Daniel de la Fuente

Monterrey, México (24 enero 2021).- Si hay un pasaje en la historia de Monterrey que contiene todos los elementos de una novela criminal es el asesinato del abogado Leopoldo del Real Ibáñez el 17 de enero de 1996.

Conocido entre los 70 y 80 por ejercer tácticas siniestras en favor de clientes, lo que no pocas veces lo llevó a ser denunciado, Polo del Real debió exiliarse en McAllen cuando el gobierno de Jorge Treviño dictó órdenes de aprehensión en su contra. Habría vuelto en la gestión estatal de Sócrates Rizzo y acaso participó en la desactivación del movimiento magisterial de ese tiempo.

La Ciudad lo perdió de vista hasta la noche del 17 de enero. Las primeras líneas en la nota del crimen en EL NORTE son emblemáticas: “En un restaurante repleto de comensales, un desconocido asesinó anoche de dos tiros a quemarropa en la cabeza al abogado Leopoldo del Real Ibáñez, quien platicaba con el director de la Policía Judicial del Estado, Fernando Garza Guzmán”.

Nunca había sucedido algo así en Monterrey. El segundo párrafo es lo usual incluso hoy: “Hasta las primeras horas de hoy jueves, el asesino y sus acompañantes no habían sido identificados ni capturados”.

El asesino fue herido en su huida por un escolta de Garza Guzmán, alcanzó a subir a una camioneta conducida por otro hombre y que abandonaron a unas cuadras -con placas colgadas que luego se sabría fueron robadas al gobierno estatal y chalecos antibalas y armas de la Policía Judicial, aparentemente “sembradas”- para abordar otro vehículo. De acuerdo con testigos, ahí se escucharon más detonaciones.

Quizá ese fue el fin del tirador del que nunca se sabrá su nombre.

El crimen fue ligado de inmediato a la detención tres días antes del capo Juan García Ábrego en Juárez, Nuevo León, aunque no se demostró un vínculo lejos de la imaginación febril de quienes decían que el líder del Cartel del Golfo ordenaba matar los días 17.

Considerado honorable y sin mancha en su trayectoria, Garza Guzmán no supo decir al principio de qué hablaría con el abogado ni quién le ordenó acudir a la cita. Luego comentó con vaguedad que la orden vino de la Procuraduría. El tema persiguió años al investigador, quien tras el crimen se separó del cargo. Murió en el 2014.

La difusión en esos días de cartas que meses antes de morir envió Del Real al Presidente Ernesto Zedillo en las que denunció una relación del Procurador David Cantú con el narcotráfico y la exigencia de dinero para resolver el conflicto de un cliente sobre unos terrenos, lo enrarecieron todo. El abogado dijo que le dio 100 mil dólares a Cantú para que lo ayudara, pero luego éste se “vendió” a la contraparte del caso por 400 mil dólares.

Esto habría provocado una discusión entre ambos y, al salir del despacho, que el litigante repartiera cartas con su versión a amigos para que las dieran a conocer “en caso de que le pasara algo”. La duda es si esto pudiera ser veraz, dada su costumbre de injuriar a adversarios.

En esos días, el Gobierno estatal aprovechó el caos para catear la oficina del abogado, extraer computadoras y expedientes con casos y vidas privadas de un montón de regiomontanos. Y “perder” evidencias.

El PAN hizo lo suyo al cuestionar al Gobernador Sócrates Rizzo, quien tras muchas polémicas (también se publicaron cartas de Del Real a él llamándolo su “benefactor”) pidió licencia en abril de ese 1996. Como Cantú, Rizzo dijo que no conocía a Del Real y después que sí. Ambos negaron ser amigos del abogado que asoló a la Ciudad por décadas y que en algún momento los llamó “amigos” a ellos y con los que habría concertado ser director de la Policía Judicial del Estado.

Tras el asesinato, Cantú renunció, huyó y fue extraditado de España no por el crimen de Del Real, sino acusado de ordenar el secuestro de la familia de un empresario que le debía dinero a otro. Internado en el Penal de Apodaca -fue el primer procurador nuevoleonés en ser encarcelado-, fue liberado en el 2000 sin que se comprobara su participación en el crimen, en la desaparición de órdenes de aprehensión denunciadas durante su cargo y a otros hechos que aludían a una mercantilización de la justicia local al mejor postor.

Tras el asesinato del abogado pasaron 15 fiscales especiales, cinco procuradores, tres gobernadores y fueron detenidos y exonerados judiciales locales y federales, aduanales, lavacoches y ladrones.

La mayor línea de investigación mutó con frecuencia: de haber sido tramado por García Ábrego, el crimen fue relacionado con pleitos con un joyero de Estados Unidos que, de acuerdo con presuntos agentes del FBI, lo habría mandado matar; la supuesta traición y posterior enfrentamiento con Cantú; la versión de que una hermana de Rizzo se negó a pagarle al abogado un monto, lo que la llevó a agredirla y provocó el castigo del Gobernador, y un pleito con el ex agente de la Judicial Federal Guillermo González Calderoni, asesinado en el 2003.

No faltó en esta novela negra la abogada de narcos Raquenel Villanueva, asesinada en el 2009, y quien habría dirigido la investigación hacia Calderoni, quien al saber esto la llamó “La Paca de Nuevo León” en alusión a la vidente que participó en la investigación fraudulenta del crimen del diputado Manuel Muñoz Rocha atribuido a Raúl Salinas de Gortari.

Villanueva consideraba a Del Real y al abogado Agapito Garza Treviño, asesinado el 2 de diciembre de ese 1996, sus “maestros”. Del abogado Del Real, la abogada expresó: “Él siempre me dijo: `Nomás acuérdese de una cosa, que este ambiente es muy difícil y usted tiene que ser una hija de la chingada para que la respeten'”.

Todo esto llevó a El Abogado del Pueblo a señalar de manera certera en su columna Fricasé: el asesinato de Del Real era como una novela de Paco Ignacio Taibo II. Una novela negra. En este crimen, desaseado desde el principio, mal trabajado a propósito, las pruebas contra todo implicado se caían.

Se fueron Rizzo, el interino Benjamín Clariond y el mandatario de la alternancia Fernando Canales y el asesinato nunca se esclareció. Algunos de los involucrados a lo largo de los años, casi todos mencionados de alguna manera con narcotráfico, están desaparecidos o murieron en circunstancias insólitas, es el caso del ladrón Arturo Flores Loera, quien en 1999 cayó del segundo piso del Hospital Universitario cuando estaba bajo vigilancia. El testigo acusó a Rizzo y a Cantú de ser de los autores intelectuales del crimen del abogado.

Otras muertes aparentemente sospechosas fueron las de Julio César González, mesero del Florián la noche del crimen, en un hotel del Centro, y la del ex aduanal Daniel González Zavala, también hallado sin vida en un cuarto de hotel, y quien habría participado en el robo de placas, una de las cuales fue usada para el vehículo del asesino.

El único presunto autor material detenido, en 1998, fue Osvaldo Rosas Cortés, quien habría sido enviado por Calderoni -el ex agente federal negó la versión-, pero fue exonerado por una magistrada tras cotejar su ADN con la sangre que dejó el agresor herido en su huida. Se dijo que la prueba fue manipulada. También fue descartado que su cuerpo tuviera los rastros de heridas de bala que recibió el asesino.

La misma suerte corrieron personajes como el ex coordinador de la Judicial local Mario Benavides Caballero, quien habría manipulado pruebas; el ex Policía Federal Ignacio Licea, o Lecea, Álvarez, presunto organizador del crimen, y Homero Villasana Treviño, ex “madrina” de la Policía Federal, acusado de ordenar el robo del vehículo para el crimen. Los dos últimos fueron sentenciados, pero al tiempo salieron exonerados.

También involucraron a gente de dos grupos conocidos como “Los tabasqueños” y “Los coyotes”. También fueron liberados.

El asesinato de Leopoldo del Real fue de alguna manera el borrador de los años que vendrían: involucramiento de policías con narcos, enriquecimientos súbitos, robos de placas, ejecuciones sin detenciones y, sobre todo, crímenes dentro o fuera de negocios repletos de clientes, como fue el caso de los bares El Punto o Dave & Buster’s, pasajes de los primeros años de esta época violenta.

De alguna manera ciertos actores relacionados con el fin de Del Real siguieron vigentes: en el 2006 un ex policía escapó de un intento de ejecución: era Ramón Felipe Benavides, sobrino del ex coordinador de la Judicial Mario Benavides Caballero, encarcelado con Ramón por encubrimiento de pruebas en el crimen del abogado, aunque ambos salieron libres. De acuerdo con archivos periodísticos, esta familia ha estado involucrada en otros presuntos delitos.

Ese 2006, dos presuntos pistoleros de Francisco y Jaime Valdez fueron asesinados en la Colonia Burócratas del Estado. EL NORTE descubrió que, a la distancia, contemplaba el suceso Homero Villasana Treviño, acusado de robar el auto en que huyó el asesino de Del Real.

En el 2007, el hijastro de Osvaldo Rosas Cortés, acusado de ser el autor material del crimen del abogado, fue asesinado en la Colonia Terminal. Casi una década atrás el joven fue detenido con una mujer que moriría una semana después por sobredosis de cocaína.

Ya eran los años en que empezó la peor época de nuestras vidas, la de la violencia sin medida.

Nunca en la historia local un crimen ha provocado un efecto en el Gobierno estatal como el del abogado Leopoldo del Real Ibáñez. Impune y sin nadie en la cárcel, acaso ésta sea la moraleja exacta para un hombre con una vida así.

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Fecha de publicación: 24 enero 2021