recurso de queja de todos ellos.�

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Art�culo 35. Atribuciones de las salas de decisi�n y del magistrado sustanciador. Corresponde a las salas de decisi�n dictar las sentencias y los autos que decidan la apelaci�n contra el que rechace el incidente de liquidaci�n de perjuicios de condena impuesta en abstracto o el que rechace la oposici�n a la diligencia de entrega o resuelva sobre ella. El magistrado sustanciador dictar� los dem�s autos que no correspondan a la sala de decisi�n.�

��

Los autos que resuelvan apelaciones, dictados por la sala o por el magistrado sustanciador, no admiten recurso.�

��

A solicitud del magistrado sustanciador, la sala plena especializada o �nica podr� decidir los recursos de apelaci�n interpuestos contra autos o sentencias, cuando se trate de asuntos de trascendencia nacional, o se requiera unificar la jurisprudencia o establecer un precedente judicial.�

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Art�culo 36. Audiencias y diligencias. Las audiencias y diligencias que realicen los jueces colegiados ser�n presididas por el ponente, y a ellas deber�n concurrir todos los magistrados que integran la Sala, so pena de nulidad.�

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Art�culo 37. Reglas generales. La comisi�n solo podr� conferirse para la pr�ctica de pruebas en los casos que autoriza el art�culo 171, para la de otras diligencias que deban surtirse fuera de la sede del juez del conocimiento, y para secuestro y entrega de bienes en dicha sede, en cuanto fuere menester. No podr� comisionarse para la pr�ctica de medidas cautelares extraprocesales.�

��

La comisi�n podr� consistir en la solicitud, por cualquier v�a expedita, de auxilio a otro servidor p�blico para que realice las diligencias necesarias que faciliten la pr�ctica de las pruebas por medio de videoconferencia, teleconferencia o cualquier otro medio id�neo de comunicaci�n simult�nea.�

��

Cuando se ordene practicar medidas cautelares antes de la notificaci�n del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo, a petici�n y costa de la parte actora y sin necesidad de que el juez lo ordene, se anexar� al despacho comisorio una copia del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo, para efectos de que el comisionado realice la notificaci�n personal.�

��

El retiro y entrega de copias de la demanda y sus anexos as� como la fecha a partir de la cual debe computarse el t�rmino de traslado de la demanda, estar� sujeto a lo previsto en el art�culo 91 de este c�digo.�

��

Cuando el despacho judicial comitente y el comisionado tengan habilitado el Plan de Justicia Digital, no ser� necesaria la remisi�n f�sica de dichos documentos por parte del comitente.�

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Art�culo 38. Competencia. La Corte podr� comisionar a las dem�s autoridades judiciales. Los tribunales superiores y los jueces podr�n comisionar a las autoridades judiciales de igual o de inferior categor�a.�

��

Podr� comisionarse a las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales o administrativas en lo que concierne a esa especialidad.�

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Cuando no se trate de recepci�n o pr�ctica de pruebas podr� comisionarse a los alcaldes y dem�s funcionarios de polic�a, sin perjuicio del auxilio que deban prestar, en la forma se�alada en el art�culo anterior.�

��

El comisionado deber� tener competencia en el lugar de la diligencia que se le delegue, pero cuando esta verse sobre inmuebles ubicados en distintas jurisdicciones territoriales podr� comisionarse a cualquiera de las mencionadas autoridades de dichos territorios, la que ejercer� competencia en ellos para tal efecto.�

��

El comisionado que carezca de competencia territorial para la diligencia devolver� inmediatamente el despacho al comitente. La nulidad por falta de competencia territorial del comisionado podr� alegarse hasta el momento de iniciarse la pr�ctica de la diligencia.�

��

PAR�GRAFO 1. Cuando los alcaldes o dem�s funcionarios de polic�a sean 11 comisionados o subcomisionados para los fines establecidos en este art�culo, deber�n ejecutar la comisi�n directamente o podr�n subcomisionar a una autoridad que tenga jurisdicci�n y competencia de la respectiva alcald�a, quienes ejercer�n transitoriamente como autoridad administrativa de polic�a. No se podr� comisionar a los cuerpos colegiados de polic�a.�

PAR�GRAFO 2. Cuando los alcaldes o dem�s autoridades sean comisionados para los fines establecidos en este art�culo, deber�n ejecutar la comisi�n exactamente en el mismo orden en que hayan sido recibidos para tal fin.�

PAR�GRAFO 3. La subcomisi�n de diligencias jurisdiccionales o administrativas de los alcaldes a los inspectores de polic�a solamente proceder� cuando existan previamente o se creen las capacidades institucionales suficientes para el desarrollo de la nueva carga laboral que la subcomisi�n implica�

TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

Art�culo 39. Otorgamiento y pr�ctica de la comisi�n. La providencia que confiera una comisi�n indicar� su objeto con precisi�n y claridad. El despacho que se libre llevar� una reproducci�n del contenido de aquella, de las piezas que haya ordenado el comitente y de las dem�s que soliciten las partes, siempre que suministren las expensas en el momento de la solicitud. En ning�n caso se remitir� al comisionado el expediente original.�

��

Cuando el despacho judicial comitente y el comisionado tengan habilitado el Plan de Justicia Digital, se le comunicar� al juez comisionado la providencia que confiere la comisi�n sin necesidad de librar despacho comisorio y se le dar� acceso a la totalidad del expediente.�

��

Cuando la comisi�n tenga por objeto la pr�ctica de pruebas el comitente se�alar� el t�rmino para su realizaci�n, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art�culo 121. En los dem�s casos, el comisionado fijar� para tal efecto el d�a m�s pr�ximo posible y la hora para su iniciaci�n, en auto que se notificar� por estado.�

��

Concluida la comisi�n se devolver� el despacho al comitente, sin que sea permitido al comisionado realizar ninguna actuaci�n posterior.�

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El comisionado que incumpla el t�rmino se�alado por el comitente o retarde injustificadamente el cumplimiento de la comisi�n ser� sancionado con multa de cinco (5) a diez (10) salarios m�nimos legales mensuales vigentes (smlmv) que le ser� impuesta por el comitente.�

��

Art�culo 40. Poderes del comisionado. El comisionado tendr� las mismas facultades del comitente en relaci�n con la diligencia que se le delegue, inclusive las de resolver reposiciones y conceder apelaciones contra las providencias que dicte, susceptibles de esos recursos. Sobre la concesi�n de las apelaciones que se interpongan se resolver� al final de la diligencia.�

��

Toda actuaci�n del comisionado que exceda los l�mites de sus facultades es nula. La nulidad podr� alegarse a m�s tardar dentro de los cinco (5) d�as siguientes al de la notificaci�n del auto que ordene agregar el despacho diligenciado al expediente. La petici�n de nulidad se resolver� de plano por el comitente, y el auto que la decida solo ser� susceptible de reposici�n.�

��

Art�culo 41. Comisi�n en el exterior. Cuando la diligencia haya de practicarse en territorio extranjero, el juez, seg�n la naturaleza de la actuaci�n y la urgencia de la misma, y con arreglo a los tratados y convenios internacionales de cooperaci�n judicial, podr�:�

��

1. Enviar carta rogatoria, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, a una de las autoridades judiciales del pa�s donde ha de practicarse la diligencia, a fin de que la practique y devuelva por conducto del agente diplom�tico o consular de Colombia o el de un pa�s amigo.�

��

2. Comisionar directamente al c�nsul o agente diplom�tico de Colombia en el pa�s respectivo para que practique la diligencia de conformidad con las leyes nacionales y la devuelva directamente. Los c�nsules y agentes diplom�ticos de Colombia en el exterior quedan facultados para practicar todas las diligencias judiciales para las cuales sean comisionados.�

��

Para los procesos concursales y de insolvencia se aplicar�n los mecanismos de coordinaci�n, comunicaci�n y cooperaci�n previstos en el r�gimen de insolvencia transfronteriza.�

��

��

Art�culo 42. Deberes del juez. Son deberes del juez:�

��

1. Dirigir el proceso, velar por su r�pida soluci�n, presidir las audiencias, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralizaci�n y dilaci�n del proceso y procurar la mayor econom�a procesal.�

��

2. Hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso, usando los poderes que este c�digo le otorga.�

��

3. Prevenir, remediar, sancionar o denunciar por los medios que este c�digo consagra, los actos contrarios a la dignidad de la justicia, lealtad, probidad y buena fe que deben observarse en el proceso, lo mismo que toda tentativa de fraude procesal.�

��

4. Emplear los poderes que este c�digo le concede en materia de pruebas de oficio para verificar los hechos alegados por las partes.�

��

5. Adoptar las medidas autorizadas en este c�digo para sanear los vicios de procedimiento o precaverlos, integrar el litisconsorcio necesario e interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto. Esta interpretaci�n debe respetar el derecho de contradicci�n y el principio de congruencia.�

��

6. Decidir aunque no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, o aquella sea oscura o incompleta, para lo cual aplicar� las leyes que regulen situaciones o materias semejantes, y en su defecto la doctrina constitucional, la jurisprudencia, la costumbre y los principios generales del derecho sustancial y procesal.�

��

7. Motivar la sentencia y las dem�s providencias, salvo los autos de mero tr�mite.�

��

La sustentaci�n de las providencias deber� tambi�n tener en cuenta lo previsto en el art�culo 7 sobre doctrina probable.�

��

8. Dictar las providencias dentro de los t�rminos legales, fijar las audiencias y diligencias en la oportunidad legal y asistir a ellas.�

��

9. Guardar reserva sobre las decisiones que deban dictarse en los procesos. El mismo deber rige para los empleados judiciales.�

��

10. Presidir el reparto de los asuntos cuando corresponda.�

��

11. Verificar con el secretario las cuestiones relativas al proceso y abstenerse de solicitarle por auto informe sobre hechos que consten en el expediente.�

��

12. Realizar el control de legalidad de la actuaci�n procesal una vez agotada cada etapa del proceso.�

��

13. Usar la toga en las audiencias.�

��

14. Usar el Plan de Justicia Digital cuando se encuentre implementado en su despacho judicial.�

��

15. Los dem�s que se consagren en la ley.�

��

Art�culo 43. Poderes de ordenaci�n e instrucci�n. El juez tendr� los siguientes poderes de ordenaci�n e instrucci�n:�

��

1. Resolver los procesos en equidad si versan sobre derechos disponibles, las partes lo solicitan y son capaces, o la ley lo autoriza.�

��

2. Rechazar cualquier solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilaci�n manifiesta.�

��

3. Ordenar a las partes aclaraciones y explicaciones en torno a las posiciones y peticiones que presenten.�

��

4. Exigir a las autoridades o a los particulares la informaci�n que, no obstante haber sido solicitada por el interesado, no le haya sido suministrada, siempre que sea relevante para los fines del proceso. El juez tambi�n har� uso de este poder para identificar y ubicar los bienes del ejecutado.�

��

5. Ratificar, por el medio m�s expedito posible, la autenticidad y veracidad de las excusas que presenten las partes o sus apoderados o terceros para justificar su inasistencia a audiencias o diligencias. En caso de encontrar inconsistencias o irregularidades, adem�s de rechazar la excusa y aplicar las consecuencias legales que correspondan dentro del proceso o actuaci�n, el juez compulsar� copias para las investigaciones penales o disciplinarias a que haya lugar.�

��

6. Los dem�s que se consagren en la ley.�

��

Art�culo 44. Poderes correccionales del juez. Sin perjuicio de la acci�n disciplinaria a que haya lugar, el juez tendr� los siguientes poderes correccionales:�

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1. Sancionar con arresto inconmutable hasta por cinco (5) d�as a quienes le falten al debido respeto en el ejercicio de sus funciones o por raz�n de ellas.�

��

2. Sancionar con arresto inconmutable hasta por quince (15) d�as a quien impida u obstaculice la realizaci�n de cualquier audiencia o diligencia.�

��

3. Sancionar con multas hasta por diez (10) salarios m�nimos legales mensuales vigentes (smlmv) a sus empleados, a los dem�s empleados p�blicos y a los particulares que sin justa causa incumplan las �rdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su ejecuci�n.�

��

4. Sancionar con multas hasta por diez (10) salarios m�nimos legales mensuales vigentes (smlmv) a los empleadores o representantes legales que impidan la comparecencia al despacho judicial de sus trabajadores o representados para rendir declaraci�n o atender cualquier otra citaci�n que les haga.�

��

5. Expulsar de las audiencias y diligencias a quienes perturben su curso.�

��

6. Ordenar que se devuelvan los escritos irrespetuosos contra los funcionarios, las partes o terceros.�

��

7. Los dem�s que se consagren en la ley.�

��

Par�grafo. Para la imposici�n de las sanciones previstas en los cinco primeros numerales, el juez seguir� el procedimiento previsto en el art�culo 59 de la Ley Estatutaria de la Administraci�n de Justicia. El juez aplicar� la respectiva sanci�n, teniendo en cuenta la gravedad de la falta.�

��

Cuando el infractor no se encuentre presente, la sanci�n se impondr� por medio de incidente que se tramitar� en forma independiente de la actuaci�n principal del proceso.�

��

Contra las sanciones correccionales solo procede el recurso de reposici�n, que se resolver� de plano.�

��

JURISPRUDENCIA [Mostrar]

Art�culo 45. Ministerio P�blico. Las funciones del Ministerio P�blico se ejercen:�

��

1. Ante la Corte Suprema de Justicia y los tribunales superiores de distrito judicial, por el respectivo procurador delegado.�

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2. Ante los jueces del circuito, municipales y de familia, por los procuradores delegados. Tambi�n podr�n hacerlo a trav�s de los personeros municipales del respectivo municipio, como delegados suyos y bajo su direcci�n.�

��

3. Ante las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales, a trav�s de quien fuere competente en caso de haberse tramitado el proceso ante un juez o tribunal.�

��

4. Ante los tribunales de arbitraje, de acuerdo con las reglas especiales que rigen la materia. A falta de norma expresa, a trav�s de quien fuere competente en caso de haberse tramitado el proceso ante un juez o tribunal.�

��

Los agentes del Ministerio P�blico deben declararse impedidos cuando ellos, su c�nyuge o compa�ero permanente, o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tengan inter�s en el proceso. Al declararse impedidos expresar�n los hechos en que se fundan. Los impedimentos y las recusaciones deben ser resueltos por el superior del funcionario que act�e como agente del Ministerio P�blico y si las declara fundadas designar� a quien deba reemplazarlo.�

��

Par�grafo. La funci�n asignada a los procuradores delegados podr�n cumplirla los procuradores judiciales que act�en bajo su delegaci�n y direcci�n.�

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Art�culo 46. Funciones del Ministerio P�blico. Sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, el Ministerio P�blico ejercer� las siguientes funciones:�

��

1. Intervenir en toda clase de procesos, en defensa del ordenamiento jur�dico, las garant�as y derechos fundamentales, sociales, econ�micos, culturales o colectivos.�

��

2. Interponer acciones populares, de cumplimiento y de tutela, en defensa del ordenamiento jur�dico, para la defensa de las garant�as y derechos fundamentales, sociales, econ�micos, culturales o colectivos, as� como de acciones encaminadas a la recuperaci�n y protecci�n de bienes de la naci�n y dem�s entidades p�blicas.�

��

3. Ejercer las funciones de defensor de incapaces en los casos que determine la ley.�

��

4. Adem�s de las anteriores funciones, el Ministerio P�blico ejercer� en la jurisdicci�n ordinaria, de manera obligatoria, las siguientes:�

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a) Intervenir en los procesos en que sea parte la naci�n o una entidad territorial.�

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b) Rendir concepto, que no ser� obligatorio, en los casos de allanamiento a la demanda, desistimiento o transacci�n por parte de la naci�n o una entidad territorial.�

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c) Rendir concepto en el tr�mite de los exhortos consulares.�

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Par�grafo. El Ministerio P�blico intervendr� como sujeto procesal especial con amplias facultades, entre ellas la de interponer recursos, emitir conceptos, solicitar nulidades, pedir, aportar y controvertir pruebas.�

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Cuando se trate del cumplimiento de una funci�n espec�fica del Ministerio P�blico, este podr� solicitar la pr�ctica de medidas cautelares.�

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Art�culo 47. Naturaleza de los cargos. Los cargos de auxiliares de la justicia son oficios p�blicos ocasionales que deben ser desempe�ados por personas id�neas, imparciales, de conducta intachable y excelente reputaci�n. Para cada oficio se requerir� idoneidad y experiencia en la respectiva materia y, cuando fuere el caso, garant�a de su responsabilidad y cumplimiento. Se exigir� al auxiliar de la justicia tener vigente la licencia, matr�cula o tarjeta profesional expedida por el �rgano competente que la ley disponga, seg�n la profesi�n, arte o actividad necesarios en el asunto en que deba actuar, cuando fuere el caso.�

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Los honorarios respectivos constituyen una equitativa retribuci�n del servicio y no podr�n gravar en exceso a quienes acceden a la administraci�n de justicia.�

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Art�culo 48. Designaci�n. Para la designaci�n de los auxiliares de la justicia se observar�n las siguientes reglas:�

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1. La de los secuestres, partidores, liquidadores, s�ndicos, int�rpretes y traductores, se har� por el magistrado sustanciador o por el juez del conocimiento, de la lista oficial de auxiliares de la justicia. La designaci�n ser� rotatoria, de manera que la misma persona no pueda ser nombrada por segunda vez sino cuando se haya agotado la lista.�

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En el auto de designaci�n del partidor, liquidador, s�ndico, int�rprete o traductor se incluir�n tres (3) nombres, pero el cargo ser� ejercido por el primero que concurra a notificarse del auto que lo design�, y del admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, si fuere el caso, con lo cual se entender� aceptado el nombramiento. Los otros dos auxiliares nominados conservar�n el turno de nombramiento en la lista. Si dentro de los cinco (5) d�as siguientes a la comunicaci�n de la designaci�n ninguno de los auxiliares nominados ha concurrido a notificarse, se proceder� a su reemplazo con aplicaci�n de la misma regla.�

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El secuestre ser� designado en forma uninominal por el juez de conocimiento, y el comisionado solo podr� relevarlo por las razones se�aladas en este art�culo. Solo podr�n ser designados como secuestres las personas naturales o jur�dicas que hayan obtenido licencia con arreglo a la reglamentaci�n expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, la cual deber� establecer las condiciones para su renovaci�n. La licencia se conceder� a quienes previamente hayan acreditado su idoneidad y hayan garantizado el cumplimiento de sus deberes y la indemnizaci�n de los perjuicios que llegaren a ocasionar por la indebida administraci�n de los bienes a su cargo, mediante las garant�as que determine la reglamentaci�n que expida el Consejo Superior de la Judicatura.�

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Los requisitos de idoneidad que determine el Consejo Superior de la Judicatura para cada distrito judicial deber�n incluir par�metros de solvencia, liquidez, experiencia, capacidad t�cnica, organizaci�n administrativa y contable, e infraestructura f�sica.�

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2. Para la designaci�n de los peritos, las partes y el juez acudir�n a instituciones especializadas, p�blicas o privadas, o a profesionales de reconocida trayectoria e idoneidad. El director o representante legal de la respectiva instituci�n designar� la persona o personas que deben rendir el dictamen, quien, en caso de ser citado, deber� acudir a la audiencia.�

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3. Si al iniciarse o proseguirse una diligencia faltaren los auxiliares nombrados, ser�n relevados por cualquiera de los que figuren en la lista correspondiente y est� en aptitud para el desempe�o inmediato del cargo. Esta regla no se aplicar� respecto de los peritos.�

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4. Las partes, de consuno, podr�n en cualquier momento designar al auxiliar de la justicia o reemplazarlo.�

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5. Las listas de auxiliares de la justicia ser�n obligatorias para magistrados, jueces y autoridades de polic�a. Cuando en la lista oficial del respectivo distrito no existiere el auxiliar requerido, podr� designarse de la lista de un distrito cercano.�

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6. El juez no podr� designar como auxiliar de la justicia al c�nyuge, compa�ero permanente o alguno de los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o cuarto civil del funcionario que conozca del proceso, de los empleados del despacho, de las partes o los apoderados que act�en en �l. Tampoco podr� designarse como auxiliar de la justicia a quien tenga inter�s, directo o indirecto, en la gesti�n o decisi�n objeto del proceso. Las mismas reglas se aplicar�n respecto de la persona natural por medio de la cual una persona jur�dica act�e como auxiliar de la justicia.�

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7. La designaci�n del curador ad l�tem recaer� en un abogado que ejerza habitualmente la profesi�n, quien desempe�ar� el cargo en forma gratuita como defensor de oficio. El nombramiento es de forzosa aceptaci�n, salvo que el designado acredite estar actuando en m�s de cinco (5) procesos como defensor de oficio. En consecuencia, el designado deber� concurrir inmediatamente a asumir el cargo, so pena de las sanciones disciplinarias a que hubiere lugar, para lo cual se compulsar�n copias a la autoridad competente.�

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Par�grafo. Lo dispuesto en este art�culo no afectar� la competencia de las autoridades administrativas para la elaboraci�n de las listas, la designaci�n y exclusi�n, de conformidad con lo previsto en la ley.�

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JURISPRUDENCIA [Mostrar]

Art�culo 49. Comunicaci�n del nombramiento, aceptaci�n del cargo y relevo del auxiliar de la justicia. El nombramiento del auxiliar de la justicia se le comunicar� por telegrama enviado a la direcci�n que figure en la lista oficial, o por otro medio m�s expedito, o de preferencia a trav�s de mensajes de datos. De ello se dejar� constancia en el expediente. En la comunicaci�n se indicar� el d�a y la hora de la diligencia a la cual deba concurrir el auxiliar designado. En la misma forma se har� cualquier otra comunicaci�n.�

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El cargo de auxiliar de la justicia es de obligatoria aceptaci�n para quienes est�n inscritos en la lista oficial. Siempre que el auxiliar designado no acepte el cargo dentro de los cinco (5) d�as siguientes a la comunicaci�n de su nombramiento, se excuse de prestar el servicio, no concurra a la diligencia, no cumpla el encargo en el t�rmino otorgado, o incurra en causal de exclusi�n de la lista, ser� relevado inmediatamente.�

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Art�culo 50. Exclusi�n de la lista. El Consejo Superior de la Judicatura excluir� de las listas de auxiliares de la justicia:�

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1. A quienes por sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por la comisi�n de delitos contra la administraci�n de justicia o la Administraci�n P�blica o sancionados por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o sus Seccionales.�

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2. A quienes se les haya suspendido o cancelado la matr�cula o licencia.�

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3. A quienes hayan entrado a ejercer un cargo oficial.�

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4. A quienes hayan fallecido o se incapaciten f�sica o mentalmente.�

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5. A quienes se ausenten definitivamente del respectivo distrito judicial.�

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6. A las personas jur�dicas que se disuelvan.�

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7. A quienes como secuestres, liquidadores o administradores de bienes, no hayan rendido oportunamente cuenta de su gesti�n, o depositado los dineros habidos a �rdenes del despacho judicial, o cubierto el saldo a su cargo, o reintegrado los bienes que se le confiaron, o los hayan utilizado en provecho propio o de terceros, o se les halle responsables de administraci�n negligente.�

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8. A quienes no hayan realizado a cabalidad la actividad encomendada o no hayan cumplido con el encargo en el t�rmino otorgado.�

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9. A quienes sin causa justificada rehusaren la aceptaci�n del cargo o no asistieren a la diligencia para la que fueron designados.�

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10. A quienes hayan convenido, solicitado o recibido indebidamente retribuci�n de alguna de las partes.�

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11. A los secuestres cuya garant�a de cumplimiento hubiere vencido y no la hubieren renovado oportunamente.�

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En los casos previstos en los numerales 7 y 10, una vez establecido el hecho determinante de la exclusi�n, el juez de conocimiento lo comunicar� al Consejo Superior de la Judicatura, que podr� imponer sanciones de hasta veinte (20) salarios m�nimos legales mensuales vigentes (smlmv). Lo mismo deber� hacer en los casos de los numerales 8 y 9, si dentro de los cinco (5) d�as siguientes al vencimiento del t�rmino o a la fecha de la diligencia el auxiliar no demuestra fuerza mayor o caso fortuito que le haya impedido el cumplimiento de su deber. Esta regla se aplicar� a las personas jur�dicas cuyos administradores o delegados incurran en las causales de los numerales 7, 8, 9 y 10.�

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Par�grafo 1�. Las personas jur�dicas no podr�n actuar como auxiliares de la justicia por conducto de personas que hayan incurrido en las causales de exclusi�n previstas en este art�culo.�

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Par�grafo 2�. Siempre que un secuestre sea excluido de la lista se entender� relevado del cargo en todos los procesos en que haya sido designado y deber� proceder inmediatamente a hacer entrega de los bienes que se le hayan confiado. El incumplimiento de este deber se sancionar� con multa de cinco (5) salarios m�nimos legales mensuales vigentes (smlmv) en cada proceso. Esta regla tambi�n se aplicar� cuando habiendo terminado las funciones del secuestre, este se abstenga de entregar los bienes que se le hubieren confiado.�

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En los eventos previstos en este par�grafo el juez proceder�, a solicitud de interesado, a realizar la entrega de bienes a quien corresponda.�

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Par�grafo 3�. No podr� ser designada como perito la persona que haya incurrido en alguna de las causales de exclusi�n previstas en este art�culo.�

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Art�culo 51. Custodia de bienes y dineros. Los auxiliares de la justicia que como depositarios, secuestres o administradores de bienes perciban sus productos en dinero, o reciban en dinero el resultado de la enajenaci�n de los bienes o de sus frutos, constituir�n inmediatamente certificado de dep�sito a �rdenes del juzgado.�

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El juez podr� autorizar el pago de impuestos y expensas con los dineros depositados; igualmente cuando se trate de empresas industriales, comerciales o agropecuarias, podr� facultar al administrador para que, bajo su responsabilidad, lleve los dineros a una cuenta bancaria que tenga la denominaci�n del cargo que desempe�a. El banco respectivo enviar� al despacho judicial copia de los extractos mensuales.�

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En todo caso, el depositario o administrador dar� al juzgado informe mensual de su gesti�n, sin perjuicio del deber de rendir cuentas.�

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Art�culo 52. Funciones del secuestre. El secuestre tendr�, como depositario, la custodia de los bienes que se le entreguen, y si se trata de empresa o de bienes productivos de renta, las atribuciones previstas para el mandatario en el C�digo Civil, sin perjuicio de las facultades y deberes de su cargo. Bajo su responsabilidad y con previa autorizaci�n judicial, podr� designar los dependientes que requiera para el buen desempe�o del cargo y asignarles funciones. La retribuci�n deber� ser autorizada por el juez.�

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Cuando los bienes secuestrados sean consumibles y se hallen expuestos a deteriorarse o perderse, y cuando se trate de muebles cuya depreciaci�n por el paso del tiempo sea inevitable, el secuestre los enajenar� en las condiciones normales del mercado, constituir� certificado de dep�sito a �rdenes del juzgado con el dinero producto de la venta, y rendir� inmediatamente informe al juez.�

Art�culo 53. Capacidad para ser parte. Podr�n ser parte en un proceso:�

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1. Las personas naturales y jur�dicas.�

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2. Los patrimonios aut�nomos.�

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3. El concebido, para la defensa de sus derechos.�

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4. Los dem�s que determine la ley.�

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Art�culo 54. Comparecencia al proceso. Las personas que puedan disponer de sus derechos tienen capacidad para comparecer por s� mismas al proceso. Las dem�s deber�n comparecer por intermedio de sus representantes o debidamente autorizadas por estos con sujeci�n a las normas sustanciales.�

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Cuando los padres que ejerzan la patria potestad estuvieren en desacuerdo sobre la representaci�n judicial del hijo, o cuando hubiere varios guardadores de un mismo pupilo en desacuerdo, el juez designar� curador ad l�tem, a solicitud de cualquiera de ellos o de oficio.�

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Las personas jur�dicas y los patrimonios aut�nomos comparecer�n al proceso por medio de sus representantes, con arreglo a lo que disponga la Constituci�n, la ley o los estatutos. En el caso de los patrimonios aut�nomos constituidos a trav�s de sociedades fiduciarias, comparecer�n por medio del representante legal o apoderado de la respectiva sociedad fiduciaria, quien actuar� como su vocera.�

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Cuando la persona jur�dica demandada tenga varios representantes o apoderados distintos de aquellos, podr� citarse a cualquiera de ellos, aunque no est� facultado para obrar separadamente. Las personas jur�dicas tambi�n podr�n comparecer a trav�s de representantes legales para asuntos judiciales o apoderados generales debidamente inscritos.�

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Cuando la persona jur�dica se encuentre en estado de liquidaci�n deber� ser representada por su liquidador.�

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Los grupos de personas comparecer�n al proceso conforme a las disposiciones de la ley que los regule.�

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Los concebidos comparecer�n por medio de quienes ejercer�an su representaci�n si ya hubiesen nacido.�

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Art�culo 55. Designaci�n de curador ad l�tem. Para la designaci�n del curador ad l�tem se proceder� de la siguiente manera:�

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1. Cuando un incapaz haya de comparecer a un proceso en que no deba intervenir el defensor de familia y carezca de representante legal por cualquier causa o tenga conflicto de intereses con este, el juez le designar� curador ad l�tem, a petici�n del Ministerio P�blico, de uno de los parientes o de oficio.�

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Cuando intervenga el defensor de familia, este actuar� en representaci�n del incapaz.�

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2. Cuando el hijo de familia tuviere que litigar contra uno de sus progenitores y lo representare el otro, no ser� necesaria la autorizaci�n del juez. Tampoco ser� necesaria dicha autorizaci�n cuando en inter�s del hijo gestionare el defensor de familia.�

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Art�culo 56. Funciones y facultades del curador ad l�tem. El curador ad l�tem actuar� en el proceso hasta cuando concurra la persona a quien representa, o un representante de esta. Dicho curador est� facultado para realizar todos los actos procesales que no est�n reservados a la parte misma, pero no puede recibir ni disponer del derecho en litigio.�

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Art�culo 57. Agencia oficiosa procesal. Se podr� demandar o contestar la demanda a nombre de una persona de quien no se tenga poder, siempre que ella se encuentre ausente o impedida para hacerlo; bastar� afirmar dicha circunstancia bajo juramento que se entender� prestado por la presentaci�n de la demanda o la contestaci�n.�

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El agente oficioso del demandante deber� prestar cauci�n dentro de los diez (10) d�as siguientes a la notificaci�n que se haga a aquel del auto que admita la demanda. Si la parte no la ratifica, dentro de los treinta (30) d�as siguientes, se declarar� terminado el proceso y se condenar� al agente oficioso a pagar las costas y los perjuicios causados al demandado. Si la ratificaci�n se produce antes del vencimiento del t�rmino para prestar la cauci�n, el agente oficioso quedar� eximido de tal carga procesal.�

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La actuaci�n se suspender� una vez practicada la notificaci�n al demandado del auto admisorio de la demanda, y ella comprender� el t�rmino de ejecutoria y el de traslado. Ratificada oportunamente la demanda por la parte, el proceso se reanudar� a partir de la notificaci�n del auto que levante la suspensi�n. No ratificada la demanda o ratificada extempor�neamente, el proceso se declarar� terminado.�

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Quien pretenda obrar como agente oficioso de un demandado deber� contestar la demanda dentro del t�rmino de traslado, manifestando que lo hace como agente oficioso.�

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Vencido el t�rmino del traslado de la demanda, el juez ordenar� la suspensi�n del proceso por el t�rmino de treinta (30) d�as y fijar� cauci�n que deber� ser prestada en el t�rmino de diez (10) d�as.�

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Si la ratificaci�n de la contestaci�n de la demanda se produce antes del vencimiento del t�rmino para prestar la cauci�n, el agente oficioso quedar� eximido de tal carga procesal.�

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Si no se presta la cauci�n o no se ratifica oportunamente la actuaci�n del agente, la demanda se tendr� por no contestada y se reanudar� la actuaci�n.�

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El agente oficioso deber� actuar por medio de abogado, salvo en los casos exceptuados por la ley.�

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Art�culo 58. Representaci�n de personas jur�dicas extranjeras y organizaciones no gubernamentales sin �nimo de lucro. La representaci�n de las sociedades extranjeras con negocios permanentes en Colombia se regir� por las normas del C�digo de Comercio.�

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Las dem�s personas jur�dicas de derecho privado y las organizaciones no gubernamentales sin �nimo de lucro con domicilio en el exterior que establezcan negocios o deseen desarrollar su objeto social en Colombia, constituir�n apoderados con capacidad para representarlas judicialmente. Para tal efecto protocolizar�n en una notar�a del respectivo circuito la prueba id�nea de la existencia y representaci�n de dichas personas jur�dicas y del poder correspondiente. Adem�s, un extracto de los documentos protocolizados se inscribir� en la oficina p�blica correspondiente.�

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Las personas jur�dicas extranjeras que no tengan negocios permanentes en Colombia estar�n representadas en los procesos por el apoderado que constituyan con las formalidades previstas en este c�digo. Mientras no lo constituyan, llevar�n su representaci�n quienes les administren sus negocios en el pa�s.�

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Art�culo 59. Agencias y sucursales de sociedades nacionales. Las sociedades domiciliadas en Colombia deber�n constituir apoderados, con capacidad para representarlas, en los lugares en donde se establezcan agencias, en la forma indicada en el inciso 2� del art�culo precedente, pero el registro se efectuar� en la respectiva C�mara de Comercio. Si no los constituyen llevar� su representaci�n quien tenga la direcci�n de la respectiva agencia.�

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Cuando se trate de sociedad domiciliada en Colombia que carezca de representante en alguna de sus sucursales, ser� representada por quien lleve la direcci�n de esta.�

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Art�culo 60. Litisconsortes facultativos. Salvo disposici�n en contrario, los litisconsortes facultativos ser�n considerados en sus relaciones con la contraparte, como litigantes separados. Los actos de cada uno de ellos no redundar�n en provecho ni en perjuicio de los otros, sin que por ello se afecte la unidad del proceso.�

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Art�culo 61. Litisconsorcio necesario e integraci�n del contradictorio. Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jur�dicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposici�n legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de m�rito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deber� formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere as�, el juez, en el auto que admite la demanda, ordenar� notificar y dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el t�rmino de comparecencia dispuestos para el demandado.�

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En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez dispondr� la citaci�n de las mencionadas personas, de oficio o a petici�n de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y conceder� a los citados el mismo t�rmino para que comparezcan. El proceso se suspender� durante dicho t�rmino.�

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Si alguno de los convocados solicita pruebas en el escrito de intervenci�n, el juez resolver� sobre ellas y si las decreta fijar� audiencia para practicarlas.�

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Los recursos y en general las actuaciones de cada litisconsorte favorecer�n a los dem�s. Sin embargo, los actos que impliquen disposici�n del derecho en litigio solo tendr�n eficacia si emanan de todos.�

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Cuando alguno de los litisconsortes necesarios del demandante no figure en la demanda, podr� pedirse su vinculaci�n acompa�ando la prueba de dicho litisconsorcio.�

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Art�culo 62. Litisconsortes cuasinecesarios. Podr�n intervenir en un proceso como litisconsortes de una parte y con las mismas facultades de esta, quienes sean titulares de una determinada relaci�n sustancial a la cual se extiendan los efectos jur�dicos de la sentencia, y que por ello estaban legitimados para demandar o ser demandados en el proceso.�

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Podr�n solicitar pruebas si intervienen antes de ser decretadas las pedidas por las partes; si concurren despu�s, tomar�n el proceso en el estado en que se encuentre en el momento de su intervenci�n.�

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Art�culo 63. Intervenci�n excluyente. Quien en proceso declarativo pretenda, en todo o en parte, la cosa o el derecho controvertido, podr� intervenir formulando demanda frente a demandante y demandado, hasta la audiencia inicial, para que en el mismo proceso se le reconozca.�

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La intervenci�n se tramitar� conjuntamente con el proceso principal y con ella se formar� cuaderno separado.�

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En la sentencia se resolver� en primer t�rmino sobre la pretensi�n del interviniente.�

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Art�culo 64. Llamamiento en garant�a. Quien afirme tener derecho legal o contractual a exigir de otro la indemnizaci�n del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso que promueva o se le promueva, o quien de acuerdo con la ley sustancial tenga derecho al saneamiento por evicci�n, podr� pedir, en la demanda o dentro del t�rmino para contestarla, que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relaci�n.�

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Art�culo 65. Requisitos del llamamiento. La demanda por medio de la cual se llame en garant�a deber� cumplir con los mismos requisitos exigidos en el art�culo 82 y dem�s normas aplicables.�

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El convocado podr� a su vez llamar en garant�a.�

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Art�culo 66. Tr�mite. Si el juez halla procedente el llamamiento, ordenar� notificar personalmente al convocado y correrle traslado del escrito por el t�rmino de la demanda inicial. Si la notificaci�n no se logra dentro de los seis (6) meses siguientes, el llamamiento ser� ineficaz. La misma regla se aplicar� en el caso contemplado en el inciso segundo del art�culo anterior.�

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El llamado en garant�a podr� contestar en un solo escrito la demanda y el llamamiento, y solicitar las pruebas que pretenda hacer valer.�

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En la sentencia se resolver�, cuando fuere pertinente, sobre la relaci�n sustancial aducida y acerca de las indemnizaciones o restituciones a cargo del llamado en garant�a.�

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Par�grafo. No ser� necesario notificar personalmente el auto que admite el llamamiento cuando el llamado act�e en el proceso como parte o como representante de alguna de las partes.�

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Art�culo 67. Llamamiento al poseedor o tenedor. El que tenga una cosa a nombre de otro y sea demandado como poseedor de ella, deber� expresarlo as� en el t�rmino de traslado de la demanda, con la indicaci�n del sitio donde pueda ser notificado el poseedor, so pena de ser condenado en el mismo proceso a pagar los perjuicios que su silencio cause al demandante y una multa de quince (15) a treinta (30) salarios m�nimos legales mensuales. El juez ordenar� notificar al poseedor designado.�

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Si el citado comparece y reconoce que es poseedor, se tendr� como parte en lugar del demandado, quien quedar� fuera del proceso. En este caso, mediante auto que se notificar� por estado, el juez ordenar� correr traslado de la demanda al poseedor.�

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Si el citado no comparece o niega su calidad de poseedor, el proceso continuar� con el demandado, pero la sentencia surtir� sus efectos respecto de este y del poseedor por �l designado.�

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Lo dispuesto en el presente art�culo se aplicar� a quien fuere demandado como tenedor de una cosa, si la tenencia radica en otra persona.�

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Cuando en el expediente aparezca la prueba de que el verdadero poseedor o tenedor es persona diferente del demandado o del llamado, el juez de primera instancia, de oficio, ordenar� su vinculaci�n. En tal caso, el citado tendr� el mismo t�rmino del demandado para contestar la demanda.�

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Art�culo 68. Sucesi�n procesal. Fallecido un litigante o declarado ausente, el proceso continuar� con el c�nyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o el correspondiente curado�

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Si en el curso del proceso sobreviene la extinci�n, fusi�n o escisi�n de alguna persona jur�dica que figure como parte, los sucesores en el derecho debatido podr�n comparecer para que se les reconozca tal car�cter. En todo caso la sentencia producir� efectos respecto de ellos aunque no concurran.�

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El adquirente a cualquier t�tulo de la cosa o del derecho litigioso podr� intervenir como litisconsorte del anterior titular. Tambi�n podr� sustituirlo en el proceso, siempre que la parte contraria lo acepte expresamente.�

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Las controversias que se susciten con ocasi�n del ejercicio del derecho consagrado en el art�culo 1971 del C�digo Civil se decidir�n como incidente.�

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TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

Art�culo 69. Intervenci�n en incidentes o para tr�mites especiales. Cuando la intervenci�n se concrete a un incidente o tr�mite, el interviniente solo ser� parte en ellos.�

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Art�culo 70. Irreversibilidad del proceso. Los intervinientes y sucesores de que trata este c�digo tomar�n el proceso en el estado en que se halle en el momento de su intervenci�n.�

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Art�culo 71. Coadyuvancia. Quien tenga con una de las partes determinada relaci�n sustancial a la cual no se extiendan los efectos jur�dicos de la sentencia, pero que pueda afectarse si dicha parte es vencida, podr� intervenir en el proceso como coadyuvante de ella, mientras no se haya dictado sentencia de �nica o de segunda instancia.�

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El coadyuvante tomar� el proceso en el estado en que se encuentre en el momento de su intervenci�n y podr� efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayuda, en cuanto no est�n en oposici�n con los de esta y no impliquen disposici�n del derecho en litigio.�

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La coadyuvancia solo es procedente en los procesos declarativos. La solicitud de intervenci�n deber� contener los hechos y los fundamentos de derecho en que se apoya y a ella se acompa�ar�n las pruebas pertinentes.�

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Si el juez estima procedente la intervenci�n, la aceptar� de plano y considerar� las peticiones que hubiere formulado el interviniente.�

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La intervenci�n anterior al traslado de la demanda se resolver� luego de efectuada esta.�

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Art�culo 72. Llamamiento de oficio. En cualquiera de las instancias, siempre que el juez advierta colusi�n, fraude o cualquier otra situaci�n similar en el proceso, ordenar� la citaci�n de las personas que puedan resultar perjudicadas, para que hagan valer sus derechos.�

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El citado podr� solicitar pruebas si interviene antes de la audiencia de instrucci�n y juzgamiento.�

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Art�culo 73. Derecho de postulaci�n. Las personas que hayan de comparecer al proceso deber�n hacerlo por conducto de abogado legalmente autorizado, excepto en los casos en que la ley permita su intervenci�n directa.�

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Art�culo 74. Poderes. Los poderes generales para toda clase de procesos solo podr�n conferirse por escritura p�blica. El poder especial para uno o varios procesos podr� conferirse por documento privado. En los poderes especiales los asuntos deber�n estar determinados y claramente identificados.�

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El poder especial puede conferirse verbalmente en audiencia o diligencia o por memorial dirigido al juez del conocimiento. El poder especial para efectos judiciales deber� ser presentado personalmente por el poderdante ante juez, oficina judicial de apoyo o notario. Las sustituciones de poder se presumen aut�nticas.�

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Los poderes podr�n extenderse en el exterior, ante c�nsul colombiano o el funcionario que la ley local autorice para ello; en ese �ltimo caso, su autenticaci�n se har� en la forma establecida en el art�culo 251.�

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Cuando quien otorga el poder fuere una sociedad, si el c�nsul que lo autentica o ante quien se otorga hace constar que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de aquella y que quien lo confiere es su representante, se tendr�n por establecidas estas circunstancias. De la misma manera se proceder� cuando quien confiera el poder sea apoderado de una persona.�

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Se podr� conferir poder especial por mensaje de datos con firma digital.�

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Los poderes podr�n ser aceptados expresamente o por su ejercicio.�

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Art�culo 75. Designaci�n y sustituci�n de apoderados. Podr� conferirse poder a uno o varios abogados.�

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Igualmente podr� otorgarse poder a una persona jur�dica cuyo objeto social principal sea la prestaci�n de servicios jur�dicos. En este evento, podr� actuar en el proceso cualquier profesional del derecho inscrito en su certificado de existencia y representaci�n legal. Lo anterior, sin perjuicio de que la persona jur�dica pueda otorgar o sustituir el poder a otros abogados ajenos a la firma. Las C�maras de Comercio deber�n proceder al registro de que trata este inciso.�

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En ning�n caso podr� actuar simult�neamente m�s de un apoderado judicial de una misma persona.�

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El poder especial para un proceso prevalece sobre el general conferido por la misma parte.�

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Si se trata de procesos acumulados y una parte tiene en ellos distintos apoderados, continuar� con dicho car�cter el que ejerc�a el poder en el proceso m�s antiguo, mientras el poderdante no disponga otra cosa.�

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Podr� sustituirse el poder siempre que no est� prohibido expresamente.�

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El poder conferido por escritura p�blica, puede sustituirse para un negocio determinado, por medio de memorial.�

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Quien sustituya un poder podr� reasumirlo en cualquier momento, con lo cual quedar� revocada la sustituci�n.�

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Art�culo 76. Terminaci�n del poder. El poder termina con la radicaci�n en secretar�a del escrito en virtud del cual se revoque o se designe otro apoderado, a menos que el nuevo poder se hubiese otorgado para recursos o gestiones determinadas dentro del proceso.�

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El auto que admite la revocaci�n no tendr� recursos. Dentro de los treinta (30) d�as siguientes a la notificaci�n de dicha providencia, el apoderado a quien se le haya revocado el poder podr� pedir al juez que se regulen sus honorarios mediante incidente que se tramitar� con independencia del proceso o de la actuaci�n posterior. Para la determinaci�n del monto de los honorarios el juez tendr� como base el respectivo contrato y los criterios se�alados en este c�digo para la fijaci�n de las agencias en derecho. Vencido el t�rmino indicado, la regulaci�n de los honorarios podr� demandarse ante el juez laboral.�

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Igual derecho tienen los herederos y el c�nyuge sobreviviente del apoderado fallecido.�

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La renuncia no pone t�rmino al poder sino cinco (5) d�as despu�s de presentado el memorial de renuncia en el juzgado, acompa�ado de la comunicaci�n enviada al poderdante en tal sentido.�

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La muerte del mandante o la extinci�n de las personas jur�dicas no ponen fin al mandato judicial si ya se ha presentado la demanda, pero el poder podr� ser revocado por los herederos o sucesores.�

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Tampoco termina el poder por la cesaci�n de las funciones de quien lo confiri� como representante de una persona natural o jur�dica, mientras no sea revocado por quien corresponda.�

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Art�culo 77. Facultades del apoderado. Salvo estipulaci�n en contrario, el poder para litigar se entiende conferido para solicitar medidas cautelares extraprocesales, pruebas extraprocesales y dem�s actos preparatorios del proceso, adelantar todo el tr�mite de este, solicitar medidas cautelares, interponer recursos ordinarios, de casaci�n y de anulaci�n y realizar las actuaciones posteriores que sean consecuencia de la sentencia y se cumplan en el mismo expediente, y cobrar ejecutivamente las condenas impuestas en aquella.�

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El apoderado podr� formular todas las pretensiones que estime conveniente para beneficio del poderdante.�

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El poder para actuar en un proceso habilita al apoderado para recibir la notificaci�n del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo, prestar juramento estimatorio y confesar espont�neamente. Cualquier restricci�n sobre tales facultades se tendr� por no escrita. El poder tambi�n habilita al apoderado para reconvenir y representar al poderdante en todo lo relacionado con la reconvenci�n y la intervenci�n de otras partes o de terceros.�

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El apoderado no podr� realizar actos reservados por la ley a la parte misma; tampoco recibir, allanarse, ni disponer del derecho en litigio, salvo que el poderdante lo haya autorizado de manera expresa.�

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Cuando se confiera poder a una persona jur�dica para que designe o reemplace apoderados judiciales, aquella indicar� las facultades que tendr� el apoderado sin exceder las otorgadas por el poderdante a la persona jur�dica.�

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Art�culo 78. Deberes de las partes y sus apoderados. Son deberes de las partes y sus apoderados:�

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1. Proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos.�

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2. Obrar sin temeridad en sus pretensiones o defensas y en el ejercicio de sus derechos procesales.�

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3. Abstenerse de obstaculizar el desarrollo de las audiencias y diligencias.�

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4. Abstenerse de usar expresiones injuriosas en sus escritos y exposiciones orales, y guardar el debido respeto al juez, a los empleados de este, a las partes y a los auxiliares de la justicia.�

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5. Comunicar por escrito cualquier cambio de domicilio o del lugar se�alado para recibir notificaciones personales, en la demanda o en su contestaci�n o en el escrito de excepciones en el proceso ejecutivo, so pena de que estas se surtan v�lidamente en el anterior.�

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6. Realizar las gestiones y diligencias necesarias para lograr oportunamente la integraci�n del contradictorio.�

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7. Concurrir al despacho cuando sean citados por el juez y acatar sus �rdenes en las audiencias y diligencias.�

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8. Prestar al juez su colaboraci�n para la pr�ctica de pruebas y diligencias.�

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9. Abstenerse de hacer anotaciones marginales o interlineadas, subrayados o dibujos de cualquier clase en el expediente, so pena de incurrir en multa de un salario m�nimo legal mensual vigente (1 smlmv).�

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10. Abstenerse de solicitarle al juez la consecuci�n de documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petici�n hubiere podido conseguir.�

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11. Comunicar a su representado el d�a y la hora que el juez haya fijado para interrogatorio de parte, reconocimiento de documentos, inspecci�n judicial o exhibici�n, en general la de cualquier audiencia y el objeto de la misma, y darle a conocer de inmediato la renuncia del poder.�

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Citar a los testigos cuya declaraci�n haya sido decretada a instancia suya, por cualquier medio eficaz, y allegar al expediente la prueba de la citaci�n.�

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12. Adoptar las medidas para conservar en su poder las pruebas y la informaci�n contenida en mensajes de datos que tenga relaci�n con el proceso y exhibirla cuando sea exigida por el juez, de acuerdo con los procedimientos establecidos en este c�digo.�

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13. Informar oportunamente al cliente sobre el alcance y consecuencia del juramento estimatorio, la demanda de reconvenci�n y la vinculaci�n de otros sujetos procesales.�

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14. Enviar a las dem�s partes del proceso despu�s de notificadas, cuando hubieren suministrado una direcci�n de correo electr�nico o un medio equivalente para la transmisi�n de datos, un ejemplar de los memoriales presentados en el proceso. Se except�a la petici�n de medidas cautelares. Este deber se cumplir� a m�s tardar el d�a siguiente a la presentaci�n del memorial. El incumplimiento de este deber no afecta la validez de la actuaci�n, pero la parte afectada podr� solicitar al juez la imposici�n de una multa hasta por un salario m�nimo legal mensual vigente (1 smlmv) por cada infracci�n.�

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15. Limitar las transcripciones o reproducciones de actas, decisiones, conceptos, citas doctrinales y jurisprudenciales a las que sean estrictamente necesarias para la adecuada fundamentaci�n de la solicitud.�

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Art�culo 79. Temeridad o mala fe. Se presume que ha existido temeridad o mala fe en los siguientes casos:�

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1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepci�n, recurso, oposici�n o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad.�

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2. Cuando se aduzcan calidades inexistentes.�

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3. Cuando se utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o con prop�sitos dolosos o fraudulentos.�

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4. Cuando se obstruya, por acci�n u omisi�n, la pr�ctica de pruebas.�

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5. Cuando por cualquier otro medio se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso.�

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6. Cuando se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas.�

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