Desde el 14 de abril de 1931 hasta el 1 de abril de 1939, fecha del golpe de Estado orquestado por militares que también traicionaron sus propios juramentos, los españoles vivieron bajo una Constitución plenamente democrática que recogía muchos de los aspectos más positivos del constitucionalismo surgido a partir de la posguerra europea. Conservadores o progresistas esta organización de Gobierno fue válida para Manuel Azaña y la coalición republicano-socialista durante el primer bienio (1931 a 1933), para Alejandro Lerroux y la coalición radical-cedista con el apoyo de la Confederación Española de Derechas Autónomas (segundo bienio), o para el Frente Popular de la coalición de izquierdas. El fracaso político de Alfonso XIII para de instaurar una monarquía liberal terminó forzando al nuevo presidente del Gobierno, el almirante Juan Bautista Aznar, a convocar elecciones municipales el 12 de abril de 1931. La victoria sin paliativos de las candidaturas republicanas forzaron al exilio al rey y fueron seguidas de la proclamación de la Segunda República.

Las Disposiciones generales de aquella Constitución incluían las normas básicas de esta “Ley para los españoles”: “Todos los españoles son iguales ante la Ley, el Estado Español no tiene religión oficial, el castellano es el idioma oficial de la República, sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones, España renuncia a la guerra como instrumento de política y acata las normas universales del Derecho internacional”. El republicanismo, más allá de sus objetivos de cambio institucional continúa siendo un modo de concebir el mundo, con el inaplazable reconocimiento institucional de derechos y libertades cívicas. La búsqueda de referentes ideológicos, tradiciones políticas, valores en los que mirarse y en los que poder reconocerse pasa necesariamente por volver la vista hacia un pasado republicano, adulterado en los textos históricos y corrompido en la memoria institucionalizada por la pasada dictadura.

En 1976 el Partido Comunista seguía siendo el principal referente de la resistencia antifranquista y para muchos el más fiel depositario del legado republicano. La presencia del P. C. E en España significaba la más palpable demostración de que llegaba un nuevo momento del cambio. La memoria de su militancia en los años treinta, la experiencia del exilio o el compromiso de la lucha antifranquista les otorgaba una autoridad moral más allá del mero reconocimiento político. La Segunda República no fue el único intento de establecer el republicanismo como seña de identidad democrática. Como elementos comunes e irrenunciables han de incluirse la periodicidad en los cargos, la primacía de la Ley, la igualdad ante la misma, la publicidad completa de los actos del Gobierno – sin la posibilidad de los secretos de Estado – y la existencia de responsabilidad de políticos y funcionarios públicos. El ejercicio de la ciudadanía “es quien los pone y los depone”.

Constituido “lo público” como una empresa colectiva de la comunidad política es en lo público donde hay que concentrar todos los esfuerzos y es a lo público a lo que hay que prestar la mayor dedicación. La ciudadanía debe quedar ligada al ideal republicano clásico en la defensa colectiva de lo público y en la democracia participativa.

Tras la subida al poder de Felipe VI, el aparato del régimen del 78 lleva tiempo hablando de una segunda transición defendiendo la implantación de unos retoques cosméticos que únicamente servirían para blindar privilegios y beneficios. La Constitución no es un “dogma de fe” y como acuerdo entre los ciudadanos ha de posibilitar su propia adecuación a las normas cambiantes de una sociedad que evoluciona en el tiempo. Exigimos que en el Congreso de los Diputados se inicie un debate sobre la República que permita que el más del sesenta por ciento de ciudadanos españoles, que no han tenido ocasión de participar en la redacción de la actual Constitución, puedan expresar sus criterios también a este respecto. Este debate ha de trasladarse a los ciudadanos y los representantes políticos, democráticamente elegidos, no deben continuar impidiendo que la ciudadanía se pronuncie sobre el modelo del Estado.