La Contraloría General de la República emitió un oficio a solicitud del Juzgado de Garantía de Antofagasta en el contexto de la causa que se sigue por injurias graves en contra de la ex Seremi de Desarrollo Social, Berta Torrejón Gallo y la funcionaria pública Paula Nievas Silva. Este documento desmiente las acusaciones dirigidas en contra de la exdirectora regional de Antofagasta del Servicio “Mejor Niñez”, la abogada Alejandra Pozo Cortez, relacionadas con supuestas conductas indebidas durante su gestión.
El documento oficial indica que no existen evidencias que sustenten las denuncias por maltrato laboral ni otras conductas indebidas atribuidas a la Sra. Pozo durante su periodo en el cargo.
“En lo relacionado con eventuales denuncias, investigaciones o sumarios por maltrato laboral de los que haya sido objeto la señora Pozo Cortez, cabe señalar que no se aprecia información al respecto en los sistemas de información disponibles en este Ente de Control. Por su parte, conforme lo señala la hoja de vida de la señora Pozo Cortez, es menester indicar que no se registra la aplicación de medidas disciplinarias en su contra”, señala el referido oficio de la Contraloría.
Alejandra Pozo, conocida por su larga trayectoria en el ámbito del derecho y su compromiso con la defensa de los derechos de niños y adolescentes, enfrentó lo que ahora se confirma serían acusaciones falsas.
Consultado sobre este nuevo antecedente agregado a la causa judicial, el abogado querellante don Fidel Castro Allendes, indicó que “…la Contraloría sólo ha corroborado aquello que hemos sostenido desde un comienzo, que, en síntesis, consiste en que se profirieron imputaciones falsas todas ellas dirigidas en contra de doña Alejandra Pozo, que mancillaron su prestigio profesional y honra personal y cuya finalidad última, fue que la apartaran del Servicio en que ella se desempeñaba.” Cabe precisar que este antecedente es concordante con la información entregada por la Universidad Católica del Norte, en que también descarta que Pozo Cortez haya sido objeto de denuncias o investigaciones, mientras desempeñó el cargo de Directora en la Dirección de Género de dicha casa de estudios.
La abogada Alejandra Pozo manifestó que mediante las injurias proferidas “se agravió mi honra, mi experiencia y prestigio profesional y mis legítimas expectativas de cumplir con los deberes del Estado en materia de protección de infancia y adolescencia de la región de Antofagasta. Aunque el sistema de selección por ADP está pensado para garantizar estabilidad en la Administración del Estado frente a vaivenes de cambios políticos o contingencias, mi nombramiento y mi desempeño fueron, lamentablemente, socavados e intervenidos de forma amenazante y grotesca durante este gobierno a través de prácticas violentas, sufriendo, en mi condición, múltiples agresiones”.
Cabe destacar que este oficio se emite a la par del cese en su cargo de la Directora Nacional del Servicio Nacional de Protección Especializada de Niñez y Adolescencia, conocido como “Mejor Niñez”, Gabriela Muñoz Navarro, el pasado 8 de abril.
Este suceso es el clímax de una serie de controversias que han envuelto a la institución, incluyendo la invalidación de un ambicioso concurso de proyectos de reparación valorado en 70 mil millones de pesos destinados a la protección de menores.
Una situación a la cual se suman a las acciones judiciales laborales que enfrenta el servicio que encabezaba Muñoz por las separaciones infundadas de las directoras regionales de Antofagasta, Alejandra Pozo, y de Arica, Elizabeth Salinas.
Ambas funcionarias, que accedieron a sus puestos por mérito a través de concursos públicos por Alta Dirección Pública, fueron presionadas para presentar renuncias, en movimientos que levantan sospechas de presiones políticas. Este escenario no solo ha desencadenado un cambio en la cúpula de “Mejor Niñez”, sino que también ha generado un debate sobre la integridad en la administración pública, especialmente, la transparencia en las áreas de gestión de recursos humanos y sus procedimientos de incorporación de personal a los servicios, como también la inactividad de dichas áreas en asuntos gremiales y que afectan el normal desarrollo de funciones de los servicios públicos.
