Ley 15/2021, de 23 de octubre, por la que se modifica la Ley
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Ley 15/2021, de 23 de octubre, por la que se modifica la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, as� como la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se ampl�a la vigencia de determinadas medidas econ�micas de car�cter temporal, y la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones

Ficha:
  • �rganoJEFATURA DEL ESTADO
  • Publicado en BOE n�m. 255 de 25 de Octubre de 2021
  • Vigencia desde 14 de Noviembre de 2021. Revisi�n vigente desde 07 de Septiembre de 2022
Versiones/revisiones:

Sumario

Norma afectada por
7/9/2022
LE0000737060_20220907Ir a NormaLey 17/2022 de 5 Sep. (modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnolog�a y la Innovaci�n)
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N�mero 1 de la disposici�n transitoria segunda redactado por la disposici�n final cuarta de la Ley 17/2022, de 5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnolog�a y la Innovaci�n (�B.O.E.� 6 septiembre).

LE0000710232_20220907Ir a Norma

FELIPE VI REY DE ESPA�A

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley:

PRE�MBULO

I

Mediante acuerdo del Consejo de Ministros, en su reuni�n de fecha 8 de septiembre de 2020, se aprob� el Plan Anual Normativo 2020, entre cuyas previsiones se incluye la Ley de reforma de las condiciones de acceso y ejercicio de las profesiones de la abogac�a y la procura, por la que se modifican la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, y el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se ampl�a la vigencia de determinadas medidas econ�micas de car�cter temporal.

La iniciativa busca dar una respuesta integral y coherente a las objeciones que la Comisi�n Europea ha formulado respecto del modelo vigente en el procedimiento de infracci�n 2015/4062 que se refieren a aspectos intensamente relacionados entre s�, aun materializados en normas distintas, que ata�en al acceso y a las condiciones del ejercicio de las profesiones de la abogac�a y la procura y se�aladamente a la interacci�n entre una y otra.

En lo sustancial, se trata de acomodar la legislaci�n espa�ola a las previsiones del Derecho europeo y singularmente a lo dispuesto en los art�culos 15, 16 y 25 de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a servicios en el mercado interior, y en los art�culos 49 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Uni�n Europea, lo que se concreta en esta Ley que incide sobre tres �mbitos concretos de actuaci�n. En primer lugar, el relativo a la existencia de una reserva de actividad para el ejercicio de la procura. En segundo lugar, el de la prohibici�n de las sociedades de car�cter multidisciplinar, que puedan abarcar la procura y la abogac�a, y, finalmente, la modificaci�n del sistema de aranceles.

II

En primer lugar, la reserva de actividad para el ejercicio de la procura se flexibiliza, permitiendo que tambi�n las personas profesionales de la abogac�a puedan ejercer como procuradores, asumiendo la representaci�n t�cnica de las partes y desarrollando el resto de las funciones que son propias de la procura para la cooperaci�n y auxilio de los Tribunales, aunque no de forma simult�nea al ejercicio de la profesi�n de la abogac�a.

Para hacer posible lo anterior, se modifica la Ley 34/2006, de 30 de octubre, estableciendo, en s�ntesis, el acceso �nico a las profesiones de la abogac�a y la procura: se exige un mismo t�tulo acad�mico (licenciatura o grado en Derecho) y una misma capacitaci�n (el mismo m�ster) para ambas profesiones, en modo tal que, quienes superen la evaluaci�n, podr�n ejercer indistintamente la abogac�a o la procura sin m�s requisitos que la colegiaci�n en el colegio profesional. De esta manera, se establece un mismo t�tulo habilitante para el ejercicio de dos profesiones diferenciadas en el bien entendido sentido de que las funciones de la procura han de estar separadas de la funci�n propia de la abogac�a porque eso redunda en beneficio de la Administraci�n de Justicia.

En este sentido, la reforma es coherente con el apartado 3 del art�culo 23 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y con los art�culos 542 y 543 de la Ley Org�nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, de los que resulta que contin�a siendo incompatible el ejercicio simult�neo, por una misma persona f�sica, de las profesiones de la abogac�a y la procura.

III

Llegados a este punto y dentro tambi�n de la acomodaci�n de la legislaci�n espa�ola a las exigencias del Derecho europeo se aborda la reforma de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, a fin de habilitar a las sociedades profesionales multidisciplinares el ejercicio simult�neo de la abogac�a y la procura para poder ofertar y prestar un servicio integral de defensa y representaci�n. Esto es, se autoriza que profesionales de la abogac�a y la procura se integren en una misma entidad profesional como excepci�n a lo previsto en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, que s�lo permite que las sociedades profesionales puedan ejercer varias actividades profesionales cuando su desempe�o no se haya declarado incompatible por norma legal. No obstante, a fin de garantizar la imparcialidad e independencia del ejercicio de la respectiva actividad profesional, adem�s de la incompatibilidad del ejercicio simult�neo de las profesiones de la abogac�a y la procura, de acuerdo con la Ley Org�nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se establece que los estatutos de las sociedades profesionales cuyo objeto social consista en la prestaci�n de servicios jur�dicos integrales de defensa y representaci�n contendr�n, de conformidad con lo que prescriban las normas deontol�gicas de las respectivas profesiones, las disposiciones necesarias para garantizar que los profesionales que asuman la defensa o la representaci�n de sus patrocinados puedan actuar con autonom�a e independencia y apartarse de cualquier asunto cuando pueda verse comprometida su imparcialidad.

Con esta reforma, las sociedades de profesionales de la abogac�a podr�n incorporar profesionales de la procura como socios y socias profesionales, al igual que las sociedades de profesionales de la procura podr�n incorporar profesionales de la abogac�a, preservando cada uno sus competencias, responsabilidades y obligaciones propias. Se trata de una gran reforma que busca dinamizar un mercado saturado, permitiendo ahorrar costes a los profesionales de la abogac�a y de la procura, ofreciendo en cambio una mayor flexibilidad en la organizaci�n de ambos colectivos, al tiempo que preserva la funci�n de cada uno de los profesionales de forma claramente diferenciada. En definitiva, ser� posible demandar y ofrecer, mediante una �nica sociedad profesional, los dos servicios que requiere la defensa en juicio de los derechos recibiendo una atenci�n integral sin merma alguna de la independencia de cada uno de los profesionales que la componen.

IV

El tercer eje de la reforma afecta al Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se ampl�a la vigencia de determinadas medidas econ�micas de car�cter temporal, y espec�ficamente busca fijar un m�ximo de 75.000 euros como cuant�a global de los derechos devengados por una persona profesional de la procura en un mismo asunto, estableciendo, adem�s, que el sistema arancelario de la procura no podr� fijar un l�mite m�nimo. De esta forma, se da cumplida respuesta a las exigencias de la Comisi�n Europea en el procedimiento de infracci�n 2015/4062 sustituyendo el modelo vigente, que pivota sobre la existencia de aranceles m�nimos obligatorios, por un sistema de aranceles m�ximos cuyo desarrollo y concreci�n formar� parte del real decreto que, en su momento, habr� de reformar el actualmente vigente, Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales.

V

De este modo, la presente Ley establece las reformas se�aladas mediante tres art�culos en virtud de los cuales se modifican, respectivamente, la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, y el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se ampl�a la vigencia de determinadas medidas econ�micas de car�cter temporal.

El articulado se completa con tres disposiciones transitorias. La primera de ellas prev� la aplicaci�n de esta Ley a quienes en el momento de entrada en vigor de la misma estuvieran ya colegiados o en condiciones de hacerlo en los Colegios de Abogados o de Procuradores, en este �ltimo caso cumpliendo los requisitos que se fijan en esta misma disposici�n. La segunda de ellas regula la situaci�n de quienes se encuentren realizando en el momento de entrada en vigor de la Ley el curso de capacitaci�n o pendiente de evaluaci�n. La tercera y �ltima regula los derechos arancelarios de los procuradores en los procedimientos que estuvieran tramit�ndose a la entrada en vigor de la Ley.

La Ley responde a las exigencias del art�culo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Com�n de las Administraciones P�blicas, puesto que se trata de la adecuaci�n de la normativa nacional al Derecho de la Uni�n Europea, trat�ndose en suma de una reforma necesaria, eficaz en tanto cumplimenta los objetivos previstos en la norma a la que se adapta, y proporcionada por cuanto se limita estrictamente a llevarlos a efecto, sin que se advierta por contra otra alternativa posible.

Art�culo primero Modificaci�n de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales

La Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, se modifica como sigue:

  • Uno. Se modifica el T�tulo, que queda redactado como sigue:

    Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de la Abogac�a y la Procura.�

    LE0000236306_20211114Ir a Norma afectada
  • Dos. Se modifica el art�culo 1, que queda redactado como sigue:

    �Art�culo 1 Objeto y finalidad de la Ley

    1. Esta Ley tiene por objeto regular las condiciones de obtenci�n del t�tulo profesional para el ejercicio de las profesiones de la abogac�a y de la procura, b�sicas para el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, con el fin de garantizar el acceso de la ciudadan�a a un asesoramiento, defensa jur�dica y representaci�n t�cnica de calidad.

    2. La obtenci�n del t�tulo profesional en la forma determinada por esta Ley y la colegiaci�n como ejerciente en el Colegio de Abogados es necesaria para el desempe�o de la asistencia letrada en aquellos procesos judiciales y extrajudiciales en los que la normativa vigente imponga o faculte la intervenci�n de profesionales de la abogac�a y, en todo caso, para prestar asistencia letrada o asesoramiento en Derecho utilizando la denominaci�n de abogado o abogada; todo ello sin perjuicio del cumplimiento de cualesquiera otros requisitos exigidos por la normativa vigente para el ejercicio de la abogac�a.

    3. La obtenci�n del t�tulo profesional en la forma determinada por esta Ley y la colegiaci�n como ejerciente en el Colegio de Procuradores es necesaria para desempe�ar la representaci�n legal de las partes en los procesos judiciales en calidad de procurador o procuradora, realizando los actos de comunicaci�n a las partes y aquellos otros actos de cooperaci�n con la Administraci�n de Justicia que la Ley les autorice, as� como para utilizar la denominaci�n de procurador o procuradora de los tribunales, sin perjuicio del cumplimiento de cualesquiera otros requisitos exigidos por la normativa vigente para el ejercicio de la procura.

    4. La obtenci�n del t�tulo profesional habilitar� para la colegiaci�n en el Colegio de Abogados o en el Colegio de Procuradores, seg�n qu� actividad se decida ejercer, no siendo posible simultanear ni la colegiaci�n como ejerciente en un Colegio de Abogados y en un Colegio de Procuradores ni el ejercicio de ambas profesiones.�

    LE0000236306_20211114Ir a Norma afectada
  • Tres. Se modifica el art�culo 2, que queda redactado como sigue:

    �Art�culo 2 Acreditaci�n de capacitaci�n profesional

    1. Tendr�n derecho a obtener el t�tulo profesional para el ejercicio de las profesiones de la abogac�a y la procura las personas que se encuentren en posesi�n del t�tulo universitario de la Licenciatura en Derecho o del Grado en Derecho y que acrediten su capacitaci�n profesional mediante la superaci�n de la correspondiente formaci�n especializada y la evaluaci�n regulada por esta Ley.

    2. La formaci�n especializada necesaria para poder acceder a las evaluaciones conducentes a la obtenci�n de este t�tulo profesional, es una formaci�n reglada y de car�cter oficial que se adquirir� a trav�s de la realizaci�n de cursos de formaci�n acreditados conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Universidades, tras ser o�das las comunidades aut�nomas y en la forma que reglamentariamente se determine.

    3. El t�tulo profesional regulado en esta Ley ser� expedido por el Ministerio de Justicia o por los �rganos correspondientes de las comunidades aut�nomas que hayan asumido la competencia ejecutiva en materia de expedici�n de t�tulos profesionales.�

    LE0000236306_20211114Ir a Norma afectada
  • Cuatro. Se modifica la r�brica del Cap�tulo II, que pasa a titularse de la siguiente forma:

    �CAP�TULO II
    Formaci�n especializada�

    LE0000236306_20211114Ir a Norma afectada
  • Cinco. Se modifica el art�culo 3, que queda redactado como sigue:

    �Art�culo 3 Formaci�n

    1. Los cursos de formaci�n para la obtenci�n del t�tulo profesional regulado en esta Ley podr�n ser organizados e impartidos por universidades p�blicas o privadas, y por escuelas de pr�ctica jur�dica.

    2. Todos estos centros deber�n establecer al efecto los convenios a los que se hace referencia en el presente cap�tulo.�

    LE0000236306_20211114Ir a Norma afectada
  • Seis. Se modifica el art�culo 4, que queda redactado como sigue:

    �Art�culo 4 Formaci�n universitaria

    1. Los cursos de formaci�n especializada a que se refiere el art�culo anterior podr�n ser organizados e impartidos por universidades p�blicas o privadas, en el marco de las ense�anzas conducentes a la obtenci�n de un t�tulo oficial de M�ster universitario, de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora de las ense�anzas universitarias oficiales de M�ster as� como en la presente Ley y su reglamento de desarrollo y, en su caso, dentro del r�gimen de precios p�blicos, y deber�n ser acreditados, a propuesta de aqu�llas, de conformidad con lo establecido en el art�culo 2.2.

    2. Esta acreditaci�n se otorgar� sin perjuicio de las autorizaciones y aprobaciones exigidas por la normativa educativa a los efectos de la validez y titulaci�n acad�mica de los referidos cursos.

    3. Para la acreditaci�n de los referidos cursos, ser� requisito indispensable que incorporen materias propias del ejercicio profesional de la abogac�a y de la procura y la realizaci�n de un periodo de pr�cticas externas en los t�rminos del art�culo 6.

    4. Reglamentariamente se establecer� el procedimiento y los requisitos que deber�n cumplir tales cursos para su acreditaci�n peri�dica en lo referente a su contenido y duraci�n, as� como a la titulaci�n y cualificaci�n del profesorado, de modo que quede garantizada la presencia de la mitad, al menos, de profesionales colegiados ejercientes. El Reglamento posibilitar� la impartici�n de estos estudios en cualquiera de las lenguas oficiales y, adem�s, incluir�n formaci�n sobre el Derecho propio auton�mico. La duraci�n de los cursos ser� de 60 cr�ditos, m�s los cr�ditos necesarios para la realizaci�n de las pr�cticas externas referidas en el art�culo 6.�

    LE0000236306_20211114Ir a Norma afectada
  • Siete. Se modifica el art�culo 5, que queda redactado como sigue:

    �Art�culo 5 Escuelas de pr�ctica jur�dica

    1. Las escuelas de pr�ctica jur�dica creadas por los colegios de abogados que hayan sido homologadas por el Consejo General de la Abogac�a conforme a su normativa reguladora podr�n organizar e impartir cursos que permitan acceder a la evaluaci�n regulada en el art�culo 7, siempre que los citados cursos sean acreditados conjuntamente por los Ministerios de Justicia y de Universidades, tras ser o�das las comunidades aut�nomas y en la forma que reglamentariamente se determine.

    2. Para que se pueda proceder a la acreditaci�n y reconocimiento de sus cursos a los efectos de la determinaci�n de su programa, contenido, profesorado y dem�s circunstancias, las escuelas de pr�ctica jur�dica deber�n haber celebrado un convenio con una universidad, p�blica o privada, por el que se garantice el cumplimiento de las exigencias generales previstas en el art�culo 4 para los cursos de formaci�n. Asimismo, deber�n prever la realizaci�n de un periodo de pr�cticas externas en los t�rminos del art�culo siguiente.�

    LE0000236306_20211114Ir a Norma afectada
  • Ocho. Se modifica el art�culo 6, que queda redactado como sigue:

    �Art�culo 6 Pr�cticas externas

    1. Las pr�cticas externas en actividades propias del ejercicio profesional, con los requisitos que reglamentariamente se determinen, deber�n constituir la mitad del contenido formativo de los cursos a que se refieren los art�culos precedentes, quedando como parte integrante de los mismos. En ning�n caso implicar�n relaci�n laboral o de servicios.

    2. Las pr�cticas se realizar�n bajo la tutela de una persona profesional de la abogac�a y, siempre que sea solicitado por el alumno, una persona profesional de la procura, ambas con un ejercicio profesional superior a cinco a�os. El Estatuto General de la Abogac�a espa�ola y el Estatuto General de los Procuradores regular�n los dem�s requisitos para el desempe�o de la tutor�a, que incluir�n las medidas necesarias para fomentar que la formaci�n sea impartida en todas las lenguas oficiales, as� como los derechos y obligaciones de la persona profesional de la abogac�a y, cuando corresponda, de la procura, que la ejerza, cuya infracci�n dar� lugar a responsabilidad disciplinaria.

    3. En los supuestos regulados en los art�culos 4 y 5.2 de esta Ley, deber� haberse celebrado un convenio entre la universidad y, al menos, un colegio profesional de abogados y un colegio de procuradores, que establezca la fijaci�n del programa de pr�cticas y la designaci�n de las correspondientes tutor�as, el n�mero m�ximo de alumnado que podr� asignarse a cada tutor�a, los lugares o instituciones donde se efectuar�n las pr�cticas, as� como los mecanismos de control del ejercicio de estas, dentro de los requisitos fijados reglamentariamente.

    4. Una vez presentada una oferta de convenio por una universidad o una escuela de pr�ctica jur�dica, a los efectos de lo establecido en el art�culo 4.3 en relaci�n con los art�culos 5.2 y 6.3 de esta Ley, y siempre que la misma re�na los requisitos m�nimos que se establezcan por los ministerios responsables de la acreditaci�n de los cursos de formaci�n, en los t�rminos previstos en el art�culo 2.2, la parte a la que se presente la oferta no podr� rechazarla de forma arbitraria y deber� dictar resoluci�n motivada en relaci�n con la misma.�

    LE0000236306_20211114Ir a Norma afectada
  • Nueve. Se modifica el art�culo 7, que queda redactado como sigue:

    �Art�culo 7 Evaluaci�n

    1. La evaluaci�n de la aptitud profesional, que culmina el proceso de capacitaci�n profesional, tiene por objeto acreditar, de modo objetivo, formaci�n pr�ctica suficiente para el acceso al ejercicio profesional, as� como el conocimiento de las normas deontol�gicas y profesionales.

    2. Las comisiones para la evaluaci�n de la aptitud profesional ser�n convocadas conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Universidades, o�das las comunidades aut�nomas, el Consejo de Universidades, el Consejo General de la Abogac�a y el Consejo General de los Colegios de Procuradores.

    3. Reglamentariamente se establecer� la composici�n de la comisi�n evaluadora para el acceso al ejercicio profesional, que ser� �nica para los cursos realizados en el territorio de una misma comunidad aut�noma, asegurando la participaci�n en ella de representantes del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Universidades, y de miembros designados a propuesta de la respectiva comunidad aut�noma. En todo caso, en la comisi�n evaluadora habr� miembros designados a propuesta del Consejo General de la Abogac�a Espa�ola y un miembro designado a propuesta del Consejo General de Procuradores. El n�mero de representantes designados a propuesta de cada ministerio, de la comunidad aut�noma, y del Consejo General de la Abogac�a Espa�ola ser� el mismo.

    4. Si el n�mero de aspirantes as� lo aconseja, podr� constituirse una �nica comisi�n evaluadora para los cursos realizados en el territorio de varias comunidades aut�nomas, se�al�ndolo as� en la convocatoria.

    5. La evaluaci�n para el acceso al ejercicio profesional tendr� contenido �nico para todo el territorio espa�ol en cada convocatoria, sin perjuicio de las previsiones anexas que deber�n incluirse en las convocatorias realizadas en territorios con lenguas cooficiales y Derecho propio. Reglamentariamente se determinar� el procedimiento por el cual el Ministerio de Justicia fijar� el contenido concreto de cada evaluaci�n, con participaci�n de las universidades organizadoras de los cursos, del Consejo General de la Abogac�a Espa�ola, del Consejo General de los Procuradores de los Tribunales y de los respectivos Consejos de an�loga naturaleza que pudieran existir en el �mbito auton�mico.

    6. Las convocatorias tendr�n una periodicidad m�nima anual y no podr�n establecer un n�mero limitado de plazas.

    7. Reglamentariamente se regular� el procedimiento de convocatoria, lugares y forma de celebraci�n de la evaluaci�n, publicaci�n y comunicaci�n de los resultados y dem�s requisitos necesarios para su realizaci�n. Asimismo, se regular�n el programa, que contemplar� tambi�n materias relativas al Derecho propio de las comunidades aut�nomas, y el sistema de evaluaci�n.�

    LE0000236306_20211114Ir a Norma afectada
  • Diez. Se modifica la disposici�n adicional tercera, que queda redactada como sigue:

    �Disposici�n adicional tercera Ejercicio profesional de los funcionarios p�blicos

    1. La actuaci�n del personal al servicio del Estado, de los �rganos constitucionales, de las Administraciones P�blicas o entidades p�blicas ante juzgados y tribunales en el desempe�o de las funciones propias del cargo se regir� por lo dispuesto en el art�culo 551 de la Ley Org�nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y dem�s legislaci�n aplicable, sin que en ning�n caso le sea exigible la obtenci�n del t�tulo regulado en esta ley.

    2. Los funcionarios p�blicos que hayan accedido a un cuerpo o escala del grupo A en su condici�n de licenciados en Derecho y desempe�en funciones de asistencia letrada o asesoramiento jur�dico estar�n exceptuados de obtener el t�tulo profesional para el ejercicio de las profesiones de la abogac�a y de la procura a los efectos descritos en el art�culo 1 de esta ley. Tambi�n estar�n exceptuados quienes hayan ingresado en el cuerpo de Letrados de las Cortes Generales, en alguno de los cuerpos de Letrados de las Asambleas legislativas auton�micas, en la Carrera Judicial, en la Carrera Fiscal, en el cuerpo de Letrados de la Administraci�n de Justicia, o en alguno de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas en su condici�n de licenciados en Derecho.�

    LE0000236306_20211114Ir a Norma afectada

Art�culo segundo Modificaci�n de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales

Se introduce una nueva disposici�n adicional octava en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, con la siguiente redacci�n:

�Disposici�n adicional octava R�gimen especial de la prestaci�n de servicios jur�dicos integrales de defensa y representaci�n

1. Como excepci�n a lo previsto en el art�culo 3 de esta Ley, las sociedades profesionales podr�n ejercer simult�neamente las actividades profesionales de la abogac�a y de la procura de los tribunales.

2. Los profesionales de la abogac�a y la procura podr�n ser socios y socias profesionales de una sociedad profesional, debidamente inscrita en los Registros de Sociedades Profesionales de las respectivas organizaciones colegiales, cuyo objeto social consista en la prestaci�n de servicios jur�dicos integrales de defensa y representaci�n.

3. En el caso previsto en el apartado anterior no ser�n de aplicaci�n las prohibiciones por raz�n de incompatibilidad y su extensi�n a la sociedad y socios, previstas respectivamente en el art�culo 3, en el art�culo 4.4 inciso primero y en el art�culo 9.1 p�rrafo segundo de esta Ley.

4. Los estatutos de las sociedades profesionales cuyo objeto social consista en la prestaci�n de servicios jur�dicos integrales de defensa y representaci�n contendr�n, de conformidad con lo que prescriban las normas deontol�gicas de las respectivas profesiones, las disposiciones necesarias para garantizar que los profesionales que asuman la defensa o la representaci�n de sus patrocinados puedan:

  • a) Adoptar las decisiones propias de cada una de las profesiones de forma totalmente aut�noma e independiente de la otra.
  • b) Cumplir con total independencia de criterio las reglas deontol�gicas que cada profesi�n imponga y, en particular, los deberes de secreto profesional y confidencialidad.
  • c) Separarse, en cualquier momento, de la llevanza del asunto cuando vean comprometida su imparcialidad, articulando a trav�s de los �rganos de la sociedad los mecanismos de detecci�n y soluci�n de cualquier conflicto de intereses, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el art�culo 11 de esta Ley.�
LE0000242109_20211114Ir a Norma afectada

Art�culo tercero Modificaci�n del Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se ampl�a la vigencia de determinadas medidas econ�micas de car�cter temporal

Se modifica el apartado 1 de la disposici�n adicional �nica del Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se ampl�a la vigencia de determinadas medidas econ�micas de car�cter temporal, que queda redactado como sigue:

�1. La cuant�a global por derechos devengados por un procurador de los Tribunales en un mismo asunto, actuaci�n o proceso no podr� exceder de 75.000 euros.

El sistema arancelario que rija los derechos de los procuradores no podr� fijar l�mites m�nimos para las cantidades devengadas en relaci�n con las distintas actuaciones profesionales realizadas.

Excepcionalmente, y sometido a justificaci�n y autorizaci�n del juez, se podr� superar el l�mite anteriormente se�alado para remunerar justa y adecuadamente los servicios profesionales efectivamente realizados por el procurador de manera extraordinaria.�

LE0000413396_20211114Ir a Norma afectada

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposici�n transitoria primera Profesionales colegiados a la entrada en vigor de la exigencia del nuevo t�tulo profesional

1. Las disposiciones establecidas en la presente Ley ser�n de aplicaci�n a quienes en el momento de su entrada en vigor estuvieran ya incorporados a un colegio de abogados o en condiciones de incorporarse por cumplir todas las condiciones necesarias para ello, pudiendo ejercer como procuradores en los t�rminos establecidos en el art�culo 1 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre.

2. Las disposiciones establecidas en la presente Ley ser�n tambi�n de aplicaci�n a quienes en el momento de su entrada en vigor hubiesen obtenido el t�tulo de procurador de conformidad con lo dispuesto en la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, est�n en posesi�n de una licenciatura o grado en Derecho y estuvieran incorporados a un colegio de procuradores o en condiciones de incorporarse por cumplir todas las condiciones necesarias para ello, pudiendo ejercer la abogac�a en los t�rminos establecidos en el art�culo 1 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

  • a) Se encuentren en posesi�n del t�tulo oficial de la licenciatura en Derecho o del grado en Derecho que re�na los requisitos establecidos en el art�culo 3 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio.
  • b) Superen el curso de capacitaci�n profesional y la correspondiente prueba de evaluaci�n en los t�rminos que se determinen reglamentariamente. El curso y la prueba de evaluaci�n deber�n superarse dentro de los dos a�os acad�micos siguientes a la fecha de aprobaci�n del real decreto que lo regule.

Disposici�n transitoria segunda R�gimen transitorio de los cursos de formaci�n y de la evaluaci�n

1. Los cursos de formaci�n de abogac�a y procura que estuvieran iniciados a la fecha de la entrada en vigor de la presente ley y los correspondientes al curso acad�mico 2022-2023, se desarrollar�n con arreglo al r�gimen anterior al establecido por esta ley hasta su finalizaci�n.

Tambi�n se desarrollar�n de la misma manera las pruebas de evaluaci�n de la aptitud profesional que estuvieran convocadas y las correspondientes a dichos cursos acad�micos.

LE0000737060_20220907Ir a Norma modificadoraN�mero 1 de la disposici�n transitoria segunda redactado por la disposici�n final cuarta de la Ley 17/2022, de 5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnolog�a y la Innovaci�n (�B.O.E.� 6 septiembre).Vigencia: 7 septiembre 2022

2. Los aspirantes que superen las respectivas pruebas de evaluaci�n y obtengan el t�tulo profesional para el ejercicio de la abogac�a podr�n ejercer la procura en los t�rminos previstos en el apartado 1 de la disposici�n transitoria primera. Los aspirantes que superen las respectivas pruebas de evaluaci�n y obtengan el t�tulo profesional habilitante para el ejercicio de la procura podr�n ejercer la abogac�a siempre que cumplan los requisitos establecidos en el apartado 2 de la disposici�n transitoria primera.

Disposici�n transitoria tercera Modificaci�n del r�gimen arancelario de los derechos de la procura

1. La modificaci�n del p�rrafo primero del apartado 1 de la disposici�n adicional �nica del Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se ampl�a la vigencia de determinadas medidas econ�micas de car�cter temporal, dispuesta por el art�culo tercero de esta Ley, ser� de aplicaci�n a todos los procedimientos que se inicien a partir de su entrada en vigor.

2. La prohibici�n de aranceles m�nimos establecida en el p�rrafo segundo del apartado 1 de dicha disposici�n adicional regir�, por su parte, para los procedimientos que se inicien a partir de la entrada en vigor de la norma por la que se modifique el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales.

DISPOSICIONES FINALES

Disposici�n final primera Habilitaci�n reglamentaria

1. El Gobierno, a propuesta de los Ministerios de Justicia y de Universidades, aprobar� un real decreto por el que se adapte el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, a las previsiones de la presente Ley, en el plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de la misma, para garantizar el cumplimiento de los tr�mites preceptivos dentro del plazo y habida cuenta de que si bien los trabajos ya se encuentran avanzados, como resulta preceptivo informe del Consejo de Estado entre otros organismos, as� como informe del Consejo General de Procuradores que tiene car�cter facultativo, resulta conveniente ampliar el plazo.

2. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, aprobar� en el plazo de un a�o desde la entrada en vigor de la presente Ley, un real decreto por el que se modifique el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales.

V�ase el R.D. 64/2023, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de la Abogac�a y la Procura (�B.O.E.� 9 febrero).LE0000747285_20230210Ir a Norma

Disposici�n final segunda Modificaci�n de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones

Se modifica el apartado 1 del art�culo 49 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, que pasar� a tener la siguiente redacci�n:

�1. La elaboraci�n y comercializaci�n de las gu�as de abonados a los servicios de comunicaciones electr�nicas y la prestaci�n de los servicios de informaci�n sobre ellos se realizar� en r�gimen de libre competencia.

A tal efecto, las empresas que asignen n�meros de tel�fono a los abonados habr�n de dar curso a todas las solicitudes razonables de suministro de informaci�n pertinente para la prestaci�n de los servicios de informaci�n sobre n�meros de abonados y gu�as accesibles al p�blico, en un formato aprobado y en unas condiciones equitativas, objetivas, orientadas en funci�n de los costes y no discriminatorias, estando sometido el suministro de la citada informaci�n a su posterior utilizaci�n en la normativa en materia de protecci�n de datos vigente en cada momento.

La Comisi�n Nacional de los Mercados y la Competencia deber� suministrar gratuitamente a las entidades que vayan a elaborar gu�as telef�nicas de abonados, a las que presten el servicio de consulta telef�nica sobre n�meros de abonado, a las que presten los servicios de llamadas de emergencia y a los servicios estad�sticos oficiales para la elaboraci�n de encuestas y el desarrollo de las competencias estad�sticas que la Ley les confiere, los datos que le faciliten los operadores, de conformidad con las condiciones que se establezcan mediante real decreto.

La cesi�n de estos datos en favor de los servicios estad�sticos oficiales deber� basarse en los principios recogidos en la normativa de protecci�n de datos y, especialmente, en los de minimizaci�n y limitaci�n de la finalidad.�

LE0000529091_20220630Ir a Norma afectada

Disposici�n final tercera Entrada en vigor

Esta Ley entrar� en vigor a los veinte d�as de su publicaci�n en el �Bolet�n Oficial del Estado�.

Por tanto,

Mando a todos los espa�oles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.