En las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, abundaron las ilegalidades; hubo tortura a testigos y presuntos implicados; se realizaron diligencias fuera de la ley en el Río donde supuestamente hallaron cenizas de los cuerpos de los estudiantes, y existieron contradicción en las actuaciones de los ministerios públicos.
Un documento elaborado por César Chávez, visitador de la -entonces- Procuraduría General de la República (PGR) hasta antes de presentar su reporte el 18 de agosto de 2016, señalaba entre otros puntos que las siete retenciones que hizo la ministerio público federal Blanca Alicia Bernal Castilla, a presuntos implicados en la desaparición de normalistas, en particular de Agustín García Reyes, fueron “de manera ilegal y arbitraria”.
De acuerdo con el documento, García Reyes fue llevado de forma ilegal al Río San Juan el día 28 de octubre, en la diligencia encabezada por Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, sin que la misma quedara asentada en la averiguación.
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Sólo se supo de ella hasta que se conoció públicamente el video donde Zerón lleva a cabo una inspección fuera de toda norma. La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) permitió a la AIC de Zerón esa maniobra, “sin causa legal que lo justificara”.
Cuando Miguel Ángel Osorio Chong, entonces secretario de Gobernación, escuchó el reporte, de inmediato convocó a los titulares del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Procuraduría General de la República (PGR), Agencia de Investigación Criminal y Policía Federal.
El funcionario federal sabia que si la investigación no cumplía el debido proceso corría el riesgo de dejar en libertad a los siete detenidos por la desaparición de los estudiantes en Iguala, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.
Sin embargo, el informe de la Visitaduría fue enlatado y desechado oficialmente.
LAS IRREGULARIDADES
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) recalcó en su informe del 24 de abril de 2016 que pese a que el video donde se ve a Zerón con otros servidores públicos en el río el 28 de septiembre, este hecho nunca se registró en el expediente. Peor aún, el GIEI demostró que hubo un parte médico de la Marina –que fue quien lo detuvo– en donde García Reyes no presentaba lesiones, pero 11 horas después lucía 30 hematomas, excoriaciones y hasta restos de sangre seca.
La Visitaduría entrevistó a Miguel Ángel López, elemento de la Policía Federal Ministerial, quien confirmó que García Reyes, alias el Chereje, fue sacado de una celda en la SEIDO mediante un “oficio de por cese de custodia”. De ahí fue llevado por Zerón a Cocula, pero esto último no se registró en la indagatoria.
Al preguntarle a García Reyes si en esa diligencia estuvo acompañado de un defensor su respuesta fue “no. Sólo había wachos (soldados)”.
RETENCIONES SIN PRUEBAS
Dos de los siete detenidos por este caso, Salvador Reza Jacobo y Benito Vázquez Martínez, fueron ubicados en el poblado de Ahuatepec, Morelos, por elementos de la Marina a las 13:20 horas del 27 de octubre, “por haber sido detenidos en flagrancia” y portando armas de fuego.
Sin embargo, para la Visitaduría estos simples hechos no son probatorios absolutos. Prácticamente lo mismo ocurrió con los casos de Jonatahan Osorio Cortez, Patricio Reyes Landa y Darío Morales Sánchez, el 27 de octubre, en el poblado de Apetlanca, en Guerrero.
En particular, la Visitaduría registra como “retenciones ilegales, arbitrarias y contrarias a derecho” las de Jorge Luis Poblete Aponte, Salvador Reza Jacobo, Benito Vázquez Martínez, Jonathan Osorio Cortez, Patricio Reyes Landa, Darío Morales Sánchez y Agustín García Reyes, varios de ellos de los principales testigos del caso.
También encontró párrafos idénticos en las consignaciones. Para los casos de Osorio Cortez, Reyes Landa y Morales Sánchez, la agente del ministerio público estableció: “en forma espontánea manifestaron pertenecer a la organización delictiva Guerreros Unidos y haber participado en la ejecución de estudiantes de Ayotzinapa, a quienes quemaron al fondo de un basurero en Cocula, Guerrero, y que después recogieron los restos, como son sus cenizas, mismas que fueron a tirar al río San Juan”, pero estas palabras se repiten en la consignación de Reza Jacobo y Vázquez Martínez.
Peor aún, “Bernal Castilla dejó en total indefensión a los presentados”, advierte. “Benito Vázquez y Darío Morales no realizaron confesión delictiva alguna”, establece. De hecho, la Visitaduría es prolija en señalar las anomalías legales “graves” en que habría incurrido la ministerio público en este caso, lo cual debilitaría la consignación de los probables responsables.