Art�culo 1�. Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 �Pacto por Colombia, pacto por la equidad�, que se expide por medio de la presente Ley, tiene como objetivo sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto de largo plazo con el que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030.�

Art�culo 2�. Parte integral de esta ley. El documento denominado �Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022: Pacto por Colombia, pacto por la equidad�, elaborado por el Gobierno nacional con la participaci�n del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo Nacional de Planeaci�n, y construido desde los territorios, con las modificaciones realizadas en el tr�mite legislativo, es parte integral del Plan Nacional de Desarrollo, y se incorpora a la presente Ley como un anexo.�

Art�culo 3�. Pactos del Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo est� compuesto por objetivos de pol�tica p�blica denominados pactos, concepto que refleja la importancia del aporte de todas las facetas de la sociedad en la construcci�n de una Colombia equitativa.�

El Plan se basa en los siguientes tres pactos estructurales:�

1. Legalidad. El Plan establece las bases para la protecci�n de las libertades individuales y de los bienes p�blicos, para el imperio de la Ley y la garant�a de los derechos humanos, para una lucha certera contra la corrupci�n y para el fortalecimiento de la Rama Judicial.�

2. Emprendimiento. Sobre el sustento de la legalidad, el Plan plantea expandir las oportunidades de los colombianos a trav�s del est�mulo al emprendimiento, la formalizaci�n del trabajo y las actividades econ�micas, y el fortalecimiento del tejido empresarial en las ciudades y en el campo.�

3. Equidad. Como resultado final, el Plan busca la igualdad de oportunidades para todos, por medio de una pol�tica social moderna orientada a lograr la inclusi�n social y la inclusi�n productiva de los colombianos, y que se centra en las familias como los principales veh�culos para la construcci�n de lazos de solidaridad y de tejido social.�

El logro de estos objetivos requiere de algunas condiciones habilitantes que permitan acelerar el cambio social. Por lo tanto, el Plan contempla los siguientes pactos que contienen estrategias transversales:�

4. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo.�

5. Pacto por la ciencia, la tecnolog�a y la innovaci�n: un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del futuro.�

6. Pacto por el transporte y la log�stica para la competitividad y la integraci�n regional.�

7. Pacto por la transformaci�n digital de Colombia: Gobierno, empresas y hogares conectados con la era del conocimiento.�

8. Pacto por la calidad y eficiencia de los servicios p�blicos: agua y energ�a para promover la competitividad y el bienestar de todos.�

9. Pacto por los recursos minero-energ�ticos para el crecimiento sostenible y la expansi�n de oportunidades.�

10. Pacto por la protecci�n y promoci�n de nuestra cultura y desarrollo de la econom�a naranja.�

11. Pacto por la construcci�n de paz: cultura de la legalidad, convivencia, estabilizaci�n y v�ctimas.�

12. Pacto por la equidad de oportunidades para grupos ind�genas, negros, afros, raizales, palenqueros y Rrom.�

13. Pacto por la inclusi�n de todas las personas con discapacidad.�

14. Pacto por la equidad de las mujeres.�

15. Pacto por una gesti�n p�blica efectiva.�

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As� mismo, el Plan integra una visi�n territorial basada en la importancia de conectar territorios, gobiernos y poblaciones. Esto se ve reflejado en los siguientes pactos:�

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16. Pacto por la descentralizaci�n: conectar territorios, gobiernos y poblaciones.�

17 - 25. Pacto por la productividad y la equidad en las regiones:�

� Regi�n Pac�fico: Diversidad para la equidad, la convivencia pac�fica y el desarrollo sostenible.�

� Regi�n Caribe: Una transformaci�n para la igualdad de oportunidades y la equidad.�

� Seaflower Regi�n: Por una regi�n pr�spera, segura y sostenible.�

� Regi�n Central: Centro de innovaci�n y nodo log�stico de integraci�n productiva nacional e internacional.�

� Regi�n Santanderes: Eje log�stico, competitivo y sostenible de Colombia.�

� Regi�n Amazonia: Desarrollo sostenible por una Amazonia viva.�

� Eje Cafetero y Antioquia: Conectar para la competitividad y el desarrollo log�stico sostenible.�

� Regi�n Llanos - Orinoqu�a: Conectar y potenciar la despensa sostenible de la regi�n con el pa�s y el mundo.�

� Regi�n Oc�anos: Colombia, potencia bioce�nica.�

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Art�culo 4�. Plan Nacional de Inversiones P�blicas 2019- 2022. El Plan Nacional de Inversiones P�blicas 2019-2022 se estima en un valor de mil noventa y seis, coma uno ($1.096,1) billones, a pesos constantes de 2018, el cual incluye el componente Plan Plurianual de Inversiones para la Paz de forma transversal y que se estima en un valor de treinta y siete coma uno ($37,1) billones, a pesos constantes de 2018.�

Tabla I. Fuentes que Financian el PND 2019-2022�

Cifras en billones de pesos de 2018�

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Par�grafo 1�. Los recursos identificados como fuentes de entidades territoriales para financiamiento del Plan Nacional de Inversiones P��blicas 2019-2022, corresponde a estimaciones de gastos de los niveles departamental, distrital y municipal en el marco de su autonom�a, para la articulaci�n de pol�ticas, estrategias y programas nacionales con los territoriales, seg�n los mecanismos de ejecuci�n definidos en el presen�te Plan.�

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Par�grafo 2�. Apru�bese como parte integral de la presente ley e in�corp�rese como anexo el documento �Plan Plurianual de Inversiones� incluido el componente especial para la Paz.�

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Par�grafo 3�. Como parte integral del Plan Plurianual de Inversiones se incluyen de manera transversal las proyecciones indicativas acor�dadas en el marco de las consultas previas con los grupos �tnicos por veintinueve ($29) billones, estimadas para los pueblos ind�genas en diez ($10) billones, los cuales se destinar�n para el cumplimiento de los acuerdos que corresponden al Cap�tulo de los pueblos ind�genas, y para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras por valor de diecinueve ($19) billones, considerando el Plan Macroeco�n�mico y el Marco Fiscal de Mediano Plazo del Gobierno nacional de acuerdo con todas las fuentes del presente Plan Plurianual de Inversio�nes y ser�n sujetos de control fiscal por el �rgano competente.�

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Par�grafo 4�. El Gobierno nacional tiene el prop�sito de cumpli�miento de lo pactado en los acuerdos con la Minga social por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz logrado 6 de abril de 2019.�

Art�culo 5�.Recursos financieros, presupuestos plurianuales y con�sistencia fiscal del Plan Nacional de Inversiones P�blicas. El valor to�tal de los gastos que se realicen para la ejecuci�n del presente plan financiados con recursos del Presupuesto General de la Naci�n, no po�dr�n superar en ning�n caso el monto de los recursos disponibles de conformidad con el Plan Macroecon�mico y el Marco Fiscal de Media�no Plazo (MFMP) del Gobierno nacional.�

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Las metas de los programas contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 se ajustar�n de acuerdo con las disponibilida�des fiscales que se establezcan en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y en los Presupuestos Generales de la Naci�n aprobados para cada vigencia, se�g�n lo se�alado en los art�culos 4� y 5� de la Ley 1473 de 2011.�

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Desde la radicaci�n de la solicitud y hasta la celebraci�n y perfec�cionamiento del Contrato de Acceso a Recursos Gen�ticos y/o sus Pro�ductos Derivados o hasta la denegaci�n del tr�mite, el solicitante podr� continuar accediendo al recurso gen�tico y/o sus productos derivados.�

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Par�grafo. El uso de fauna silvestre en el marco de la investigaci�n cient�fica no comercial, no constituye hecho generador de la tasa com�pensatoria de que trata el art�culo 42 de la Ley 99 de 1993.�

Art�culo 7�.Conflictos Socioambientales en �reas Protegidas del Sistema Nacional ee �reas Protegidas (SINAP). Las autoridades am�bientales, en coordinaci�n con otras entidades p�blicas y en el marco de sus funciones podr�n celebrar acuerdos con poblaci�n campesina en condici�n de vulnerabilidad, que habite, ocupe o realice usos tra�dicionales asociados a la econom�a campesina en �reas protegidas del SINAP que deriven su sustento de estos usos y que puedan ser reco�nocidos por las entidades que suscriben los acuerdos con una relaci�n productiva artesanal y tradicional con el �rea protegida, con el objeto de contribuir a la atenci�n de los conflictos de uso, ocupaci�n y tenen�cia que se presenten en estas �reas. Estos acuerdos permitir�n generar alternativas de usos compatibles con los objetivos de conservaci�n del �rea, ordenar y regular los usos asociados a la econom�a campesina, para mejorar el estado de conservaci�n de las �reas, definir actividades productivas acordes con los objetivos de conservaci�n del �rea protegi�da y las condiciones de vida de la poblaci�n, garantizando sus derechos fundamentales.�

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Estos acuerdos podr�n ser celebrados hasta tanto la concurrencia de las distintas entidades del Estado permita atender estos conflictos por uso, ocupaci�n y tenencia con alternativas diferenciales, integrales y definitivas.�

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Lo previsto en este art�culo no modifica el r�gimen de propiedad de las �reas, ni su r�gimen de protecci�n ambiental.�

Art�culo 8�.Medidas tendientes a dinamizar procesos de sanea�miento al interior de las �reas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. Para efectos del saneamiento y recuperaci�n ambiental de las �reas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia (SPNN), Parques Nacionales Naturales de Colombia podr� adelantar las siguientes medidas:�

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1. Saneamiento autom�tico: En los eventos en que el Estado ad�quiera inmuebles ubicados al interior de las �reas del SPNN por motivos de utilidad p�blica, operar� el saneamiento auto�m�tico de vicios en los t�tulos y la tradici�n, incluso los que surjan con posterioridad al proceso de adquisici�n. Lo ante�rior, sin perjuicio de las acciones indemnizatorias que proce�dan seg�n la ley.�

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El saneamiento autom�tico de que trata este numeral, no aplicar� respecto de los vicios que pudieran derivarse de la adquisici�n de in�muebles en territorios colectivos de comunidades �tnicas, afrocolom�bianas o raizales.�

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2. Compra de mejoras: Parques Nacionales Naturales de Co�lombia u otra entidad p�blica podr�n reconocer mejoras reali�zadas en predios al interior de las �reas del SPNN con poste�rioridad a la declaratoria del �rea protegida y anteriores al 30 de noviembre de 2016, de acuerdo con la reglamentaci�n que se expida para el efecto.�

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Este reconocimiento solo aplica para las personas previamente ca�racterizadas que re�nan las siguientes condiciones: i) que no sean pro�pietarios de tierras; ii) que se hallen en condiciones de vulnerabilidad o deriven directamente del uso de la tierra y de los recursos naturales su fuente b�sica de subsistencia; y iii) siempre y cuando las mejoras no est�n asociadas a cultivos il�citos, o a su procesamiento o comercializa�ci�n, as� como a actividades de extracci�n il�cita de minerales.�

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Para proceder al reconocimiento y pago de indemnizaciones o mejo�ras en los t�rminos de este art�culo, ser� necesario contar con la dispo�nibilidad presupuestal correspondiente.�

Art�culo 9�. Coordinaci�n interinstitucional para el control y vigilancia contra la deforestaci�n y otros cr�menes ambientales. Cr�ese el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestaci�n y otros cr�menes ambientales asociados que se constituyen en motores de deforestaci�n, afectando los recursos naturales y el medio ambiente Colombiano (Conaldef) para la defensa del agua y la biodiversidad, conformado por el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible quien lo preside, el Ministro de Defensa Nacional, el Ministro de Justicia y del Derecho, el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministro de Salud y Protecci�n Social, el Instituto de Hidrolog�a, Meteorolog�a y Estudios Ambientales (Ideam), el Procurador General de la Naci�n y el Fiscal General de la Naci�n, encaminado a concretar acciones para detener la deforestaci�n y coordinar la implementaci�n de estrategias de rehabilitaci�n, recuperaci�n y restauraci�n ecol�gica. Deber� participar el Ministro de Relaciones Exteriores, de existir acciones en zonas fronterizas o que involucren extranjeros, as� como los ministros de Transporte y Minas y Energ�a, cuando los asuntos a tratar correspondan a sus competencias.


Para el logro de su objetivo el Consejo ejercer� las siguientes funciones:


1. Proponer la pol�tica, planes, programas y estrategias de lucha contra la deforestaci�n y otros delitos ambientales asociados, as� como definir y coordinar las medidas interinstitucionales para su control.

2. Articular junto con los institutos de investigaci�n cient�fica que integran el SINA, la formulaci�n y ejecuci�n de nuevas estrategias y acciones de rehabilitaci�n, recuperaci�n y restauraci�n ecol�gica.

3. Adoptar mediante acuerdo su propio reglamento, dictar las normas necesarias para el debido cumplimiento de sus funciones y proponer al Gobierno nacional la expedici�n de las que fueren de competencia de �ste.

4. Evaluar avances en la lucha contra la deforestaci�n y otros cr�menes ambientales asociados.

5. Mantener contactos con Gobiernos o entidades extranjeras en asuntos de su competencia y adelantar gestiones ante los mismos con el fin de coordinar la acci�n con la de otros Estados y de obtener la asistencia que fuere del caso.

6. Las dem�s relacionadas con su objetivo.


El Consejo contar� con dos coordinaciones que constituir�n instancias t�cnicas de articulaci�n y evaluaci�n para el estudio y sugerencia de acciones y pol�ticas que permitan el logro de sus funciones:


a) La Coordinaci�n de Monitoreo y An�lisis de la Informaci�n para efectos de analizar, valorar y hacer seguimiento a las acciones de control y prevenci�n de la deforestaci�n y otros cr�menes ambientales asociados, estar� integrada por delegados del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, del Ministro de Defensa Nacional, del Director del Instituto de Hidrolog�a, Meteorolog�a y Estudios Ambientales (IDEAM) y del Fiscal General de la Naci�n.

b) La Coordinaci�n Interinstitucional para la articulaci�n de programas, planes, acciones y pol�ticas de intervenci�n integral en los territorios, estar� conformada por delegados del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Defensa Nacional, de Justicia y del Derecho, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Salud, de Relaciones Exteriores, de Transporte, de Minas y Energ�a, del Fiscal General de la Naci�n, del Procurador General de la Naci�n, as� como del Director de la Corporaci�n Aut�noma Regional -o su delegado- de la respectiva jurisdicci�n y Parques Nacionales Naturales, -o su delegado- en su calidad de autoridades ambientales.


Par�grafo 1�. Las acciones que se implementen en los territorios ser�n desarrolladas considerando un enfoque social y ambiental integral y ser�n lideradas, seg�n corresponda por las diferentes carteras ministeriales conforme a su misi�n legal y constitucional, y sus competencias, en coordinaci�n con las autoridades ambientales, judiciales y de seguridad nacional pertinentes. As� mismo, el Conaldef adelantar� mesas de trabajo de car�cter regional, con la participaci�n de las comunidades locales. Las condiciones para la participaci�n comunitaria ser�n objeto de reglamentaci�n por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.


Par�grafo 2�. El Estado colombiano seguir� estableciendo y ejecutando pol�ticas p�blicas en el territorio nacional, encaminadas a concretar estrategias y acciones de intervenci�n integral con enfoque social, ambiental y econ�mico para detener la deforestaci�n, y bajo los principios de justicia ambiental, inclusi�n y construcci�n de la paz.�

TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

Art�culo 10. Derogado.�

TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

Art�culo 11.Recursos para la conservaci�n de los p�ramos. Los recursos de que tratan los art�culos 43 y 45 de la Ley 99 de 1993, mo�dificados por la Ley 1930 de 2018, que le correspondan a las Corpora�ciones Aut�nomas Regionales y a los municipios y, que sean destinados a la conservaci�n de los p�ramos, constituyen rentas propias de estas autoridades por lo que no ingresar�n al Fondo Nacional Ambiental (FO�NAM).�

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Los recursos que le correspondan a Parques Nacionales Naturales in�gresar�n a la subcuenta para la administraci�n y manejo del Sistema de Parques Nacionales del FONAM. En todo caso los recursos de los que trata este art�culo se destinar�n exclusivamente a la preservaci�n, restau�raci�n, uso sostenible y generaci�n de conocimiento de los p�ramos.�

Art�culo 12. Derogado.�

TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

Art�culo 13.Requerimiento de permiso de vertimiento. Solo requiere permiso de vertimiento la descarga de aguas residuales a las aguas su�perficiales, a las aguas marinas o al suelo.�

Art�culo 14.Tratamiento de aguas residuales. Los prestadores de alcantarillado estar�n en la obligaci�n de permitir la conexi�n de las redes de recolecci�n a las plantas de tratamiento de aguas residuales de otros prestadores y de facturar esta actividad en la tarifa a los usua�rios, siempre que la soluci�n represente menores costos de operaci�n, administraci�n, mantenimiento e inversi�n a los que pueda presentar el prestador del servicio de alcantarillado. El Gobierno nacional regla�mentar� la materia.�

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Adicionalmente, la disposici�n de residuos l�quidos no dom�sticos a la red de alcantarillado sin tratamiento podr� ser contratada entre el suscriptor y/o usuario y el prestador del servicio p�blico domiciliario de alcantarillado siempre y cuando este �ltimo tenga la capacidad en t�r�minos de infraestructura y tecnolog�a para cumplir con los par�metros y los valores l�mites m�ximos permisibles en los vertimientos puntuales.�

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TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

Art�culo 15.Funciones de la Superintendencia. Modif�quese el nu�meral 8 y adici�nense los numerales 34, 35 y 36 al art�culo 79 de la Ley 142 de 1994, as�:�

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8. Solicitar documentos, inclusive contables y financieros, a los prestadores, entidades p�blicas, privadas o mixtas, auditores externos, interventores o supervisores y privados, entre otros, que tengan informaci�n relacionada con la prestaci�n de los servicios p�blicos domiciliarios. Adicionalmente, practicar las visitas, inspecciones y pruebas que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones, en la oportunidad fijada por la Superintendencia.�

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34. Sancionar a los prestadores de servicios p�blicos y vigilados, auditores externos y otras entidades con naturaleza p�blica, privada o mixta, que tengan informaci�n relacionada con los servicios p�blicos domiciliarios, cuando no atiendan de ma�nera oportuna y adecuada las solicitudes y requerimientos que la Superintendencia realice en ejercicio de sus funciones.�

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35. En los casos en los que lo considere necesario para el ejercicio de las funciones de inspecci�n, vigilancia y control, encargar a terceros especializados la toma de muestras de calidad del agua en cualquier lugar del �rea de prestaci�n del servicio y del sistema que sea t�cnicamente posible, y contratar un laboratorio para el an�lisis de las mismas. Los resultados que arrojen las muestras tomadas por la Superintendencia de Ser�vicios P�blicos Domiciliarios, podr�n ser utilizados como prueba, dentro de los procesos administrativos sancionatorios que adelante contra prestadores objeto de su vigilancia, y para cualquier otro fin que sea pertinente dentro del ejercicio de las funciones de la Superintendencia de Servicios P�blicos Domiciliarios.�

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36. Corresponde a la Superintendencia de Servicios P�blicos Do�miciliarios, en desarrollo de sus funciones de inspecci�n y vigilancia, establecer, administrar, mantener y operar el Sis�tema �nico de Informaci�n (SUI) de los Servicios P�blicos Domiciliarios que se nutra con la informaci�n de los presta�dores, auditores externos, entidades p�blicas, particulares, in�terventores y/o supervisores relacionados con la prestaci�n de los servicios p�blicos domiciliarios. El SUI podr� interoperar con otras plataformas p�blicas y privadas y, adicionalmente, podr� compartir informaci�n, inclusive aquella que tenga el car�cter de confidencial o reservado, garantizando la reserva y confidencialidad de la misma.�

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Afecta la vigencia de: [Mostrar]

Art�culo 16.Fortalecimiento del ejercicio de las funciones de la Su�perintendencia de Servicios P�blicos Domiciliarios. Modif�quese el ar�t�culo 227 de la Ley 1753 del 2015, el cual quedar� as�:�

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Art�culo 227. Fortalecimiento del ejercicio de las funciones de la superintendencia de servicios p�blicos domiciliarios. En la Superin�tendencia de Servicios P�blicos Domiciliarios seguir� funcionando, con vocaci�n de permanencia, el Fondo Empresarial creado por la Ley 812 del 2003, a trav�s de un patrimonio aut�nomo cuyo ordenador del gasto ser� el Superintendente de Servicios P�blicos Domiciliarios.�

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Este Fondo podr� financiar a las empresas en toma de posesi�n para: 1) pagos para la satisfacci�n de los derechos de los trabajadores que se acojan a los planes de retiro voluntario y en general las obligaciones laborales y, 2) apoyo para salvaguardar la prestaci�n del servicio.�

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Igualmente, podr� contratar y/o apoyar el pago de las actividades profesionales requeridas en �reas financieras, t�cnicas, legales y log�s�ticas a la Superintendencia de Servicios P�blicos Domiciliarios y a la empresa objeto de toma de posesi�n, as� como los estudios necesarios para determinar la procedencia de dicha medida y las medidas preven�tivas de acuerdo con lo establecido en la Ley 142 de 1994.�

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As� mismo, de forma excepcional el Fondo podr� apoyar con recur�sos a las empresas prestadoras de servicios p�blicos objeto de la medida de toma de posesi�n para asegurar la viabilidad de los respetivos esque�mas de soluci�n a largo plazo sin importar el resultado en el balance del Fondo de la respectiva operaci�n, siempre y cuando as� lo soliciten ante la Superintendencia de Servicios P�blicos Domiciliarios y acrediten:�

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1. Incapacidad presente y futura de pago de los recursos entre�gados previamente a t�tulo de financiaci�n, con cargo a los recursos del Fondo Empresarial soportada con las modelacio�nes financieras y dem�s elementos que lo demuestren.�

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2. Contar con un esquema de soluci�n de largo plazo que cum�pla con los criterios que para el efecto establezca la Superin�tendencia de Servicios P�blicos Domiciliarios, y�

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3. El esquema de soluci�n de largo plazo a que hace referencia el numeral anterior solo pueda ser cumplible con la entrega de los recursos mencionados por parte del Fondo, los cuales se considerar�n como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional para las empresas en toma de posesi�n.�

Lo anteriormente se�alado tambi�n ser� aplicable a las empresas que a la entrada en vigencia de la presente Ley se encuentren en toma de posesi�n.�

Los recursos del Fondo Empresarial estar�n conformados por las si�guientes fuentes:�

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a) Los excedentes de la Superintendencia de Servicios P�blicos Domiciliarios, de la Comisi�n de Regulaci�n de Agua Pota�ble y Saneamiento B�sico (CRA), de la Comisi�n de Regula�ci�n de Energ�a y Gas (CREG);�

b) El producto de las multas que imponga esta Superintenden�cia;�

c) Los rendimientos que genere el Fondo Empresarial y que se obtengan por la inversi�n de los recursos que integran su pa�trimonio;�

d) Los recursos que obtenga a trav�s de las operaciones de cr�dito interno o externo que se celebren a su nombre, y los que reciba por operaciones de tesorer�a;�

e) Los rendimientos derivados de las acciones que posea el Fon�do o su enajenaci�n los cuales no estar�n sometidos al im�puesto sobre la renta y complementarios; y,�

f) Los dem�s que obtenga a cualquier t�tulo.�

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El financiamiento por parte del Fondo Empresarial a las empresas intervenidas podr� instrumentarse a trav�s de contratos de mutuo, otor�gamiento de garant�as a favor de terceros, o cualquier otro mecanismo de car�cter financiero que permita o facilite el cumplimiento del objeto del Fondo Empresarial.�

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Para las operaciones pasivas de cr�dito interno o externo del literal d) se requerir� si cumplimiento de los requisitos legales ordinarios esta�blecidos para las operaciones de cr�dito; cuando dichas operaciones de cr�dito est�n dirigidas al desarrollo del giro ordinario de las actividades propias del objeto del Fondo Empresarial para el otorgamiento de la garant�a de la Naci�n no ser� necesario la constituci�n de las contra�garant�as a favor de la Naci�n normalmente exigidas, ni los aportes al Fondo de Contingencias; para los cr�ditos otorgados directamente por la Naci�n - Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico no ser� necesario el otorgamiento de garant�as a su favor.�

Afecta la vigencia de: [Mostrar]

Art�culo 17.Definiciones. Adici�nese un par�grafo al art�culo 14 de la Ley 142 de 1994, as�:�

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Par�grafo. Las actividades que inciden determinantemente en la co�rrecta prestaci�n de los servicios p�blicos se podr�n asimilar a alguna de las actividades principales o complementarias que componen las ca�denas de valor de los servicios p�blicos. En consecuencia, quienes de�sarrollen tales nuevas actividades quedar�n sometidos a la regulaci�n, inspecci�n, vigilancia y control por parte de las Comisiones de Regu�laci�n respectivas y la Superintendencia de Servicios P�blicos Domi�ciliarios, respectivamente. La Superintendencia de Servicios P�blicos Domiciliarios definir� cu�ndo aplica dicha asimilaci�n y la obligaci�n de constituirse como Empresas de Servicios P�blicos Domiciliarios.�

Afecta la vigencia de: [Mostrar]

Art�culo 18.Inexequible�

JURISPRUDENCIA [Mostrar]

Art�culo 19. Inexequible�

JURISPRUDENCIA [Mostrar]

Art�culo 20. Tarifa de cobros por los servicios t�cnicos de planeaci�n de la UPME. La Unidad de Planeaci�n Minero Energ�tica (UPME), en los t�rminos del literal i) del art�culo 16 de la Ley 143 de 1994, podr� cobrar a aquellas personas naturales o jur�dicas que utilicen o soliciten los servicios t�cnicos de planeaci�n y asesor�a relacionados con las ac�tividades de:�

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a) Evaluaci�n de proyectos de eficiencia energ�tica y fuentes no convencionales de energ�a y gesti�n eficiente de la energ�a, para acceder a los incentivos tributarios;�

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b) Evaluaci�n de proyectos del sector energ�tico para acceder a la l�nea de redescuento con tasa compensada de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (FINDETER);�

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c) Emisi�n de conceptos sobre las conexiones al Sistema Inter�conectado Nacional, en el marco de la expansi�n de genera�ci�n y transmisi�n de energ�a, de conformidad con la delega�ci�n efectuada por el Ministerio de Minas y Energ�a.�

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El sistema y m�todo de c�lculo de la tarifa incluir�:�

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a) El valor total de los honorarios de los profesionales requeri�dos para la realizaci�n de la tarea propuesta. Para este fin se estimar� el n�mero de profesionales/mes o contratistas/mes y se aplicar�n las categor�as y tarifas de honorarios de contratos de la UPME;�

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b) El valor total de los vi�ticos y gastos de viaje de los profesio�nales que se ocasionen para el estudio, la expedici�n, el se�guimiento y/o el monitoreo del servicio t�cnico de planeaci�n y dem�s instrumentos de control y manejo establecidos en la ley, las resoluciones internas y los reglamentos. Para este fin, sobre el estimativo de visitas a la zona del proyecto se calcu�lar� el monto de los gastos de viaje necesarios, valorados de acuerdo con las tarifas del transporte p�blico y la escala de vi�ticos aplicable a la UPME.�

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Las tarifas que se cobrar�n por concepto de la prestaci�n de los servicios de planeaci�n y asesor�a descritos corresponder� a una tasa hasta de:�

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- El 1% de los beneficios tributarios solicitados por el usuario solicitante, en el caso de la evaluaci�n de los proyectos de eficiencia energ�tica y fuentes no convencionales de energ�a y gesti�n eficiente de la energ�a;�

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- El 1% del valor de los proyectos del sector energ�tico a finan�ciar con la l�nea de redescuento con tasa compensada de la Financiera de Desarrollo Territorial (S.A.) (FINDETER).�

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- 50 smlmv por solicitud de conexi�n al Sistema Interconecta�do Nacional.�

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Los recursos que se recauden por concepto del cobro de los cita�dos servicios t�cnicos de planeaci�n y asesor�a de que trata el presente art�culo, ser�n depositados en un patrimonio aut�nomo que la UPME constituir� a trav�s de un contrato de fiducia mercantil que se someter� a las normas del derecho privado. Dichos recursos ser�n utilizados para sufragar los costos relacionados con la emisi�n de conceptos t�cnicos, la evaluaci�n y el seguimiento en que deba incurrir la UPME para la prestaci�n de estos servicios.�

Art�culo 21. Vigencia Fondos El�ctricos. El Fondo de Apoyo Finan�ciero para la Energizaci�n de Zonas Rurales Interconectadas (FAER) creado por el art�culo 105 de la Ley 788 de 2002, el Programa de Nor�malizaci�n de Redes El�ctricas (PRONE) creado por el art�culo 1� de la Ley 1117 de 2006 y el Fondo de Apoyo Financiero para la Energizaci�n de las Zonas No Interconectadas (FAZNI) de que trata el art�culo 82 de la Ley 633 de 2000, tendr�n vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030.�

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Estos fondos recibir�n recursos de conformidad con las condiciones y tarifas que se encuentran vigentes a la fecha de expedici�n de la pre�sente Ley.�

Art�culo 22.Licencia Ambiental Temporal para la Formalizaci�n Minera. Las actividades de explotaci�n minera que pretendan obtener su t�tulo minero bajo el marco normativo de la formalizaci�n de miner�a tradicional o en virtud de la formalizaci�n que ocurra con posterioridad a las declaratorias y delimitaciones de �reas de reserva especial o que pretendan ser cobijadas a trav�s de alguno de los mecanismos para la formalizaci�n bajo el amparo de un t�tulo minero en la peque�a mi� ner�a, deber�n tramitar y obtener licencia ambiental temporal para la formalizaci�n minera.�

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Para el efecto, dentro de los tres meses siguiente a la firmeza del acto administrativo que autoriza el subcontrato de formalizaci�n, que aprue�ba la devoluci�n de �reas para la formalizaci�n o que declara y delimita el �rea de reserva especial de que trata el art�culo 31 de la Ley 685 de 2001, se deber� radicar por parte del interesado el respectivo Estudio de Impacto Ambiental junto con la solicitud de licencia ambiental tempo�ral para la formalizaci�n minera.�

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Una vez radicado el Estudio de Impacto Ambiental, la autoridad ambiental, dentro de los treinta (30) d�as siguientes, se pronunciar�, mediante acto administrativo, sobre la viabilidad o no de la licencia ambiental temporal para la formalizaci�n minera, la cual tendr� vigen�cia por el t�rmino de duraci�n del tr�mite de formalizaci�n minera y dos (2) meses adicionales despu�s de otorgado el contrato de concesi�n minera o la anotaci�n del subcontrato en el Registro Minero Nacional, t�rmino en el cual deber� presentarse por el interesado la solicitud de licencia ambiental global o definitiva.�

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La autoridad ambiental que otorga la licencia ambiental temporal para la formalizaci�n minera, deber� hacer seguimiento y control a los t�rminos y condiciones establecidos en ella y en caso de inobservancia de los mismos proceder� a requerir por una sola vez al interesado, para que en un t�rmino no mayor a treinta (30) d�as subsane las faltas encon�tradas. Vencido este t�rmino, la autoridad ambiental se pronunciar�, y en el evento en que el interesado no subsane la falta o no desvirt�e el incumplimiento, comunicar� tal situaci�n a la autoridad minera dentro de los cinco (5) d�as siguientes, a efectos de que dicha entidad proce�da de manera inmediata al rechazo de la solicitud de formalizaci�n de miner�a tradicional o a la revocatoria del acto administrativo de au�torizaci�n del subcontrato de formalizaci�n minera, de delimitaci�n y declaraci�n del �rea de Reserva Especial o el de la aprobaci�n de la devoluci�n de �reas para la formalizaci�n. De la actuaci�n que surta la autoridad minera se correr� traslado a la Polic�a Nacional, para lo de su competencia.�

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No obstante lo anterior, una vez otorgado el contrato de concesi�n minera o realizada la anotaci�n en el Registro Minero Nacional del sub�contrato de formalizaci�n, su titular deber� tramitar y obtener ante la autoridad ambiental competente la correspondiente licencia ambiental global o definitiva que ampare la actividad. Este tr�mite deber� ce�irse a los t�rminos y condiciones establecidos en el T�tulo VIII de la Ley 99 de 1993 y sus normas reglamentarias. En todo caso, el acto admi�nistrativo de inicio del tr�mite de la licencia ambiental global antes mencionado, extender� la vigencia de la licencia ambiental temporal para la formalizaci�n hasta que la autoridad ambiental competente se pronuncie sobre la viabilidad o no de la licencia ambiental global o de�finitiva. El incumplimiento de los t�rminos y condiciones aqu� descritos ser�n causal de rechazo de la solicitudes de formalizaci�n de miner�a tradicional o del subcontrato de formalizaci�n minera o de revocatoria de los actos administrativos de aceptaci�n de la devoluci�n de �reas para la formalizaci�n o del de declaraci�n y delimitaci�n del �rea de Reserva Especial o de caducidad del contrato de concesi�n minera, se�g�n sea el caso; as� como de la imposici�n de las medidas preventivas y sancionatorias consagradas en la Ley 1333 de 2009.�

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En todo caso, tanto las autoridades ambientales competentes como la autoridad minera deber�n observar de manera estricta el cumplimiento de los plazos establecidos en las normas que regulan los procesos del presente art�culo.�

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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible deber� expedir los t�rminos de referencia diferenciales para la elaboraci�n del estudio de impacto ambiental de la licencia ambiental temporal para la forma�lizaci�n minera, teniendo en cuenta la particularidad de los procesos de formalizaci�n de que trata el presente art�culo. Las autoridades am�bientales competentes cobrar�n los servicios de seguimiento ambiental que se efect�en a las actividades mineras durante la implementaci�n de la licencia ambienta temporal para la formalizaci�n minera de confor�midad con lo dispuesto en la Ley 633 de 2000, sin perjuicio del cobro del servicio de evaluaci�n que se deba realizar para la imposici�n del instrumento de manejo y control ambiental que ampare la operaci�n de estas actividades.�

Las solicitudes de formalizaci�n de miner�a tradicional que presen�taron plan de manejo ambiental no requerir�n presentar el estudio de impacto ambiental, por lo tanto, la licencia ambiental temporal para la formalizaci�n se otorgar� con fundamento en el mencionado plan. En el evento en que el plan de manejo ambiental haya sido aprobado, este ser� el instrumento de manejo y control ambiental que amparar� el proceso.�

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Las solicitudes de formalizaci�n de miner�a tradicional que no ha�yan presentado plan de manejo ambiental, las �reas de reserva especial declaradas y delimitadas, los subcontratos de formalizaci�n autorizados y aprobados, y las devoluciones de �reas aprobadas para la formaliza�ci�n antes de la expedici�n de la presente ley, tendr�n un plazo de tres (3) meses para presentar el estudio de impacto ambiental y la solicitud de licencia ambiental temporal para la formalizaci�n, contado a partir del d�a siguiente a la entrada en vigencia de los t�rminos de referencia diferenciales para la elaboraci�n del estudio de impacto ambiental de la licencia ambiental temporal para la formalizaci�n minera por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.�

Art�culo 23. Cesi�n de derechos mineros. La cesi�n de derechos emanados de un t�tulo minero requerir� solicitud por parte del benefi�ciario del t�tulo, acompa�ada del documento de negociaci�n de la ce�si�n de derechos. Esta solicitud deber� ser resuelta por la Autoridad Minera en un t�rmino de sesenta (60) d�as, en los cuales verificar� los requisitos de orden legal y econ�mico a que alude el art�culo 22 de la Ley 1753 de 2015 o aquella que la sustituya o modifique. En caso de ser aprobada la cesi�n se inscribir� en el Registro Minero Nacional el acto administrativo de aprobaci�n.�

Art�culo 24. Sistema de Cuadr�cula en la Titulaci�n Minera. La im�plementaci�n del sistema de cuadr�culas se llevar� a cabo de acuerdo con las normas de informaci�n geoespacial vigentes y los lineamientos que para el efecto defina la autoridad minera nacional.�

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Todas las solicitudes y propuestas se evaluar�n con base en el siste�ma de cuadr�cula minera implementado por la autoridad minera nacio�nal. Por lo anterior no se permitir� la superposici�n de propuestas sobre una misma celda, con excepci�n de las concesiones concurrentes. Se entiende por celda el cuadro definido por la autoridad minera nacional como una unidad de medida para la delimitaci�n del �rea de las solici�tudes y contratos de concesi�n minera.�

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Los t�tulos mineros otorgados con anterioridad a la entrada en ope�raci�n del sistema de cuadr�cula o el que haga sus veces, migrar� a este sistema manteniendo las condiciones y coordenadas en las que fueron otorgados, para lo cual se atender� la metodolog�a que para el efecto establezca la autoridad minera nacional.�

Art�culo 25.Pr�rrogas de los Contratos de Concesi�n Minera del Decreto 2655 de 1988. Los Contratos de Concesi�n de Miner�a suscri�tos en vigencia del Decreto 2655 de 1988 podr�n prorrogarse. Para el efecto, m�nimo seis (6) meses antes de vencerse el per�odo de explota�ci�n y encontr�ndose a paz y salvo con todas las obligaciones derivadas del contrato, el concesionario podr� solicitar la pr�rroga hasta por trein�ta (30) a�os, la cual no ser� autom�tica.�

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La Autoridad Minera Nacional determinar� si concede o no la pr�rroga, teniendo en cuenta la conveniencia de la misma para los intereses del Estado, de acuerdo con los criterios que para el efecto establezca dicha autoridad. Adicionalmente, podr� establecer nuevas condiciones contractuales y pactar nuevas contraprestaciones adicionales a las re�gal�as.�

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Perfeccionada la pr�rroga, en los t�rminos del art�culo 77 de la Ley 685 de 2001 o la norma que la sustituya o modifique, el contrato prorro�gado deber� cumplir con las normas ambientales vigentes. Las labores de explotaci�n no se suspender�n mientras se perfeccione el nuevo con�trato y se adec�en los instrumentos ambientales del contrato inicial, de acuerdo con lo que determine la autoridad ambiental.�

Art�culo 26. Inexequible.�

JURISPRUDENCIA [Mostrar]

Art�culo 27.Servidumbre minera. El procedimiento para la imposi�ci�n de servidumbres mineras ser� el previsto en la Ley 1274 de 2009.�

Art�culo 28.Inexequible.�

JURISPRUDENCIA [Mostrar]

Art�culo 29. Reporte de Informaci�n al Ministerio de Minas y Ener�g�a. El Ministerio de Minas y Energ�a en su calidad de administrador de los recursos destinados al pago de subsidios, a la ampliaci�n de cober�tura y a la mejora de calidad, entre otros, para la asignaci�n de dichos recursos, adem�s de la informaci�n reportada por los prestadores al Sistema �nico de Informaci�n (SUI) podr� solicitar directamente a los prestadores del servicio p�blico de energ�a la informaci�n que requiera, efectuar visitas, adelantar auditor�as y realizar todas las gestiones nece�sarias para verificar la destinaci�n de los recursos asignados.�

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Par�grafo. El Ministerio de Minas y Energ�a deber� presentar un in�forme anual al Congreso de la Rep�blica sobre los recursos destinados para pago de subsidios y la destinaci�n de los mismos para mejorar la ampliaci�n, calidad y cobertura.�

Art�culo 30.Fortalecimiento de la Fiscalizaci�n, Seguimiento y Control de Actividades Mineras. Las labores de exploraci�n y explo�taci�n que se desarrollen a trav�s de las figuras de reconocimientos de propiedad privada, autorizaciones temporales, �reas de reserva especial declaradas y delimitadas por la autoridad minera nacional, solicitudes de legalizaci�n y formalizaci�n minera y mecanismos de trabajo bajo el amparo de un t�tulo minero ser�n objeto de fiscalizaci�n.�

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Para la fiscalizaci�n de las actividades mineras que se desarrollan en los reconocimientos de propiedad privada, los beneficiarios deber�n presentar en el mes de noviembre de cada a�o, un informe de las labo�res mineras ejecutadas en dicha anualidad y el programa de las que se realizar�n en la siguiente. As� mismo, deber�n cumplir con las normas de seguridad e higiene minera, con la declaraci�n de producci�n de mi�nerales y con la liquidaci�n y pago de las regal�as de manera trimestral. La autoridad minera establecer� el detalle de la informaci�n a presentar y los requisitos para su entrega.�

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Los beneficiarios de autorizaciones temporales deber�n contar con la aprobaci�n por parte de la autoridad minera, de un Plan de Trabajo de Explotaci�n para la ejecuci�n de sus actividades mineras y para su fiscalizaci�n. Los t�rminos de referencia para la elaboraci�n, conteni�do, evaluaci�n y aprobaci�n de este Plan se expedir�n por la autoridad minera.�

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Mientras obtienen el contrato de concesi�n minera, las actividades mineras realizadas en las �reas de Reserva Especial declaradas, en las solicitudes de legalizaci�n y de formalizaci�n minera, y en las devo�luciones de �reas para la formalizaci�n minera, ser�n objeto de fisca�lizaci�n respecto del cumplimiento de los reglamentos de seguridad e higiene minera y el pago de las regal�as que genere la explotaci�n. Las �reas de Reserva Especial que cuenten con condiciones de seguridad e higiene minera y con instrumento ambiental diferencial, luego de su declaratoria, podr�n ejecutar operaciones mineras sin restricci�n. El in�cumplimiento de las obligaciones establecidas en este inciso ocasionar� la suspensi�n inmediata de las actividades de explotaci�n y el rechazo de la solicitud o la terminaci�n de la declaratoria de �rea de Reserva Especial.�

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El incumplimiento de las obligaciones se�aladas en los incisos se�gundo y tercero del presente art�culo, ser�n objeto de multa en los t�r�minos previstos por los art�culos 115 y 287 de la Ley 685 de 2001, sin perjuicio de las sanciones que, de acuerdo con la normativa ambiental, sean aplicables.�

Art�culo 31.Secretar�a T�cnica del OCAD Paz. El Departamento Nacional de Planeaci�n ejercer� la Secretar�a T�cnica del OCAD PAZ.�

TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

Art�culo 32. Causales para adelantar el procedimiento correctivo y sancionatorio. Modif�quese el literal a) del art�culo 113 de la Ley 1530 de 2012, el cual quedar� as�:�

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a) Incumplir con la destinaci�n legal de los recursos del Sistema General de Regal�as.�

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Afecta la vigencia de: [Mostrar]

Art�culo 33.Funcionamiento del Fondo de Estabilizaci�n de Pre�cios de los Combustibles (FEPC). Para garantizar el funcionamiento y sostenibilidad del Fondo de Estabilizaci�n de Precios de los Combusti�bles (FEPC) el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, como admi�nistrador del FEPC, podr� realizar directamente o a trav�s de entidades especializadas, el dise�o, gesti�n, adquisici�n y/o celebraci�n de instru�mentos y/o contratos de cobertura financiera sobre los precios del petr�leo o de los combustibles l�quidos en el mercado internacional, o sobre la tasa de cambio del peso colombiano por el d�lar estadounidense.�

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Par�grafo 1�. Las decisiones de coberturas financieras previstas en este art�culo deber�n ser evaluadas de forma conjunta y en contexto con la funci�n del FEPC, no por el desempe�o de una operaci�n individual sino como parte de una estrategia de estabilidad de los precios internos de los combustibles y de sostenibilidad del FEPC. En algunos periodos determinados por condiciones adversas del mercado, se podr�n obser� var operaciones cuyos resultados sean iguales a cero o negativos por la naturaleza propia de las coberturas.�

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Par�grafo 2�. Los actos o contratos que se ejecuten para el control del riesgo de mercado y de cr�dito resultante de las operaciones o de la estrategia implementada seg�n lo previsto en el presente art�culo, se sujetar�n a las normas del derecho privado aplicables a las mismas.�

Art�culo 34. Obligaciones a cargo del Fondo de Estabilizaci�n de Precios de los Combustibles (FEPC). Las obligaciones derivadas de las cuentas por cobrar constituidas por la Naci�n al Fondo de Estabiliza�ci�n de Precios de los Combustibles (FEPC) creado por el art�culo 69 de la Ley 1151 de 2007, prorrogado por el art�culo 267 de la Ley 1753 de 2015, las cuales fueron autorizadas por la ley en contrapartida de la emisi�n de bonos u otros t�tulos de deuda p�blica, se entender�n extin�tas a partir del 31 de diciembre de 2019.�

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Para dar cumplimiento a lo establecido en el presente art�culo, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico realizar� las operaciones ne�cesarias para la extinci�n de la deuda de la que trata el presente art�culo, y de sus respectivos intereses.�

Art�culo 35. Precio de los combustibles l�quidos a estabilizar. El Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico y el Ministerio de Minas y Energ�a, o la entidad delegada, establecer�n la metodolog�a de c�lculo del valor del ingreso al productor de los combustibles l�quidos y biocombustibles, as� como las tarifas y m�rgenes asociados a la remuneraci�n de toda la cadena de transporte, log�stica, comercializaci�n y distribuci�n de dichos combustibles que hacen parte del mercado regulado. Asimismo, podr�n determinar los mecanismos diferenciales de estabilizaci�n de los componentes de la estructura de los precios de referencia de venta al p�blico de los combustibles regulados y su focalizaci�n, as� como los subsidios a los mismos, que se har�n a trav�s del Fondo de Estabilizaci�n de Precios de los Combustibles (FEPC), teniendo en cuenta los principios de eficiencia y progresividad. El mecanismo de estabilizaci�n previsto por el FEPC no afectar� los impuestos de car�cter territorial.

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Par�grafo 1�. Las compensaciones al transporte, los subsidios, los incentivos tributarios y los mecanismos diferenciales de estabilizaci�n de precios podr�n reconocerse y entregarse de manera general, focalizada o directa al consumidor final en la forma que determine el Gobierno nacional mediante el uso de nuevas tecnolog�as. El Gobierno nacional determinar� el criterio de focalizaci�n.


Par�grafo 2�. Dado que el sector de biocombustibles tiene relaci�n directa con el sector agr�cola y tiene un efecto oxigenarte en los combustibles l�quidos, el porcentaje de biocombustibles dentro de la mezcla de combustibles l�quidos deber� ser concertado por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico y el Ministerio de Minas y Energ�a con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. �

TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

Art�culo 36.Administraci�n eficiente de recursos p�blicos. Modif��quese el art�culo 149 de la Ley 1753 de 2015, el cual quedar� as�:�

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Art�culo 149. Administraci�n eficiente de recursos p�blicos. Los recursos provenientes del Presupuesto General de la Naci�n transferi�dos a entidades financieras no podr�n tener como objeto proveerlas de fondos sino atender los compromisos y obligaciones en desarrollo del objeto de las apropiaciones presupuestales.�

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En consecuencia, los saldos de recursos girados a entidades financie�ras que no se encuentren respaldando compromisos u obligaciones del Presupuesto General de la Naci�n deber�n ser reintegrados a la entidad estatal respectiva, de conformidad con la reglamentaci�n que expida el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico. Los saldos as� reintegrados podr�n ser requeridos nuevamente para gastos referentes al cumpli�miento de su objeto, sin que implique operaci�n presupuestal alguna.�

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Los rendimientos financieros originados con recursos de la Naci�n deben consignarse en la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional, con excepci�n de aquellos rendimientos en los que la Ley haya determinado espec�ficamente su tratamiento.�

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Cuando los negocios fiduciarios utilicen la creaci�n de subcuentas, subprogramas, subproyectos, o cualquier otra modalidad de clasifica�ci�n, deber�n implementar de manera temporal la unidad de caja, sin afectar los derechos de los beneficiarios del negocio jur�dico, para bus�car eficiencia en el manejo de los recursos que les sit�a la Naci�n.�

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Par�grafo 1�. Adem�s de lo dispuesto en los incisos primero y se�gundo del art�culo 261 de la Ley 1450 de 2011, las entidades estatales del orden nacional que administren contribuciones parafiscales y los �rganos de previsi�n y seguridad social que administren prestaciones sociales de car�cter econ�mico, podr�n formar parte del Sistema de Cuenta �nica Nacional.�

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Par�grafo 2�. La Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Na�cional podr� administrar excedentes de liquidez de entidades estatales de cualquier orden a trav�s de dep�sitos en administraci�n, de confor�midad con la reglamentaci�n que expida el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.�

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Par�grafo 3�. Lo establecido en el inciso segundo de la presente dis�posici�n aplicar� de manera especial para los recursos del Fondo de Re�serva para la Estabilizaci�n de la Cartera Hipotecaria (FRECH) de que tratan los art�culos 48 y 49 de la Ley 546 de 1999 y el art�culo 88 de la Ley 1151 de 2017, as� como para los recursos del Subsidio de Vivienda de Inter�s Social Rural (SVISR) depositados por el Banco Agrario, de conformidad con lo establecido en el Cap�tulo 1 del T�tulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015 y sus normas modificatorias.�

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Afecta la vigencia de: [Mostrar]

Art�culo 37. Administraci�n de activos y pasivos financieros. El Mi�nisterio de Hacienda y Cr�dito P�blico, a trav�s de la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional ser� la encargada de administrar los activos y pasivos financieros de la Naci�n de forma directa y los activos financieros de los dem�s entes p�blicos por delegaci�n de las entidades respectivas.�

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Para tal efecto, fac�ltese a la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico para que realice las siguientes operaciones: compra y venta de t�tulos valores emitidos por la Naci�n, el Banco de la Rep�blica, Fondo de Garant�as de Instituciones Financieras (FOGAF�N), entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia y otros go�biernos y tesorer�as; compra de deuda de la Naci�n; compras con pacto de retroventa, operaciones repo, simult�neas y transferencia temporal de valores con entidades p�blicas y con entidades financieras sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia; dep�sitos remunerados e inversiones financieras en entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia; dep�sitos a t�rmino y compras de t�tulos emitidos por entidades banca�das y financieras del exterior; inversiones en instrumentos del mercado monetario administrados por entidades financieras del exterior; opera�ciones de cubrimiento de riesgos; pr�stamos transitorios a dicha Direc�ci�n General cuyo plazo se podr� prorrogar antes de su vencimiento, dep�sitos en administraci�n de recursos de las entidades estatales de cualquier orden, eventos que no implican unidad de caja; pr�stamos de t�tulos valores a la citada Direcci�n a tasas de mercado; y las dem�s que autorice el Gobierno nacional.�

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Par�grafo 1�. Las operaciones de las que trata este art�culo, as� como los actos y contratos necesarios para su ejecuci�n, se sujetar�n a las normas de derecho privado y se podr�n atender con cargo al servicio de la deuda si lo apropiado por los rendimientos de la colocaci�n de los excedentes de la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacio�nal, fuera insuficiente.�

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Par�grafo 2�. En el manejo de los excedentes de liquidez, la Di�recci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional podr� otor�gar cr�ditos de tesorer�a hasta por el plazo de un a�o a las entidades descentralizadas del orden nacional, de conformidad con los criterios t�cnicos y condiciones que establezca el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.�

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Afecta la vigencia de: [Mostrar]

Art�culo 39.Saneamiento Contable de los Estados Financieros de la Naci�n. Con el fin de lograr el saneamiento contable de los estados financieros de la Naci�n, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico har� los registros contables para depurar y castigar los saldos derivados de embargos judiciales por procesos ejecutivos decretados en contra de las diferentes entidades p�blicas, antes del 28 de febrero de 1995 y que recayeron contra el Tesoro Nacional - Cuenta Cajero del Banco de la Rep�blica.�

Art�culo 40.Saneamiento de t�tulos de bienes inmuebles de la na�ci�n y entidades extintas o inexistentes del orden nacional. Los bienes inmuebles cuyos t�tulos de propiedad actualmente figuren en cabeza de entidades, establecimientos p�blicos, empresas industriales o comercia�les del orden nacional, ya extintas o inexistentes o aparezcan asignados de manera indefinida o gen�rica a nombre de la Naci�n o el Estado co�lombiano, o cualquier expresi�n equivalente en su momento, se inscri�bir�n por las autoridades registrales a t�tulo de asignaci�n a nombre del Ministerio y/o Departamento Administrativo cabeza del �ltimo sector al que perteneci� o debi� pertenecer la entidad en ellos mencionada o al Ministerio cuyas funciones est�n relacionadas con el objeto o destino del respectivo bien.�

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Para lo anterior, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico de�terminar� mediante acto administrativo motivado el Ministerio y/o Departamento Administrativo al que ser� asignado el inmueble. Si el inmueble no se requiere para la prestaci�n de alg�n servicio a cargo del Gobierno nacional ser� asignado a la Central de Inversiones S.A. (CISA). En caso de no poderse determinar la entidad a la que pertenec�a o el sector al cual estaba destinado el uso del bien, la titularidad del mis�mo quedar� en cabeza del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, mientras se efect�a la asignaci�n mencionada. El registro de este acto no generar� impuestos, tasas o contribuciones.�

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Par�grafo. Se except�a de lo dispuesto en este art�culo los bienes bald�os rurales.�

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Art�culo 41. De las modalidades de selecci�n. Modif�quese el pa�r�grafo 5� del art�culo 2� de la Ley 1150 de 2007, el cual quedar� as�:�

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Par�grafo 5�. Los acuerdos marco de precios a que se refiere el in�ciso 2 del literal a) del numeral 2 del presente art�culo, permitir�n fijar las condiciones de oferta para la adquisici�n o suministro de bienes y servicios de caracter�sticas t�cnicas uniformes y de com�n utilizaci�n a las entidades estatales durante un per�odo de tiempo determinado, en la forma, plazo y condiciones de entrega, calidad y garant�a establecidas en el acuerdo.�

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La selecci�n de proveedores como consecuencia de la realizaci�n de un acuerdo marco de precios, le dar� a las entidades estatales que suscriban el acuerdo, la posibilidad que mediante �rdenes de compra directa, adquieran los bienes y servicios ofrecidos.�

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En consecuencia, entre cada una de las entidades que formulen �rde�nes directas de compra y el respectivo proveedor, se constituir� un con�trato en los t�rminos y condiciones previstos en el respectivo acuerdo.�

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El Gobierno nacional se�alar� la entidad o entidades que tendr�n a su cargo el dise�o, organizaci�n y celebraci�n de los acuerdos marco de precios. El reglamento establecer� las condiciones bajo las cuales el uso de acuerdos marco de precios, se har� obligatorio para todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contrataci�n de la Adminis�traci�n P�blica.�

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Los Organismos Aut�nomos, las Ramas Legislativa y Judicial y las entidades territoriales en ausencia de un acuerdo marco de precios di�se�ado por la entidad que se�ale el Gobierno nacional, podr�n dise�ar, organizar y celebrar acuerdos marco de precios propios.�

TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

Afecta la vigencia de: [Mostrar]

Art�culo 42.Transparencia en contrataci�n de m�nima cuant�a. Adi�ci�nese el par�grafo 3� al art�culo 94 de la Ley 1474 de 2011, as�:�

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Par�grafo 3�. En aquellos eventos en que las entidades estatales de�ban contratar bienes o servicios de caracter�sticas t�cnicas uniformes que se encuentren en un acuerdo marco de precios y cuyo valor no ex�ceda del diez por ciento (10%) de la menor cuant�a, las entidades debe�r�n realizar la adquisici�n a trav�s de la Tienda Virtual del Estado Co�lombiano, siempre que el bien o servicio est� disponible por ese medio.�

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Las entidades que no se encuentren obligadas a hacer uso del acuer�do marco de precios igualmente podr�n utilizar esta figura antes que la selecci�n por m�nima cuant�a.�

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Afecta la vigencia de: [Mostrar]

Art�culo 43.Inhabilidad por incumplimiento reiterado. Modif�quese el art�culo 90 de la Ley 1474 de 2011, el cual quedar� as�:�

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Art�culo 90. Inhabilidad por incumplimiento reiterado. Quedar� inhabilitado el contratista que incurra en alguna de las siguientes con�ductas:�

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a) Haber sido objeto de imposici�n de cinco (5) o m�s multas durante la ejecuci�n de uno o varios contratos, con una o va�rias entidades estatales, durante los �ltimos tres (3) a�os;�

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b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento con�tractual en por lo menos dos (2) contratos, con una o varias entidades estatales, durante los �ltimos tres (3) a�os;�

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c) Haber sido objeto de imposici�n de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales.�

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d) Haber sido objeto de incumplimiento contractual o de imposici�n de dos (2) o m�s multas, con una o varias entidades, cuando se trate de contratos cuyo objeto est� relacionado con el Programa de Alimentaci�n Escolar. Esta inhabilidad se extender� por un t�rmino de diez (10) a�os, contados a partir de la publicaci�n del acto administrativo que impone la inscripci�n de la �ltima multa o incumplimiento en el Registro �nico de Proponentes, de acuerdo con la informaci�n remitida por las entidades p�blicas.



La inhabilidad pertinente se har� expl�cita en el Registro �nico de Proponentes cuando a ello haya lugar.
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La inhabilidad se extender� por un t�rmino de tres (3) a�os, con�tados a partir de la publicaci�n del acto administrativo que impone la inscripci�n de la �ltima multa o incumplimiento en el Registro �nico de Proponentes, de acuerdo con la informaci�n remitida por las entida�des p�blicas. La inhabilidad pertinente se har� expl�cita en el Registro �nico de Proponentes cuando a ello haya lugar.�

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Par�grafo. La inhabilidad a que se refiere el presente art�culo se ex�tender� a los socios de sociedades de personas a las cuales se haya de�clarado esta inhabilidad, as� como a las sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria.�

TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

Art�culo 44.Enajenaci�n de participaciones minoritarias de las en�tidades estatales. Modif�quese el art�culo 258 de la Ley 1450 de 2011, modificado por el art�culo 162 de la Ley 1753 de 2015, el cual quedar� as�:�

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Art�culo 258. Enajenaci�n de participaciones minoritarias de las entidades estatales. Las entidades estatales de cualquier orden o rama podr�n enajenar directamente o a trav�s del colector de activos de la Naci�n, Central de Inversiones (CISA), �nicamente aquellas participa�ciones accionarias en las cuales la propiedad de las mismas haya sido producto de un acto en el que no haya mediado la voluntad expresa de la entidad p�blica o que provengan de una daci�n en pago y, siempre y cuando esta participaci�n no supere el cuarenta y nueve por ciento (49%) de la propiedad accionaria de la sociedad. En todo caso, y pre�vio a enajenar las mismas, la entidad propietaria de la participaci�n accionaria deber� comprobar que la propiedad accionaria que ostenta fue producto de un acto en el que no medi� la voluntad expresa de la entidad p�blica o que provino de una daci�n en pago. Cuando la entidad opte por enajenar la participaci�n en una sociedad deber� dar aplicaci�n al r�gimen societario al que se encuentra sometida.�

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En el evento en que las entidades a que se refiere este art�culo opten por enajenar directamente su participaci�n en una empresa, la valora�ci�n de la participaci�n deber� contar con las siguientes aprobaciones: i) Las entidades que hacen parte del sector central del orden nacional deber�n contar con la no objeci�n del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, ii) Las entidades que hacen parte del sector descentralizado del orden nacional deber�n contar con la aprobaci�n de la junta directiva de la respectiva entidad, y, iii) las entidades territoriales de cualquier orden deber�n contar con la aprobaci�n del representante de la respec�tiva entidad.�

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En los casos en que las entidades a que se refiere este art�culo deci�dan adelantar el proceso de enajenaci�n a trav�s de CISA, este se efec�tuar� conforme al modelo de valoraci�n y al procedimiento establecido por CISA, teniendo en cuenta las condiciones de mercado. Es este caso, la entidad estatal y CISA podr�n suscribir un convenio / contrato inte�radministrativo en el cual se pactar� entre otros: i) El valor y forma de pago de la remuneraci�n de CISA, que podr� ser descontado del valor de la venta, ii) Los m�todos de valoraci�n, que se adelantar�n siguiendo al efecto el modelo de valoraci�n y el procedimiento establecido por CISA, para lo cual esta �ltima podr� contratar a un tercero que desa�rrolle actividades de banca de inversi�n con el fin de que adelante y/o apoye el proceso de valoraci�n.�

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Las entidades a que hace referencia este art�culo podr�n, a trav�s de CISA, enajenar las acciones que hubieren adquirido con anterioridad a la expedici�n de esta Ley o aquellas que adquieran posteriormente.�

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Afecta la vigencia de: [Mostrar]

Art�culo 45. Extensi�n de la medida cautelar. Adici�nese el siguien�te par�grafo al art�culo 100 de la Ley 1708 de 2014, as�:�

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Par�grafo. La extensi�n de la medida cautelar a que se refiere este art�culo aplica aunque los bienes no hayan sido plenamente individuali�zados por la Fiscal�a General de la Naci�n. Los efectos de este art�culo aplicar�n a los procesos iniciados antes de la entrada en vigencia de la presente Ley. En consecuencia, el administrador del FRISCO estar� habilitado para solicitar a las autoridades con funciones de registro, la inscripci�n de las medidas cautelares a los bienes donde opere el fen�meno, siempre que la medida cautelar recaiga en el 100% de la partici�paci�n accionaria.�

Afecta la vigencia de: [Mostrar]

Art�culo 46. Del Fondo Adaptaci�n. Modif�quese el art�culo 155 de la Ley 1753 de 2015, el cual quedar� as�:�

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Art�culo 155. Del Fondo Adaptaci�n. El Fondo Adaptaci�n, creado mediante Decreto-Ley 4819 de 2010, har� parte del Sistema Nacional de Gesti�n del Riesgo de Desastres en los t�rminos de la Ley 1523 de 2012.�

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Los contratos que celebre el Fondo Adaptaci�n para ejecutar los re�cursos destinados al programa de reducci�n de la vulnerabilidad fiscal ante desastres y riesgos clim�ticos, se regir�n por el derecho privado. Lo anterior, con plena observancia de lo dispuesto en el art�culo 13 de la Ley 1150 de 2007, sin perjuicio de la facultad de incluir las cl�usulas excepcionales a que se refieren los art�culos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 y de aplicar lo dispuesto en los art�culos 11 y 17 de la Ley 1150 de 2007, a partir del 1� de enero de 2020 los procesos contractuales que adelante el Fondo Adaptaci�n se regir�n por lo previsto por la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007.�

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Con el prop�sito de fortalecer y contribuir a la reducci�n de la vul�nerabilidad fiscal del Estado, el Fondo Adaptaci�n podr� estructurar y ejecutar proyectos integrales de reducci�n del riesgo y adaptaci�n al cambio clim�tico, en el marco del Sistema Nacional de Gesti�n del Riesgo de Desastres o del Plan Nacional de Adaptaci�n y de la Pol�tica Nacional de Cambio Clim�tico, o su equivalente, en coordinaci�n con los respectivos sectores.�

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Par�grafo. Ser� responsabilidad de las entidades del orden nacional y territorial beneficiar�as de los proyectos a cargo del Fondo Adapta�ci�n, garantizar su sostenibilidad y la puesta en marcha de los mecanis�mos jur�dicos, t�cnicos, financieros y operacionales necesarios para su adecuada implementaci�n.�

Afecta la vigencia de: [Mostrar]

Art�culo 47.R�gimen patrimonial. Adici�nese el literal f) al numeral 2 del art�culo 319 del Estatuto Org�nico del Sistema Financiero, as�:�

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f) Cuando de acuerdo con consideraciones t�cnicas referidas a la suficiencia de una reserva, la Junta Directiva del Fondo de Garant�as de Instituciones Financieras lo considere necesario, podr� adoptar un plan para incrementarla de manera temporal. Para dicha finalidad, con base en estos criterios, podr� incrementar la prima por encima del l�mite previsto en el art�culo 323 de este Estatuto.�

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Afecta la vigencia de: [Mostrar]

Art�culo 48.Garant�as para bonos hipotecarios para financiar car�tera VIS subsidiable y para t�tulos emitidos en procesos de titulari�zaci�n de cartera VIS subsidiable. Modif�quese el inciso primero del art�culo 30 de la Ley 546 de 1999, el cual quedar� as�:�

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Garant�as para bonos hipotecarios para financiar cartera VIS subsi�diable y para t�tulos emitidos en procesos de titularizaci�n de cartera VIS subsidiable. El Gobierno nacional, a trav�s del Fondo Nacional de Garant�as (FNG), otorgar� garant�as para los bonos hipotecarios para financiar cartera VIS subsidiable y para t�tulos emitidos en procesos de titularizaci�n de cartera VIS subsidiable, que emitan los estableci�mientos de cr�dito, en los t�rminos y con las condiciones que se�ale el Gobierno nacional.�

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Art�culo 49. Derogado.�

TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

Art�culo 50.Transferencia de participaciones en organismos in�ternacionales. Autor�cese al Banco de la Rep�blica para transferir al Gobierno nacional las participaciones (aportes, contribuciones y sus�cripciones) en organismos internacionales que no constituyan activos de reservas internacionales y los pasivos relacionados con las mismas. Esta operaci�n se efectuar� por el valor en libros en la fecha de la ope�raci�n, con cargo al patrimonio del Banco de la Rep�blica.�

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Art�culo 51. Gastos de personal de entidades p�blicas del orden na�cional. Las modificaciones a los gastos de personal de las entidades p��blicas nacionales no podr�n afectar programas y servicios esenciales a cargo de la respectiva entidad. As� mismo, deber�n guardar consistencia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Marco de Gasto de Mediano Plazo del respectivo sector, y garantizar el cumplimiento de la regla fiscal establecida en la Ley 1473 de 2011. El Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico verificar� el cumplimiento de estas condiciones y otor�gar� la viabilidad presupuestal.�

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Art�culo 52.Marco fiscal de mediano plazo para entidades territo�riales. Adici�nese el literal h) y un par�grafo al art�culo 5� de la Ley 819 de 2003, as�:�

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h) Incorporar en su Marco Fiscal de Mediano Plazo el an�lisis de la situaci�n financiera de las entidades del sector descen�tralizado y hacer ejercicios de simulaci�n sobre el impacto que puedan tener los resultados de dichas entidades en las finanzas de la entidad territorial y en los indicadores de las normas de responsabilidad fiscal territorial.�

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Par�grafo. El Marco Fiscal de Mediano Plazo de las entidades terri�toriales deber� contener la descripci�n de las estrategias e instrumentos para garantizar su cumplimiento. Los concejos municipales y asambleas departamentales al aprobar el presupuesto y el plan de inversiones del plan de desarrollo tendr�n en cuenta que estos sean consistentes con el Marco Fiscal de Mediano Plazo de la entidad territorial.�

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Afecta la vigencia de: [Mostrar]

Art�culo 53.Pago de sentencias o conciliaciones en mora. Durante la vigencia de la presente Ley, la Naci�n podr� reconocer como deuda p�blica las obligaciones de pago originadas en sentencias o conciliacio�nes debidamente ejecutoriadas y los intereses derivados de las mismas, que se encuentren en mora en su pago a la fecha de expedici�n de la presente Ley. Este reconocimiento operar� exclusivamente para las en�tidades que hagan parte del Presupuesto General de la Naci�n y por una sola vez. En estos casos, dichas obligaciones de pago ser�n reconocidas y pagadas bien sea con cargo al servicio de deuda del Presupuesto Ge�neral de la Naci�n o mediante la emisi�n de T�tulos de Tesorer�a TES Clase B.�

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Para el cumplimiento de lo se�alado en este art�culo y con el objetivo de suministrar la respectiva liquidez, la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P��blico administrar�, en una cuenta independiente el cupo de emisi�n de TES que se destine a la atenci�n de las obligaciones de pago originadas en sentencias o conciliaciones ejecutoriadas, y los intereses derivados de las mismas. Para estos efectos, la Direcci�n General de Cr�dito P��blico y Tesoro Nacional estar� facultada para realizar las operaciones necesarias en el mercado monetario y de deuda p�blica.�

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En todo caso, las entidades de las que trata el inciso primero de este art�culo deber�n tener en cuenta:�

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1. La veracidad, oportunidad, verificaci�n de los requisitos para el pago de las obligaciones, as� como la responsabilidad de adelantar las gestiones pertinentes radica exclusivamente en cada una de las entidades, sin que implique responsabilidad alguna para las dem�s entidades que participan en el proceso de pago de las sentencias o conciliaciones, de conformidad con lo que para el efecto defina el Gobierno nacional. El in�cumplimiento de lo dispuesto en este numeral acarrear� las sanciones penales, disciplinarias y fiscales a que haya lugar.�

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2. El cumplimiento de lo dispuesto en el art�culo 262 de la Ley 1819 de 2016.�

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3. Podr�n celebrar acuerdos de pago o conciliaciones extraju�diciales con los beneficiarios finales, respecto de los montos adeudados.�

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4. La responsabilidad por el pago de las obligaciones es exclusi�vamente de la entidad. El Gobierno nacional reglamentar� la materia.�

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Par�grafo 1�. La emisi�n de T�tulos de Tesorer�a TES Clase B de que trata el presente art�culo no implica operaci�n presupuestal y solo debe presupuestarse para efectos del pago de intereses y la redenci�n de los t�tulos.�

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Par�grafo 2�. Las entidades del Presupuesto General de la Naci�n de las que trata el presente art�culo deber�n suscribir con el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico los acuerdos de pago para asumir el prin�cipal e intereses de los t�tulos con cargo a sus presupuestos de gasto y proceder�n con los registros contables que sean del caso para extinguir dichas obligaciones.�

TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

Art�culo 54.Autorizaci�n para el uso de recursos de mayor recaudo. Los recursos incorporados en el presupuesto bienal del Sistema General de Regal�as a trav�s del art�culo 7� de la Ley 1942 de 2018, no estar�n imitados por lo dispuesto en el art�culo 40 de la misma Ley.�

Art�culo 55.Fondo DIAN para Colombia. Cr�ase un patrimonio au�t�nomo denominado Fondo DIAN para Colombia, administrado por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico o por la entidad o entidades que esta decida, y para el efecto estas entidades se encuentran facultadas para celebrar el espectivo contrato de fiducia mercantil. Este Fondo ten�dr� por objeto la financiaci�n y/o la inversi�n del programa de moderni�zaci�n de la Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). En desarrollo de su prop�sito el mencionado patrimonio aut�nomo podr�:�

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1. Recibir total o parcialmente aportes del Gobierno nacional para financiar o cofinanciar los proyectos de desarrollo acor�des con la finalidad del patrimonio aut�nomo.�

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2. Administrar todo tipo de bienes muebles y/o inmuebles de propiedad de la DIAN y comercializarlos a fin de destinarlos al objeto del fondo.�

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3. Aceptar donaciones del sector p�blico o privado, nacional e internacional, con el prop�sito de realizar las actividades del patrimonio.�

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4. Suscribir convenios o contratos con entidades p�blicas para desarrollar su prop�sito.�

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5. Celebrar operaciones de financiamiento interno o externo, a nombre de patrimonio aut�nomo para lo cual la Naci�n o las Entidades Territoriales podr�n otorgar los avales o garant�as correspondientes. Para el otorgamiento de la garant�a de la Naci�n no ser� necesario la constituci�n de las contragaran�t�as a favor de la Naci�n ni de la realizaci�n de aportes al Fondo de Contingencias.�

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Cumplido el prop�sito del Fondo DIAN para Colombia, este podr� ser liquidado. El Gobierno nacional reglamentar� la materia.�

Art�culo 56.Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestruc�tura (FONDES). Modif�quese el art�culo 144 de la Ley 1753 de 2015 que quedar� as�:�

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Art�culo 144. Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraes�tructura (FONDES). El Fondo Nacional para el Desarrollo de la In�fraestructura (FONDES) ser� administrado por la Financiera de De�sarrollo Nacional y/o la entidad que defina el Gobierno nacional, de conformidad con la reglamentaci�n expedida para el efecto y en los t�rminos del contrato que se suscriba.�

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El objeto del FONDES ser� la inversi�n y financiamiento de pro�yectos de infraestructura, as� como la inversi�n en el capital social de empresas de servicios p�blicos mixtas u oficiales y su patrimonio estar� constituido, entre otras, por las siguientes fuentes:�

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a) Cuando el Gobierno nacional lo defina, los recursos producto de la enajenaci�n de la participaci�n accionaria de la Naci�n, recibidos en virtud de un proceso regulado por la Ley 226 de 1995;�

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b) Los rendimientos que genere el Fondo;�

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c) Los recursos que obtenga el fondo a trav�s de sus propias operaciones de cr�dito p�blico y de tesorer�a;�

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d) Los dem�s recursos que se dispongan para el efecto.�

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El Gobierno nacional reglamentar� la administraci�n y funciona�miento del FONDES, as� como los dem�s asuntos necesarios para su financiamiento y el cabal cumplimiento de su objeto, sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto por el art�culo 124 del Estatuto Org�nico del Presupuesto.�

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Par�grafo. Los recursos resultantes de la enajenaci�n de la partici�paci�n accionaria de la Naci�n se�alados en este art�culo, mientras se incorporan al Presupuesto General de la Naci�n, se mantendr�n en una cuenta especial e independiente administrada por el Tesoro Nacional. El Gobierno nacional reglamentar� el procedimiento por el que se deci�dir�n los t�rminos y plazos en que los recursos de esta cuenta especial ser�n incorporados en el Presupuesto General de la Naci�n, as� como la transferencia de los mismos del Tesoro Nacional a los administradores.�

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Afecta la vigencia de: [Mostrar]

Art�culo 57.Eficiencia en la Administraci�n de los Recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Las cesan�t�as definitivas y parciales de los docentes de que trata la Ley 91 de 1989 ser�n reconocidas y liquidadas por la Secretar�a de Educaci�n de la entidad territorial y pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.�

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Las pensiones que pagar� el Fondo Nacional de Prestaciones Socia�les del Magisterio ser�n reconocidas por el citado Fondo, mediante la aprobaci�n del proyecto de resoluci�n por parte de quien administre el Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educaci�n de la Entidad Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de reconocimiento de la pensi�n se har� mediante resoluci�n que llevar� la firma del Secretario de Educaci�n de la entidad territorial.�

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Para el pago de las prestaciones econ�micas y los servicios de salud, el Fondo deber� aplicar el principio de unidad de caja con el fin de lograr mayor eficiencia en la administraci�n y pago de las obligacio�nes definidas por la ley, con excepci�n de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET). En todo caso, el Fondo debe priorizar el pago de los servicios de salud y de las mesadas pensionales de los maestros.�

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Los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Ma�gisterio solo podr�n destinarse para garantizar el pago de las presta�ciones econ�micas, sociales y asistenciales a sus afiliados docentes, pensionados y beneficiarios. No podr� decretarse el pago de indemni�zaciones econ�micas por v�a judicial o administrativa con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.�

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Par�grafo. La entidad territorial ser� responsable del pago de la san�ci�n por mora en el pago de las cesant�as en aquellos eventos en los que el pago extempor�neo se genere como consecuencia del incumplimien�to de los plazos previstos para la radicaci�n o entrega de la solicitud de pago de cesant�as por parte de la Secretar�a de Educaci�n territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En estos eventos el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ser� responsable �nicamente del pago de las cesant�as.�

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Par�grafo Transitorio. Para efectos de financiar el pago de las sanciones por mora a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio causados a diciembre de 2022, fac�ltese al Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico para emitir T�tulos de Tesorer�a que ser�n administrados por una o varias sociedades fiduciarias p�blicas, as� mismo, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico definir� la operaci�n, las reglas de negociaci�n y pago de los mismos. El Consejo Directivo de Fomag efectuar� la adici�n presupuestal de los recursos de los que trata el presente par�grafo.



La emisi�n de bonos o t�tulos no implica operaci�n presupuestal alguna y solo debe presupuestarse para efectos de su redenci�n.�

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La emisi�n de bonos o t�tulos no implica operaci�n presupuestal al�guna y solo debe presupuestarse para efectos de su redenci�n.�

TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

Art�culo 58.Prohibici�n de transferencias y liquidaci�n de empre�sas ineficientes. Adici�nese el siguiente par�grafo al art�culo 14 de la Ley 617 de 2000:�

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Par�grafo. Las entidades territoriales podr�n incluir dentro de sus planes de inversi�n, partidas destinadas a fortalecer la reserva t�cnica de las empresas operadoras de juegos de loter�a tradicional o de bille�tes. Tambi�n podr�n hacerlo para el desarrollo e implementaci�n de un plan de desempe�o y/o estrategia comercial; el cual deber� contar con la aprobaci�n previa del Consejo Nacional de juegos de Suerte y Azar, en el que se determinar� la viabilidad de la empresa y la rentabilidad de la inversi�n.�

Afecta la vigencia de: [Mostrar]

Art�culo 59.Condiciones de operaci�n en l�nea y en tiempo real de los juegos localizados. Modif�quese el art�culo 14 de la Ley 1393 de 2010, el cual quedar� as�:�

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Art�culo 14. Condiciones de operaci�n en l�nea y en tiempo real de los juegos localizados. Los operadores de Juegos de Suerte y Azar Localizados que cumplan con las condiciones de conectividad y confia�bilidad Restablecidos por la entidad administradora del monopolio pa�gar�n a t�tulo de derecho de explotaci�n el doce por ciento (12%) sobre los Ingresos brutos menos el monto de los premios pagados calculados sobre la totalidad de los elementos de juego autorizados en el contrato de concesi�n.�

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Una vez dispuesta la obligaci�n de conectividad, se presumir� ilegal la m�quina que no lo est� y adem�s de las sanciones por ilegalidad co�rrespondiente, ser� objeto del respectivo decomiso.�

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Par�grafo 1�. Enti�ndase por ingresos brutos la totalidad del valor registrado en el contador de entrada de las m�quinas del contrato de concesi�n.�

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Para el caso de Bingos, los ingresos brutos son el total del valor de los cartones vendidos en el periodo de liquidaci�n.�

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Par�grafo 2�. En ning�n caso el impuesto del IVA formar� parte de la base para el c�lculo de los derechos de explotaci�n previstos en el siguiente art�culo.�

TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

Afecta la vigencia de: [Mostrar]

Art�culo 60.Plan de Premios y Rentabilidad M�nima Anual. Modif��quese el art�culo 24 de la Ley 643 de 2001, el cual quedar� as�:�

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Art�culo 24. Plan de Premios y Rentabilidad M�nima Anual. El Gobierno nacional fijar� la estructura del plan de premios del juego de apuestas permanentes o chance que regir� en todo el pa�s.�

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La rentabilidad m�nima anual del juego de chance para cada conce�sionario, ser� el valor pagado por concepto de derechos de explotaci�n en el a�o inmediatamente anterior, para lo cual, la �nica referencia son los ingresos brutos del juego.�

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Para los pliegos de condiciones, la legalizaci�n y la tasaci�n de las garant�as anuales de los contratos de concesi�n, el valor contractual ser� el 12% de los ingresos brutos del juego de chance de los �ltimos 5 a�os. La garant�a de cumplimiento se constituir� por los concesio�narios, por per�odos sucesivos de un (1) a�o durante la vigencia de los contratos de concesi�n, con base en el valor del contrato por cada a�o, con la obligaci�n de obtener la correspondiente pr�rroga con anticipa�ci�n al vencimiento de la garant�a en la etapa respectiva.�

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Cuando el monto de los derechos de explotaci�n, de un a�o, resulte inferior al valor absoluto pagado durante el a�o inmediatamente ante�rior, el concesionario estar� obligado al pago de la diferencia a t�tulo de compensaci�n contractual.�

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No habr� lugar a conceptos, ni actos administrativos que var�en los derechos de explotaci�n, la rentabilidad m�nima ni el valor de los con�tratos.�

Afecta la vigencia de: [Mostrar]

Art�culo 61.Prohibici�n de gravar el monopolio rent�stico. Modif��quese el art�culo 49 de la Ley 643 de 2001, el cual quedar� as�:�

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Art�culo 49. Prohibici�n de gravar el monopolio rent�stico. En las concesiones o autorizaciones para operar juegos de suerte y azar, en las cuales el precio pagado por el aportador incluye el IVA, de pleno dere�cho, se efectuar� el ajuste del valor del contrato respectivo en caso de incremento en la tarifa de este impuesto.�

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La suscripci�n, ejecuci�n y liquidaci�n de los contratos para la ope�raci�n de todas las modalidades de juegos de suerte y azar, los puntos de venta, las agencias, establecimientos de comercio donde ellos ope�ran, los premios y, en general todos los actos de la operaci�n comercial de la actividad de juegos de suerte y azar, no pueden estas gravados con ning�n impuesto directo o indirecto, tasas, contribuciones fiscales o parafiscales, estampillas, ni tarifas diferenciales por concepto de im�puestos de car�cter municipal, distrital o departamental.�

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Afecta la vigencia de: [Mostrar]

Art�culo 62. Derogado.�

TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

Art�culo 63. Derogado.�

Art�culo 64. Rentas exentas a partir del a�o gravable 2019. Inter�pr�tese con autoridad el primer inciso del art�culo 235-2 del Estatuto Tributario, modificado por el art�culo 79 de la Ley 1943 de 2018, y enti�ndase que las rentas exentas de las personas naturales comprenden las de los art�culos 126-1, 126-4, 206 y 206-1 del Estatuto Tributario y las reconocidas en convenios internacionales, desde el 1� de enero de 2019 inclusive.�

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Afecta la vigencia de: [Mostrar]

Art�culo 65. Tarifa especial para dividendos o participaciones reci�bidas por sociedades nacionales. Modificar el par�grafo 3� del art�culo 50 de la Ley 1943 de 2018 que adicion� el art�culo 242-1 del Estatuto Tributario referido a la tarifa especial para dividendos o participaciones recibidas por sociedades nacionales, el cual quedar� as�:�

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Par�grafo 3�. Los dividendos que se distribuyen dentro de los grupos empresariales o dentro de sociedades en situaci�n de control debida�mente registrados ante la C�mara de Comercio, no estar�n sujetos a la retenci�n en la fuente regulada en este art�culo. Lo anterior, siempre y cuando no se trate de una entidad intermedia dispuesta para el diferi�miento del impuesto sobre los dividendos.�

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Afecta la vigencia de: [Mostrar]

Art�culo 66. Movilizaci�n de cartera. A partir de la expedici�n de la presente Ley, las entidades estatales o p�blicas del orden nacional con excepci�n de las entidades financieras de car�cter estatal, las Empre�sas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Econom�a Mixta y las entidades en liquidaci�n, deber�n vender la cartera con m�s de ciento ochenta (180) d�as de vencida al colector de activos de la Na�ci�n, Central de Inversiones (CISA), para que este las gestione.�

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Respecto de la cartera de naturaleza coactiva, las entidades de que trata este art�culo, al igual que las de orden territorial, podr�n enajenarla a CISA, quien para su recuperaci�n podr� aplicar sus pol�ticas de des�cuento y podr� dar aplicaci�n al mecanismo de notificaci�n electr�nica de que trata el art�culo 566-1 del Estatuto Tributario, que tambi�n apli�car� para cualquier acto derivado del procedimiento establecido en el art�culo 823 del referido Estatuto y dem�s normas que lo complementen o modifiquen. Se entender� que los titulares de datos personales auto�rizan expresamente la notificaci�n a trav�s de este medio, de conformi�dad con lo previsto en el art�culo 56 de la Ley 1437 de 2011.�

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CISA en su condici�n de colector de activos p�blicos de la Naci�n, tendr� acceso a las bases del Registro �nico Tributario (RUT) y el Re�gistro �nico Nacional de Tr�nsito (RUNT) para obtener la informaci�n de correo electr�nico de los deudores.�

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En los eventos en que la cartera sea de imposible recudo por la pres�cripci�n o caducidad de la acci�n, por la p�rdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo que le dio origen o por la inexistencia probada del deudor o su insolvencia demostrada y por tanto no sea posible ejer�cer los derechos de cobro o bien porque la relaci�n costo-beneficio al realizar su cobro no resulta eficiente; las entidades estatales o p�blicas del orden nacional, podr�n realizar la depuraci�n definitiva de estos saldos contables, realizando un informe detallado de las causales por las cuales se depura y las excluir� de la gesti�n. El Gobierno nacional reglamentar� la materia. Los recursos obtenidos por esta venta ser�n girados por los plazos fijados por CISA atendiendo sus disponibilidades de caja as�: i) Al Tesoro Nacional en el caso de las entidades que hacen parte del presupuesto nacional; y ii) directamente a los patrimonios au�t�nomos de remanentes y a las entidades pertenecientes al sector des�centralizado del nivel nacional, cobijados por lo dispuesto en el art�culo 238 de la Ley 1450 de 2011, as� como los fondos especiales cuya ley de creaci�n incluya ingresos de capital por venta de bienes propios de las entidades a las que est�n adscritos como fuentes de recursos.�

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CISA causar� para efectos fiscales los ingresos que genere el cobro de cartera, solamente cuando se produzca el recaudo efectivo o se pro�duzca su enajenaci�n.�

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Las entidades territoriales y las Empresas Sociales del Estado (ESE) podr�n enajenar o entregar en administraci�n a CISA la cartera corriente y de naturaleza coactiva, incluida aquella por concepto de impuestos y servicios de salud. Este servicio no tendr� costo para los municipios de categor�a 4, 5 y 6.


Par�grafo. Se except�a del presente art�culo la cartera proveniente de las operaciones de cr�dito p�blico celebradas por la naci�n.�

TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

Art�culo 67.Aeropuerto del Caf� (Aerocaf�). Los recursos destinados al desarrollo del Proyecto del Aeropuerto del Caf� (AEROCAF�), ser�n ejecutados a trav�s de un patrimonio aut�nomo que para tal efecto constituya la Aeron�utica Civil.�

El patrimonio aut�nomo podr� recibir aportes del Gobierno nacional, del departamento de Caldas y de sus municipios; y aceptar donaciones del sector p�blico o privado, nacional e internacional. As� mismo, podr� celebrar operaciones de financiamiento interno o externo a nombre del patrimonio aut�nomo para lo cual la Naci�n o las entidades territoriales podr�n otorgar los avales o garant�as respectivas, hasta por el monto de los aportes que cada uno se haya comprometido.�

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El r�gimen de contrataci�n y administraci�n de sus recursos se regir� por el derecho privado, con plena observancia de los principios de transparencia, econom�a, igualdad y publicidad, definidos por la Constituci�n y la Ley. El control fiscal de los recursos lo ejercer� la Contralor�a General de la Rep�blica.�

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La administraci�n del patrimonio aut�nomo presentar� informes sobre los avances y resultados de la gesti�n de los recursos al menos una vez al a�o, que se remitir�n a la Aeron�utica Civil para ser publicados en su p�gina web.�

Art�culo 68.Administraci�n del impuesto al turismo. Los recursos recaudados por concepto del impuesto con destino al turismo de que trata el art�culo 4� de la Ley 1101 de 2006, o la norma que la modifique, adicione o sustituya, no servir�n de base en el proceso de programaci�n para la financiaci�n de otros programas del sector en el Presupuesto General de la Naci�n.�

Art�culo 69. Declaraci�n y pago nacional. Modif�quese el art�culo 344 de la Ley 1819 de 2016, el cual quedar� as�:�

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Art�culo 344. Declaraci�n y pago nacional. Las administraciones departamentales, municipales y distritales deber�n adoptar y exigir a los contribuyentes presentar la declaraci�n del Impuesto de Industria y Comercio en el formulario �nico nacional dise�ado por la Direcci�n General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.�

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En el evento en que los municipios o distritos establezcan mecanismos de retenci�n en la fuente del impuesto de industria y comercio, tales formularios ser�n adaptados a partir del formulario �nico nacional por cada entidad.�

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Para efectos de la presentaci�n de la declaraci�n y el pago, los municipios y distritos podr�n suscribir convenios con las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, con cobertura nacional, de tal forma que los sujetos pasivos puedan cumplir con sus obligaciones tributarias desde cualquier lugar del pa�s, y a trav�s de medios electr�nicos de pago, sin perjuicio de remitir la constancia de declaraci�n y pago a la entidad territorial sujeto activo del tribu to. La declaraci�n se entender� presentada en la fecha de pago siempre y cuando, el pago se haya realizado dentro del t�rmino establecido, y se remita dentro de los 15 d�as h�biles siguientes a dicha fecha.�

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Las administraciones departamentales, municipales y distritales deber�n permitir a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio y de los dem�s tributos por ellas administrados, el cumplimiento de las obligaciones tributarias desde cualquier lugar del pa�s, incluyendo la utilizaci�n de medios electr�nicos.�

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Las administraciones departamentales, municipales y distritales deber�n armonizar la clasificaci�n de actividades econ�micas de sus registros de informaci�n tributaria (RIT) y de las tarifas del impuesto de industria y comercio a la Clasificaci�n de Actividades Econ�micas que adopte o que se encuentra vigente por parte de la Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para efectos del control y determinaci�n de los impuestos y dem�s obligaciones tributarias.�

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Par�grafo. Lo dispuesto en el presente art�culo se aplicar� en relaci�n con las declaraciones que deban presentarse a partir de la vigencia 2020.�

Afecta la vigencia de: [Mostrar]

Art�culo 70.Inspecci�n y vigilancia. Modif�quese el art�culo 14 de la Ley 432 de 1998, el cual quedar� as�:�

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Art�culo 14. Inspecci�n y vigilancia. De conformidad con la reglamentaci�n especial que al efecto expida el Gobierno nacional, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) estar� sometido a la inspecci�n y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.�

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Afecta la vigencia de: [Mostrar]

Art�culo 71. Pol�tica de uso y aprovechamiento del espacio p�blico. El Gobierno nacional acompa�ar� a los entes territoriales en la formulaci�n de la pol�tica de uso y aprovechamiento del espacio p�blico, a fin de procurar alternativas para los vendedores Informales en el marco del principio de la confianza leg�tima y del derecho al trabajo. Tambi�n promover� su acceso a la seguridad social, seg�n su capacidad de pago, y su acceso a los programas de Beneficios Econ�micos Peri�dicos (BEPS), promoviendo la capacitaci�n y desarrollo de proyectos productivos.�

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Par�grafo. Los Concejos Municipales y Distritales podr�n reglamentar, previo estudio de impacto fiscal, que parte del cobro para el uso y aprovechamiento del espacio p�blico se podr� destinar a programas de ahorro para la vejez.�

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Art�culo 72.Mecanismo para facilitar la administraci�n de bienes. Adici�nense los siguientes par�grafos al art�culo 92 de la Ley 1708 de 2014, los cuales quedar�n as�:�

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Par�grafo 3�. En los casos de venta masiva de bienes, el administrador del FRISCO podr� expedir acto administrativo que servir� de t�tulo traslaticio de dominio del bien a favor del comprador, el cual deber� inscribirse en el evento en que los bienes sean sujetos a registro. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones de verificaci�n que puedan adelantarse para establecer el origen l�cito de los recursos que destine el comprador para la adquisici�n.�

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Par�grafo 4�. Cuando el administrador del FRISCO emplee la enajenaci�n temprana podr� expedir acto administrativo que servir� de t�tulo traslaticio de dominio del bien a favor del FRISCO y tendr� las mismas consecuencias fijadas en el art�culo 18 de la Ley 793 de 2002.�

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Par�grafo 5�. Sin perjuicio de la comercializaci�n individual de los bienes, el administrador del FRISCO podr�, con el apoyo de expertos, adoptar mediante acto administrativo, metodolog�as fundamentales en factores econom�tricos para la valoraci�n de activos urbanos con informaci�n catastral disponible, que sean susceptibles de enajenaci�n a trav�s de ventas masivas.�

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Par�grafo 6�. Ser� causal de terminaci�n anticipada de los contratos de arrendamiento suscritos por el FRISCO, i) Condiciones no acordes al mercado, de acuerdo con los estudios t�cnicos que para el caso determine el administrador en su metodolog�a; ii) La destinaci�n definitiva de los inmuebles de conformidad con lo previsto en esta Ley; iii) Los contratos celebrados que no se acojan a las condiciones establecidas en la metodolog�a de administraci�n del FRISCO.�

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Configurada la causal de terminaci�n anticipada, el administrador del FRISCO podr� ejercer las facultades de polic�a administrativa previstas en esta Ley para la recuperaci�n del activo. En todo caso, el administrador del FRISCO, no podr� celebrar contratos de arrendamiento con el afectado dentro del proceso de extinci�n de dominio o sus familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil.�

Afecta la vigencia de: [Mostrar]

Art�culo 73.Enajenaci�n temprana, chatarrizaci�n, demolici�n y destrucci�n. Adici�nese un par�grafo al art�culo 93 de la Ley 1708 de 2014, el cual quedar� as�:�

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Par�grafo. Cuando se trate de bienes inmuebles rurales en proceso de extinci�n de dominio que no tengan la vocaci�n descrita en el art�culo 91 de la presente Ley, la entidad beneficiaria de dichos inmuebles comunicar� tal situaci�n y el administrador del FRISCO quedar� habilitado para enajenarlos tempranamente.�

Los recursos que se obtengan de la comercializaci�n de estos predios ser�n entregados en su totalidad al Gobierno nacional, para ser destinados a los programas de generaci�n de acceso a tierra administrados por este.�

Afecta la vigencia de: [Mostrar]

Art�culo 74. Bienes gravados con la tarifa del cinco por ciento (5%). Adici�nese un numeral y dos par�grafos transitorios al art�culo 468-1 del Estatuto Tributario, as�:�

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4. El ingreso al productor en la venta de Gasolina y ACPM. Para efectos de este numeral se considera gasolina y ACPM lo definido en el par�grafo 1� del art�culo 167 de la Ley 1607 de 2012.�

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A la base gravable determinada de conformidad con el art�culo 467 del Estatuto Tributario, se detrae el ingreso al productor y se le aplica la tarifa general del impuesto sobre las ventas IVA.�

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Par�grafo transitorio 2�. Para efectos del numeral 4 de este art�culo, el exceso de impuesto descontable por la diferencia de tarifa ser� un mayor valor del costo o gasto hasta el 31 de diciembre de 2021. El exceso de impuesto descontable por la diferencia de tarifa, generado a partir del 1� de enero de 2022 por la venta de productos del numeral 4 de este art�culo, se regir� por lo establecido en el par�grafo del art�culo 485 de este Estatuto.�

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Par�grafo transitorio 3�. Lo dispuesto en el numeral 4 de este art�culo inicia su aplicaci�n a partir del bimestre siguiente a la vigencia de la presente Ley.�

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Afecta la vigencia de: [Mostrar]

Art�culo 75.Competencias de inspecci�n, vigilancia y control de la superintendencia nacional de salud respecto de la composici�n de capital o del patrimonio de las EPS. Todo acto jur�dico sin consideraci�n a su naturaleza, de nacionales o extranjeros que tenga por objeto o efecto la adquisici�n directa o indirecta del diez por ciento (10%) o m�s de la composici�n de capital o del patrimonio de una Entidad Promotora de Salud, ya se realice mediante una o varias operaciones de cualquier naturaleza, simult�neas o sucesivas o aquellas por medio de las cuales se incremente dicho porcentaje, requerir�, so pena de ineficacia de pleno derecho, la aprobaci�n del Superintendente Nacional de Salud, quien examinar� la idoneidad, responsabilidad y car�cter de las personas interesadas en adquirirlas. El Superintendente, adem�s, se cerciorar� que el bienestar p�blico ser� fomentado con dicha transacci�n.�

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El Superintendente Nacional de Salud verificar� que el interesado o potencial adquirente haya acreditado como m�nimo los siguientes requisitos, para obtener la aprobaci�n:�

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a) El origen de los recursos objeto del acto o negocio jur�dico;�

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b) Tener un patrimonio equivalente a, por lo menos, 1.3 veces el capital que se compromete a aportar en el negocio o acto jur�dico, incluyendo este �ltimo;�

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c) Que por lo menos una tercera parte de los recursos con los que se realiza el negocio o acto jur�dico, sean propios y no producto de operaciones de endeudamiento u otras an�logas.�

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En todo caso, el Superintendente Nacional de Salud, mediante acto administrativo motivado, negar� la aprobaci�n de que trata el presente art�culo, cuando el interesado o potencial adquirente, o alguno de sus socios, cuando aplique, se encuentren incursos en alguna o varias de las siguientes situaciones:�

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1. Haber sido condenado por delitos relacionados con el manejo de recursos p�blicos.�

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2. Haber sido condenado por delitos contra el patrimonio econ�mico, lavado de activos, enriquecimiento il�cito y los establecidos en los Cap�tulos Segundo del T�tulo X, Primero del T�tulo XV y Segundo del T�tulo XIII del Libro Segundo del C�digo Penal y las normas que los modifiquen o sustituyan.�

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3. Haber sido objeto de declaraci�n de extinci�n de dominio, por incurrir en las causales previstas en el art�culo 16 de la Ley 1708 de 2014 o disposiciones que la modifican o sustituyan.�

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4. Haber sido sancionado por infringir las normas legales o reglamentarias sobre la integraci�n vertical y de posici�n dominante.�

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Par�grafo 1�. El Gobierno nacional adecuar�, en lo pertinente, las normas vigentes sobre la habilitaci�n y la permanencia de las Entidades Promotoras de Salud.�

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Par�grafo 2�. El Ministerio de Salud y Protecci�n Social establecer� los par�metros necesarios para definir el beneficiario real de la transferencia, as� como su identificaci�n.�

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Par�grafo 3�. El presente art�culo aplicar� a la inversi�n extranjera en Entidades Promotoras de Salud sin perjuicio de lo establecido en r�gimen de la inversi�n de capitales del exterior en el pa�s.�

Art�culo 76. Contribuci�n de vigilancia a favor de la Superintendencia Nacional de Salud. Modif�quese el art�culo 98 de la Ley 488 de 1998, el cual quedar� as�:�

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Art�culo 98. Contribuci�n de vigilancia a favor de la Superintendencia Nacional de Salud. La contribuci�n de vigilancia a favor de la Superintendencia Nacional de Salud tendr� como fin apoyar el cubrimiento de los costos y gastos que ocasione el funcionamiento e inversi�n de dicha Superintendencia, la cual deber�n cancelar anualmente las personas jur�dicas de derecho privado y derecho p�blico sometidos a Inspecci�n, Vigilancia y Control (IVC) de acuerdo con la ley o el reglamento.�

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La contribuci�n impuesta se causar� el primer d�a calendario de enero. Si una entidad no permaneci� bajo IVC durante todo el a�o anterior a la causaci�n, pagar� la contribuci�n, con base en los ingresos operacionales del sector obtenidos durante el tiempo que estuvo activa.�

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La contribuci�n se fijar� por parte de la Superintendencia Nacional de Salud conforme a los siguientes criterios:�

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1. El total de las contribuciones apoyar� el presupuesto anual de funcionamiento e inversi�n de la Superintendencia.�

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2. Con base en los ingresos operacionales del sector causados a 31 de diciembre del a�o inmediatamente anterior, la Superintendencia Nacional de Salud, mediante resoluci�n, establecer� anualmente la tarifa de la contribuci�n a cobrar que no podr� ser superior al cero coma dos por ciento (0,2%) de dichos ingresos.�

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3. La contribuci�n deber� pagarse en los plazos que para tal efecto determine la Superintendencia Nacional de Salud. De conformidad con el art�culo 3� de la Ley 1066 de 2006, los responsables de la contribuci�n aqu� establecida que no las cancelen oportunamente deber�n liquidar y pagar intereses moratorios a la tasa prevista en el Estatuto Tributario.�

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Par�grafo 1�. Los recursos que administra la ADRES e INDUMIL, los prestadores de servicios de salud con objeto social diferente, los profesionales independientes, las EPS e IPS Ind�genas, las Empresas Sociales del Estado acreditadas, as� como las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y los Hospitales Universitarios debidamente acreditados quedar�n exonerados del pago de contribuci�n de vigilancia a favor de la Superintendencia Nacional de Salud.�

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Par�grafo 2�. La implementaci�n de esta disposici�n se har� a partir del 1� de enero de 2020, la liquidaci�n y recaudo de la tasa correspondiente a la anualidad 2019 se regir� por lo dispuesto en el art�culo 98 de la Ley 488 de 1998.�

Afecta la vigencia de: [Mostrar]

Art�culo 77. Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero. Se entiende por Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero de Empresas Sociales del Estado, un programa integral, institucional, financiero y administrativo, que tiene por objeto restablecer la solidez econ�mica y financiera de estas Empresas y asegurar la continuidad, la calidad y la oportunidad en la prestaci�n del servicio p�blico de salud, respetando, en todo caso, lo se�alado por el art�culo 24 de la Ley 1751 de 2015.�

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El Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico definir� los par�metros generales de adopci�n, seguimiento y evaluaci�n de los programas a que hace referencia este art�culo y tendr� a cargo la viabilidad y evaluaci�n de los mismos.�

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Las Empresas Sociales del Estado categorizadas en riesgo medio o alto, deber�n adoptar un programa de saneamiento fiscal y financiero, con el acompa�amiento de la direcci�n departamental o distrital de salud, conforme a la reglamentaci�n y la metodolog�a que defina el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.�

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Las Empresas Sociales del Estado cuyos Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero se encuentren en proceso de viabilidad o debidamente viabilizados por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, no ser�n objeto de categorizaci�n del riesgo hasta tanto el Programa no se encuentre culminado.�

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Los recursos que destine la Naci�n, las entidades territoriales, las Leyes 1608 de 2013, 1797 de 2016 y dem�s disposiciones, se podr�n aplicar conforme a la reglamentaci�n definida por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.�

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Par�grafo 1�. Las Empresas Sociales del Estado que hayan sido remitidas por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico a la Superintendencia Nacional de Salud, antes de la entrada en vigencia de la presente ley y que en virtud de la competencia establecida en el art�culo 80 de la Ley 1438 de 2011, sean categorizadas en riesgo medio o alto por el Ministerio de Salud y Protecci�n Social, podr�n presentar un nuevo Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero ante el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.�

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Par�grafo 2�. Las fundaciones que sean categorizadas en riesgo medio o alto por el Ministerio de Salud y Protecci�n Social podr�n adoptar un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero en las condiciones establecidas en el presente art�culo, de conformidad con la reglamentaci�n que para el efecto expida el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico y acceder a los recursos del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero de que trata la Ley 1608 de 2013 y dem�s normas.�

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Par�grafo 3�. El incumplimiento de lo dispuesto en el presente art�culo genera responsabilidad disciplinaria y fiscal para los representantes legales y revisores fiscales, de las entidades territoriales y de las Empresas Sociales del Estado, seg�n corresponda.�

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Par�grafo 4�. El Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico remitir� a la Superintendencia Nacional de Salud la informaci�n de las Empresas Sociales del Estado que, de acuerdo con las evaluaciones realiza das por el Ministerio incumplan el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, para que la Superintendencia Nacional de Salud adelante las actuaciones a que haya lugar, de conformidad con el marco de sus competencias.�

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Art�culo 78.Autorizaci�n para el uso de los recursos de las entidades territoriales. Las entidades territoriales podr�n destinar al saneamiento fiscal y financiero de las Empresas Sociales del Estado categorizadas en riesgo medio o alto de la red de prestaci�n de servicios de salud de su departamento, incluidas aquellas que no sean de su propiedad, los recursos dispuestos para este fin por la normatividad vigente y las dem�s que en adelante los dispongan. En todo caso, los citados recursos se podr�n disponer siempre y cuando no sean requeridos para el saneamiento de aquellas ESE de propiedad de la entidad territorial. Los t�rminos y condiciones para la transferencia y uso de los recursos se deben consignar en un documento debidamente firmado por las partes.�

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Art�culo 79. Naturaleza y Organizaci�n de la Gesti�n Catastral. La gesti�n catastral es un servicio p�blico prestado directamente por el Estado, que comprende un conjunto de operaciones t�cnicas y administrativas orientadas a la adecuada formaci�n, actualizaci�n, conservaci�n y difusi�n de la informaci�n catastral con enfoque multiprop�sito, para contribuir a la prestaci�n eficiente de servicios y tr�mites de informaci�n catastral a la ciudadan�a y a la administraci�n del territorio en t�rminos de apoyo para la seguridad jur�dica del derecho de propiedad inmueble, el fortalecimiento de los fiscos locales y el apoyo a los procesos de planeaci�n y ordenamiento territorial, con perspectiva intercultural.


La gesti�n catastral est� a cargo del Instituto Geogr�fico Agust�n Codazzi (IGAC) en su condici�n de m�xima autoridad catastral nacional y de los entes territoriales y esquemas asociativos de entes territoriales que aquel habilite a solicitud de parte, previo cumplimiento de las condiciones que garanticen su idoneidad como prestadores del servicio p�blico.


Son operadores catastrales las personas jur�dicas de derecho p�blico o privado que, mediante contrato con uno o varios gestores catastrales, pueden apoyar labores operativas que sirven de insumo para los procesos de formaci�n, actualizaci�n y conservaci�n de la informaci�n catastral.


Con el fin de garantizar la pertinencia de la regulaci�n catastral, el Instituto Geogr�fico Agust�n Codazzi (IGAC) contar� con una instancia t�cnica asesora para orientar la regulaci�n bajo el cumplimiento de los principios de la gesti�n catastral.


La Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) ejercer� las funciones de inspecci�n, vigilancia y control a la prestaci�n del servicio p�blico catastral que adelantan todos los sujetos encargados de la gesti�n catastral, incluyendo los gestores y operadores catastrales, as� como los usuarios de este servicio.


La gesti�n y custodia de la informaci�n catastral corresponde al Estado a trav�s del IGAC, quien debe promover su producci�n, mantenimiento y difusi�n. Esta informaci�n debe ser interoperable con otros sistemas de informaci�n de acuerdo con las condiciones definidas. La informaci�n catastral a cargo de los gestores catastrales se debe registrar en el Sistema Nacional de Informaci�n Catastral (SINIC) o el que haga sus veces. La informaci�n registrada en el sistema se considera oficial para todos los efectos legales, para ello el IGAC definir� las condiciones de gradualidad y transici�n de este proceso. Los gestores catastrales deben suministrar oportunamente la informaci�n catastral requerida por el IGAC y la SNR.


Par�grafo 1�. El IGAC puede determinar el modelo de gesti�n y operaci�n catastral a nivel nacional, coordinar y concertar con los gestores catastrales habilitados y los municipios la prestaci�n del servicio p�blico catastral para garantizar cubrimiento en todo el territorio nacional y acompa�ar el desarrollo de la gesti�n catastral y el fortalecimiento de capacidades de los gestores catastrales.


Par�grafo 2�. Los gestores catastrales habilitados pueden solicitar al IGAC que eval�e y autorice la devoluci�n de la prestaci�n del servicio p�blico catastral y su des habilitaci�n como gestores. Lo anterior, no es causal para extinguir los procesos adelantados por la SNR en desarrollo de sus funciones de inspecci�n, vigilancia y control.


Par�grafo 3�. La prestaci�n del servicio p�blico catastral por parte de los gestores catastrales es de naturaleza administrativa especial y se podr� prestar mediante convenios interadministrativos y no generar� el pago de IVA durante la vigencia de este Plan Nacional de Desarrollo.�

TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

Art�culo 80. Gesti�n Catastral a Cargo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). La Agencia Nacional de Tierras (ANT) en su calidad de gestor catastral especial, levantar� los componentes f�sico y jur�dico del catastro, necesarios para los procesos de ordenamiento social de la propiedad o los asociados al desarrollo de proyectos estrat�gicos del orden nacional priorizados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de acuerdo con regulaci�n expedida por el Instituto Geogr�fico Agust�n Codazzi (IGAC).


La ANT como gestor catastral especial y las dem�s entidades u organismos productores de informaci�n a nivel predial tendr�n la facultad de incorporar la informaci�n levantada de manera directa en el Sistema Nacional de Informaci�n Catastral (SINIC) o la herramienta que haga sus veces conforme con las condiciones definidas por el IGAC. As� mismo, podr�n adelantar los procedimientos catastrales con efectos registrales, ordenando a los Registradores de Instrumentos P�blicos su inscripci�n.


Par�grafo. En lo que respecta a los territorios y territorialidades ind�genas y a los territorios colectivos de comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y campesinas las atribuciones conferidas a la ANT en este art�culo solo aplicar�n para los procesos referidos a la dotaci�n, formalizaci�n, seguridad jur�dica y protecci�n de los mismos.�

TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

Art�culo 81.Infracciones al r�gimen de prestaci�n del servicio p�blico de gesti�n catastral. Los propietarios, ocupantes, tenedores o poseedores, titulares de derechos reales o quien tenga cualquier relaci�n f�ctica o jur�dica con el predio, se encuentran obligados a permitir la entrada de los operadores del catastro a las diferentes unidades prediales cuando se les requiera, a suministrar informaci�n veraz y �til, as� como a participar en las actividades derivadas del proceso de gesti�n catastral multiprop�sito; en igual sentido, les corresponde solicitar la anotaci�n, modificaci�n o rectificaci�n de la Informaci�n predial de su Inter�s, no hacerlo ser� considerado una Infracci�n al r�gimen de gesti�n catastral.�

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De otra parte, los gestores y operadores del servicio p�blico de catastro ser�n sujetos del siguiente r�gimen de infracciones;�

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1. No suministrar informaci�n oportunamente, o no suministrar informaci�n requerida por el Instituto Geogr�fico Agust�n Codazzi (IGAC), relacionada con el Sistema Nacional de Informaci�n Catastral.�

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2. Incumplir los procedimientos, protocolos o requisitos previstos por el Instituto Geogr�fico Agust�n Codazzi (IGAC) para el suministro y consolidaci�n de la Informaci�n catastral.�

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3. Efectuar modificaciones en el Sistema Nacional de Informaci�n Catastral sin el cumplimiento de los requisitos documentales de orden t�cnico o jur�dico, fijados por el Instituto Geogr�fico Agust�n Codazzi (IGAC).�

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4. Efectuar modificaciones catastrales por fuera de los t�rminos establecidos en los est�ndares, metodolog�as y procedimientos definidos por el Instituto Geogr�fico Agust�n Codazzi (IGAC).�

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5. Exigir requisitos adicionales a los se�alados para la ejecuci�n de tr�mites o servicios catastrales.�

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6. No adelantar las labores de formaci�n, conservaci�n y actualizaci�n catastral, pese a haber sido habilitado para el efecto, por el Instituto Geogr�fico Agust�n Codazzi (IGAC).�

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7. Aplicar incorrectamente o no aplicar las metodolog�as, los est�ndares, metodolog�as y procedimientos t�cnicos definidos por el Instituto Geogr�fico Agust�n Codazzi (IGAC) en el desarrollo de las actividades propias del catastro.�

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8. Atrasar injustificadamente la validaci�n de documentos en el Sistema Nacional de Informaci�n Catastral.�

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9. Realizar modificaciones catastrales sin los respectivos soportes.�

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10. Presentar desactualizaci�n injustificada de la gesti�n catastral.�

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11. Incumplir los est�ndares en la entrega adecuada y oportuna de Informaci�n a los ciudadanos y en la atenci�n de los tr�mites relacionados con la gesti�n catastral.�

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12. No cargar la informaci�n, o cargarla de manera incompleta, inoportuna y/o no veraz, al Sistema Nacional de Informaci�n Catastral.�

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13. Incumplir las disposiciones contenidas en la presente ley, la normativa proferida por el Instituto Geogr�fico Agust�n Codazzi (IGAC) en ejercicio de su funci�n regulatoria, las instrucciones y �rdenes impartidas por la Superintendencia de Notariado y Registro y dem�s leyes, decretos y reglamentos que regulen la gesti�n catastral.�

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Par�grafo. Las infracciones establecidas en el presente art�culo podr�n ser aplicables al Instituto Geogr�fico Agust�n Codazzi (IGAC) cuando ejerza funciones de gestor catastral por excepci�n, salvo las conductas relacionadas con la causal d�cima (10) de este art�culo, para lo cual la Superintendencia de Notariado y Registro, o quien haga sus veces, se abstendr� de sancionar al IGAC por un t�rmino de cuatro (4) a�os contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.�

TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

Art�culo 82.R�gimen Sancionatorio. La comisi�n de las infracciones previstas en el art�culo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad penal, fiscal o disciplinaria, dar� lugar a la imposici�n por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro, o quien haga sus veces, de las siguientes sanciones:�

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1. Multa entre veinticinco (25) y doscientos cuarenta y un mil seiscientos cuarenta y cinco (241.645) Unidades de Valor Tributario (UVT). Si la infracci�n se cometi� durante varios a�os, el monto m�ximo de la multa se podr� aumentar hasta en ciento veinte mil ochocientos veintitr�s (120.823) Unidades de Valor Tributario (UVT), por cada a�o adicional que dure la infracci�n.�

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2. Suspensi�n temporal de la habilitaci�n en todas o algunas de las actividades que comprenden el servicio de gesti�n catastral.�

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3. Revocatoria de la habilitaci�n como gestor catastral.�

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La Superintendencia de Notariado y Registro, o quien haga sus veces, seguir� el procedimiento administrativo general previsto en el T�tulo III de la Ley 1437 de 2011 o las disposiciones que hagan sus veces.�

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Dentro de los criterios de atenuaci�n se tendr�n en cuenta las condiciones socioecon�micas del infractor aqu� previstas, as� como las contempladas en la Ley 1437 de 2011. Ser�n atenuantes espec�ficas para la imposici�n de sanciones las siguientes conductas y situaciones:�

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1. Informar de manera voluntaria a la Superintendencia de Notariado y Registro, o quien haga sus veces, la infracci�n antes de la notificaci�n del auto de apertura de investigaci�n.�

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2. Que las inconsistencias en el ejercicio de la prestaci�n del servicio de gesti�n catastral no afecten la veracidad de la informaci�n.�

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3. Corregir o mitigar por su cuenta las inconsistencias en la informaci�n catastral antes de la notificaci�n del auto de pr�ctica de pruebas.�

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La sanci�n la impondr� la Superintendencia de Notariado y Registro, o quien haga sus veces, seg�n el grado de impacto en la gesti�n catastral y el factor de reincidencia y los dem�s agravantes contemplados en la Ley 1437 de 2011.�

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La Superintendencia de Notariado y Registro, o quien haga sus veces, podr� imponer las medidas preventivas que determine necesarias y proporcionales, como la suspensi�n inmediata de todas o algunas de las actividades del infractor. Cuando la sanci�n sea la de suspensi�n o revocatoria de la gesti�n catastral, el Instituto Geogr�fico Agust�n Codazzi (IGAC) asumir� temporalmente su ejercicio hasta cuando se habilite un gestor catastral, directamente o a trav�s de un tercero.�

TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

Art�culo 83. Inembargabilidad, Imprescriptibilidad e Inalienabilidad. Modif�quese el art�culo 10 de la Ley 397 de 1997, el cual quedar� as�.�

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Art�culo 10. Inembargabilidad, Imprescriptibilidad e Inalienabilidad. Los bienes de inter�s cultural de propiedad de entidades p�blicas son inembargables, imprescriptibles e inalienables.�

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Excepcionalmente podr�n enajenarse a particulares bienes de inter�s cultural de propiedad de entidades p�blicas, previo concepto favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural o de los respectivos consejos departamentales o distritales de patrimonio cultural, seg�n el caso, en los siguientes eventos:�

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1. Cuando el bien de inter�s cultural se encuentre en el marco del r�gimen de propiedad horizontal y la entidad p�blica sea propietaria de una o varias unidades de vivienda, comercio o industria, y la enajenaci�n se requiera para garantizar la integridad y protecci�n del inmueble.�

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2. Cuando la entidad p�blica sea propietaria del derecho proindiviso o cuota sobre bienes inmuebles, as� como derechos fiduciarios en fideicomisos que tienen como bien(es) fideicomitido(s) inmuebles enajenaci�n se requiera para garantizar la integridad y protecci�n del inmueble.�

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3. Cuando el bien de inter�s cultural haya sido objeto de extinci�n de dominio.�

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4. Cuando el bien de inter�s cultural tenga uso comercial, de servicios o industrial y la entidad p�blica no pueda usarlo o mantenerlo, de forma que el bien tenga riesgo de deterioro.�

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5. Cuando la enajenaci�n se haga a instituciones de educaci�n superior o a entidades de derecho privado sin �nimo de lucro defensa del patrimonio cultural.�

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En todos los casos previstos en este art�culo, el respectivo bien mantendr� su condici�n de bien de inter�s cultural y quien lo adquiera estar� obligado a cumplir las normas aplicables en el r�gimen especial de protecci�n.�

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Dentro de los t�tulos jur�dicos de enajenaci�n a particulares y/o entidades p�blicas se incluye el aporte fiduciario. En todo caso la enajenaci�n se regir� por el r�gimen de contrataci�n que cobije a la respectiva entidad p�blica enajenante y dem�s normas aplicables.�

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Par�grafo. El Ministerio de Cultura podr� autorizar la enajenaci�n o el pr�stamo de bienes de inter�s cultural del �mbito nacional entre entidades p�blicas. Los municipios, los departamentos, las autoridades de los territorios ind�genas y de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993, ser�n las encargadas de dar aplicaci�n a lo previsto en este par�grafo respecto de los bienes de inter�s cultural declarados por ellas.�

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Las autoridades se�aladas en este par�grafo podr�n autorizar a las entidades p�blicas propietarias de bienes de inter�s cultural para darlos en comodato a entidades privadas sin �nimo de lucro de reconocida idoneidad, hasta por el t�rmino de cinco (5) a�os prorrogables con sujeci�n a lo previsto en el art�culo 355 de la Constituci�n Pol�tica, celebrar convenios interadministrativos y de asociaci�n en la forma prevista en los art�culos 95 y 96 de la Ley 489 de 1998 o en las normas que los modifiquen o sustituyan, y en general, celebrar cualquier tipo de contrato, incluidos los de concesi�n y alianzas p�blico-privadas, que impliquen la entrega de dichos bienes a particulares, siempre que cualquiera de las modalidades que se utilicen se dirijan a proveer y garantizar lo necesario para la protecci�n, recuperaci�n, conservaci�n, sostenibilidad y divulgaci�n de los mismos, sin afectar su inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad.�

JURISPRUDENCIA [Mostrar]

Afecta la vigencia de: [Mostrar]

Art�culo 84. Registro �nico de Predios y Territorios Abandonados (Rupta). Adici�nese a la Ley 387 de 1995 un nuevo art�culo, el cual quedar� as�:�

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Art�culo 33-A. La inscripci�n en el Registro �nico de Predios y Territorios Abandonados (Rupta), creado por la Ley 387 de 1995, proceder� de oficio, o por solicitud del interesado y deber� realizarse dentro de los dos (2) a�os siguientes al hecho victimizante, salvo fuerza mayor o caso fortuito.�

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La cancelaci�n en el Rupta proceder� en cualquier tiempo respecto de medidas individuales o colectivas, de oficio o por solicitud del beneficiario de la medida o del propietario del predio. Una vez recibida la solicitud, o iniciado el tr�mite de oficio, la Unidad Administrativa Especial de Gesti�n de Restituci�n de Tierras Despojadas, comunicar� dicho tr�mite a trav�s del medio m�s eficaz a quienes puedan verse directamente afectados por la decisi�n, a fin de que puedan intervenir en el tr�mite administrativo para aportar las pruebas que se pretendan hacer valer. La referida Unidad tendr� un t�rmino de sesenta (60) d�as contados a partir del momento en que acometa el estudio para decidir sobre la inclusi�n o cancelaci�n en el Rupta. Este t�rmino podr� ser prorrogado hasta por treinta (30) d�as, cuando existan o sobrevengan circunstancias que lo justifiquen. El Gobierno nacional reglamentar� este procedimiento administrativo especial, en armon�a con la Ley 1448 de 2011.�

Art�culo 85. Derogado.�

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TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

Art�culo 86.Tr�mite de Reparto Notarial. Modif�quese el art�culo 15 de la Ley 29 de 1973, el cual quedar� as�:�

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Art�culo 15. Tr�mite de Reparto Notarial. El tr�mite de reparto notarial para los actos que involucren la constituci�n de propiedad horizontal, constituci�n o levantamiento de grav�menes, adquisici�n o trasferencia del derecho de propiedad y adquisici�n o transferencia de inmuebles donde comparezcan las entidades financieras del Estado de orden nacional que otorguen o que otorgaron el cr�dito para la adquisici�n de vivienda, cuando en el c�rculo de que se trate haya m�s de una notar�a, se asignar�n eficientemente entre las que exista, de tal modo que la administraci�n no establezca privilegios a favor de ning�n notario. El mecanismo mediante el cual se dar� cumplimiento a lo anterior deber� ser auditado anualmente por un tercero independiente, con criterios de eficiencia y transparencia.�

JURISPRUDENCIA [Mostrar]

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Art�culo 87.Seguridad Jur�dica en el Ordenamiento Territorial. El principio de seguridad jur�dica deber� estar inmerso en las acciones y actuaciones urban�sticas, a fin de propender por la inversi�n y estabilidad a mediano y largo plazo del sector edificador.�

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El otorgamiento de una licencia urban�stica en cualquiera de sus modalidades crea derechos y obligaciones de car�cter particular para el titular de la licencia, y de car�cter colectivo para la comunidad en general y las entidades territoriales correspondientes.�

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Para los titulares de las licencias urban�sticas, el otorgamiento de una licencia reconoce derechos de construcci�n y desarrollo, ya sea parcelando, urbanizando o construyendo en los predios objeto de la misma; y, genera para su titular una serie de deberes en los t�rminos y condiciones autorizados en el acto administrativo que la adopta.�

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En los eventos en que la licencia urban�stica comprenda obligaciones de cesi�n de �reas para espacio p�blico, o construcci�n de equipamiento p�blico, se entender� que la licencia urban�stica reconoce derechos colectivos al espacio p�blico de las �reas de cesi�n que surgen como consecuencia del proyecto urban�stico licenciado y de las obras de infraestructura en servicios p�blicos y v�as de la malla vial arterial que se ejecuten por efecto de la concesi�n de la licencia.�

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Par�grafo. El acto administrativo que adopte la concertaci�n ambiental en el proceso de formulaci�n de un plan parcial se sujetar� a las determinantes ambientales incorporadas en el tr�mite de revisi�n o modificaci�n de los planes de ordenamiento territorial.�

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Art�culo 88.Fondo de Contingencias y Traslados. Modif�quese el art�culo 35 de la Ley 1753 de 2015, el cual quedar� as�:�

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Art�culo 35. Fondo de Contingencias y Traslados. El Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales creado por la Ley 448 de 1998 es el mecanismo de primera instancia autorizado para atender el pago de las obligaciones contingentes que contraigan las entidades sometidas al r�gimen obligatorio de contingencias contractuales del Estado, en cuanto se trate de riesgos comprendidos por este Fondo. Lo anterior sin perjuicio de la aplicaci�n de los mecanismos alternativos para la atenci�n de las obligaciones contingentes, de acuerdo con los lineamientos que para el efecto defina el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, los cuales podr�n contemplar la posibilidad de que dichos mecanismos se pacten contractualmente.�

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Par�grafo 1�. Las obligaciones contingentes que son atendidas por el Fondo mantendr�n su naturaleza y condici�n de contingentes, siempre y cuando est�n aprobadas en el respectivo plan de aportes y hasta el monto estipulado en este, sin que su cobertura quede condicionada al momento de la realizaci�n de los aportes al Fondo.�

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As� mismo, con cargo a los recursos del Fondo de Contingencias se podr�n atender los intereses asociados a las obligaciones contingentes, exclusivamente dentro de los plazos establecidos en cada contrato. Se podr�n cubrir con plazos adicionales las contingencias que se presenten en las concesiones viales de cuarta generaci�n 4G.�

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Par�grafo 2�. La entidad que administre el Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales podr�, previa solicitud de la entidad aportante, transferir recursos de uno a otro riesgo del mismo u otro proyecto de la misma entidad, con la finalidad de atender las obligaciones contingentes amparadas. Dicha transferencia deber� contar con la aprobaci�n previa del plan de aportes por parte de la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, siempre y cuando cumpla los siguientes requisitos: (i) cuando la entidad aportante determine a trav�s del seguimiento que el riesgo ha disminuido totalmente, caso en el que el valor a transferir ser� el 100% del saldo de la subcuenta; o (ii) cuando la entidad aportante determine a trav�s del seguimiento que el riesgo ha disminuido parcialmente, caso en el cual el valor a transferir ser� el exceso del saldo en la subcuenta.�

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Art�culo 89.Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales. Modif�quese el art�culo 2� de la Ley 448 de 1998, el cual quedar� as�:�

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Art�culo 2�. Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales. El Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales es una cuenta especial sin personer�a jur�dica administrada por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico. Los recursos, as� como los asuntos relacionados con pasivos del Fondo, ser�n administrados por la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional.�

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Art�culo 90. Aprobaci�n y Seguimiento de la Valoraci�n de las Contingencias. Adici�nese un par�grafo al art�culo 6� de la Ley 448 de 1998, as�:�

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Par�grafo. Las entidades territoriales y sus descentralizadas deber�n crear su propio fondo de contingencias; para tal efecto determinar�n las metodolog�as de valoraci�n seg�n el tipo de pasivo contingente previsto en el art�culo 3� de la Ley 819 de 2003, las condiciones de cada entidad y deber�n incluir en sus presupuestos de servicio de deuda, las apropiaciones necesarias. Los aportes realizados al Fondo se entender�n ejecutados una vez transferidos al mismo y s�lo podr�n ser reembolsados al presupuesto de la entidad aportante como recursos de capital cuando se verifique en forma definitiva la no realizaci�n de los riesgos previstos.�

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La aprobaci�n y seguimiento de las valoraciones de las que trata el presente par�grafo solamente se efectuar�n por parte de la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional cuando los aportes al fondo de contingencias de las entidades estatales se deriven de contingencias relacionadas con riesgos contractuales, providencias que impongan condenas o aprueben conciliaciones, y garant�as, en los casos en los que se cuente con participaci�n de recursos p�blicos de orden nacional y/o haya asunci�n de obligaciones contingentes por parte de la Naci�n o las entidades descentralizadas del orden nacional.�

Afecta la vigencia de: [Mostrar]

Art�culo 91. Bienes Inmuebles Fiscales. Los bienes inmuebles fiscales de propiedad de entidades p�blicas del orden nacional y territorial podr�n utilizarse como medio de pago, garant�a o fuente de financiaci�n para adelantar la formulaci�n, estructuraci�n y ejecuci�n de proyectos inmobiliarios que tengan como prop�sito o consecuencia resolver necesidades en materia de infraestructura para sedes administrativas, o misionales de entidades p�blicas, incluyendo instalaciones militares y carcelarias, as� como de defensa y seguridad del Estado, y en consecuencia se entender� que los respectivos inmuebles se requieren para el ejercicio de sus funciones.�

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En los proyectos inmobiliarios que se adelanten para resolver necesidades del sector defensa, y se desarrollen a trav�s de otros organismos del Presupuesto General de la Naci�n, que involucren o no mecanismos como la fiducia mercantil, podr�n dise�arse procesos de selecci�n de contratistas entre aspirantes a contratar que cuenten con el respaldo de pa�ses con los cuales el Ministerio de Defensa Nacional hubiere firmado acuerdos o convenios. Los contratos que se celebren con el alcance descrito en este inciso son de defensa y seguridad del Estado para todos los efectos y en especial para lo dispuesto en el art�culo 33 de la Ley 996 de 2005, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.�

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Si los proyectos a que se refiere este art�culo son encargados para su ejecuci�n a un particular, la remuneraci�n, total o parcial podr� hacerse con los aportes, en dinero o en especie, seg�n el mecanismo jur�dico dise�ado para tal fin.�

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El Ministerio de Defensa Nacional y la Polic�a Nacional podr�n suscribir convenios con entidades p�blicas o privadas que les permitan recibir aportes para fortalecer las capacidades de la Fuerza P�blica en �reas en donde se concentre la infraestructura cr�tica, productiva y de desarrollo.�

Art�culo 92.Estructuraci�n de proyectos por parte de la Agencia Nacional Inmobiliaria �Virgilio Barco Vargas�. La estructuraci�n y ejecuci�n de los proyectos inmobiliarios que lleve a cabo la Agencia Nacional Inmobiliaria �Virgilio Barco Vargas�, se podr� realizar sin requerir desembolso de recursos p�blicos y de acuerdo con la normativa aplicable al mecanismo fiduciario utilizado por la Agencia, como si se tratara de una asociaci�n p�blico-privada de iniciativa privada.�

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Los recursos que se generen en los proyectos inmobiliarios que se desarrollan mediante contratos de fiducia mercantil, provenientes del intercambio u operaci�n predial que realice la Agencia Nacional Inmobiliaria �Virgilio Barco Vargas�, as� como del ejercicio de su actividad, har�n parte de los proyectos que se adelanten por este mecanismo y se ejecutar�n y administrar�n a trav�s de los respectivos patrimonios aut�nomos, sin operaci�n presupuestal alguna por parte de la Agencia.�

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Art�culo 93.Infraestructura Inmobiliaria para la Administraci�n P�blica. La Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, en desarrollo de su objeto de construir o gestionar, mediante Asociaciones P�blico-Privadas o contrataci�n de obras, inmuebles destinados a entidades oficiales del orden nacional o territorial y a otros usos complementarios que pueda tener el mismo proyecto, podr� suscribir contratos de tracto sucesivo ya sea de arrendamiento o con cualquier otro compromiso contractual, por el mismo plazo que la Asociaci�n P�blico- Privada o veh�culo contractual de ejecuci�n del proyecto inmobiliario requiera para la financiaci�n del mismo y recuperaci�n de la inversi�n antes de la reversi�n del inmueble a la misma Agencia cuando a ello hubiere lugar.�

Art�culo 94. Derogado.�

TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

Art�culo 95. Fortalecimiento de la Infraestructura F�sica de las Entidades del Estado. Con el prop�sito de modernizar, tecnificar y consolidar la institucionalidad de las entidades p�blicas, el Gobierno nacional podr� apropiar recursos para que dentro del Plan Plurianual de Inversiones y con cargo al Presupuesto General de la Naci�n, a partir de la vigencia de la presente ley se corrija la deficiencia en la capacidad de la infraestructura f�sica de las instalaciones.�

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En concurrencia con los recursos que aporte el sector p�blico del orden nacional, tambi�n se tendr�n como fuente los procedentes del sector privado en alianza con Asociaciones P�blico-Privadas y los de cooperaci�n internacional, con el objetivo de lograr la eficiencia en las inversiones.�

Art�culo 96.Planes de Movilidad Sostenible y Segura para Municipios, Distritos y �reas Metropolitanas. Modif�quese el art�culo 1 de la Ley 1083 de 2006, el cual quedar� as�:�

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Art�culo 1�. Planes de Movilidad Sostenible y Segura para Municipios, Distritos y �reas Metropolitanas. Los municipios y distritos que deben adoptar planes de ordenamiento territorial en los t�rminos del literal a) del art�culo 9� de la Ley 388 de 1997, formular�n, adoptar�n y ejecutar�n planes de movilidad. Los planes de movilidad sostenible y segura dar�n prelaci�n a los medios de transporte no motorizados (peat�n y bicicleta) y al transporte p�blico con energ�ticos y tecnolog�as de bajas o cero emisiones.�

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En todo caso, los planes de movilidad deber�n determinar objetivos y metas de movilidad sostenible, articulados con los respectivos planes de ordenamiento territorial, cuyo total cumplimiento deber� garantizarse mediante la formulaci�n y ejecuci�n de estrategias, programas y proyectos.�

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Cualquier municipio que est� fuera de esta obligaci�n podr� formular, adoptar y ejecutar su plan de movilidad en el marco de los objetivos y metas de movilidad sostenible y segura, en especial capitales departamentales, municipios con nodos de comercio exterior, con intensidad tur�stica, o con altos �ndices de contaminaci�n o siniestralidad.�

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Las �reas metropolitanas definidas por el art�culo 319 de la Constituci�n Pol�tica de Colombia y que se encuentren legalmente conformadas, deber�n formular, adoptar y ejecutar planes de movilidad sobre la totalidad del territorio de los municipios que la conforman. Los planes de movilidad metropolitanos deber�n formularse, adoptarse y ejecutarse con los mismos par�metros definidos para los municipios y distritos; as� mismo, deber�n garantizar concordancia con el nivel de prevalencia tanto de los planes integrales de desarrollo metropolitano como de los planes estrat�gicos de ordenamiento territorial metropolitano definidos por la Ley 1625 de 2013, que le corresponda a cada �rea metropolitana.�

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Los contenidos de los planes de desarrollo municipal y distrital de que trata la Ley 152 de 1994, deben armonizarse con los objetivos y metas de los planes de movilidad.�

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Los municipios y distritos que integran y hacen parte del territorio de un �rea metropolitana, deben armonizar igualmente sus planes de desarrollo con el plan de movilidad de la respectiva �rea metropolitana, en los t�rminos del presente art�culo.�

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La formulaci�n de los planes de movilidad sostenible y segura deber� enmarcarse en la estrategia para la implementaci�n de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia.�

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Par�grafo. El Ministerio de Minas y Energ�a y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgaci�n de esta ley, establecer� mediante reglamentaci�n la definici�n de energ�ticos de bajas o cero emisiones, teniendo como criterio fundamental su contenido de componentes nocivos para la salud y el medio ambiente. El Ministerio de Transporte y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedir�n la reglamentaci�n de tecnolog�as vehiculares de bajas o cero emisiones. Las definiciones y reglamentaciones deber�n ser actualizadas de manera cuatrienal considerando los constantes avances en los energ�ticos y en las tecnolog�as.�

Afecta la vigencia de: [Mostrar]

Art�culo 97. Otras Fuentes de Financiaci�n para los Sistemas de Transporte. Modif�quese el art�culo 33 de la Ley 1753 de 2015, el cual quedar� as�:�

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Art�culo 33. Otras Fuentes de Financiaci�n para los Sistemas de Transporte. Con el objeto de contribuir a la sostenibilidad de los sistemas de transporte, a la calidad del servicio y de su infraestructura, incrementar la seguridad ciudadana, la atenci�n y protecci�n al usuario, al mejoramiento continuo del sistema y contar con mecanismos de gesti�n de la demanda, las entidades territoriales podr�n establecer recursos complementarios a los ingresos por recaudo de la tarifa al usuario, que podr�n ser canalizados a trav�s de fondos de estabilizaci�n y subvenci�n. Las fuentes podr�n ser las siguientes:�

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1. Recursos propios territoriales. Las autoridades de los departamentos, municipios, distritos o �reas metropolitanas podr�n destinar recursos propios, incluyendo rentas y recursos de capital. La decisi�n anterior se adoptar� mediante decreto municipal, distrital o mediante acuerdo metropolitano, el cual deber� contener como m�nimo la destinaci�n de los recursos, la fuente presupuestal y la garant�a de la permanencia en el tiempo de los recursos, as� como contar con concepto del Confis territorial o quien haga sus veces, y estar previstos en el Marco de Gasto de Mediano Plazo territorial con criterios de sostenibilidad fiscal.�

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2. Contribuci�n por el servicio de parqueadero o de estacionamiento en v�a. Los �rganos territoriales podr�n establecer una contribuci�n a las tarifas al usuario de parqueaderos fuera de v�a o estacionamientos en v�a y podr�n destinar recursos obtenidos por esta fuente para la sostenibilidad y calidad de sus sistemas de transporte. El hecho generador del tributo corresponde al uso del servicio de parqueaderos fuera de v�a o estacionamiento en v�a, los sujetos activos ser�n los municipios, distritos y �reas metropolitanas. Ser�n sujetos pasivos los usuarios del servicio gravado.�

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Corresponder� a las asambleas o concejos pertinentes definir los elementos del tributo y el sistema y m�todo para definir los costos, y los responsables del cobro, declaraci�n y consignaci�n de los recursos recaudados, de manera que el tributo se ajuste a las condiciones locales.�

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Deber� cobrarse a todos aquellos usuarios que los estudios t�cnicos recomienden, considerando las vulnerabilidades de siniestralidad vial y la promoci�n de energ�ticos y tecnolog�as de cero o bajas emisiones.�

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3. Estacionamiento en v�a p�blica. Las autoridades territoriales podr�n destinar para la sostenibilidad y calidad de sus sistemas de transporte, una parte de los recursos que se hayan obtenido de las contraprestaciones econ�micas percibidas por el uso de v�as p�blicas para estacionamiento.�

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4. Infraestructura nueva para minimizar la congesti�n. Las autoridades territoriales que hayan adoptado plan de movilidad podr�n establecer precios p�blicos diferenciales por acceso o uso de infraestructura de transporte nueva construida para minimizar la congesti�n. Las autoridades territoriales podr�n destinar recursos obtenidos por esta fuente para la sostenibilidad y calidad de sus sistemas de transporte.�

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El precio ser� fijado teniendo en cuenta el tipo de v�a o zona; los meses, d�as u horas determinadas de uso; y el tipo de servicio del veh�culo, el n�mero de pasajeros o el tipo de veh�culo.�

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Deber� cobrarse a todos aquellos usuarios que los estudios t�cnicos recomienden, considerando las vulnerabilidades de siniestralidad vial y la promoci�n de energ�ticos y tecnolog�as de cero o bajas emisiones.�

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5. �reas con restricci�n vehicular. Las autoridades territoriales podr�n definir �reas de congesti�n en las que sea necesario condicionar o restringir espacial o temporalmente el tr�nsito vehicular. El acceso a estas �reas podr� generar contraprestaciones o precios p�blicos a favor de la entidad territorial, quien definir� su tarifa y condiciones con base en estudios t�cnicos, con fundamento en el tipo de v�a o zona; los meses, d�as u horas determinadas de uso; y el tipo de servicio del veh�culo, el n�mero de pasajeros o el tipo de veh�culo, entre otros. Las autoridades territoriales podr�n destinar recursos obtenidos por esta fuente para la sostenibilidad y calidad de sus sistemas de transporte.�

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6. Las entidades territoriales podr�n destinar un porcentaje hasta del 60% del recaudo correspondiente a la entidad territorial por concepto de multas de tr�nsito para el funcionamiento sostenible de sus sistemas de transporte p�blico masivo y colectivo o transporte no motorizado. Dicho porcentaje deber� ser definido y soportado por un an�lisis t�cnico y financiero que identifique los costos y gastos financiados por el concepto de multas, los programas y proyectos que se pueden financiar y los indicadores de seguimiento a los objetivos de seguridad vial.�

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7. Las autoridades territoriales podr�n modificar las tarifas de los servicios de transporte p�blico complementario a partir de la aplicaci�n de factores tarifarios que permitir�n obtener recursos para la sostenibilidad de otros servicios colectivos o masivos que operen en su jurisdicci�n.�

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8. Derecho real accesorio de superficie en infraestructura de transporte. Una entidad p�blica denominada superficiante, titular absoluta de un bien inmueble fiscal o de uso p�blico destinado a la infraestructura de Transporte conforme a lo establecido en el art�culo 4� de la Ley 1682 de 2013, podr� otorgar el derecho real de superficie de origen contractual, enajenable y oneroso, a un tercero denominado superficiario, por un plazo m�ximo de treinta (30) a�os, prorrogables hasta m�ximo veinte (20) a�os adicionales. El superficiario tendr� la facultad, conforme a la normatividad de ordenamiento territorial del lugar donde se ubique el bien inmueble y las disposiciones urban�sticas vigentes, de realizar y explotar por su exclusiva cuenta y riesgo, construcciones o edificaciones en �reas libres aprovechables con todos los atributos de uso, goce y disposici�n de las mismas, a fin de que tales desarrollos puedan soportar grav�menes y limitaciones al dominio, sin afectar el uso p�blico, la prestaci�n del servicio de transporte, ni restringir la propiedad del inmueble base del superficiante.�

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El derecho real de superficie se constituye mediante contratos elevados a escritura p�blica suscritos entre el titular del inmueble base y los terceros que ser�n superficiarios, los cuales contendr�n la delimitaci�n del �rea aprovechable, el plazo de otorgamiento del derecho, las condiciones de reversi�n de las construcciones, las causales de terminaci�n del contrato, las obligaciones de las partes y la retribuci�n que corresponde al superficiante, debiendo adem�s inscribirse ante la Oficina de Registro de Instrumentos P�blicos en el folio de matr�cula inmobiliaria del predio sobre el cual se confiere el derecho real de superficie, en el que deber� realizarse una anotaci�n de este como derecho accesorio, identific�ndose el �rea conferida al superficiario y los linderos de la misma y las construcciones, adem�s deber�n registrarse los actos jur�dicos que se efect�en en relaci�n con el derecho real de superficie.�

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La cancelaci�n de la constituci�n de este derecho real accesorio de superficie proceder� mediante escritura p�blica suscrita por las partes constituyentes, que ser� objeto de registro en el folio de matr�cula inmobiliaria correspondiente y ante la Oficina de Registro competente.�

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Para otorgar el derecho real de superficie el superficiante deber� contar con un estudio t�cnico, financiero y jur�dico, que valide y determine las condiciones y beneficios financieros y econ�micos que se generan a partir de su implementaci�n y para la selecci�n del superficiario el superficiante deber� sujetarse a las reglas propias de contrataci�n que le apliquen a la entidad p�blica que act�e en tal calidad.�

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9. Adem�s de las anteriores fuentes de financiaci�n y pago, se podr�n utilizar recursos de otras fuentes como valor residual de concesiones, valorizaci�n, subasta de norma urban�stica, herramientas de captura del valor del suelo, sobretasa a la gasolina o al ACPM, cobro o aportes por edificabilidad adicional y mayores valores de recaudo futuro generados en las zonas de influencia de proyectos de renovaci�n urbana, as� como recursos obtenidos a trav�s de ingresos no operacionales.�

Afecta la vigencia de: [Mostrar]

ART�CULO 98. SOSTENIBILIDAD DE SISTEMAS DE TRANSPORTE. Modif�quese el art�culo 14 de la Ley 86 de 1989, el cual quedar� as�:

"Art�culo 14. Sostenibilidad de Sistemas de Transporte. Los sistemas de transporte colectivo y masivo deben ser sostenibles basados en la calidad en la prestaci�n del servicio y en el control de la ilegalidad y la informalidad por parte de las entidades territoriales. Para ello las tarifas que se cobren por la prestaci�n del servicio, sumadas a otras fuentes de pago de origen territorial si las hubiere, deber�n ser suficientes para cubrir los costos de operaci�n, administraci�n, mantenimiento, y reposici�n de los equipos.

Los contratos de concesi�n y operaci�n deben contemplar el concepto de sostenibilidad, y para el efecto se podr�n realizar las modificaciones contractuales a que haya lugar.�

TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

Afecta la vigencia de: [Mostrar]

Art�culo 99.Apoyo a los Sistemas de Transporte. El Gobierno nacional podr� apoyar t�cnica o financieramente la implementaci�n de sistemas de transporte p�blico colectivo o masivo terrestres, mar�timos o fluviales en cualquiera de las jurisdicciones del territorio nacional, en sus etapas de dise�o, ejecuci�n u operaci�n. Lo anterior de conformidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y lo establecido en el art�culo 14 de la Ley 86 de 1989 y en la Ley 310 de 1996.�

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Los sistemas de transporte cofinanciados por la Naci�n deber�n ser soluciones de transporte que cumplan condiciones de calidad, utilizar eficientemente los recursos, incorporar energ�ticos y tecnolog�as vehiculares de cero o bajas emisiones y facilitar el acceso a personas con discapacidad o movilidad reducida, contemplar herramientas que contribuyan a la gesti�n del tr�fico e involucran en los dise�os la integraci�n operacional de los sistemas de transporte con los terminales de transporte habilitados por el Ministerio de Transporte, aeropuertos, puertos y pasos de frontera seg�n sea el caso, siempre que estas infraestructuras se encuentren ubicadas dentro de la jurisdicci�n donde operan los sistemas de transporte; as� como contar con medidas orientadas a incrementar el uso de medios no motorizados y con empresas administradoras integrales encargadas de la operaci�n.�

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Estos sistemas podr�n ser: i) Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM) entendidos como aquellos que cuentan con infraestructura segregada para su uso exclusivo y cuyos agentes operadores y de recaudo sean concesionados o p�blicos; ii) Sistemas Estrat�gicos de Transporte P�blico (SETP) como servicios de transporte colectivo integrados; iii) Sistemas Integrados de Transporte P�blico (SITP) conformados por m�s de un modo o medio de transporte p�blico integrados operacional y tarifariamente entre s�; iv) Sistemas Integrados de Transporte Regional (SITR).�

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Dentro de los Sistemas de Transporte podr� existir un subsistema de transporte complementario el cual atender� la demanda de transporte p�blico que no cubra el sistema de transporte masivo, integrado, estrat�gico o regional.�

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La estructuraci�n de los sistemas de transporte se realizar� con autonom�a por parte de las entidades territoriales, de conformidad con las necesidades propias de la ciudad o regi�n. En caso de pretender la cofinanciaci�n del Gobierno nacional se deber� involucrar a las entidades competentes de la Naci�n durante la elaboraci�n de los estudios.�

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Las autoridades territoriales podr�n realizar acciones que conduzcan a la sostenibilidad, calidad y cobertura de los sistemas de transporte p�blico para lo cual pueden recurrir a la complementaci�n, integraci�n y articulaci�n de las diferentes modalidades y servicios autorizados, haciendo uso de herramientas como los convenios de colaboraci�n empresarial, acuerdos comerciales y todas aquellas acciones contra el transporte ilegal.�

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El servido de transporte automotor mixto podr� complementar o alimentar los sistemas de transporte para brindar conectividad entre las zonas rurales y urbanas.�

Para la integraci�n con el transporte intermunicipal de pasajeros de corta distancia, las autoridades territoriales, junto con el Ministerio de Transporte y la sociedad titular del sistema de transporte, seg�n sea el caso, podr�n aplicar las herramientas indicadas, para iniciar, terminar o hacer paradas intermedias de sus recorridos en nodos del sistema de transporte o en las terminales de transporte intermunicipal habilitadas por el Ministerio de Transporte, incluidas las de operaci�n sat�lite perif�rica, para lo cual deber�n disponer de la infraestructura o se�alizaci�n necesaria que permita la integraci�n. En todo caso, los veh�culos de transporte intermunicipal que cubran rutas de media y larga distancia deber�n iniciar y terminar sus recorridos en las terminales de transporte intermunicipales habilitadas para tal fin.�

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Par�grafo 1�. Es deber de las autoridades locales, entes gestores, concesionarios de operaci�n y de recaudo, as� como de las empresas operadoras del servicio de transporte, suministrar cualquier tipo de informaci�n solicitada por el Gobierno nacional.�

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Par�grafo 2�. Se podr�n realizar proyectos bajo esquemas de asociaciones p�blico-privadas, de conformidad con la Ley 1508 de 2012 o la norma que lo modifique o sustituya, para el desarrollo de sistemas de transporte p�blico colectivo o masivo o de algunos de sus componentes o unidades funcionales, con recursos de cofinanciaci�n de la Naci�n. Dicha cofinanciaci�n ser� de hasta el 70% del menor valor que resulte entre 1) los desembolsos de recursos p�blicos solicitados para la ejecuci�n del proyecto y 2) el valor estimado del costo y la financiaci�n de las actividades de dise�o, preconstrucci�n y construcci�n del proyecto. Dicho porcentaje ser� certificado por parte de la Entidad Territorial Beneficiaria de los recursos de cofinanciaci�n.�

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Par�grafo 3�. El Ministerio de Transporte reglamentar� la definici�n de transporte intermunicipal de corta, media y larga distancia. Basados en la calidad de la prestaci�n del servicio y en el control de la ilegalidad y la informalidad por parte de las autoridades competentes.�

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Par�grafo 4�. Las autoridades territoriales conjuntamente con el Ministerio de Transporte, seg�n sea el caso, podr�n promover mecanismos de organizaci�n entre los sistemas de transporte p�blico colectivo o masivo y las empresas de transporte intermunicipal de pasajeros de corta distancia.�

ART�CULO 100. COFINANCIACI�N DE SISTEMAS DE TRANSPORTE. Modif�quese el art�culo 2o de la Ley 310 de 1996, el cual quedar� as�:

Art�culo 2o. Cofinanciaci�n de Sistemas de Transporte. La Naci�n y sus entidades descentralizadas podr�n realizar inversiones dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo con un m�nimo del 40% y hasta por un 70% en proyectos de sistemas de transporte p�blico colectivo o masivo, con dinero a trav�s de una fiducia, o en especie de acuerdo con la reglamentaci�n que para el efecto expida el Ministerio de Transporte.

Las inversiones financiables podr�n ser el servicio de deuda; infraestructura f�sica; sistemas inteligentes de transporte; costos de operaci�n y adquisici�n total o parcial de veh�culos nuevos o material rodante nuevo con est�ndares de bajas o cero emisiones, sin afectar el monto inicial de los recursos aprobados en el Conpes que dio origen a cada proyecto; que garanticen accesibilidad para poblaci�n en condici�n de discapacidad o movilidad reducida. La adquisici�n, operaci�n y mantenimiento de los activos cofinanciados son responsabilidad del ente territorial o de quien este delegue. Las disposiciones de este art�culo tendr�n vocaci�n de permanencia en el tiempo.

El Ministerio de Transporte verifica el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Que exista o se constituya una sociedad titular de car�cter p�blico que se encargue de la gesti�n del sistema de transporte. Esta sociedad deber� implementar los lineamientos de Gobierno corporativo emitidos por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico para tal fin.

2. Que el proyecto respectivo tenga estudios de factibilidad t�cnica, ambiental, legales y financieros, aprobados por la entidad territorial que soporten, para las fases de planeaci�n, construcci�n, operaci�n y seguimiento, lo siguiente:

a) Definici�n del esquema operacional y financiero.

b) Definici�n del esquema institucional.

c) Aplicaci�n de medidas para controlar y minimizar la ilegalidad.

d) Evaluaci�n social y econ�mica.

e) Definici�n de estrategias para su sostenibilidad, mantenimiento y actualizaci�n.

f) Identificaci�n de fuentes de pago para alimentar el fondo de estabilizaci�n tarifaria.

g) An�lisis de la viabilidad fiscal.

3. Que el proyecto respectivo cuente con un documento Conpes, que defina el sistema de transporte, as� como las entidades encargadas de su dise�o, construcci�n y operaci�n con el cronograma respectivo, a partir del cual se autorizar�n los desembolsos de manera progresiva de acuerdo con las necesidades y logros del proyecto, en especial aquellos hitos relacionados con la sostenibilidad operacional del sistema.

4. Que el sistema de transporte sea coherente con los objetivos del plan de movilidad adoptado en los casos ordenados por la ley, el plan de ordenamiento territorial y el plan de desarrollo territorial.

5. Que el proyecto propuesto est� debidamente registrado en el Banco de Proyectos de Inversi�n Nacional, y cumpla los requisitos establecidos en las disposiciones vigentes sobre la materia.

6. Que est� formalmente constituida una autoridad de transporte del sistema de transporte propuesto.

PAR�GRAFO 1o. Los estudios ambientales, t�cnicos, legales o financieros que sean realizados por parte de las entidades territoriales o quien estas deleguen hacen parte de su autonom�a territorial; el Gobierno nacional, brindar� el acompa�amiento t�cnico necesario sin que esto implique su validaci�n o aprobaci�n a los estudios realizados.

Los estudios a los que hace alusi�n este par�grafo deber�n realizarse bajo el marco de la estrategia para la implementaci�n de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia.

PAR�GRAFO 2o. Para el caso de cofinanciaci�n de sistemas transporte, el Confis podr� autorizar vigencias futuras de acuerdo con el respectivo cupo sectorial para el desarrollo de Asociaciones P�blico-Privadas.�

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TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

Art�culo 101.Concesiones Portuarias sobre nuevos Emplazamientos. Trat�ndose de concesiones portuarias enti�ndase como puerto Greenfield el nuevo emplazamiento portuario construido en aguas profundas, es decir con profundidades naturales iguales o mayores a 17 metros en marea cero, que requieren el desarrollo de toda la infraestructura complementaria de accesos mar�timos y terrestres o fluviales, as� como la conectividad con otros modos de transporte y de comunicaciones con el resto del pa�s y el mundo. Para este tipo de concesiones, el financiamiento de las inversiones requeridas en accesos y conectividad podr� ser contemplado en el Plan de Negocio del concesionario, y el plazo inicial de la concesi�n podr� ser hasta de 40 a�os, de conformidad con el par�grafo 1� del presente art�culo.�

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Par�grafo 1�. El plazo de concesi�n podr� ser prorrogado hasta por el plazo inicialmente pactado, siempre que se cuente con el concepto previo y favorable del Conpes, si fuere necesario para que, en condiciones razonables de operaci�n, los titulares de los contratos de concesi�n portuaria recuperen el valor de las inversiones hechas o para estimular a estos a prestar el servicio p�blico portuario y deber�n soportarse en el modelo financiero que establezca el tiempo que se requiera para la recuperaci�n de las inversiones efectuadas.�

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Par�grafo 2�. Las condiciones de pr�rroga y reversi�n ser�n las mismas contempladas en el art�culo 8� de la Ley 1� de 1991 o aquel que lo modifique o complemente.�

Art�culo 102. Cambio en las Condiciones de la Concesi�n. Modif�quese el art�culo 17 de la Ley 1� de 1991, el cual quedar� as�:�

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Art�culo 17. Cambio en las condiciones de la Concesi�n. Para que una sociedad portuaria pueda cambiar las condiciones en las cuales se le aprob� una concesi�n portuaria, debe obtener permiso previo y escrito de la entidad concedente, que s�lo lo otorgar� si con ello no se infiere perjuicio grave e injustificado a terceros, y si el cambio no es de tal naturaleza que desvirt�e los prop�sitos de competencia en los que se inspiran los procedimientos descritos en los art�culos 9�, 10, 11 y 12, de esta ley. En el caso que ocurran modificaciones sustanciales podr� variarse la metodolog�a de la contraprestaci�n que se paga a la Naci�n. Se entiende por modificaci�n sustancial a la concesi�n portuaria, el plazo, como la modificaci�n en la ubicaci�n, linderos y/o extensi�n zona de uso p�blico otorgada en concesi�n.�

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Par�grafo 1�. La entidad concedente efectuar� el estudio de las solicitudes de modificaci�n a los contratos de concesi�n portuaria y establecer�, en cada caso y conforme las disposiciones contractuales, si lo pretendido con la solicitud implica una modificaci�n sustancial de la concesi�n portuaria, caso en el cual deber� surtirse el procedimiento que para tal efecto se establece en el art�culo 2.2.3.3.3.5 del Decreto 1079 de 2015, o aquel que lo sustituya, modifique o complemente.�

Afecta la vigencia de: [Mostrar]

Art�culo 103.Intervenci�n de la red vial, fluvial y aeropuertos regionales. El Instituto Nacional de V�as (Inv�as) y la Unidad Administrativa Especial de Aeron�utica Civil podr�n apoyar la financiaci�n de proyectos para la intervenci�n de la red vial, fluvial y los aeropuertos regionales de competencia de las entidades territoriales, previo a los criterios de priorizaci�n definidos por el Gobierno nacional y de acuerdo con lo previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y con el Marco de Gasto del correspondiente sector.�

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En virtud del apoyo a las entidades territoriales, el Inv�as y la Unidad Administrativa Especial de Aeron�utica Civil podr�n adquirir, materiales, equipos, y la mano de obra requerida para su ejecuci�n y podr�n concurrir en la cofinanciaci�n entidades de car�cter privado. En todo caso, el Inv�as y la Aeron�utica Civil adoptar�n las medidas requeridas para la ejecuci�n de los recursos, entre otros, en convenio con los municipios.�

Art�culo 104.Participaci�n de entidades de naturaleza p�blica o mixta. Modif�quese el par�grafo del art�culo 8� de la Ley 1508 de 2012, el cual quedar� as�:�

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Par�grafo. Podr�n ser contratantes de esquemas de Asociaci�n P�blico- Privada bajo el r�gimen previsto en la presente ley, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Econom�a Mixta en las que el Estado tenga participaci�n superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades P�blicas con participaci�n mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%) y las empresas de servicios p�blicos domiciliarios oficiales o mixtas.�

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En el caso en que las entidades a que se refiere el inciso anterior decidan optar por esquemas de Asociaci�n P�blico Privada bajo el r�gimen previsto en la presente ley, dichas empresas o sociedades deber�n dar cumplimiento a lo previsto en la misma y sujetarse a las disposiciones particulares que les sean aplicables en materia contractual y presupuestal.�

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Cuando las entidades a que se refiere el primer inciso del presente par�grafo decidan no acogerse a los esquemas de Asociaci�n P�blico Privada bajo el r�gimen previsto en la presente ley, podr�n contratar esquemas de participaci�n privada en infraestructura conforme a su r�gimen de contrataci�n, incluyendo la utilizaci�n, cuando a ello haya lugar, de la concesi�n de que trata el numeral 4 del art�culo 32 de la Ley 80 de 1993.�

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Lo anterior, sin perjuicio de que las entidades a las que se refiere el primer inciso de este par�grafo puedan presentar oferta para participar en los procesos de selecci�n de esquemas de asociaci�n p�blico- privada regidos por esta ley, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para el efecto en el respectivo proceso de selecci�n.�

Afecta la vigencia de: [Mostrar]

Art�culo 105.Celebraci�n de Contratos de Obra P�blica. Modif�quese el art�culo 205 de la Ley 1753 de 2015, el cual quedar� as�:�

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Art�culo 205.Celebraci�n de Contratos de Obra P�blica en infraestructura concesionada. El Instituto Nacional de V�as (Inv�as) y la Unidad Administrativa Especial de Aeron�utica Civil (Aerocivil) podr�n, excepcionalmente, celebrar y ejecutar contratos de obra p�blica para realizar obras complementarias sobre infraestructura concesionada, sin que sea necesaria la desafectaci�n de la infraestructura a intervenir, con el fin de garantizar la continuidad de la prestaci�n del servicio en condiciones de seguridad, transitabilidad, funcionalidad y/o seguridad de la infraestructura de transporte; impedir el deterioro de la infraestructura o la afectaci�n de la comunidad; y mitigar el riesgo de p�rdida del patrimonio vial.�

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El objeto de dichos contratos de obra p�blica no podr� comprender obras o inversiones que cambien sustancialmente el alcance del proyecto. La realizaci�n de la obra p�blica deber� ser pactada mediante convenio a celebrarse entre el Inv�as o la Aerocivil y la entidad p�blica a cargo del contrato de concesi�n. En estos convenios se definir� la fuente de financiaci�n y entidad responsable de la ejecuci�n y mantenimiento de la obra, as� como las dem�s condiciones necesarias para el efecto. Previamente, la entidad estatal concedente de la infraestructura y el concesionario, deber�n acordar los t�rminos en que este colaborar� y apoyar� la realizaci�n de dichas obras.�

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Par�grafo. La infraestructura de transporte-modo carretero a cargo de la Naci�n, construida a partir de la fecha de expedici�n de la presente ley, entendi�ndose tanto la concesionada como no concesionada deber� garantizar la adecuada disponibilidad de zonas de servicios complementarios como: estaciones de combustible, zonas de descanso, servicios sanitarios y de alimentaci�n para los usuarios de las carreteras.�

Afecta la vigencia de: [Mostrar]

Art�culo 106. Destinaci�n de aportes de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en situaciones de reversi�n de infraestructura por terminaci�n anticipada. Cuando por la terminaci�n anticipada del contrato de concesi�n, se efect�e la reversi�n de infraestructura, se podr�n destinar parcial o totalmente los aportes previstos para la Agencia Nacional de Infraestructura que habr�an de ser transferidos a los concesionarios en las vigencias anuales sucesivas respetando la anualidad correspondiente, as� como los ingresos provenientes de los peajes previstos en el modelo financiero como ingresos de los concesionarios, para dar continuidad a las obras, garantizar la transitabilidad, funcionalidad y seguridad de la infraestructura de transporte revertida, as� como para atender necesidades del sector transporte.�

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Para ello, el Ministerio de Transporte y sus entidades adscritas y vinculadas podr�n reprogramar vigencias futuras autorizadas en los diferentes proyectos de inversi�n en la vigencia en la cual ocurra la reversi�n.�

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Art�culo 107.Avales y garant�as en el Marco de la Cofinanciaci�n de Sistemas de Transporte. La Naci�n podr� otorgar los avales o garant�as a las operaciones de financiamiento que realicen las entidades en el marco de la cofinanciaci�n de la que trata el inciso 2� del art�culo 14 de la Ley 86 de 1989, modificada por el art�culo 31 de la Ley 1753 de 2015. En estos eventos, las entidades estatales podr�n utilizar para la constituci�n de las contragarant�as a favor de la Naci�n, entre otras, los flujos correspondientes a las vigencias futuras aprobadas por la instancia correspondiente.�

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Par�grafo 1�. Para la constituci�n de las contragarant�as a favor de la Naci�n, se podr�n otorgar como contragarant�a los flujos correspondientes a las vigencias futuras de las entidades de los �rdenes nacionales o territoriales aprobados por las instancias correspondientes.�

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Par�grafo 2�. En lo no previsto en el presente art�culo se aplicar� lo dispuesto en el Decreto 1068 de 2015 y dem�s normas vigentes.�

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Par�grafo 4�. Para efectos del control en el pago de la contribuci�n aqu� prevista, la Superintendencia de Transporte reglamentar� la inscripci�n y registro de los operadores portuarios, mar�timos y fluviales.�

Afecta la vigencia de: [Mostrar]

Art�culo 109.Protecci�n de Usuarios de Transporte A�reo. La Superintendencia de Transporte es la autoridad competente para velar por la observancia de las disposiciones sobre protecci�n al usuario del transporte a�reo, as� como para adelantar las investigaciones e imponer las sanciones o medidas administrativas a que haya lugar por las infracciones a las normas aeron�uticas en lo referente a los derechos y deberes de los usuarios del transporte a�reo, excluyendo aquellas disposiciones relacionadas con la seguridad operacional y seguridad de la aviaci�n civil; cuya competencia permanecer� en la Unidad Administrativa Especial de Aeron�utica Civil. Las multas impuestas por la Superintendencia de Transporte tendr�n como destino el presupuesto de esta.�

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Par�grafo. Los cargos y recursos de la Unidad Administrativa Especial de Aeron�utica Civil para la protecci�n de usuarios del modo de transporte a�reo ser�n trasladados a la Superintendencia de Transporte. En todo caso, el Gobierno nacional garantizar� que la Superintendencia de Transporte cuente con el presupuesto necesario para la protecci�n de los usuarios del sector.�

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Art�culo 110.Protecci�n al Turista. Modif�quese el par�grafo 2� y adici�nese un par�grafo transitorio al art�culo 25 de la Ley 1558 de 2012 el cual quedar� as�:�

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Par�grafo 2�. Las reclamaciones que se susciten en desarrollo de la prestaci�n y comercializaci�n del servicio del transporte a�reo, ser�n resueltas por la Superintendencia de Transporte como �nica entidad competente del sector, dando aplicaci�n al procedimiento sancionatorio del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y dem�s normas concordantes.�

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Par�grafo transitorio. Las investigaciones iniciadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley seguir�n en cabeza de la Unidad Administrativa Especial de Aeron�utica Civil y culminar�n de conformidad con el r�gimen jur�dico y procedimiento con el cual se iniciaron.�

Afecta la vigencia de: [Mostrar]

Art�culo 111.Reprogramaci�n de Vigencias Futuras del Sector Transporte. Con el fin de atender gastos prioritarios del Sector Transporte y mantener la consistencia fiscal del Presupuesto General de la Naci�n, las entidades que conforman el Sector podr�n recomponer el presupuesto a trav�s de la reprogramaci�n de los compromisos realizados con cargo a vigencias futuras, autorizadas en los diferentes proyectos de inversi�n.�

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El Gobierno nacional har� los ajustes necesarios mediante decreto anual, debidamente motivado, sin cambiar, en todo caso, el monto total de gasto de inversi�n del sector para la vigencia fiscal, aprobado por el Congreso.�

Art�culo 112.Vigencias Futuras de la Naci�n y las Entidades Estatales del Orden Nacional para Proyectos de Asociaci�n P�blico Privada. Adici�nese el siguiente par�grafo al art�culo 26 de la Ley 1508 de 2012:�

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Par�grafo. Las entidades estatales del orden nacional que cuenten con recursos propios o fondos especiales destinados al desarrollo de proyectos de Infraestructura, podr�n destinar estos recursos para el desarrollo de proyectos de Asociaci�n P�blico Privada (APP), sin que estos sean contabilizados dentro del l�mite anual de autorizaciones de vigencias futuras establecido por el Consejo Nacional de Pol�tica Econ�mica y Social (Conpes) para el desarrollo de dichos proyectos. Sin perjuicio de lo anterior, la solicitud de autorizaci�n de vigencia futuras al Consejo de Pol�tica Fiscal (Confis) para proyectos de Asociaci�n P�blico Privada deber� estar acompa�ada de un an�lisis de disponibilidad y sostenibilidad de los ingresos propios o de la fuente de ingreso del respectivo fondo p�blico durante el periodo que demande la ejecuci�n del proyecto, de conformidad con los compromisos de pago proyectados.�

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Afecta la vigencia de: [Mostrar]

Art�culo 113. Requisitos para Proyectos de Asociaci�n P�blico Pri�vada que requieren desembolsos de Recursos P�blicos en Entidades Territoriales. Modifica el numeral 6, 7 y el par�grafo 2� del art�culo 27 de la Ley 1508 de 2012, as�:�

6. La autorizaci�n por parte de la Asamblea o Concejo respecti�vo, para asumir obligaciones con cargo al presupuesto de vi�gencias futuras para proyectos de Asociaci�n P�blico Privada podr� efectuarse en cualquier momento y superar el per�odo de Gobierno del respectivo gobernador o alcalde. El plazo de dicha autorizaci�n no podr� exceder el plazo previsto en el art�culo 6� de la Ley 1508 de 2012.�

7. Las vigencias futuras que se expidan deber�n cumplir las nor�mas vigentes que regulan la materia y los par�metros previs�tos en el presente art�culo, incluyendo la aprobaci�n previa de la valoraci�n de riesgos y pasivos contingentes por parte del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.�

Estas vigencias futuras podr�n ser aprobadas en el �ltimo a�o de Gobierno, hasta por el plazo de duraci�n del proyecto respectivo.�

Par�grafo 2�. Para la presentaci�n de estos proyectos al Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico se deber� contar con la validaci�n fi�nanciera por parte de alguna de las entidades financieras p�blicas de segundo piso o estructuradoras p�blicas del orden nacional.�

Se except�an de la mencionada validaci�n, aquellos proyectos que han sido estructurados por una estructuradora p�blica del orden nacio�nal o el Departamento Nacional de Planeaci�n.�

Afecta la vigencia de: [Mostrar]

Art�culo 114. Tr�mites de Proyectos de Inter�s Nacional y Estrat�gi�co. Las entidades que determinan la viabilidad o que expidan permisos y licencias para el desarrollo de los Proyectos de Inter�s Nacional y Estrat�gico, deber�n darle prioridad a dichos proyectos sobre cualquier otro proyecto.�

Art�culo 115. Asociaciones P�blico-Privadas para Escenarios P��blicos. Para el tr�mite de asociaciones p�blico privadas de Iniciativa privada para la construcci�n, administraci�n, mantenimiento y adecua�ci�n de escenarios p�blicos tales como estadios, coliseos deportivos, centros de convenciones o similares, los tiempos para la evaluaci�n se podr�n reducir hasta la mitad.�

Art�culo 116. Evaluaci�n de los Proyectos de Asociaci�n P�blico Privada de Iniciativa Privada. El art�culo 19 de la Ley 1882 de 2018 quedar� as�:�

Art�culo 19. Evaluaci�n de los Proyectos de Asociaci�n P�blico Privada de Iniciativa Privada. Los originadores de proyectos de Aso�ciaci�n P�blica Privada de Iniciativa privada, asumir�n por su propia cuenta y riesgo, el costo estimado de su revisi�n y/o evaluaci�n en la etapa de factibilidad.�

Para el efecto, el originador deber� aportar, seg�n corresponda:�

a) El equivalente a 500 SMLMV en caso de proyectos cuyo pre�supuesto estimado de inversi�n sea inferior a 400.000 SML�MV, calculado en precios constantes al momento en que la entidad p�blica competente una vez finalizada la etapa de pre�factibilidad manifiesta que el proyecto es de su inter�s, o�

b) El equivalente al 0,1% del presupuesto estimado de Inver�si�n para proyectos cuyo presupuesto estimado de inversi�n sea igual o superior a 400.000 smlmv, calculado en precios constantes al momento en que la entidad p�blica competente una vez finalizada la etapa de prefactibilidad manifiesta que el proyecto es de su inter�s.�

La administraci�n y manejo de los recursos aportados por el ori�ginador destinados a la revisi�n y/o evaluaci�n del proyecto en etapa de factibilidad se realizar� a trav�s de un patrimonio aut�nomo que constituir� el originador. Los costos que genere la administraci�n de dicho patrimonio aut�nomo deber�n ser cubiertos por el originador de la iniciativa privada.�

La entidad estatal encargada de la revisi�n y/o evaluaci�n del pro�yecto ser� la beneficiaria del patrimonio aut�nomo y la encargada de autorizar la celebraci�n de los contratos requeridos para el efecto, as� como autorizar los pagos a que hubiere lugar en desarrollo de los mis�mos.�

El costo estimado de la evaluaci�n del proyecto en la etapa de facti�bilidad deber� girarse al patrimonio aut�nomo en el plazo establecido por la entidad al momento de pronunciarse sobre el mismo una vez finalizada la etapa de prefactibilidad. En caso de que el originador no consigne el valor de la evaluaci�n del proyecto la entidad estatal no adelantar� su respectiva evaluaci�n.�

Finalizada la evaluaci�n del proyecto, se proceder� a la liquidaci�n del patrimonio aut�nomo y sus excedentes si los hubiere ser�n consig�nados a orden del tesoro nacional.�

JURISPRUDENCIA [Mostrar]

Art�culo 117. Sistema de Recaudo y Sistema de Gesti�n y Control de Flota de Transporte. Los sistemas de transporte que sean cofinanciados con recursos de la naci�n, adoptar�n un sistema de recaudo centrali�zado, as� como un sistema de gesti�n y control de flota, que integre los subsistemas de transporte complementario y de transporte masivo, integrado, estrat�gico o regional, utilizando mecanismos que as� lo per�mitan, en especial el sistema de recaudo unificado, el cual permitir� el pago electr�nico y en efectivo validado por medios electr�nicos, y los sistemas de compensaci�n entre operadores, de conformidad con lo dispuesto por la autoridad de transporte competente de acuerdo con los resultados de los estudios t�cnicos.�

Se entiende como recaudo centralizado, aquel sistema mediante el cual se recaudan los dineros por concepto de la tarifa al usuario del sis�tema de transporte, los cuales se administran a trav�s de un patrimonio aut�nomo o cualquier otro esquema de administraci�n de recursos auto�rizado y administrado por una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, constituido por el agente recaudador el cual estar� sujeto a la auditor�a permanente e irrestricta de la autoridad de transporte correspondiente.�

Los sistemas de recaudo centralizado, de control de flota y de infor�maci�n y servicio al usuario, se constituyen en la herramienta tecnol�gica que controla la calidad, la cobertura y la continuidad del servicio del respectivo sistema de transporte, que deber� ser interoperable y su�ministrar informaci�n para que las autoridades definan pol�ticas de mo�vilidad, incluyendo demanda, oferta, tarifa y derechos de participaci�n de los agentes. La totalidad de la informaci�n recolectada es propiedad del ente territorial o quien este delegue, teniendo libre acceso a las ba�ses de datos.�

En los sistemas de transporte masivos, ni los operadores o empre�sas de transporte, ni sus vinculados econ�micos podr�n participar en la operaci�n y administraci�n de sistema de recaudo, salvo que se trate de una entidad p�blica. Vinculados econ�micos entendidos como tales los que se encuentren en los supuestos previstos por los art�culos 450 a 452 del Estatuto Tributario.�

Para los sistemas estrat�gicos de transporte p�blico una entidad p��blica, o el agente operador de transporte o sus vinculados podr�n ope�rar el sistema de recaudo centralizado, caso en el cual el Ministerio de Transporte reglamentar� las condiciones, garantizando la estabilidad jur�dica de los actos administrativos expedidos a la entrada en vigencia de la presente ley por las entidades territoriales.�

Cuando existan dos o m�s agentes operadores de transporte, estos y sus vinculados econ�micos podr�n participar en la operaci�n y admi�nistraci�n del sistema de recaudo, siempre y cuando todos ellos confor�men un �nico agente recaudador; cuando no se logre la participaci�n de todos los operadores de transporte en el agente de recaudo, la entidad territorial, el ente gestor o quien estos deleguen deber� adjudicar la ope�raci�n del servicio de recaudo centralizado mediante licitaci�n p�blica o convenio interadministrativo.�

La autoridad competente cancelar� las habilitaciones correspondien�tes a las empresas de transporte masivo, integrado, estrat�gico, regional o complementario que no se integren al sistema de recaudo centralizado siempre y cuando los sistemas a integrar hayan sido cofinanciados con recursos de la Naci�n.�

Par�grafo 1�. La entidad territorial, el ente gestor o quien estos de�leguen podr� ostentar la calidad de operador del sistema de recaudo, del sistema de control y gesti�n de flota y del sistema de informaci�n al usuario, siempre y cuando los estudios as� lo recomienden. En todo caso se garantizar� la estabilidad jur�dica de los actos administrativos expedidos a la entrada en vigor de la presente ley por las entidades te�rritoriales. El Gobierno nacional reglamentar� las condiciones t�cnicas, operativas y de seguridad de los sistemas de recaudo en el pa�s.�

Par�grafo 2�. Los agentes recaudadores de transporte p�blico podr�n ser habilitados por la autoridad competente para que adem�s de recau�dar la tarifa del servicio de transporte p�blico, en sus diferentes moda�lidades, puedan recaudar el precio de otros productos o servicios afines o conexos a la movilidad. Para el efecto en el patrimonio aut�nomo o esquema financiero constituido para el recaudo centralizado se deber�n generar subcuentas por cada concepto de pago.�

Art�culo 118. Nuevas fuentes de materiales para mantenimiento, mejoramiento y rehabilitaci�n de v�as terciarias y para el programa �Colombia Rural�. En el evento que no utilicen fuentes de material titulado y licenciado ambientalmente para el mantenimiento, mejora�miento y rehabilitaci�n de v�as terciarias; previo a la ejecuci�n de las obras, la entidad territorial definir� conjuntamente con la autoridad am�biental regional y la autoridad minera competentes, la ubicaci�n y el volumen estimado de las fuentes de material requerido para el mante�nimiento, mejoramiento y rehabilitaci�n de v�as terciarias y del pro�grama �Colombia Rural� en el respectivo municipio. Con base en esta informaci�n la autoridad ambiental, una vez otorgada la autorizaci�n temporal por parte de la autoridad minera competente, proceder� a pro�nunciarse, en un t�rmino m�ximo de dos (2) meses sobre la viabilidad de la licencia ambiental a estas fuentes de materiales, cuya vigencia no podr� ser inferior a la de la autorizaci�n minera.�

Par�grafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expe�dir� los t�rminos de referencia para la elaboraci�n del estudio de impac�to ambiental de la licencia ambiental de que trata el presente art�culo, dentro del mes siguiente a la expedici�n de la presente ley.�

TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

Art�culo 119. Priorizaci�n para proyectos de inversi�n en agua potable, saneamiento b�sico, v�as terciarias y energ�a el�ctrica. A partir de la expedici�n de la presente ley y durante su vigencia, el �rgano Colegiado de Administraci�n y Decisi�n PAZ (Ocad Paz) garantizar� la priorizaci�n de proyectos para mejorar los �ndices de cobertura de agua potable, saneamiento b�sico, desarrollo de v�as ter�ciarias y generaci�n y ampliaci�n de cobertura del servicio p�blico de energ�a el�ctrica hasta por la suma de uno punto cinco billones de pesos discriminados as�: quinientos mil millones de pesos para agua y saneamiento b�sico, quinientos mil millones de pesos para v�as ter�ciarias y quinientos mil millones de pesos para generaci�n y amplia�ci�n y cobertura del servicio p�blico de energ�a el�ctrica. La presente partida corresponde al bienio 2019-2020 del Presupuesto del Sistema General de Regal�as y se mantendr� en similar proporci�n para el bie�nio 2021-2022.�

La contrataci�n de proyectos para el desarrollo de v�as terciarias, se realizar� atendiendo las normas vigentes, en particular las Leyes 1682 de 2013 y 1882 de 2018, y aquellas que las modifiquen o sustituyan.�

En la financiaci�n de las iniciativas de desarrollo de que trata este art�culo podr�n concurrir diferentes fuentes o mecanismos, entre otros, recursos provenientes de Asociaciones P�blico - Privadas (APP), obras por impuestos y otros aportes del Presupuesto General de la Naci�n.�

Para definir la priorizaci�n de los proyectos de que trata el inciso primero del presente art�culo, se tendr�n en cuenta los criterios estable�cidos en el Decreto-ley 413 del 2018.�

Lo dispuesto en el presente art�culo guardar� concordancia con el mecanismo de hoja de ruta establecido en el art�culo 281 de la presente ley.�

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Art�culo 120. Permisos especiales y temporales de veh�culos combi�nados de carga (VCC). El Instituto Nacional de V�as conceder� permi�sos especiales, individuales o colectivos, temporales, con una vigencia m�xima de dos (2) a�os, para el transporte de carga divisible por las v�as nacionales, concesionadas o no, con veh�culos combinados de car�ga, de conformidad con los criterios t�cnicos y jur�dicos, determinados por el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de V�as, rela�tivos a la seguridad vial, infraestructura, movilidad y log�stica. Tales permisos se conceder�n por el Instituto Nacional de V�as hasta tanto se establezca la regulaci�n que especifique los criterios definitivos para la operaci�n de los veh�culos combinados de carga siempre y cuando los estudios t�cnicos determinen su viabilidad.�

Cuando el permiso verse sobre v�as concesionadas, se deber� contar con el concepto previo de la Agencia Nacional de Infraestructura.�

Art�culo 121. Veh�culos con matr�cula extranjera en zonas de fronte�ra cuyo modelo no supere el a�o 2016. Los residentes de las Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo (UEDF) de que trata el art�culo 4� de la Ley 191 de 1995, propietarios o tenedores de veh�culos, mo�tocicletas y embarcaciones fluviales menores, de matr�cula del pa�s vecino, cuyo modelo no supere el a�o 2016, que al 19 de agosto de 2015 hubieren ingresado y se encuentren circulando en la jurisdicci�n de los departamentos al que pertenecen las UEDF, deber�n proceder al registro de dichos bienes ante los municipios de la UEDF o ante las autoridades locales que estos deleguen, dentro de los tres (3) meses siguientes al vencimiento del plazo de que trata el siguiente inciso, con el fin de poder circular de manera legal dentro de la jurisdicci�n de ese departamento.�

Dentro de los treinta (30) d�as h�biles siguientes a la promulgaci�n de la presente ley, el municipio de la UEDF informar� a los interesados el procedimiento para adelantar el registro de que trata el presente ar�t�culo, el cual deber� contener como m�nimo la siguiente informaci�n:�

1. La identificaci�n del propietario o tenedor, indicando el n��mero de identificaci�n correspondiente.�

2. La individualizaci�n del bien objeto de registro, indicando cuando aplique para el tipo de bien, el n�mero VIN, el n�me�ro de serie del motor, o el n�mero de serie que identifique el bien, el n�mero de placa.�

3. Declaraci�n del propietario o tenedor en la que manifieste:�

3.1. Ser residente en la Unidad Especial de Desarrollo Fronterizo en la que est� realizando el registro correspondiente.�

3.2. Que el origen del bien objeto de registro es legal.�

Esta declaraci�n se entender� prestada bajo la gravedad del juramen�to con la firma del registro correspondiente.�

4. Para veh�culos y motocicletas deber� acreditar la existencia del Certificado de Revisi�n T�cnico - mec�nica y del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tr�nsito, vigentes.�

Los bienes que hayan sido objeto del registro de que trata el presente art�culo, no deber�n ser sometidos al tr�mite de internaci�n temporal previsto en el Decreto 2229 de 2017 o en las normas que lo modifiquen.�

Par�grafo 1�. El Registro de que trata el presente art�culo deber� exhibirse ante las autoridades que lo requieran como documento que acredita la circulaci�n legal permanente del bien, dentro de la jurisdic�ci�n del respectivo departamento.�

Par�grafo 2�. El registro de que trata el presente art�culo no determi�na la propiedad cuando este sea adelantado por el poseedor. As� mismo, no subsana irregularidades en su posesi�n o eventuales hechos il�citos que se hayan presentado en su adquisici�n, y su disposici�n se encuen�tra restringida a la circulaci�n del bien dentro de la jurisdicci�n del departamento en donde se hizo el registro.�

Par�grafo 3�. La Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales po�dr� aprehender y decomisar los bienes de que trata el presente art�culo en los siguientes casos: i) Cuando los veh�culos, motocicletas y embar�caciones fluviales menores, de matr�cula del pa�s vecino, no cuenten con el registro dentro de los plazos y t�rminos aqu� se�alados y ii) cuan�do se encuentren veh�culos, motocicletas y embarcaciones fluviales me�nores, de matr�cula del pa�s vecino, por fuera de la jurisdicci�n del de�partamento que fuera se�alada en el registro, de que trata este art�culo.�

Art�culo 122. Internaci�n temporal de veh�culos con matr�cula ex�tranjera en zonas de frontera cuyo modelo sea a�o 2017 y siguientes. Lo previsto en el art�culo anterior no aplica para veh�culos, motocicle�tas y embarcaciones fluviales menores, de matr�cula del pa�s vecino, cuyo modelo sea posterior al a�o 2016. En consecuencia, los bienes cuyo modelo sea 2017 y posteriores, dentro de los tres (3) meses si�guientes a la entrada en vigencia de la presente ley deber�n cumplir los requisitos previstos en el Decreto 2229 de 2017, modificado por el Decreto 2453 de 2018, so pena de la aprehensi�n y decomiso realizada por la Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales.�

Art�culo 123.Impuesto de veh�culos automotores para veh�culos de matr�cula extranjera en zonas de frontera. Los veh�culos, motocicletas y embarcaciones fluviales menores, de matr�cula de un pa�s vecino ins�critos en el registro de que trata el art�culo 121 de esta ley, y aquellos que se hayan acogido a la medida de internaci�n temporal de que trata el art�culo anterior, causar�n anualmente, en su totalidad, y a favor de las Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo, el impuesto de ve�h�culos automotores de que trata la Ley 488 de 1998. El Ministerio de Transporte fijar� la tabla de aval�o de los veh�culos a que se refiere el presente art�culo�

Art�culo 124. Requisitos para la creaci�n de Distritos. Modif�quese el art�culo 8� de la Ley 1617 de 2013, el cual quedar� as�:�

Art�culo 8�. Requisitos para la Creaci�n de Distritos. La ley podr� decretar la conformaci�n de nuevos distritos, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:�

1. Contar por lo menos con quinientos mil (500.000) habitantes, seg�n certificaci�n expedida por el Departamento Adminis�trativo Nacional de Estad�stica (DANE), de acuerdo con el �ltimo censo realizado por esta entidad o estar ubicado en zonas costeras, ser capital de departamento, municipio fron�terizo o contar con declaratoria de Patrimonio Hist�rico de la Humanidad por parte de la Unesco.�

2. Presentar un documento con la sustentaci�n t�cnica del po�tencial para el desarrollo de puertos o para el desarrollo de actividades tur�sticas, industriales, o econ�micas de gran rele�vancia y/o culturales, que acredite la capacidad institucional, de gesti�n y financiaci�n para el desarrollo de dicha vocaci�n.�

3. Presentar un an�lisis de la capacidad fiscal que demuestre su suficiencia para asumir las necesidades institucionales y es�tructura administrativa asociada a la conformaci�n de locali�dades.�

4. Presentar los resultados de la diligencia de deslinde efectuada por el Instituto Geogr�fico Agust�n Codazzi (IGAC) de con�formidad con lo establecido en el art�culo 10 de la Ley 1617 de 2013.�

5. Contar con concepto previo y favorable sobre la convenien�cia de crear el nuevo distrito, emitido por las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralizaci�n y Ordenamiento Territorial del Senado de la Rep�blica y la C�mara de Representantes, y la Comisi�n de Ordenamiento Territorial como organismo t�cnico asesor, o el organismo que haga sus veces, concepto que ser� sometido a conside�raci�n de las Plenarias del Senado de la Rep�blica y de la C�mara de Representantes, respectivamente.�

6. Contar con concepto previo y favorable de los concejos mu�nicipales.�

Par�grafo transitorio. Los distritos conformados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley continuar�n someti�ndose a sus respectivas normas de creaci�n. Los municipios que hayan iniciado el tr�mite para convertirse en Distritos antes del 30 de abril de 2019, seguir�n rigi�ndose por las normas constitucionales o legales con que iniciaron.�

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Art�culo 125. Fusi�n y Denominaci�n. Fusi�nese el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnolog�a e Innovaci�n (Colciencias), en el Ministerio de Ciencia, Tecnolog�a e Innovaci�n, el cual continuar� con la misma denominaci�n y como organismo principal de la Admi�nistraci�n P�blica del Sector Administrativo de Ciencia, Tecnolog�a e Innovaci�n.�

El Ministerio de Ciencia, Tecnolog�a e Innovaci�n tendr� como do�micilio principal la ciudad de Bogot�, D.C., y cumplir� los objetivos se�alados en el acto de creaci�n contenido en la Ley 1951 de 2019.�

��

El Gobierno nacional, en ejercicio de las competencias permanentes conferidas mediante la Ley 489 de 1998, adoptar� la estructura interna y la planta de personal que requiera el Ministerio de Ciencia, Tecnolo�g�a e Innovaci�n para su funcionamiento. Los actuales servidores de la planta de personal del Departamento Administrativo de Ciencia, Tec�nolog�a e Innovaci�n continuar�n ejerciendo las atribuciones a ellos asignadas, bajo la misma estructura y percibiendo la misma remunera�ci�n, hasta tanto sean incorporados a la planta de personal adoptada de conformidad con lo dispuesto en el presente art�culo.�

Dentro de lo seis (6) meses siguientes a la expedici�n de la presente ley, el Director del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnolo�g�a e Innovaci�n deber� ordenar y ejecutar las medidas administrativas necesarias, as� como la adecuaci�n y operaci�n de los sistemas conta�bles, financieros, de tesorer�a, almacenes y dem�s servicios de apoyo, para asegurar la correcta puesta en funcionamiento del Ministerio. Los acuerdos, contratos y convenios vigentes al momento de la expedici�n de esta ley, suscritos por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnolog�a e Innovaci�n se entienden subrogados al Ministerio de Ciencia, Tecnolog�a e Innovaci�n, quien continuar� con su ejecuci�n en los mismos t�rminos y condiciones, sin que para ello sea necesaria la suscripci�n de documento adicional alguno.�

A partir de la fecha de expedici�n de la presente ley, se entienden transferidos los derechos y bienes muebles e inmuebles, as� como su�brogadas las obligaciones en las que sea parte el Departamento Admi�nistrativo de Ciencia, Tecnolog�a e Innovaci�n al Ministerio de Ciencia, Tecnolog�a e Innovaci�n, en los mismos t�rminos y condiciones bajo las cuales se encuentran pactadas.�

Los procedimientos administrativos, las acciones constitucionales y, en general, todos los procesos judiciales en los que sea parte el Departa�mento Administrativo de Ciencia, Tecnolog�a e Innovaci�n continuar�n siendo atendidos por el Ministerio de Ciencia, Tecnolog�a e Innovaci�n.�

El Ministerio de Ciencia, Tecnolog�a e Innovaci�n continuar� a car�go del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnolo�g�a y la Innovaci�n, Fondo Francisco Jos� de Caldas y cumpliendo las funciones que en relaci�n con los dem�s fondos le fueron asignadas por la Constituci�n y la ley al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnolog�a e Innovaci�n (Colciencias).�

A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, todas las referen�cias que hagan las normas vigentes al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnolog�a e Innovaci�n, se entender�n efectuadas al Ministe�rio de Ciencia, Tecnolog�a e Innovaci�n.�

Para todos los efectos legales, el Ministerio de Ciencia, Tecnolog�a e Innovaci�n creado mediante la Ley 1951 de 2019, sustituye al Departa�mento Administrativo de Ciencia, Tecnolog�a e Innovaci�n.�

JURISPRUDENCIA [Mostrar]

Art�culo 126. Objetivos generales y espec�ficos del Ministerio de Ciencia, Tecnolog�a e Innovaci�n. Modif�quese el art�culo 2� de la Ley 1951 de 2019, el cual quedar� as�:�

Art�culo 2�. Objetivos generales y espec�ficos. Por medio de la pre�sente ley se reconocen y actualizan los derechos de los ciudadanos y los deberes del Estado en materia del desarrollo del conocimiento cient�fi�co, tecnol�gico y de innovaci�n, que consolidan los avances hechos por las Leyes 29 de 1990 y 1286 de 2009, mediante los siguientes objetivos generales y espec�ficos:�

OBJETIVOS GENERALES �

1. Formular la pol�tica p�blica de ciencia, tecnolog�a e innova�ci�n del pa�s.�

2. Establecer estrategias de transferencia y apropiaci�n Social de la Ciencia, la Tecnolog�a, la Innovaci�n para la consolida�ci�n de una sociedad basada en el conocimiento.�

3. Impulsar el desarrollo cient�fico, tecnol�gico y la innovaci�n de la Naci�n, programados en la Constituci�n Pol�tica de 1991 y en el Plan Nacional de Desarrollo, de acuerdo con las orientaciones trazadas por el Gobierno nacional.�

4. Garantizar las condiciones necesarias para que los desarrollos cient�ficos, tecnol�gicos e innovadores, se relacionen con el sector productivo y favorezcan la productividad y la competi�tividad.�

5. Velar por la consolidaci�n y fortalecimiento del Sistema Na�cional de Ciencia, Tecnolog�a e Innovaci�n (SNCTI).�

OBJETIVOS ESPEC�FICOS �

1. Fortalecer una cultura basada en la generaci�n, apropiaci�n y divulgaci�n del conocimiento y la investigaci�n cient�fica, el desarrollo tecnol�gico, la innovaci�n y el aprendizaje perma�nente.�

2. Definir las bases para la formulaci�n de un Plan Nacional de Ciencia, Tecnolog�a e Innovaci�n.�

3. Incorporar la Ciencia, Tecnolog�a e Innovaci�n, como ejes transversales de la pol�tica econ�mica y social del pa�s.�

4. Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnolog�a e Inno�vaci�n (SNCTI), otorgando al nuevo Ministerio el liderazgo que conlleve a la �ptima articulaci�n de las organizaciones p�blicas y privadas, regionales, nacionales e internacionales, que permitan el desarrollo de una sociedad del conocimiento.�

5. Definir las instancias e instrumentos administrativos y finan�cieros por medio de los cuales se promueve la destinaci�n de recursos p�blicos y privados al fomento de la Ciencia, Tecno�log�a e Innovaci�n.�

6. Fortalecer la capacidad de transferencia de la tecnolog�a pro�ducida en las universidades y centros de investigaci�n y de�sarrollo tecnol�gico en beneficio del sector productivo nacio�nal, a trav�s del mejoramiento de la conectividad de las redes acad�micas de investigaci�n y educaci�n.�

7. Articular y optimizar las instancias de liderazgo, coordina�ci�n y ejecuci�n del Gobierno nacional y la participaci�n de los diferentes actores de la pol�tica de Ciencia, Tecnolog�a e Innovaci�n.�

8. Fortalecer el desarrollo regional a trav�s de pol�ticas integra�les de descentralizaci�n de las actividades cient�ficas, de de�sarrollo tecnol�gico y de innovaci�n.�

9. Fortalecer la internacionalizaci�n de las actividades cient�fi�cas, de desarrollo tecnol�gico y de innovaci�n, de acuerdo con las din�micas internacionales.�

10. Orientar el fomento de actividades de ciencia, tecnolog�a e innovaci�n hacia el mejoramiento de la competitividad, estableciendo v�nculos desde el Sistema Nacional de Cien�cia, Tecnolog�a e Innovaci�n (SNCTI), con otros sistemas tales como el Sistema Nacional de Innovaci�n Agropecuaria (SNIA), el Sistema Nacional Ambiental (SINA), el sistema educativo, entre otros, en el marco del Sistema Nacional de Competitividad (SNC).�

11. Establecer disposiciones generales que conlleven al fortaleci�miento del conocimiento cient�fico y el desarrollo de la inno�vaci�n para el efectivo cumplimiento de la presente ley.�

JURISPRUDENCIA [Mostrar]

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Art�culo 127. Libertad Religiosa, de Cultos y Conciencia. El Gobier�no nacional con la coordinaci�n del Ministerio del Interior, emprender� acciones que promuevan la articulaci�n intersectorial, interinstitucional y territorial para la garant�a y goce efectivo del ejercicio del derecho a la libertad religiosa, de cultos y conciencia en el territorio nacional. Para el efecto, promover� e impulsar� la participaci�n de los represen�tantes de las entidades religiosas, el reconocimiento de las mismas, la garant�a del libre ejercicio de estos derechos y realizar� las acciones que permitan determinar el impacto social de las organizaciones y enti�dades religiosas, conforme a la Constituci�n y la ley�

Art�culo 128. Funciones de los municipios. Adici�nese el siguiente par�grafo al art�culo 6� de la Ley 1551 de 2012 el cual quedar� as�:�

Par�grafo 5�. Los denominados convenios solidarios de que trata el par�grafo 3� del presente art�culo tambi�n podr�n ser celebrados entre las entidades del orden nacional y los organismos de acci�n comunal para la ejecuci�n de proyectos incluidos en el respectivo Plan Nacional de Desarrollo.�

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Art�culo 129. Reserva legal de las estrategias de Defensa Jur�dica Nacional e Internacional. Las estrategias de defensa jur�dica nacional e internacional gozar�n de reserva legal conforme lo dispuesto en los literales e) y h) y el par�grafo del art�culo 19 de la Ley 1712 de 2014, o la norma que los modifique, adicione o sustituya.�

Las estrategias de defensa jur�dica nacional e internacional son los documentos, conceptos, lineamientos e informaci�n a los que acuden la Agencia Nacional de Defensa Jur�dica del Estado y/o las entidades p�blicas encargadas de hacer efectiva la defensa jur�dica del Estado y de proteger sus intereses litigiosos.�

La reserva cubrir� todas las etapas de la controversia o del proce�so respectivo. Podr�n publicarse parcialmente documentos y piezas de informaci�n cuya revelaci�n no afecte la estrategia de defensa o los intereses leg�timos del Estado.�

Par�grafo 1�. Cuando la publicaci�n de los acuerdos o contratos producto del uso de los mecanismos alternativos de arreglo directo o negociaciones en materia de conflictos de inversi�n en el �mbito inter�nacional, pueda incidir en la gesti�n de otros procesos o acuerdos, estos podr�n ser materia de reserva.�

Par�grafo 2�. El t�rmino de la reserva sobre las estrategias de defen�sa jur�dica nacional e internacional del Estado, podr� extenderse por el t�rmino m�ximo autorizado en la ley.�

Par�grafo 3�. La reserva no abarcar� aquellos documentos e infor�mes que constituyan prueba necesaria a favor de quien los solicita y que se encuentren en poder del Estado en ejercicio de una funci�n prevista en el ordenamiento jur�dico.�

Art�culo 130. Inexequible�

JURISPRUDENCIA [Mostrar]

Art�culo 131. Registro �nico de Decisiones Judiciales en Materia Penal y Jurisdicciones Especiales. Cr�ase el Registro �nico de Deci�siones Judiciales en Materia Penal y Jurisdicciones Especiales, admi�nistrado por la Polic�a Nacional - Direcci�n de Investigaci�n Criminal e Interpol.�

El administrador garantizar� a la Fiscal�a General de la Naci�n y de�m�s autoridades judiciales, el acceso, consulta y actualizaci�n al Regis�tro as� como la protecci�n del derecho del h�beas data de los ciudada�nos. Este registro contendr� los antecedentes penales, requerimientos, anotaciones, sentencias y dem�s decisiones judiciales que hagan tr�n�sito a cosa juzgada, proferidas por la Jurisdicci�n Ordinaria, la Justicia Penal Militar, la Jurisdicci�n Especial para la Paz y dem�s jurisdiccio�nes especiales reconocidas por la Constituci�n Pol�tica.�

El Gobierno nacional reglamentar� las materias necesarias para ga�rantizar el funcionamiento del registro y el proceso de actualizaci�n de la informaci�n.�

Par�grafo 1�. El Consejo Superior de la Judicatura, la Justicia Penal Militar, la Jurisdicci�n Especial para la Paz, la Fiscal�a General de la Naci�n deber�n actualizar el sistema de informaci�n de acuerdo con los par�metros y protocolos que para tal efecto disponga el administrador del registro. Con este fin en un t�rmino de doce (12) meses, adoptar�n las soluciones administrativas y tecnol�gicas necesaria para garantizar el suministro, registro y actualizaci�n de la informaci�n a trav�s de canales seguros que garanticen su integridad, seguridad y confiabilidad.�

Par�grafo 2�. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y de�m�s Centros Carcelarios como ejecutores de las decisiones judiciales, deber�n actualizar y proporcionar la informaci�n necesaria, de acuerdo con los par�metros y protocolos que para tal efecto disponga el admi�nistrador del registro.�

Par�grafo 3�. Los registros referidos en los art�culos 166, 167, 299, 305A y 320 de la Ley 906 de 2004 formar�n parte del registro de que trata el presente art�culo.�

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Art�culo 132. Derogado.�

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Art�culo 133.Estrategia de C�rceles del Orden Nacional. La Naci�n podr� adelantar gestiones para la creaci�n, fusi�n, supresi�n, direcci�n, organizaci�n, administraci�n, sostenimiento y vigilancia de c�rceles para personas detenidas preventivamente; sin perjuicio de la respon�sabilidad que hoy le asiste a las entidades territoriales, de acuerdo con el art�culo 17 de la Ley 65 de 1993.�

Lo anterior, teniendo en cuenta las siguientes disposiciones:�

a) Las entidades territoriales identificar�n predios para la locali�zaci�n de las c�rceles, sobre los cuales la USPEC y el INPEC realizar�n una evaluaci�n a fin de establecer la viabilidad ope�rativa de los mismos. Los predios identificados como viables deber�n ser incorporados a los instrumentos de planeaci�n te�rritorial que correspondan con el uso del suelo requerido para la localizaci�n del equipamiento.�

b) Las entidades territoriales podr�n identificar, adquirir, habi�litar y ceder a t�tulo gratuito al INPEC, el suelo con urbanis�mo y servicios p�blicos para la construcci�n de los estableci�mientos de reclusi�n nacionales, sin perjuicio de la facultad que les asiste para construir, administrar y operar c�rceles del orden territorial.�

c) Las entidades territoriales podr�n convenir entre ellas la habi�litaci�n de suelo para la construcci�n de establecimientos de reclusi�n, as� como su operaci�n y mantenimiento conjunto. Igualmente, podr�n celebrar convenios con la USPEC para la construcci�n, operaci�n y mantenimiento de centros de reclu�si�n.�

d) Habil�tese a la USPEC a realizar gestiones para la construc�ci�n conjunta de ciudadelas judiciales, establecidas en el art��culo 21 de la Ley 65 de 1993.�

Par�grafo 1�. Las disposiciones establecidas en el presente art�culo, podr�n desarrollarse mediante el esquema de asociaci�n p�blico priva�do, concesi�n u otras formas de contrataci�n establecidas en la ley.�

Par�grafo 2�. El Gobierno nacional tendr� en cuenta el an�lisis de impacto fiscal que se genera con la implementaci�n de la medida y se��alar� la correspondiente fuente sustitutiva.�

Par�grafo 3�. Con el fin de garantizar la financiaci�n de la pol�tica carcelaria para personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privaci�n de la libertad, las entidades territoriales podr�n crear un fondo de infraestructura carcelaria con in�gresos provenientes de las siguientes fuentes:�

1. Contribuci�n especial de obra p�blica establecida en el art��culo 6� de la Ley 1106 de 2006.�

2. Las tasas y sobretasas de seguridad de que trata el art�culo 8� de la Ley 1421 de 2010.�

Art�culo 134. Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad econ�mica. Adici�nese un par�grafo nuevo al art�culo 92 de la Ley 1801 de 2016, C�digo Nacio�nal de Polic�a y Convivencia, el cual quedar� as�:�

Par�grafo 7�. Para efecto de la aplicaci�n del numeral 16 del presen�te art�culo, sobre comportamientos relacionados con desarrollar la acti�vidad econ�mica sin cumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, el mismo se deber� interpretar y aplicar �ni�camente teniendo en cuenta los requisitos de apertura y funcionamiento que se establecen en el art�culo 87 de la Ley 1801 de 2016.�

En todo caso, el control de uso reglamentado del suelo y las disposi�ciones de ubicaci�n, destinaci�n o finalidad, para la que fue construida la edificaci�n, es exclusiva de los Inspectores de Polic�a de conformi�dad con el numeral 12 del presente art�culo. No proceder� la medida de suspensi�n temporal de actividades.�

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Art�culo 135. Dispositivos de escaneo para la vigilancia fronteriza y nacional. El Gobierno nacional, a trav�s del Ministerio de Defensa Nacional y la Polic�a Nacional o por intermedio de los �rganos que este determine, en desarrollo de la estrategia de pol�tica p�blica sobre la consolidaci�n de control institucional de los territorios, que enfrente la criminalidad y las econom�as ilegales, implementar� y dispondr� de los mecanismos e inversiones necesarias que permitan la adquisici�n a cualquier t�tulo de equipos e infraestructura tecnol�gica que facilite y coadyuve a la vigilancia m�vil fronteriza y nacional, buscando con ello, salvaguardar la Seguridad y Defensa Nacional del Estado, controlar los pasos de frontera, luchar contra las econom�as ilegales, defender y pro�teger a la poblaci�n civil y las estructuras militares del Estado frente a eventuales ataques terroristas, combatir el tr�fico de drogas, armas, explosivos, el contrabando y combatir la trata de personas, entre otras conductas delictivas.�

Los equipos, infraestructura o software que se adquieran deber�n facilitar y permitir de manera estacionaria, m�vil o remota, el rastreo, escaneo, detecci�n y transmisi�n de im�genes que faciliten el control, vigilancia y lucha contra las conductas antijur�dicas antes referidas o para cualquier otra que llegare a ser considerada de importancia para la defensa y seguridad nacional y deber�n permitir entre otros aspectos, (detecci�n de objetos y personas) y visualizaci�n de rayos x, gamma, neutrones, retrodispersi�n u otras tecnolog�as, que permitan a la trans�misi�n de las im�genes detectadas por los dispositivos que llegaren a ser adquiridos para las finalidades previamente mencionadas.�

Art�culo 136. Acceso a la Informaci�n. La Contralor�a General de la Rep�blica para el cumplimiento de sus funciones, tendr� acceso sin restricciones a los sistemas de Informaci�n o bases de datos de las en�tidades p�blicas y privadas que dispongan o administren recursos y/o ejerzan funciones p�blicas.�

La reserva legal de informaci�n o documentos no le ser� oponible a la Contralor�a General de la Rep�blica y se entender� extendida exclu�sivamente para su uso en el marco de sus funciones constitucionales y legales.�

Par�grafo 1�. Cada entidad deber� disponer de lo necesario para ga�rantizar el suministro oportuno y en tiempo real de la informaci�n re�querida por la Contralor�a General de la Rep�blica.�

Par�grafo 2�. Adem�s de las sanciones ya previstas en la ley, la Con�tralor�a General de la Rep�blica podr� suspender en el ejercicio del cargo, hasta por el t�rmino de 180 d�as y con el fin de impulsar el co�rrecto ejercicio del control fiscal, a los servidores p�blicos que impidan o entorpezcan el acceso a la informaci�n, previo agotamiento del pro�cedimiento legal administrativo correspondiente, en el cual se garanti�zar� el derecho al debido proceso. El Contralor General de la Rep�blica reglamentar� la materia.�

Art�culo 137. Derogado.�

TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

Art�culo 138. Recursos para el Fondo Bienestar de la Contralor�a General de la Rep�blica. Adici�nese un par�grafo al art�culo 91 de la Ley 106 de 1993, el cual quedar� as�:�

Par�grafo. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente art�culo, la Contralor�a General de la Rep�blica podr� destinar recursos de su pre�supuesto, para la ejecuci�n directa de planes y programas o el desarro�llo de actividades de bienestar social para los servidores de la entidad, lo cual realizar� en coordinaci�n con el Fondo de Bienestar Social.�

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Art�culo 139. Plan Decenal del Ministerio P�blico. Con el objeto de promover la coordinaci�n, eficiencia, eficacia y modernizaci�n del Ministerio P�blico, la Procuradur�a General de la Naci�n coordinar� con la Defensor�a del Pueblo, las personer�as distritales y municipales y la Vicepresidencia de la Rep�blica, la elaboraci�n del Plan decenal del Ministerio P�blico, el cual deber� formularse dentro de los dos (2) a�os siguientes a la promulgaci�n de esta ley. La secretar�a t�cnica a cargo de la elaboraci�n y seguimiento del plan estar� a cargo del Instituto de Estudios del Ministerio P�blico, y la Procuradur�a General de la Naci�n presentar� sus avances anualmente al Congreso de la Rep�blica.�

El Plan debe contener, por lo menos, los objetivos interinstituciona�les, un plan de acci�n para lograrlos, las metas interinstitucionales, las actividades y la definici�n de los mecanismos de seguimiento dirigidas a preservar el inter�s general, luchar contra la corrupci�n y la efectivi�dad de los derechos en Colombia.�

Las entidades y organismos del Gobierno nacional, las universidades y los centros de investigaci�n y las organizaciones de trabajadores, po�dr�n formular recomendaciones.�

Par�grafo. Las personer�as distritales y municipales, oficinas de con�trol interno disciplinario de todas las entidades p�blicas u �rganos inter�nos de control disciplinario estar�n obligadas a reportar la informaci�n de todos los procesos que adelanten como operadores disciplinarios al Sistema de Informaci�n Misional de la Procuradur�a General de la Na�ci�n, o el que haga sus veces, en el marco exclusivo de las leyes 734 de 2002 y 1952 de 2019, de forma que habr� un sistema unificado del registro disciplinario. Este sistema ser� coordinado por la Procuradur�a General de la Naci�n como supremo director del Ministerio P�blico y para lo cual dispondr� las medidas necesarias para la adopci�n y uso del sistema de informaci�n en cada una de las entidades y dependencias enunciadas.�

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Art�culo 140. Pr�rroga C�digo General Disciplinario. Prorr�guese hasta el 1� de julio de 2021 la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019.�

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Art�culo 141.Unidad de Investigaci�n y Acusaci�n (UIA) de la Ju�risdicci�n Especial para la Paz (JEP). El Estado, por intermedio del Gobierno nacional, garantizar� la autonom�a administrativa, t�cnica y presupuestal de la Unidad de Investigaci�n y Acusaci�n (UIA) de la Ju�risdicci�n Especial para la Paz, para lo cual podr� hacer uso del plan de inversiones para la paz, contenido en el art�culo 3� del Acto Legislativo n�mero 01 de 2016.�

Con el fin de garantizar el funcionamiento y autonom�a administra�tiva, t�cnica y presupuestal de la Unidad de Investigaci�n y Acusaci�n (UIA), el Director ejercer� de manera exclusiva e independiente todas las funciones que correspondan para determinar la estructura y funcio�namiento de la Unidad de Investigaci�n y Acusaci�n (UIA) de la Juris�dicci�n Especial para la Paz.�

Par�grafo. El Director de la Unidad de Investigaci�n y Acusaci�n (UIA) en desarrollo de tal facultad, asignar� la planta de personal que corresponda a cada dependencia, podr� variarla cuando lo considere necesario y establecer� el manual de requisitos y funciones de cada uno de los empleos.�

La unidad de investigaci�n y acusaci�n de la Jurisdicci�n Especial para la Paz se identificar� como una secci�n en el Presupuesto General de la Naci�n.�

En ejercicio de estas atribuciones, el Director de la Unidad de Inves�tigaci�n Acusaci�n (UIA), no podr� crear, con cargo al Tesoro, obliga�ciones que excedan el monto global fijado asignado en el Presupuesto a la unidad de investigaci�n y acusaci�n de la JEP.�

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Art�culo 142. Cuentas de Dep�sito en el Banco de la Rep�blica. No ser�n susceptibles de medidas cautelares por parte de cualquier auto�ridad judicial o administrativa las cuentas de dep�sito en el Banco de la Rep�blica, salvo aquellas derivadas de la adopci�n de institutos de salvamento y protecci�n de la confianza p�blica y/o de la toma de po�sesi�n y liquidaci�n forzosa administrativa establecidos en el Estatuto Org�nico del Sistema Financiero y de las contempladas en el art�culo 6� de la Ley 964 de 2005.�

Art�culo 143. Bicentenario de la Independencia Nacional. Modif��quese el art�culo 13 de la Ley 1916 de 2018, el cual quedar� as�:�

Art�culo 13. Para efectos de la conmemoraci�n del Bicentenario de la Campa�a Libertadora de 1819 en todo el territorio nacional y sin per�juicio de las asignaciones que definan las entidades territoriales com�prendidas en esta Ley u otros sujetos de derecho p�blico o privado, se crea un fondo cuenta sin personer�a jur�dica denominado Fondo del Bicentenario.�

Este Fondo estar� adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep�blica - Vicepresidencia de la Rep�blica y se inte�gra con los siguientes recursos:�

1. Recursos que se le asignen en el Presupuesto General de la Naci�n.�

2. Recursos que se le asignen del Presupuesto de las entidades territoriales.�

3. Recursos que el Ministerio de Cultura designe para la finali�dad se�alada.�

4. Recursos que otras entidades nacionales destinen para la con�memoraci�n del Bicentenario de la Campa�a Libertadora de 1819 a trav�s de los convenios interadministrativos con el Ministerio de Cultura mediante los cuales podr�n transferirse los recursos indicados.�

5. Aportes de Cooperaci�n Internacional.�

6. Donaciones, transferencias o aportes en dinero que reciba.�

7. Los recursos derivados de las operaciones que se realicen con los recursos del Fondo.�

Para la vigencia de 2019 se har�n las asignaciones presupuestales necesarias para el funcionamiento del fondo cuenta sin menoscabo de las apropiaciones existentes en entidades nacionales que se transfieran al mismo.�

Par�grafo 1�. Como conmemoraci�n del Bicentenario de la Indepen�dencia de Colombia el Banco de la Rep�blica emitir�, por una sola vez, monedas conmemorativas de dichas efem�rides.�

Par�grafo 2�. Los recursos del fondo cuenta establecidos en este ar�t�culo podr�n manejarse en un patrimonio aut�nomo.�

Par�grafo 3�. El fondo cuenta establecido en el presente art�culo ten�dr� vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.�

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Art�culo 144. Liquidaci�n de sociedades no operativas sujetas a la inspecci�n, vigilancia y control de la Superintendencia de Sociedades. Las sociedades mercantiles sujetas a la supervisi�n de la Superinten�dencia de Sociedades, que no renueven su matr�cula mercantil por un t�rmino de tres (3) a�os o que no env�en la informaci�n requerida por dicha Superintendencia durante el mismo t�rmino, se presumir�n como no operativas y, podr�n ser declaradas de oficio como disueltas por la Superintendencia de Sociedades, salvo demostraci�n en contrario de su parte.�

Par�grafo. El Gobierno nacional establecer� y reglamentar� la apli�caci�n del procedimiento objeto del presente art�culo.�

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Art�culo 145.Tarifas a favor de las C�maras de Comercio. Modif��quese el art�culo 124 de la Ley 6� de 1992, el cual quedar� as�:�

Art�culo 124. Tarifas a favor de las C�maras de Comercio. El Go�bierno nacional fijar� el monto de las tarifas que deban sufragarse en favor de las C�maras de Comercio por concepto de las matr�culas, sus renovaciones, cancelaciones e inscripciones de los actos, libros y docu�mentos que la ley determine efectuar en el registro mercantil, as� como el valor de los certificados que dichas entidades expidan en ejercicio de sus funciones.�

Para el se�alamiento de los derechos relacionados con la obligaci�n de la matr�cula mercantil y su renovaci�n, el Gobierno nacional esta�blecer� tarifas diferenciales en funci�n del monto de los activos o de los Ingresos de actividades ordinarias del comerciante o del establecimien�to de comercio, seg�n sea el caso, con base en el criterio m�s favorable para la formalizaci�n de las empresas.�

Las cuotas anuales que el reglamento de las C�maras de Comercio se�ale para los comerciantes afiliados son de naturaleza voluntaria.�

Par�grafo. Los derechos relacionados con la obligaci�n de la matri�cula mercantil y su renovaci�n en el caso de personas naturales que rea�licen una actividad comercial, ser�n establecidos en funci�n del monto de los activos o de los ingresos relacionados con el desarrollo de su actividad comercial.�

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Art�culo 146. Abogac�a de la Competencia. Modif�quese el art�culo 7� de la Ley 1340 de 2009, el cual quedar� as�:�

Art�culo 7�. Abogac�a de la Competencia. Adem�s de las disposi�ciones consagradas en el art�culo segundo del Decreto 2153 de 1992, la Superintendencia de Industria y Comercio podr� rendir concepto pre�vio, a solicitud o de oficio, sobre los proyectos de regulaci�n estatal que puedan tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados. Para estos efectos las autoridades deber�n informar a la Superintenden�cia de Industria y Comercio los actos administrativos que pretendan expedir. El concepto emitido por la Superintendencia de Industria y Co�mercio en este sentido no ser� vinculante. Sin embargo, si la autoridad respectiva se aparta de dicho concepto, la misma deber� manifestar de manera expresa dentro de las consideraciones de la decisi�n los moti�vos por los cuales se aparta.�

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Art�culo 147. Transformaci�n Digital P�blica. Las entidades esta�tales del orden nacional deber�n incorporar en sus respectivos planes de acci�n el componente de transformaci�n digital siguiendo los es�t�ndares que para este prop�sito defina el Ministerio de Tecnolog�as de la Informaci�n y las Comunicaciones. En todos los escenarios la transformaci�n digital deber� incorporar los componentes asociados a tecnolog�as emergentes, definidos como aquellos de la Cuarta Revolu�ci�n Industrial, entre otros.�

Las entidades territoriales podr�n definir estrategias de ciudades y territorios inteligentes, para lo cual deber�n incorporar los lineamientos t�cnicos en el componente de transformaci�n digital que elabore el Mi�nisterio de Tecnolog�as de la Informaci�n y las Comunicaciones.�

Los proyectos estrat�gicos de transformaci�n digital se orientar�n por los siguientes principios:�

1. Uso y aprovechamiento de la infraestructura de datos p�bli�cos, con un enfoque de apertura por defecto.�

2. Aplicaci�n y aprovechamiento de est�ndares, modelos, nor�mas y herramientas que permitan la adecuada gesti�n de ries�gos de seguridad digital, para generar confianza en los pro�cesos de las entidades p�blicas y garantizar la protecci�n de datos personales.�

3. Plena interoperabilidad entre los sistemas de informaci�n p��blicos que garantice el suministro e intercambio de la infor�maci�n de manera �gil y eficiente a trav�s de una plataforma de interoperabilidad. Se habilita de forma plena, permanente y en tiempo real cuando se requiera, el intercambio de infor�maci�n de forma electr�nica en los est�ndares definidos por el Ministerio TIC, entre entidades p�blicas. Dando cumpli�miento a la protecci�n de datos personales y salvaguarda de la informaci�n.�

4. Optimizaci�n de la gesti�n de recursos p�blicos en proyec�tos de Tecnolog�as de la Informaci�n a trav�s del uso de los instrumentos de agregaci�n de demanda y priorizaci�n de los servicios de nube.�

5. Promoci�n de tecnolog�as basadas en software libre o c�digo abierto, lo anterior, sin perjuicio de la inversi�n en tecnolog�as cerradas. En todos los casos la necesidad tecnol�gica deber� justificarse teniendo en cuenta an�lisis de costo-beneficio.�

6. Priorizaci�n de tecnolog�as emergentes de la Cuarta Revo�luci�n Industrial que faciliten la prestaci�n de servicios del Estado a trav�s de nuevos modelos incluyendo, pero no limi�tado a, tecnolog�as de desintermediaci�n, DLT (Distributed Ledger Technology), an�lisis masivo de datos (Big data), in�teligencia artificial (AI), Internet de las Cosas (IoT), Rob�tica y similares.�

7. Vinculaci�n de todas las interacciones digitales entre el Esta�do y sus usuarios a trav�s del Portal �nico del Estado colom�biano.�

8. Implementaci�n de todos los tr�mites nuevos en forma digital o electr�nica sin ninguna excepci�n, en consecuencia, la in�teracci�n del Ciudadano-Estado s�lo ser� presencial cuando sea la �nica opci�n.�

9. Implementaci�n de la pol�tica de racionalizaci�n de tr�mites para todos los tr�mites, eliminaci�n de los que no se requie�ran, as� como en el aprovechamiento de las tecnolog�as emer�gentes y exponenciales.�

10. Inclusi�n de programas de uso de tecnolog�a para participa�ci�n ciudadana y Gobierno abierto en los procesos misionales de las entidades p�blicas.�

11. Inclusi�n y actualizaci�n permanente de pol�ticas de seguri�dad y confianza digital.�

12. Implementaci�n de estrategias p�blico-privadas que propen�dan por el uso de medios de pago electr�nicos, siguiendo los lineamientos que se establezcan en el Programa de Digitaliza�ci�n de la Econom�a que adopte el Gobierno nacional.�

13. Promoci�n del uso de medios de pago electr�nico en la eco�nom�a, conforme a la estrategia que defina el Gobierno nacio�nal para generar una red masiva de aceptaci�n de medios de pago electr�nicos por parte de las entidades p�blicas y priva�das.�

Par�grafo. Los tr�mites y servicios que se deriven de los anteriores principios podr�n ser ofrecidos tanto por personas jur�dicas privadas como p�blicas, incluyendo a la entidad que haga las veces de articula�dor de servicios ciudadanos digitales, o la que defina el Ministerio TIC para tal fin.�

Art�culo 148. Gobierno Digital como Pol�tica de Gesti�n y Desem�pe�o Institucional. Modif�quese el art�culo 230 de la Ley 1450 de 2011, el cual quedar� as�:�

Art�culo 230. Gobierno Digital como Pol�tica de Gesti�n y Desem�pe�o Institucional. Todas las entidades de la administraci�n p�blica deber�n adelantar las acciones que se�ale el Gobierno nacional a trav�s del Ministerio de Tecnolog�as de la Informaci�n y las Comunicaciones para la implementaci�n de la pol�tica de Gobierno Digital.�

Esta pol�tica liderada por el Ministerio de Tecnolog�as de la Infor�maci�n y las Comunicaciones contemplar� como acciones prioritarias el cumplimiento de los lineamientos y est�ndares para la Integraci�n de tr�mites al Portal �nico del Estado Colombiano, la publicaci�n y el aprovechamiento de datos p�blicos, la adopci�n del modelo de terri�torios y ciudades inteligentes, la optimizaci�n de compras p�blicas de tecnolog�as de la informaci�n, la oferta y uso de software p�blico, el aprovechamiento de tecnolog�as emergentes en el sector p�blico, incre�mento de la confianza y la seguridad digital y el fomento a la participa�ci�n y la democracia por medios digitales.�

El Gobierno implementar� mecanismos que permitan un monitoreo permanente sobre el uso, calidad, nivel de satisfacci�n e impacto de estas acciones�

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Art�culo 149. Infracciones Postales. Modif�quese el art�culo 37 de la Ley 1369 de 2009, el cual quedar� as�:�

Art�culo 37. Infracciones postales. Constituyen las infracciones a este ordenamiento las siguientes:�

1. Prestar el Servicio de correo sin estar legalmente habilitado para ello.�

2. La suspensi�n total o parcial de la prestaci�n del Servicio Postal Universal por parte del operador postal oficial.�

3. La utilizaci�n de oferta o anuncio de servicios que correspon�den de manera exclusiva al Operador Postal Oficial o Conce�sionario de Correo.�

4. El incumplimiento en la implementaci�n, actualizaci�n o aplicaci�n de los sistemas de administraci�n y mitigaci�n de riesgos por parte de los operadores postales de pago.�

5. No cumplir los operadores postales de pago en todo tiempo con los requisitos patrimoniales fijados por el Ministerio de Tecnolog�as de la Informaci�n y las Comunicaciones que de�ben respaldar la operaci�n o cualquier situaci�n que afecte su capacidad de responder por sus obligaciones y pueda poner en riesgo los recursos recibidos del p�blico.�

6. Cualquier forma de violaci�n a la libertad y confidencialidad de los env�os postales.�

7. La prestaci�n de servicios postales sin la debida inscripci�n en el registro de Operadores Postales del Ministerio de Tec�nolog�as de la Informaci�n y las Comunicaciones.�

8. No pagar la contraprestaci�n peri�dica.�

9. No pagar oportunamente la contraprestaci�n peri�dica.�

10. Pagar la contraprestaci�n peri�dica fijando como base para su c�lculo ingresos inferiores a los realmente percibidos por concepto de prestaci�n de servicios postales.�

11. El incumplimiento de uno o m�s indicadores t�cnicos y de calidad de los servicios postales.�

12. La negativa, obstrucci�n o resistencia a ser inspeccionado dentro de la visita administrativa para esclarecer hechos por la prestaci�n del servicio.�

13. La actuaci�n destinada a ocasionar fraude en el franqueo.�

14. No cumplir el Operador de Servicios Postales con la obliga�ci�n de divulgar, en sitio visible en todos los puntos de aten�ci�n al p�blico, las condiciones de prestaci�n de cada servicio postal.�

15. No cumplir el Operador de Servicios Postales con la obliga�ci�n de divulgar, en la p�gina web de la empresa y/o en me�dio de comunicaci�n escrito, las condiciones de prestaci�n de cada servicio postal.�

16. La demora por parte de los Operadores de Servicios Posta�les, en facilitar la informaci�n requerida por el Ministerio de Tecnolog�as de la Informaci�n y las Comunicaciones, con el objeto de cumplir con las funciones asignadas.�

17. La consolidaci�n de objetos postales por parte del operador con el fin de evadir la contraprestaci�n fijada en esta ley.�

18. Cualquiera otra forma de incumplimiento o violaci�n de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales o regu�latorias en materia de servicios postales.�

Afecta la vigencia de: [Mostrar]

Art�culo 150. Sanciones Postales. Modif�quese el art�culo 38 de la Ley 1369 de 2009, el cual quedar� as�:�

Art�culo 38. Sanciones Postales. Previo el tr�mite del procedimien�to administrativo se�alado en el C�digo de Procedimiento Administra�tivo y de lo Contencioso Administrativo, y con la plenitud de las garan�t�as constitucionales, el Ministro de Tecnolog�as de la Informaci�n y las Comunicaciones o su delegado podr� imponer las siguientes sanciones:�

1. Amonestaci�n escrita. La cual podr� ser publicada por un t�r�mino de un (1) a�o en el registro de operadores postales.�

2. Multa de hasta cuatrocientos (400) salarios m�nimos legales mensuales vigentes.�

3. Suspensi�n de operaciones hasta por dos (2) meses.�

4. Cancelaci�n del t�tulo habilitante para la prestaci�n de ser�vicios postales y si eliminaci�n del Registro de Operadores Postales.�

Par�grafo. Se podr� declarar la caducidad del Contrato de Concesi�n a Operador Postal Oficial o Concesionario de Correo, de acuerdo con los requisitos legales aplicables, cuando se constante la ocurrencia de cualquiera de las causales previstas en los numerales 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, del art�culo 37 de la presente ley�

Afecta la vigencia de: [Mostrar]

Art�culo 151. Graduaci�n de las Sanciones Postales. Modif�quese el art�culo 39 de la Ley 1369 de 2009, el cual quedar� as�:�

Art�culo 39. Graduaci�n de las Sanciones Postales. Para definir las sanciones se aplicar�n los criterios consagrados en el C�digo de Proce�dimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.�

En el procedimiento administrativo sancionador que adelante el Mi�nisterio de Tecnolog�as de la Informaci�n y las Comunicaciones, po�dr�n tenerse como factores atenuantes, los siguientes criterios:�

1. Cuando, dentro de los cinco (5) d�as siguientes a la notifi�caci�n del acto mediante el cual se formulan cargos, el in�vestigado acredite que se ha producido el cese de los actos u omisiones que dieron lugar al inicio de la actuaci�n adminis�trativa, la sanci�n administrativa podr� reducirse hasta en las tres cuartas partes de la que resultare pertinente imponer.�

2. Cuando, dentro de los quince (15) d�as siguientes a la noti�ficaci�n del acto mediante el cual se formulan cargos, el in�vestigado acredite que se ha producido el cese de los actos u omisiones que dieron lugar al inicio de la actuaci�n adminis�trativa, la sanci�n administrativa podr� reducirse hasta en la mitad de la que resultare pertinente imponer.�

3. Cuando, hasta antes de la culminaci�n del periodo probato�rio, el investigado acredite que se ha producido el cese de los actos u omisiones que dieron lugar al inicio de la actuaci�n administrativa, la sanci�n administrativa podr� reducirse has�ta en la tercera parte de la que resultare pertinente imponer�

Afecta la vigencia de: [Mostrar]

Art�culo 152. Recursos del Fontic para Inspecci�n, Vigilancia y Control. El Fondo de Tecnolog�as de la Informaci�n y las Comunica�ciones, o quien haga sus veces, deber� transferir a la Superintendencia de Industria y Comercio los recursos para el ejercicio de la funci�n de inspecci�n, vigilancia y control en materia de comunicaciones adelan�tada por esta Entidad.�

JURISPRUDENCIA [Mostrar]

Art�culo 153. Redes y Servicios de Telecomunicaciones. El manejo, tratamiento o procesamiento de informaci�n no configuran, por s� mis�mos, la provisi�n de redes y servicios de telecomunicaciones que se rige por la Ley 1341 de 2009, aunque se soporten en redes y servicios de telecomunicaciones.�

Cuando en un mismo negocio jur�dico se involucre la provisi�n de redes y servicios de telecomunicaciones, y el manejo, tratamiento o procesamiento de informaci�n, deber� realizarse la separaci�n conta�ble de los ingresos derivados del manejo, tratamiento o procesamiento de informaci�n y de los ingresos derivados de la provisi�n de redes y servicios de telecomunicaciones que se rigen por la Ley 1341 de 2009, respectivamente�

Art�culo 154. Producci�n y contenido local en servicios de video bajo demanda. Los servicios bajo demanda (Suscription Video on Demand -SVOD-) que se prestan a trav�s de Internet (Over the Top- OTT-), deber�n disponer, para los usuarios en Colombia, de una secci�n f�cilmente accesible para el usuario en la que se incluyan obras audio�visuales de origen nacional.�

El Gobierno nacional expedir�, dentro de los doce meses siguientes a la expedici�n de la presente ley, los aspectos necesarios para dar cum�plimiento al presente art�culo teniendo en cuenta las disposiciones de los tratados internacionales firmados por Colombia.�

Art�culo 155. Sistema Estad�stico Nacional. Modif�quese el art�culo 160 de la Ley 1753 de 2015, el cual quedar� as�:�

Art�culo 160. Sistema Estad�stico Nacional. Cr�ase el Sistema Es�tad�stico Nacional, en adelante SEN, con el objetivo de suministrar a la sociedad y al Estado, estad�sticas oficiales nacionales y territoriales de calidad. El SEN utilizar� los lenguajes y procedimientos comunes, respetando los est�ndares estad�sticos internacionales y los objetivos del c�digo de buenas pr�cticas en materia estad�stica. Adem�s, el SEN optimizar� el uso de los registros administrativos producidos por to�das las entidades que lo conforman y contribuir� con la transparencia, pertinencia, interoperabilidad, acceso, oportunidad y coherencia de las estad�sticas del pa�s, con un enfoque diferencial.�

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El Sistema Estad�stico Nacional (SEN) estar� integrado por las en�tidades que produzcan y difundan estad�sticas o sean responsables de registros administrativos, as�:�

1. Pertenecientes a las Ramas del Poder P�blico, en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o territorialmente; del orden nacional, departamen�tal, municipal y distrital.�

2. Los �rganos, organismos o entidades estatales independientes o aut�nomos de control.�

3. Las personas jur�dicas, p�blicas o privadas, que presten servi�cios p�blicos.�

4. Cualquier persona jur�dica o dependencia de persona jur�dica que desempe�e funci�n p�blica o de autoridad p�blica.�

5. Personas jur�dicas que posean, produzcan o administren re�gistros administrativos en el desarrollo de su objeto social, que sean insumos necesarios para la producci�n de estad�sti�cas oficiales.�

El Departamento Administrativo Nacional de Estad�stica (DANE) ser� el ente rector y por tanto el coordinador y regulador del SEN. El DANE establecer� las condiciones y caracter�sticas que deber�n cum�plir las estad�sticas oficiales en Colombia, respetando los est�ndares internacionales que usen las entidades productoras de estad�sticas. Di�chas condiciones y caracter�sticas ser�n consignadas en el Plan Estad�s�tico Nacional y otros actos administrativos proferidos por el DANE, los cuales ser�n de obligatorio cumplimiento para los miembros del SEN.�

El Plan Estad�stico Nacional se expedir� cada cinco (5) a�os, pre�via concertaci�n y socializaci�n a los integrantes del SEN; tendr� un enfoque diferencial y se actualizar� cuando el DANE lo considere per�tinente previo aval del Consejo Asesor T�cnico del Sistema Estad�stico Nacional del que habla el par�grafo 3� de este art�culo. El Gobierno nacional reglamentar� las dem�s disposiciones relacionadas con el Plan Estad�stico Nacional y las condiciones que garanticen el intercambio de informaci�n y la calidad de las estad�sticas de que trata este art�culo.�

Par�grafo 1�. Para la producci�n y difusi�n de estad�sticas oficiales y de conformidad con la Ley 1266 de 2008 y la Ley 1712 de 2014, los integrantes del SEN deber�n poner a disposici�n del DANE, de manera inmediata y de forma gratuita, las bases de datos completas de los regis�tros administrativos que sean solicitados por el departamento, para lo cual no ser� oponible la reserva legal, especialmente la contenida en el Estatuto Tributario. El DANE garantizar� la reserva y confidencialidad de la informaci�n en concordancia con el art�culo 5� de la Ley 79 de 1993. Los Integrantes del SEN que incumplan u obstaculicen los reque�rimientos de informaci�n realizados por el DANE, asociados a la entre�ga de bases de datos de los registros administrativos, estar�n sujetos a las sanciones y multas se�aladas en el art�culo 6� de la Ley 79 de 1993.�

Par�grafo 2�. Con el fin de garantizar y contribuir al fortalecimien�to de la calidad y coherencia de la informaci�n de que trata este art��culo, los integrantes del SEN atender�n las obligaciones derivadas de las evaluaciones y requisitos de calidad estad�stica establecidos por el DANE. Adicionalmente, los integrantes del SEN podr�n intercambiar informaci�n estad�stica, hasta el nivel de microdato, de forma gratuita y oportuna, de acuerdo con la reglamentaci�n que para el efecto expida el Gobierno nacional. Las entidades que hagan parte del Intercambio de informaci�n deben salvaguardar la confidencialidad y reserva de la misma.�

Par�grafo 3�. Con el fin de asesorar y evaluar el desarrollo del SEN y la producci�n estad�stica nacional, cr�ase el Consejo Asesor T�cnico del Sistema Estad�stico Nacional como �rgano de car�cter consultivo. El Gobierno nacional reglamentar� los principios, la composici�n y funcionamiento de este consejo.�

Par�grafo 4�. Con el fin de garantizar una plena identificaci�n y caracterizaci�n de la oferta de informaci�n estad�stica en el pa�s, los miembros del SEN estar�n obligados a reportar la creaci�n, actualiza�ci�n y cualquier otra novedad en la producci�n y difusi�n de informa�ci�n estad�stica o registros administrativos en el sistema inform�tico que defina para este efecto el DANE y de acuerdo con la periodicidad establecida en el Plan Estad�stico Nacional. Este sistema inform�tico contendr� los metadatos de las operaciones estad�sticas y de los regis�tros administrativos para aprovechamiento estad�stico.�

Par�grafo 5�. El Gobierno nacional dispondr� de los recursos nece�sarios para que, bajo la coordinaci�n del DANE, las operaciones esta�d�sticas que hacen parte del Sistema Estad�stico Nacional, aumenten su cobertura y difundan sus resultados con desagregaci�n a nivel territo�rial de distritos y municipios que sean capitales de departamentos y los departamentos de categor�a especial. En todo caso, deber� surtir una evaluaci�n de viabilidad t�cnica a fin de preservar la reserva estad�stica y atributos de calidad de la operaci�n.�

Par�grafo 6�. El Departamento Administrativo Nacional de Estad�s�tica (DANE) brindar� asesor�a y asistencia t�cnica en la formulaci�n de Planes Estad�sticos Territoriales, as� como en los lineamientos y es�t�ndares para la producci�n y difusi�n de informaci�n estad�stica en los distritos y municipios que sean capitales de departamentos y los departamentos de categor�a especial.�

TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

Afecta la vigencia de: [Mostrar]

Art�culo 156. Potestad Sancionatoria del ICA e Infracciones. El Es�tado es el titular de la potestad sancionatoria en materia sanitaria, fitosa�nitaria, de inocuidad y forestal comercial y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a trav�s del Instituto Colom�biano Agropecuario (ICA), conforme lo dispuesto en la presente ley.�

Ser� infracci�n toda acci�n u omisi�n que contravenga las dispo�siciones establecidas en el ordenamiento jur�dico en materia sanitaria, fitosanitaria, de inocuidad y forestal comercial, en especial cuando im�pida u obstruya el desarrollo o la ejecuci�n de cualquiera de las siguien�tes actividades:�

1. Campa�as de prevenci�n, erradicaci�n y manejo de plagas y enfermedades.�

2. Desarrollo de cuarentena agropecuaria.�

3. Actividades de inspecci�n, vigilancia y control sanitario, fito�sanitario y de inocuidad.�

4. Diagn�stico, la vigilancia epidemiol�gica y sanitaria animal y vegetal.�

5. Exportaci�n e importaci�n de animales, vegetales, sus pro�ductos y sus subproductos y agroinsumos.�

6. Control t�cnico de los insumos agropecuarios, material gen�tico animal, vegetal y semillas para siembra.�

7. Operaci�n de establecimientos comerciales agropecuarios.�

8. Inscripci�n o expedici�n de certificados de movilizaci�n de plantaciones forestales comerciales.�

Par�grafo 1�. La aplicaci�n del r�gimen administrativo sancionato�rio establecido en la presente ley, por parte del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), se regir� por lo previsto en el T�tulo III de la Ley1437 de 2011 y dem�s normas que lo modifiquen, adicionen o sustitu�yan. Lo anterior, para asegurar el debido proceso en el tr�mite.�

Par�grafo 2�. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en conjunto con Agrosavia y el ICA, formular�n un programa de fomento y apoyo a los sistemas locales de semillas para el rescate, conservaci�n, uso, promoci�n y protecci�n de semillas criollas y nativas.�

Par�grafo 3�. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el ICA rendir�n informe escrito, durante los meses de septiembre y abril de cada a�o, a las comisiones quintas de Senado y C�mara sobre el avance del ICA en el fortalecimiento de sus competencias, en materia de sanidad, y trazabilidad en materia agropecuaria.�

Art�culo 157. Sanciones Administrativas. Las infracciones a que se refiere la presente ley ser�n objeto de sanci�n administrativa por par�te del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), sin perjuicio de las acciones penales y civiles a que haya lugar. Las sanciones ser�n las siguientes:�

1. Amonestaci�n escrita o llamado de atenci�n, con un plazo para que el infractor cese su incumplimiento.�

2. Multa, representada en salarios m�nimos legales mensuales vigentes, que oscilan de acuerdo a la gravedad de la conducta, desde un (1) salario hasta diez mil (10.000) salarios m�nimos legales mensuales vigentes, para la fecha de ocurrencia de los hechos.�

El ICA podr� imponer multas sucesivas cuando corrobore que el sancionado ha persistido en su incumplimiento.�

3. La prohibici�n temporal o definitiva de la producci�n de es�pecies animales y/o vegetales.�

4. La suspensi�n o cancelaci�n de registros, permisos, certifica�ciones o autorizaciones concedidas por el ICA, hasta por el t�rmino de dos (2) a�os.�

5. La suspensi�n o cancelaci�n, hasta por el t�rmino de dos (2) a�os, de los servicios que el ICA preste al infractor.�

Par�grafo 1�. Dependiendo de la gravedad de la infracci�n, el ICA podr� imponer una o varias de las sanciones contempladas en la presen�te ley, atendiendo a los criterios de graduaci�n contenidos en el art�culo 50 de la Ley 1437 de 2011. En todo caso, la imposici�n de las sanciones aqu� se�aladas no exime al infractor del deber de ejecutar las acciones a que est� obligado.�

Par�grafo 2�. Los actos administrativos expedidos por el ICA que impongan sanciones pecuniarias, una vez ejecutoriados, prestan m�rito ejecutivo y su cobro podr� hacerse a trav�s de la jurisdicci�n coactiva.�

Par�grafo 3�. El no pago de la sanci�n pecuniaria dentro del t�rmino de cinco (5) d�as siguientes a la ejecutoria del acto a trav�s del cual se impone la sanci�n, o el incumplimiento al acuerdo de pago suscrito con el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), dar� lugar a la liquidaci�n y pago de intereses moratorios a la tasa prevista para el impuesto de renta y complementarios.�

Par�grafo 4�. Las sumas recaudadas por concepto de multas ingresa�r�n al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), y ser�n considerados como ingresos propios de la Entidad para financiar los planes y progra�mas de control y vigilancia.�

Art�culo 158. Tasa, Sujeto Activo y Pasivo y Hechos Generadores. Cr�ase la tasa para la recuperaci�n de los costos de los servicios presta�dos por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en ejercicio de su funci�n misional, para garantizar y proteger la sanidad animal, vegetal e inocuidad de la producci�n primaria.�

El sujeto activo de la tasa creada por la presente ley ser� el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Tendr�n la condici�n de sujeto pasi�vo de la tasa, las personas naturales o jur�dicas que soliciten cualquiera de los servicios prestados por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).�

Son hechos generadores de la tasa que se crea en la presente ley, los siguientes:�

1. Expedici�n de registros, autorizaciones, habilitaciones, cer�tificados, licencias, permisos, remisiones, publicaciones, ins�cripciones y conceptos en materia sanitaria, fitosanitaria, de inocuidad y forestal comercial.�

2. Realizaci�n de pruebas de laboratorio anal�ticas y diagn�sti�cas de enfermedades y plagas, de verificaci�n de requisitos t�cnicos de insumos agropecuarios y semillas y de detecci�n de residuos y contaminantes en productos agropecuarios.�

3. Realizaci�n de inspecci�n f�sica y cuarentenas agropecuarias para importaci�n, exportaci�n y reexportaci�n.�

Par�grafo. La base para la liquidaci�n de la tasa ser� el costo de los servicios correspondientes a cada uno de los hechos generadores esta�blecidos en el art�culo anterior, conforme la metodolog�a de c�lculo que establezca el Gobierno nacional.�

Art�culo 159.M�todo y Sistema para la Determinaci�n de las Ta�rifas. El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) fijar� y actualizar� anualmente las tarifas de los servicios que preste, por cada uno de los hechos generadores de la tasa. Las tarifas se fijar�n en salarios m�nimos legales diarios vigentes y se cobrar�n como recuperaci�n de los costos de los servicios prestados por la entidad, para lo cual se utilizar�n el siguiente m�todo y sistema, teniendo en cuenta los costos administrati�vos, financieros, directos e indirectos, de operaci�n y los costos de los programas de tecnificaci�n.�

A) M�todo �

a) Elaboraci�n y normalizaci�n de flujogramas para los diferen�tes procesos con el prop�sito de determinar sus rutinas;�

b) Cuantificaci�n de los materiales, suministros y los dem�s insumos tecnol�gicos y de recurso humano utilizados anual�mente, en cada uno de los procesos y procedimientos defini�dos en el literal anterior. Estos insumos deben incluir unos porcentajes de los gastos de administraci�n general del ICA cuantificados siguiendo las normas y principios aceptados de contabilidad de costos;�

c) Valoraci�n a precios de mercado de los insumos descritos en el literal anterior para cada uno de los procesos y procedi�mientos, incluidos los relativos a transporte y almacenamien�to. Cuando uno de los procedimientos deba contratarse con terceros, se tomar� el valor del servicio contratado;�

d) Valoraci�n del recurso humano utilizado directamente en la prestaci�n del servicio, tomando como base los salarios y prestaciones de la planta de personal del ICA, as� como el valor de los contratos que se celebren para el efecto;�

e) Cuantificaci�n de los costos en funci�n de los equipos, t�cni�cas y tecnolog�as disponibles para la operaci�n de los servi�cios;�

f) Estimaci�n de las frecuencias de utilizaci�n de los servicios. La frecuencia se entiende como el n�mero de operaciones o ejecuciones de cada uno de los servicios prestados por el ICA.�

B) Sistema de costos �

El sistema para definir las tarifas es un sistema de costos estandari�zables, en el que la valoraci�n y ponderaci�n de los factores que inter�vienen en su definici�n se realizar� por medio de los procedimientos de costeo t�cnicamente aceptados.�

La tarifa para cada uno de los servicios prestados por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), ser� el resultado de sumar el valor de los insumos y de los recursos humanos utilizados, de conformidad con los literales c), d) y e) del art�culo anterior de esta ley, divididos cada uno por la frecuencia de utilizaci�n de que trata el literal f) del mismo art�culo.�

Par�grafo. El Gobierno nacional podr� revisar peri�dicamente los criterios para la determinaci�n de las tarifas considerando mejoras en eficiencia que puedan resultar en menores costos en la prestaci�n de los servicios a cargo del ICA, as� como utilizar ponderaciones regionales para la fijaci�n de las tarifas.�

Par�grafo 2�. El ICA tendr� la facultad de fijar el valor de sus tarifas como recuperaci�n total o parcial de los costos en los que incurre por la prestaci�n de sus servicios, sin que la variaci�n entre el valor actual de la tarifa y la que se llegase a cobrar supere el 10%. Para todos los dem�s casos, el ICA propondr� un esquema de cobro gradual de la tarifa en un plazo de hasta 6 a�os, en los cuales, al finalizar el plazo, recuperar� la totalidad de sus costos.�

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