Es un esfuerzo para sensibilizar y promover la sexualidad como un aspecto esencial del ser humano y un elemento de la salud sexual y reproductiva que debe ser informado, satisfactorio, saludable y sin riesgos para la población.[1]

En este sentido, las y los adolescentes y jóvenes deben gozar de sus derechos sexuales, así como de las garantías para su protección, sin distinciones motivadas por origen, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencia, orientación sexual, identidad de género, estado civil o cualquier otra circunstancia que atente contra la dignidad humana.

En el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), se promueve la Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes, en la que se enlistan y explican 14 derechos[2]. El uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual es el primer paso para que mujeres y hombres tengan relaciónes sexuales seguras y placenteras (CONAPO, 2020).[3]

De acuerdo con estimaciones de la SGCONAPO con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) [4], se obtuvo que:

  • En 2018, se obtuvo que, la mitad de las mujeres de 25 a 34 años tuvo su primera relación sexual a los 17.5 años, y la edad mediana a la que comenzaron a usar métodos anticonceptivos de forma continua fue a los 19.6 años, lo que indicó que pasaron 2.1 años respecto a la edad mediana del primer encuentro sexual, es decir, transitaron por un periodo más amplio sin protección, para planear el nacimiento del primer hijo o hija y de prevenir Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).
  • Asimismo, se observó que entre 2014 y 2018, el porcentaje de MEF que usaron métodos anticonceptivos en la primera relación sexual aumentó de 34.3 a 40.2 por ciento.
  • El porcentaje de mujeres en edad fértil (MEF) que usaron métodos anticonceptivos en la primera relación sexual por grupos de edad mostró que el más alto porcentaje de usuarias ocurrió entre las adolescentes (15 a 19 años) con 60.4 por ciento, seguidas por las mujeres de 20 a 24 años con 59.4 por ciento y las mujeres de 25 a 29 años con 53.3 por ciento.
  • A partir del grupo de mujeres entre 30 a 34 años, el porcentaje de quienes usaron métodos anticonceptivos en esa primera relación sexual disminuyó a 43.1 por ciento, a 33.6 por ciento entre las de 35 a 39 años, a 25.2 entre las del grupo de edad 40 a 44, y a 21.3 en mujeres de 45 a 49 años.
  • En 2018, las entidades con el mayor porcentaje de MEF que usaron métodos anticonceptivos en la primera relación sexual fueron la Ciudad de México (57.0%), Baja California Sur (51.1%) y Quintana Roo (48.3%), y las entidades con menores porcentaje fueron Chiapas (19.7%), Guerrero (27.9%) y Oaxaca (29.9%).
  • En 2018, del total de MEF que no usaron métodos anticonceptivos en la primera relación sexual, se observó que fue principalmente porque no planeaban tener relaciones sexuales (28.5%), como segunda causa porque querían embarazarse (24.4%), la tercera fue porque no conocía o no sabía dónde obtener o cómo usar métodos anticonceptivos (24.2%), la cuarta razón fue porque no creyó quedar embarazada (11.0%), por otra razón (10.5%), y finalmente, por oposición de la pareja o que ella no estaba de acuerdo en usar anticonceptivos (1.5%).
  • Al analizar las razones de no uso de métodos en la primera relación sexual por entidad federativa de residencia de las MEF en 2018 se observa que, el porcentaje más alto de las que no planeaban tener relaciones sexuales se ubica en las residentes de la Ciudad de México (52.9%), Chihuahua (39.8%) y Sonora (37.3%), mientras que en Zacatecas (39.6%), Chiapas (32.7%) y Tlaxcala (32.4%) alrededor de una tercera parte quería embarazarse. En tanto que, en Oaxaca, Chiapas y Guerrero, se presentan los mayores porcentajes de mujeres que desconocen sobre métodos anticonceptivos (38.1%, 35.5% y 33.8%, respectivamente). Ahora bien, Morelos (16.4%), Tamaulipas (15.8%) y el Estado de México (14.5%) presentan los más altos porcentajes de mujeres que no creían que podían quedar embarazadas. Es importante destacar que la oposición o desacuerdo de ella o de la pareja se concentra en entidades como la Ciudad de México (3.1%), Guerrero (2.9%) y Chiapas (2.2%).

Finalmente, en 2019, se logró la modificación en la Ley General de Educación[5], que consiste en la obligatoriedad de incluir en los contenidos y planes de estudio que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares, con autorización y con reconocimiento de validez oficial de estudios que deben ser adecuados al tipo y nivel educativo, de la impartición de la Educación Sexual Integral y Reproductiva, la cual influirá en el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar, la maternidad y la paternidad responsable, la prevención de los embarazos adolescentes y de Infecciones de transmissión sexual (ITS).

 

[3] Consultar CONAPO. Situación de los Derechos Sexuales y Reproductivos. República Mexicana. 2018, Capítulo 4, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/634858/Situacion_de_los_derechos_sexuales_y_reproductivos_2018_RM_030521.pdf

[5] Diario oficial de la Federación (DOF) DECRETO por el que se expide la Ley General de Educación y se abroga la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, 30/09/2019.