Un 20 de noviembre de 1975, España se levantaba con la noticia de que el dictador Francisco Franco había muerto, dando por finalizada una dictadura que duró 36 años, después de que el bando sublevado venciera a las fuerzas republicanas tras tres años de Guerra Civil.
Cuarenta y dos años después muchas cosas han cambiado y España ha disfrutado del periodo democrático más próspero de su historia, pero todavía quedan heridas sin cicatrizar: cientos de miles de españoles siguen yaciendo en las fosas comunes mientras sus familiares les tratan de encontrar, con éxito o sin él.
Por otro lado, la Ley de Amnistía de 1977, que sirvió para sacar de la cárcel a los miles de presos políticos contrarios al régimen de Franco, también sirvió para que los verdugos del régimen franquista que habían represaliado a toda la disidencia política y social cometiendo crímenes de lesa humanidad, no fueran juzgados, quedando sus crímenes impunes.
Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han pedido en repetidas ocasiones a los gobiernos españoles derogar dicha ley, ya que no permite juzgar crímenes que se consideran imprescriptibles, como es el caso de los delitos de lesa humanidad, el genocidio y la desaparición forzosa.
Dos proposiciones de ley
Es por ello que, durante este mes, varios grupos políticos van a llevar dos proposiciones de ley al Congreso de los Diputados para que la Ley de Amnistía no se pueda interpretar desde la impunidad por los delitos mencionados, de forma que el Código Penal incorpore el principio de legalidad internacional. Así ocurrió, por ejemplo, durante los Juicios de Nüremberg, que cumplen hoy 72 años y que fijaron el punto de partida del derecho internacional moderno tras el final de la Segunda Guerra Mundial con los juicios contra los responsables de los crímenes cometidos por el III Reich.
Las dos proposiciones de ley, firmadas por los diputados de Podemos, Compromís, En Comú Podem, En Marea, ERC, PDeCAT, PNV, EH-Bildu y Nueva Canarias plantean modificar la legislación tanto de la Ley de Amnistía como del Código Penal para allanar el camino hacia la reparación y la justicia con las víctimas del franquismo.
Jacinto Lara es uno de los abogados del equipo jurídico que redacta las querellas contra responsables de delitos de la dictadura. Lara ha hecho hincapié en que “en 40 años de democracia no se ha podido revertir la situación de impunidad, impropia de un estado democrático y de derecho”.
Así, la proposición de ley recogida en el texto explica que la Ley de Amnistía “en ningún caso puede desplegar efectos para impedir la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista”. Esta propuesta, firmada por los diferentes grupos parlamentarios, propone añadir al punto 9 de la Ley de Amnistía que “las disposiciones contenidas en esta ley no impedirán que los juzgados y tribunales investiguen, enjuicien e impongan las penas correspondientes a las personas responsables de haber cometido delito de genocidio, de guerra, de lesa humanidad y otras graves violaciones de derechos humanos”.
La segunda proposición de ley presentada en el Congreso de los Diputados busca complementar la primera incorporando al ordenamiento jurídico interno el principio de “legalidad internacional”, cuyos cimientos se pusieron en los Juicios de Nüremberg. Todavía queda esperar al trámite parlamentario para saber si prosperan o no.