Por: Damián Lo Chávez, Historiador.

A 130 años de julio de 1890: la primera huelga general y su lugar en la historia desde las inquietudes del presente

“Pongo en conocimiento a Ud. Que hoy a las 7:25 A.M. se presentó un numeroso grupo de jente de la playa en la estación por el lado de la Puntilla en momentos que la máquina del tráfico estaba haciendo varios cambios con los carros de salitre. Inmediatamente les pregunté cuál era el objeto que los traía y me contestaron que venían a impedir que se sacara salitre a la calle, y entraron en el acto a todos los establecimientos de trabajo (…) A las 10: 30 A.M. Otro grupo de trabajadores, también de la playa, recibió en las puertas de esta estación a los operarios que salían de sus trabajos invitándoles a dejar sus trabajos a fin de reunirse en la plazuela de la aduana a las 12 A.M.”
Iquique, 3 de julio de 1890

“Esta mañana el gremio se ha declarado en huelga y obligaron a empleados de maestranza y descargadores de carros a abandonar sus trabajos”
Pisagua, 4 de julio de 1890¹

El presente artículo tiene por objeto reivindicar la huelga general de julio de 1890, experiencia trascendental que supone el primer gran desafío organizado de la clase trabajadora al empresariado y al orden oligárquico en la historia del país. Por otra parte queremos compartir algunas reflexiones e ideas en torno al Chile actual a partir del balance del proceso de desequilibrios, crisis y ajustes que enfrentó el sistema sociohistórico de la época considerado en su larga duración.

A lo largo de décadas, aún antes de la anexión chilena, los patrones de puertos, minas y salitreras de Tarapacá habían tenido peones que se rebelaban ante las duras condiciones que imponía la acelerada acumulación capitalista decimonónica. Un mundo nuevo nació en el desierto en el desierto y el borde costero de la ex provincia peruana. Este mundo fue la sociedad burguesa, y parafraseando a Marx, en este proceso inevitable no hubo mecanismos para mitigar los dolores de parto. El andamiaje legal de mediación capital-trabajo aún era lejano hacia 1890. Múltiples rebeliones espontaneas, carentes de pliegos escritos y de organización surgieron ante las frecuentes fricciones entre trabajadores y administradores, entre sectores populares y elites de la época. En la mañana del 3 de julio de 1890, la ciudad de Iquique, recientemente incorporada al territorio nacional, fue testigo de una notable sucesión de eventos. Uno de los gremios más importantes del país, los estibadores y lancheros del puerto salitrero, se declararon en huelga y con un grado importante de madurez organizativa promovieron la extensión de esta a otras áreas estratégicas de la economía regional. La “gente de playa”, aún bajo la dirección formal del Gremio de Jornaleros constituido por las autoridades, manifestó un notable salto cualitativo en términos de conciencia. Julio de 1890 marcó una notable diferencia con esta prehistoria de clase trabajadora moderna. Los peones habían dejado de ser meros números en una masa de recursos humanos disponibles. La experiencia huelguística, el auto reconocimiento como sujeto colectivo con sus problemáticas comunes, más allá del espacio inmediato de trabajo e incluso de la limitante geográfica, transformaron a la masa peonal en clase obrera moderna. La huelga se encuentra detalladamente explicada en trabajos clásicos de la historiografía social chilena que han consignado su relevancia como punto de inflexión en la historia social de Chile².

A lo largo del año 1890 se encareció el costo de la vida producto de la devaluación del peso y la contracción cíclica de la industria salitrera³. El descontento maduró tanto entre los trabajadores urbanos de Iquique como en los obreros de las oficinas salitreras. Acusaban una serie de mecanismos arbitrarios para disminuir sus ingresos como el alza de precios en pulperías y comercios, muchos de ellos de propiedad de las grandes firmas salitreras. Así mismo se acusaba la devaluación de la ficha-salario y se cuestionaba por primera vez la existencia misma de este método de pago utilizado para la sujeción de la clase trabajadora y el aumento abusivo de ganancias por parte de las compañías⁴. El empresariado salitrero concentraba un enorme poder al ser propietarios simultáneamente de oficinas salitreras, bodegas, muelles y comercio al por mayor. La mañana del 3 de julio, los trabajadores del puerto de Iquique paralizaron sus labores y tomaron una iniciativa táctica sin precedentes en los estallidos previos. Se dirigieron desde los muelles hacia la estación de la Nitrate Railways para impedir el traslado del salitre a los embarcaderos y para dialogar con los operarios del ferrocarril para que se sumasen a la paralización. Unidos, los trabajadores de varios sectores, adquirían mayor capacidad de presión.

El movimiento pronto adquirió un cariz de motín popular de masas. Varios factores explican la evolución de la situación. No existían aún mecanismos formales de mediación capital-trabajo-autoridades y pronto se sumó a la protesta la amplia poblada que convive cotidianamente con la clase trabajadora organizada. Se sucedieron saqueos al comercio de Iquique, acusados de especuladores, y grandes enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de orden. Cerca de 8.000 personas iniciaron una batalla campal contra policías, militares y bomberos en una ciudad con alrededor de 20.000 habitantes. La huelga se extendió al vecino puerto de Pisagua, al conjunto de la pampa salitrera y más allá de las fronteras regionales llegando incluso al puerto de Valparaíso. En la pampa, paralizaciones organizadas se intercalaron con enfrentamientos en oficinas y poblados. Hacia mediados de julio se escucharon promesas de reajustes de salario e incluso derogación de la ficha y pago en metálico en diversos centros de trabajo. Sin embargo, refuerzos militares enviados por el presidente Balmaceda contribuyeron a contener los ánimos mientras en un breve lapso de tiempo se reinstauró el sistema de fichas y los salarios reales permanecieron debajo del costo de la vida. La joven clase obrera regional se distanció notablemente del presidente Balmaceda. Su gobierno representado por el intendente Guillermo Blest Gana prometió soluciones que no se concretaron a la vez que militarizó la pampa y los puertos para detener el movimiento. Este antecedente le pesaría a este último en la guerra civil inter oligárquica por venir al carecer de base social de apoyo en la provincia más importante del conflicto⁵.

Los trabajadores no consiguieron sus demandas centrales pero comenzó a gestarse un proceso de creciente cuestionamiento e inestabilidad del orden oligárquico consolidado en la temprana construcción de Estado en Chile. Se tornó audible y visible la gestación de nuevos sectores sociales críticos del sistema político y la explotación laboral. En Tarapacá, y en todo el territorio nacional, proliferaron organizaciones sociales de la clase trabajadora. Algunas, como la Gran Unión marítima creada en 1892, enarbolaron un discurso abiertamente contestatario⁶. En enero de 1901, en Iquique, la alianza de amplios sectores obreros dio origen a la primera Mancomunal de trabajadores. Esta organización editó el periódico El Trabajo en cuyas páginas se agitaban las demandas de la clase trabajadora y se planteaban tempranos bosquejos de proyectos político-populares. La politización del proletariado se constituyó en un punto de no retorno dando origen a corrientes socialistas/comunistas y anarquistas que se expandieron en los puertos y pampas del norte así como en el conjunto del territorio nacional.

Estos sectores fueron un factor determinante en la acelerada erosión de legitimidad que experimentó este sistema sociohistórico a principios del siglo XX y que desembocó en la crisis terminal del mismo en la década de 1920. El conflicto social y la lucha de clases sin marco regulatorio estatal fue una tendencia que no pudo extenderse infinitamente en el tiempo sin generar una crisis sistémica y una bifurcación de magnitud histórica⁷. Este periodo, abierto tras la Primera Guerra Mundial, se caracterizó por huelgas, represión y la restructuración del Estado y de las relaciones laborales. Sin embargo, la clase trabajadora no participó de las reformas trascendentales de este periodo como fue la elaboración de la constitución de 1925 y la consolidación de la legislación laboral. Fueron reformas hechas “desde arriba” y controladas en casi todo momento por actores que buscaban ajustes para preservar la estructura de poder del sistema. Un sector importante del campo socio-político popular terminó por aceptar los ajustes estructurales verticales ofrecidos desde el autoritarismo enquistado en el Estado, en especial durante la dictadura de Ibáñez del campo⁸. Quienes se rehusaron fueron relegados, perseguidos e incluso asesinados⁹. En las décadas por venir, la lucha de clases y las contradicciones al interior del denominado “Estado de Compromiso” transitaría por nuevos mecanismos y también con nuevos actores hasta la crisis sistémica de 1973. El ejercicio de situar un evento del pasado en un periodo de larga duración y plantear un balance histórico de su trascendencia en el porvenir no es casual. Obedece, en este caso en particular, a problemas e inquietudes del presente.

Volviendo una vez más a Wallerstein, la revuelta de octubre supone un límite de una tendencia en el sistema sociohistórico vigente: el modelo neoliberal asociado a una democracia de baja intensidad anclada en una institucionalidad espuria basada en la constitución de 1980. Esta tendencia que se agota es la acumulación por sobreexplotación de la mano de obra y mecanismos abusivos de expoliación, como las AFP y las alzas arbitrarias en el costo de la vida, tendencia propiciada por el bloque constituido por la política tradicional y el capital. Sumado a ello, fenómenos como la corrupción y el descredito de los mecanismos de participación formal contribuyeron a gestar una revuelta popular de masas cuyos pormenores son ampliamente conocidos.

Las principales y elementales medidas para ofrecer una mínima protección económica a la población son rebatidas desde el oficialismo como “inconstitucionales” revelando groseramente los límites de clase de la institucionalidad vigente. Se acelera, también, la fascistización y deriva autoritaria del Gobierno en tanto se deteriora su escasa legitimidad y la violencia de Estado seduce a un sector de la elite gobernante como “solución” al malestar. La cesantía ha escalado por sobre el promedio de los últimos años a un inquietante 11,2%¹⁰. La informalidad y los ingresos de miseria se consolidan como principal tendencia en el trabajo independiente disfrazado como “emprendimiento”¹¹. La minería, una de las áreas estratégicas de la economía chilena, entra gradualmente en parálisis parcial que promete ser catastrófica. Pareciera ser que con los mecanismos de endeudamiento y la futura disponibilidad de un consistente ejército industrial de reserva es suficiente para quienes sostienen el modelo. Es posible que el poder real de negociación y movilización de los sindicatos se vea duramente disminuido, con el consiguiente riesgo de debilidad orgánica de las revueltas por venir.

El escenario se aproxima a una bifurcación histórica en la cual los dilemas de la transformación sistémica vuelven a estar a la orden del día y se dibujan posibles alternativas de continuidad o ruptura. Es posible asociar ciertas posturas de un sector ultra reaccionario de la política tradicional que aspira a conservar lo insostenible, el sistema sociohistórico intacto. Un sector al parecer busca re-editar el “compromiso histórico” y construir consensos en torno a una versión gobernable y renovada del modelo. Este sector abarca desde sectores de la derecha hasta las nuevas socialdemocracias, integradas por referentes que adhieren al “acuerdo por la paz”. Estas centroizquierdas jóvenes, asociadas a las denominadas clases o capas medias, hoy lamentan la aceleración de la deriva represiva y autoritaria del gobierno al que otorgaron credenciales democráticas en noviembre. Lamentablemente, los estrechos márgenes acordados para una posible nueva constitución, hasta ahora, predisponen a esta como un ajuste sistémico para la continuidad de los fundamentos del neoliberalismo.

El camino hacia un modelo de transición basado en la democracia participativa, el bienestar social y el desarrollo productivo-sustentable pasa por fortalecer una tercera alternativa en la política chilena contemporánea. Esta alternativa requiere aún de la sumatoria considerable de voluntades, del fortalecimiento programático en distintos niveles y sobretodo de la coincidencia estratégica necesaria con la articulación sociopolítica popular existente y sobre todo por construir. Oscuro puede verse el camino por delante, lleno de contradicciones y dificultades. La organización y movilización político-popular de masas puede ser una fuerza material concreta para transitar una posible ruta a una sociedad mucho más equitativa y profundamente más democrática.

Por: Damian Lo Chávez, historiador.

Notas: