Los pensionados salen de la reforma  

Hace dos meses defendí en esta revista el artículo de la reforma tributaria que reducía la exención de gravamen de renta a las pensiones de más de 10 millones de pesos. En palabras más simples, es necesario poner a tributar a las personas con las pensiones más altas. Mi defensa se basaba en dos razones.

Primero, esa medida permitía avanzar hacia un sistema tributario más equitativo, es decir hacia uno donde obtienen mayores ingresos contribuyan al bienestar de los menos favorecidos.

Segundo, la medida era perfectamente constitucional si se respetaba la jurisprudencia de la Corte Constitucional. La Corte ha reiterado que los derechos adquiridos juegan un papel secundario en temas tributarios: ninguna persona puede aspirar a que se le aplique para siempre un cierto tratamiento preferencial.

Pero esta semana el presidente Petro anunció que el artículo se retiraba de la reforma tributaria. El presidente no explicó las razones que lo llevaron a tomar esa determinación, pero tanto los partidos de Gobierno como los de oposición celebraron de inmediato su anuncio.

Es curioso que se considere un gran logro favorecer al 1,04 % de los pensionados más privilegiados del país, cuando esta decisión desfavorece a los más pobres, quienes serían los principales beneficiarios de un mayor recaudo tributario.

¿Qué podría explicar el retiro de esta medida? ¿Acaso existen argumentos (por lo menos implícitos) basados en algún criterio de justicia de mayor peso que los de equidad y progresividad de la medida original?

Admito que intentar explicarlas implica un ejercicio de naturaleza puramente especulativa. Sin embargo, considero que vale la pena presentar y discutir al menos cuatro hipótesis que se han ventilado. Las dos primeras pretenden explicar por qué el gobierno tomó esa decisión; las dos últimas tratan de justificar la medida.

¿Por qué la decisión?

1. Presión del Partido Liberal. Algunos analistas aseguran que se trató de una demostración de poder del Partido Liberal; su intención era doble:

• Este partido pretendía demostrar que, sin su apoyo, la aprobación del paquete legislativo del gobierno podría empantanarse. Eso a su vez le permitiría, por ejemplo, mejorar su posición en la puja por varios cargos que todavía no se han designado.
• Los liberales quisieron anotarse una victoria temprana para recuperar algo de identidad política tras no haber presentado candidato presidencial propio por primera vez desde 1949.

Quiero sugerir dos razones complementarias que ayudarían a explicar por qué este partido presionó para hundir la propuesta.

• La postura crítica frente al articulado de la reforma tributaria del expresidente Gaviria, que se había expresado en sus declaraciones y documentos de anotaciones al respecto. La bancada podría haber presionado al gobierno para satisfacer al expresidente, director del partido, quien tiene el poder de otorgar avales en las elecciones regionales del próximo año.
• Los liberales vieron una oportunidad fácil para apuntarse un triunfo político. Salvo los atareados y desgastados ministro de Hacienda y director de la Dian, actualmente el gobierno no tiene quién defienda su idea de obligar a los pensionados a pagar impuestos. Hoy, los dos cargos sectoriales clave que podrían velar por defender esta medida aún se encuentran en encargo. Me refiero, naturalmente, al viceministerio de empleo y pensiones y a la presidencia de Colpensiones.

2. Influencia de la procuradora. Según otra teoría, la medida se hundió por el involucramiento personal e institucional de la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello. En efecto, durante el último mes la vimos muy activa en medios de comunicación, dando razones para rechazar el gravamen sobre las pensiones altas.

No me quiero detener en la deficiencia argumentativa de la procuradora, puesto que ya lo ha hecho  Rodrigo Uprimny. Pero sí quiero subrayar el evidente conflicto de interés de la procuradora en esa discusión. Antes de asumir aquel cargo, ella empezó a recibir una pensión que habría quedado sujeta al gravamen.

Cabría preguntarse entonces si la presión de algunos congresistas para hundir el artículo sobre pensiones se podría entender como un guiño a la doctora Cabello Blanco para prevenir posibles retaliaciones a través de su poder disciplinario.

¿Cómo justificar esa medida?

1. Muestra de “soberanía”. Este fue el argumento que esbozaron Jennifer Pedraza, representante a la Cámara del partido Dignidad, y el exsenador Jorge Robledo, del mismo partido.

Según ellos, el hundimiento de ese artículo era una victoria de la soberanía colombiana en oposición a las recomendaciones de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Estos organismos afirmaron que la propuesta de gravar las pensiones de más de diez millones de pesos era acertada.

De manera general, Pedraza y Robledo sostienen que estas organizaciones están al servicio de los intereses de las naciones más poderosas. Por tanto, sus recomendaciones pretenden disminuir la capacidad de las naciones más débiles para desarrollarse.

Ahora bien, aún si uno aceptara esta premisa tan discutible, no explicaría de qué manera las naciones más poderosas se beneficiarían al obligar a que los pensionados más ricos del país tributen.

No es posible hacer un razonamiento lógico sobre cómo el recaudo progresivo a los pensionados de mayores ingresos —para mejorar las condiciones de los más pobres— puede perjudicar nuestra soberanía a favor de las naciones más poderosas. Es francamente una justificación débil, errática e insuficiente.

2. La realpolitik. Por otro lado, algunos analistas cercanos al gobierno han jugado la carta de la Realpolitik — dejar de lado la ideología para actuar de acuerdo con las circunstancias reales y bajo criterios pragmáticos—.

Ellos sostienen que, si bien el retiro esa medida no es deseable, la decisión se justifica bajo el prisma de una supuesta ‘ética de la responsabilidad’. Usualmente, esta posición sacrifica algunos principios políticos por razones de eficiencia. En este caso, parecen decirnos que era necesario ceder ante los intereses de un grupo de pensionados, con el fin de asegurar la aprobación de su reforma tributaria.

Aunque esta tesis parece persuasiva, ella se basa en un supuesto muy discutible: que era prácticamente imposible explicar las bondades de la medida original y que habrían perdido en la deliberación pública al defender una medida que se ajustaba perfectamente al programa del gobierno y a su plataforma ideológica.

Esto último es abiertamente falso. De hecho, me atrevería a decir que es todo lo contrario. Quizás el único punto positivo de la reforma tributaria con el cual estaba de acuerdo una gran mayoría de la opinión pública era justamente el de gravar las pensiones más altas.

Además, ¿acaso no existen principios políticos que deban defenderse a pesar del potencial chantaje de un puñado de poderosos?

A mi juicio, si existía algún punto de honor por el cual el Gobierno debería jugársela a fondo, era precisamente por esta medida. No tanto por el valor del recaudo esperado, sino justamente por la manera como Petro desde la campaña había venido ambientando la urgencia de aprobar esta reforma.

Estamos, por tanto, ante una decisión con explicaciones incapaces para justificar el abandono de una medida bondadosa.

Peor aún, con esta decisión el gobierno acabó por legitimar los disparates, las medias verdades y las abiertas falsedades de la oposición intransigente y falaz que desespera al propio presidente. Puede ser, quizás, el error político más grave que ha cometido el gobierno en estos cien primero días.