La Portada | El cártel del despojo: exgobernadores bajo sospecha

Uno de los principales compromisos del morenista Salomón Jara Cruz, con apenas 100 días como gobernador de Oaxaca, fue que en su administración no habrá impunidad para el “Cártel del despojo”, una amplia red de funcionarios, notarios públicos, abogados, supuestos líderes sociales y criminales que, como su nombre lo indica, han conseguido apropiarse de cientos de innumerables bienes y propiedades a costa de centenares de víctimas.

La misión no parece sencilla para el primer mandatario de Morena en el estado. Aunque las investigaciones siguen su curso en la Fiscalía General de la República (FGR) y en la Fiscalía General de Oaxaca, el entramado de esta red, que se ha extendido también a decenas de casos en otras entidades, fue construida a lo largo de dos décadas, desde que gobernaba José Murat Casab (1998-2004), e involucraría a más de una decena de funcionarios y exfuncionarios que están bajo investigación, incluidos exgobernadores, todos priistas.

La maquinaria del “Cártel del despojo” de Oaxaca, no surgió en 2020 tras revelarse el robo de identidad y despojo de los hermanos Gómez Conzatti, del que ejecentral expuso detalles y que apenas era un esbozo de toda su dimensión.

Documentos en poder de este periódico muestran que los antecedentes de las operaciones de esta red dedicada a las operaciones irregulares de compraventa; robo de identidades; manipulación y falsificación de documentos para adueñarse de propiedades de alto valor, sea por su ubicación, función o proyectos de desarrollo futuros, involucra a notarios, empresarios, y grupos criminales ligados a varios asesinatos, extorsiones, agresiones y amenazas, fueron afianzando sus mecanismos de despojo desde 1999 y se incrustaron en el gobierno del estado, y por ello están bajo investigación exsecretarios, directores y hasta los exmandatarios locales.

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La reciente detención y vinculación a proceso de Jorge Armando Zárate Medina, titular del Instituto Catastral de Oaxaca en el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, por su probable responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público y su vinculación al llamado “Cártel del despojo”, es un parteaguas en las investigaciones, luego de que en las últimas cuatro administraciones no se tuvo ningún avance.

Adicionalmente, al parecer comenzaron las traiciones. Algunos de los exfuncionarios que están bajo investigación actualmente, ante la presión, han iniciado acercamientos con las autoridades para conseguir beneficios y delatar a otros involucrados de más alto rango.

Y es que la dimensión de los lazos de corrupción fueron exhibidos en la mañanera del 15 de septiembre pasado, cuando el entonces subsecretario de la SSPC, Ricardo Mejía Berdeja, evidenció el modus operandi del “Cártel del despojo” con un audio sobre una conversación entre el secretario de salud en el gobierno de Alejandro Murat, Juan Ramón Díaz Pimentel, y el notario 100 Arturo David Vásquez Urdiales, en el que este último pidió el cese al hostigamiento de la prensa por su vinculación a la red de despojos. Mientras que el también exdelegado del IMSS en la entidad le pedía a cambio que apoyara a su hija, Guadalupe Díaz Carranza, que aspiraba a la presidencia del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, cargo que finalmente logró ocupar desde el 12 de noviembre de 2022.

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A este complejo caso de corrupción se suma una lluvia de amparos por parte de los exfuncionarios y notarios involucrados, y el reciente aplazamiento de la audiencia a la que el 15 de marzo pasado en la que fue citado el notario público 135 de Oaxaca, Jorge Alberto Merlo Gómez, identificado como uno de los principales artífices de esta red de despojos, implican una serie de obstáculos para cumplir la captura de todos los involucrados, como prometió el gobernador Jara Cruz, y hacen sospechar de la posible complicidad judicial, una línea de investigación que podría sumarse a las pesquisas.

“Aquí no vamos a tener ninguna impunidad. Ni va a haber cacería de brujas o de brujos, porque aquí no vamos a permitir, pues, que hagan de las suyas los que estuvieron en Catastro, en el Instituto de la Función Registral ¡Era pura corrupción!”, señaló el gobernador al encabezar una conferencia a inicios de esta semana.

Luego de que el 10 de marzo, al rendir su discurso con motivo de sus primeros 100 días de gobierno se refirió a la detención del exdirector del Catastro como la captura de “un ratón vinculado al ‘Cártel del despojo’ y que fue “una pieza clave de una de las estructuras criminales destinadas a despojar a las y los oaxaqueños de su patrimonio (…) En breve informaremos sobre otros casos y procesos para que los corruptos y saqueadores no crean que van a salirse con la suya”, prometió.

Y es que, aunque tanto la FGR como la Fiscalía estatal han solicitado información para indagar las operaciones de notarios y funcionarios de los institutos de Catastro, Función Registral y Registro Civil del estado, debido a las denuncias que han presentado centenares de víctimas, como reveló la semana pasada el consejero jurídico del gobierno estatal, Geovany Vásquez Sagrero.

El conflicto que comenzó todo

La supuesta solución a un grave conflicto agrario que por 40 años confrontó a cientos de pobladores de San Raymundo Jalpan y Cuilápam de Guerrero, por una disputa de más de 121 hectáreas ejidales, y que incluso escaló en homicidios, llegó a un mutuo acuerdo en enero de 1999, durante el primer año de gobierno de Murat Casab, en el que los ejidatarios de San Raymundo Jalpan reconocerían como “avecindados” a quienes mantenían posesión de los terrenos por parte de Cuilápam, a cambio de una contraprestación por un millón de pesos.

Pero la intervención del entonces secretario general de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Oaxaca, Juan Ramón Díaz Pimentel acordó con el entonces gobernador la entrega de dicho monto, a cambio de la donación de 30 hectáreas de los terrenos comunales en disputa a fin de echar a andar el proyecto entre la esposa del gobernador, Guadalupe Hinojosa de Murat y la congregación de los Legionarios de Cristo, para instalar un plantel de la Universidad Anáhuac en esa zona.

Fue el 10 de febrero de 2000 cuando se formalizó la regularización de las más de 121 hectáreas en favor de los 45 posesionarios del Barrio San Juan, así como la desincorporación y donación de las 30 hectáreas en favor del gobierno del estado, a través de dos personas que ahora son investigadas por las autoridades como presuntos prestanombres del mandatario; y en representación de los Legionarios de Cristo fue designado el doctor Jaime Pérez Guajardo, actual presidente de la Comisión Nacional de Arte Sacro A.C.

Mientras que los dos representantes designados por Díaz Pimentel fueron los doctores Alejandro Rugarcia Torres y Humberto Evodio Corres Sierra, identificados como compadre y pariente lejano del entonces gobernador, respectivamente, para recibir las 30 hectáreas, dentro de las que finalmente en mayo de 2000 se inauguró el plantel de la Universidad Anáhuac sobre el boulevard que a la fecha lleva el nombre de la madre del exgobernador Alejandro Murat.

El arte de saquear

Dos años después, en 2001, una vez que los títulos ejidales fueron modificados por certificados de propiedad, con base en el régimen de dominio pleno a fin de emitir los correspondientes títulos de propiedad, comenzaron las operaciones aparentemente irregulares y que dieron forma a este entramado que investigan las fiscalías.

El 8 de febrero de 2001, el adquirente Humberto Torres vendió al gobierno estatal hectáreas por la cantidad de siete millones 134 mil 195, a fin de que el terreno fuera donado a la Fundación Teletón para la construcción del primer Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT). Pero ese terreno ya era propiedad del estado, por un acuerdo de donación.

›Documentos consultados por este diario comprueban que el encargado de esa operación, de la que dio fe el notario público número 26 de Salina Cruz, Emmanuel Roberto Toledo Medina (incluido en la ‘lista negra’ de más de 23 notarios públicos de Oaxaca suspendidos por el SAT por operaciones con empresas factureras e inexistentes), fue Jorge Alberto Merlo Gómez, en representación de Alejandro Rugarcia, quien a su vez habría recibido un cheque por poco más de un millón 13 mil pesos por la venta de las mismas 10 hectáreas que un año antes recibió a nombre del gobierno estatal.

El mismo notario 26 dio fe notarial de la venta que, el 8 de mayo de 2001, formalizó Humberto Corres Sierra, sobre las 30 hectáreas que igual que el caso anterior, ya eran de su propiedad por acuerdo de donación, en la cantidad de 10 millones 701 mil 292 pesos, según consta en la escritura pública 20238 del volumen 265.

Ese mismo día y en el mismo volumen, pero de la escritura 20239, el notario Toledo Medina, —fallecido el 19 de febrero de 2019—, consignó la venta de una fracción de la propiedad que realizó el entonces ya nombrado notario público 135 Jorge Merlo al gobierno estatal, representado por el entonces procurador general Sergio Hampshire Santibáñez Franco, para la edificación de la delegación de la FGR en el estado. El monto de esa transacción, según la escritura, se fijó en un millón 520 mil 347 pesos.

Aunado a ello, según consta en la escritura pública 9120, correspondiente al volumen 202 del mismo notario Gilberto Gamboa, el gobierno, a través de la Fiscalía estatal, trianguló la venta por dos millones de pesos de una fracción de los predios adquiridos por Rugarcia Torres, pero esta vez para la edificación de la Procuraduría de la Defensa de la Mujer y el Menor del estado, asentada en las calles 14 y 22 Oriente de la colonia Paraje las Salinas, en San Raymundo Jalpan.

Se trataba apenas de las bases del modus operandi de lo que se ha denominado en Oaxaca el “Cártel del despojo”, pues antes de que lo designaran al frente del IFREO en la administración de Murat Casab, Merlo Gómez participó en varias transacciones más con la compraventa de partes de los mismos terrenos a lo largo del año 2003.

Fue a través de la empresa Anáhuac Constructora e Inmobiliaria S.A. de C.V., que presuntamente cre Gamboa Medina, que revendieron las 10 hectáreas al gobierno por un monto de 8 mil pesos. Este personaje, según las investigaciones y fuentes consultadas habría fungido como prestanombres en la desincorporación de otros bienes inmuebles en la entidad, como los hoteles Oaxaca Inn y Casa del Mar, así como la línea aérea Aerotucán.

Y el mismo notario 66, junto con Jorge Merlo, el 10 de noviembre de 2003 vendieron al Congreso local dos de las mismas 10 hectáreas. Es decir, lo revendieron entonces en tres ocasiones al gobierno estatal, por la cantidad de 10 millones de pesos.

Ese mismo día quedó asentado en el entonces Registro Público de la Propiedad, hoy IFREO, con el registro 402 de la escritura 9122 del mismo notario Gamboa Medina, y con la representación de Jorge Merlo, la venta de una fracción más de los terrenos donados, correspondiente a una hectárea para el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del estado.

Con estas operaciones presuntamente simuladas, las autoridades siguen el rastro de las complicidades de funcionarios, notarios, abogados, testaferros y falsos gestores sociales para la apropiación ilegal de inmuebles a lo largo del estado, que habría generado un daño a las arcas públicas de la entidad.

Método sin escrúpulos

La capacidad del notario 135 Jorge Merlo para adueñarse ilícitamente de inmuebles y propiedades se perfeccionó con el tiempo. Las investigaciones muestran que a partir de 2004, cuando se sumó al gobierno de José Murat como titular del entonces Registro Público de la Propiedad, el abogado habilitado por la Secretaría de Economía en julio pasado como corredor público número 7 en Oaxaca, sofisticó su método de despojo con las mismas técnicas de falsificación de documentos, simulación de operaciones y triangulación de recursos.

Fue así que desde ese año a la fecha, Jorge Merlo logró apropiarse de al menos 13 inmuebles en la entidad, con apoyo de un grupo de notarios públicos que incluyen al número 66, Gilberto Gamboa Medina; a Alejandro Vidaña Luna, notario 106 de Cosolapa; al número 84, José Jorge Enrique Zarate Ramírez; Lilian Alejandra Bustamante García, notario público 87; así como los ya fallecidos notarios públicos 78, María Antonieta Chagoya Méndez; y el número 24, Jorge Antonio Bustamante Gris.

Documentos en poder de este diario que incluyen constancias del Registro Público, comprobantes de pagos, instrumentos notariales y hasta actas de defunción, evidencian cómo fue que el notario Jorge Merlo utilizó a su propia madre, Martha Merlo Reyes, y la identidad de Víctor Manuel, uno de sus hermanos fallecido en 2017, para llevar a cabo la simulación de operaciones de compraventa que incluyó la falsificación de laudos y donaciones, de bienes que no les pertenecían.

Un caso emblemático en esta maraña de transacciones, que además evidencia la probable comisión del delito de lavado de dinero, fue el predio de Belisario Domínguez 203 en la colonia Reforma, en Oaxaca, en el cual se llevaron al menos tres cuestionables operaciones sobre la misma propiedad.

›Según el instrumento 4256 volumen 53 del notario pública 87, del 6 de octubre de 2009, primero fueron los hermanos Víctor Manuel y Aldo Ricardo Gómez Merlo quienes otorgan dicho inmueble con una superficie de 499.80 m2 en “donación pura y gratuita” a su madre Reyna Martha Merlos Reyes, quien también utiliza el nombre de Martha Merlo de Gómez.

Dos años después, el mismo notario 87 dio fe en noviembre de 2012 de la entrega que hizo la señora Martha Merlo, ahora en calidad de donante a sus hijos Víctor Manuel y Aldo Ricardo de la misma propiedad; y en 2019 el mismo inmueble lo entregaron en donación a la señora Martha Merlo, por parte supuestamente de su hijo Víctor Manuel, fallecido dos años antes de la transacción.

De acuerdo con el instrumento 14995 volumen 161 del notario público 106 de Cosolapa, Alejandro José Vidaña Luna hizo constar el 3 de mayo de dicho año que el hermano del notario 135 de Oaxaca dio fe notarial de las declaraciones de Víctor Manuel, no obstante que el donante falleció 14 de marzo de 2017.

Otra operación incomprensible fue el caso del contrato de compraventa del que en febrero de 2015 dio constancia la hoy fallecida María Antonieta Chagoya, entonces notario público 78 del estado, que realizó la madre de Jorge Merlo, identificada los instrumentos notariales como una ama de casa sin ingresos fijos, del inmueble marcado con el número 200 de la privada de Séneca en la colonia Antiguo Aeropuerto, por la cantidad de un millón 400 mil pesos.

Según las actas, la señora Merlo Reyes pagó los 187.2 m2 del inmueble en razón de un cálculo de 7 mil 476 el metro cuadrado, a través de tres cheques certificados de tres cuentas bancarias distintas por montos que fueron de los 400 a los 600 mil pesos, los cuales se acreditaron el mismo 19 de febrero en el que se firmó el contrato. En abril de 2016, Martha Merlo donó el mismo terreno a su hijo Aldo Ricardo.

El mismo método lo replicó el notario Jorge Merlo en los al menos 11 inmuebles restantes en los que las triangulaciones de donaciones y operaciones de compraventa entre su madre y sus hermanos, las cuales incluso implicaron una falsa demanda del propio notario 135 en contra de su progenitora a fin de obtener el pago por un embargo de otro de los inmuebles del que se apropió.

Y que incluso algunos de ellos son colindantes entre sí con los que ocupan las instalaciones de la FGR en el estado; con la propiedad de Guadalupe Díaz Carranza, presidenta del Colegio Nacional del Notariado Mexicano e hija del exsecretario Juan Ramón Díaz Pimentel.

Despojados a su suerte

Luego de que en enero de 2022 este diario publicó el reportaje “Oaxaca, la red del despojo”, sobre el robo de identidad y despojo de propiedades del que fueron víctimas los hermanos Herbé, Caleb y Ashmar Gómez Conzatti y Martínez, por parte de una red que incluyó a funcionarios del IFREO y el Instituto Catastral, encabezados por el notario público 135, Jorge Alberto Merlo Gómez, las investigaciones a la fecha siguen a la deriva.

Desde 2020, los hermanos Gómez Conzatti presentaron denuncias contra Merlo Gómez y supuestamente ya fueron judicializadas hace poco, pero no se conoce de alguna orden de aprehensión contra los presuntos responsables. Y mientras las víctimas carecen de protección, a pesar de las dimensiones del “Cártel del despojo”, que incluyó varias entidades, de acuerdo a denuncias públicas.

Una de ellas fue la que lanzó la diputada federal por el PT, Margarita García García, quien desde el año pasado subrayó la existencia de pruebas que dan cuenta de que las redes del llamado “Cártel del despojo” habían conseguido apropiarse ilegalmente de inmuebles en entidades como Sinaloa, Morelos, el estado de México, así como algunos casos en la Ciudad de México.

Sobre la detención del extitular del Instituto Catastral, la legisladora señaló que se trataba sólo de la “punta del iceberg, ya que los verdaderos jefes y líderes del cártel se encuentran aún impunes. Sin embargo, tenemos fe y exigimos que las autoridades judiciales del estado y federales esclarezcan las investigaciones para dar con las cabezas de esta mafia”.

Sin embargo, el peligro para las víctimas y denunciantes e incluso para quienes están investigando el caso es alto. Pues como refirió el exsubsecretario de la SSPC, Ricardo Mejía Berdeja, se trata de operaciones que además del despojo participaban grupos criminales que han escalado el nivel de violencia.

“También esto (de los despojos) va acompañado de diversos delitos, en ocasiones violencia física donde se apoderan del inmueble, extorsión, amenazas, daños, privación de la libertad, e incluso en los casos más extremos privación de la vida, es decir, homicidio”, explicó.

Dentro de los asesinatos ligados al cártel, según las investigaciones, están el caso del homicidio de Ivonne Gallegos Carreño, exlegisladora panista y candidata a la presidencia de Ocotlán de Morelos, ocurrido en marzo de 2021; y el ocurrido seis meses después, el 13 de septiembre del mismo año, cuando asesinado el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca, Enrique Pacheco Martínez.

A ese crimen se suma el de Carlos Eduardo López, exoperador en la campaña del hoy gobernador, Salomón Jara, ligado al Frente Unido de Comunidades Oaxaqueñas y asesor en el municipio de Juchitán de Zaragoza donde lo asesinaron en junio del año pasado; así como el atentado en contra del periodista Edgar Mendoza (en el que murieron su hermana y su tía), y quien publicó información detallada, con nombres específicos, sobre el “Cártel del despojo”.

La actual Fiscalía General de Oaxaca ha mantenido la negativa de no solicitar a los jueces las órdenes de captura de los sospechoso, que en el caso de los hermanos Gómez Conzatti incluiría las de notario del Estado de México, José Octavio Tinajero Zenil, y exconsejero jurídico de Oaxaca; de Christian Hernández Fuentes, extitular del Registro Civil del estado, el caso del exjefe de la unidad jurídica del Instituto Catastral que dirigía el hoy detenido, Jorge Zárate Medina; así como el caso del extitular del Instituto de la Función Registral del estado, Gilberto Gamboa Escobar, hijo del notario público 66 Gilberto Gamboa Medina, quien habría encabezado buena parte de las operaciones desde la administración de José Murat.

No obstante, el optimismo del actual gobernador morenista respecto al caso de la red de despojos se basa en la advertencia tajante de no permitir actos de corrupción en la actual administración, al asegurar que no habrá la impunidad que se mantuvo durante el gobierno de Alejandro Murat.

❝Nosotros no estamos solamente ahí haciendo señalamientos, yo sé que hay toda una investigación y pruebas de que hay quienes cometieron agravios y aquí no va a haber impunidad. La hubo en la administración pasada y hacían lo que querían sabiendo que un ratón robaba y no le decían nada, eso ya no se puede permitir aquí en el gobierno❞, sostuvo el gobernador Salomón Jara Cruz.

Y remató con la cautela de que “si algún compañero o compañera del gabinete hace eso, nosotros vamos a decírselos (en referencia a los medios de comunicación), no nos vamos a quedar callados, no vamos a ocultar nada”.

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