Historia de la pena de muerte
La pena de muerte existe en Estados Unidos desde la época colonial. Su historia está entrelazada con la esclavitud, la segregación y los movimientos de reforma social.

Primeras leyes de pena de muerte
Las primeras leyes establecidas sobre la pena de muerte se remontan al siglo XVIII a.C. en el Código del rey Hammurabi de Babilonia, que codificó la pena de muerte para 25 delitos diferentes. La pena de muerte también formaba parte del Código Hitita del siglo XIV a.C.; en el Código Draconiano de Atenas del siglo VII a.C., que hacía de la muerte el único castigo para todos los delitos; y en la Ley Romana de las Doce Tablas del siglo V a.C. Las sentencias de muerte se ejecutaban por medios como la crucifixión, el ahogamiento, los golpes hasta la muerte, la quema viva y el empalamiento.

En el siglo X d.C., el ahorcamiento se convirtió en el método habitual de ejecución en Gran Bretaña. En el siglo siguiente, Guillermo el Conquistador no permitió que se colgara a las personas ni que se las ejecutara de otro modo por ningún delito, excepto en tiempos de guerra. Esta tendencia no duraría, ya que en el siglo XVI, bajo el reinado de Enrique VIII, se calcula que fueron ejecutadas hasta 72.000 personas. Algunos métodos comunes de ejecución en esa época eran la ebullición, la quema en la hoguera, el ahorcamiento, la decapitación y el descuartizamiento. Las ejecuciones se llevaban a cabo por delitos capitales como casarse con un judío, no confesar un crimen y traición.

El número de delitos capitales en Gran Bretaña siguió aumentando durante los dos siglos siguientes. En la década de 1700, 222 delitos se castigaban con la muerte en Gran Bretaña, entre ellos robar, talar un árbol y asaltar una conejera. Debido a la severidad de la pena de muerte, muchos jurados no condenaban a los acusados si el delito no era grave. Esto llevó a reformar la pena de muerte en Gran Bretaña. De 1823 a 1837, se eliminó la pena de muerte para más de 100 de los 222 delitos castigados con la muerte.

La pena de muerte en Estados Unidos
Gran Bretaña influyó en el uso de la pena de muerte en Estados Unidos más que ningún otro país. Cuando los colonos europeos llegaron al nuevo mundo, trajeron la práctica de la pena capital. La primera ejecución de la que se tiene constancia en las nuevas colonias fue la del capitán George Kendall en la colonia de Jamestown, Virginia, en 1608. Kendall fue ejecutado por ser espía de España. En 1612, el gobernador de Virginia, Sir Thomas Dale, promulgó las Leyes Divinas, Morales y Marciales, que preveían la pena de muerte incluso para delitos menores como robar uvas, matar gallinas y comerciar con los indios.

Las leyes relativas a la pena de muerte variaban de una colonia a otra. La Colonia de la Bahía de Massachusetts llevó a cabo su primera ejecución en 1630, aunque las Leyes Capitales de Nueva Inglaterra no entraron en vigor hasta años después. La colonia de Nueva York instituyó las Leyes del Duque de 1665. Según estas leyes, delitos como golpear a la madre o al padre, o negar al "verdadero Dios", se castigaban con la muerte.

Época colonial
El movimiento abolicionista tiene sus raíces en los escritos de los teóricos europeos Montesquieu, Voltaire y Bentham, y de los cuáqueros ingleses John Bellers y John Howard. Sin embargo, fue el ensayo de Cesare Beccaria de 1767, Sobre los delitos y las penas, el que tuvo un impacto especialmente fuerte en todo el mundo. En este ensayo, Beccaria sostenía que no existía justificación alguna para que el Estado quitara una vida. El ensayo dio a los abolicionistas una voz autorizada y una energía renovada, uno de cuyos resultados fue la abolición de la pena de muerte en Austria y Toscana.

También los intelectuales estadounidenses se vieron influidos por Beccaria. Los primeros intentos de reforma de la pena de muerte en Estados Unidos se produjeron cuando Thomas Jefferson presentó un proyecto de ley para revisar las leyes de la pena de muerte de Virginia. El proyecto de ley proponía que la pena capital se aplicara únicamente a los delitos de asesinato y traición. Fue rechazado por un solo voto.

También influyó el Dr. Benjamin Rush, firmante de la Declaración de Independencia y fundador de la Sociedad Penitenciaria de Pensilvania. Rush cuestionó la creencia de que la pena de muerte sirve como elemento disuasorio. De hecho, Rush fue uno de los primeros en creer en el "efecto de embrutecimiento". Sostenía que la pena de muerte en realidad aumentaba la conducta delictiva. Rush obtuvo el apoyo de Benjamin Franklin y del fiscal general de Filadelfia, William Bradford. Bradford, que más tarde se convertiría en el Fiscal General de los Estados Unidos, llevó a Pensilvania a ser el primer estado en considerar los grados de asesinato en función de la culpabilidad. En 1794, Pensilvania derogó la pena de muerte para todos los delitos excepto el asesinato en primer grado.

Siglo XIX
A principios y mediados del siglo XIX, el movimiento abolicionista cobró impulso en el noreste. A principios de siglo, muchos estados redujeron el número de sus delitos capitales y construyeron penitenciarías estatales. En 1834, Pensilvania se convirtió en el primer estado en alejar las ejecuciones del ojo público y llevarlas a cabo en centros penitenciarios.

En 1846, Michigan se convirtió en el primer estado en abolir la pena de muerte para todos los delitos excepto la traición. Más tarde, Rhode Island y Wisconsin abolieron la pena de muerte para todos los delitos. A finales de siglo, el mundo vería cómo los países de Venezuela, Portugal, Holanda, Costa Rica, Brasil y Ecuador seguían su ejemplo.

Aunque algunos estados de Estados Unidos empezaron a abolir la pena de muerte, la mayoría de los estados mantuvieron la pena capital. Algunos estados convirtieron en delitos capitales más crímenes, especialmente los cometidos por esclavos. En 1838, en un esfuerzo por hacer que la pena de muerte fuera más aceptable para el público, algunos estados empezaron a aprobar leyes contra las sentencias de muerte obligatorias y, en su lugar, promulgaron estatutos de pena de muerte discrecionales. La promulgación en 1838 de estatutos de pena de muerte discrecional en Tennessee, y posteriormente en Alabama, se consideró una gran reforma. Esta introducción de la discrecionalidad en la imposición de la pena capital se percibió como una victoria para los abolicionistas, ya que antes de la promulgación de estas leyes, todos los estados imponían la pena de muerte a cualquier persona condenada por un delito capital, independientemente de las circunstancias. Con la excepción de un pequeño número de delitos raramente cometidos en unas pocas jurisdicciones, todas las leyes de pena capital obligatoria habían sido abolidas en 1963.

Durante la Guerra Civil, la oposición a la pena de muerte disminuyó, ya que se prestó más atención al movimiento antiesclavista. Después de la guerra, surgieron nuevos avances en los medios de ejecución. La silla eléctrica se introdujo a finales de siglo. Nueva York construyó la primera silla eléctrica en 1888 y en 1890 ejecutó a William Kemmler. Pronto, otros estados adoptaron este método de ejecución.

Principios y mediados del siglo XX
Aunque algunos estados abolieron la pena de muerte a mediados del siglo XIX, fue en realidad la primera mitad del siglo XX la que marcó el inicio del "periodo progresista" de reformas en Estados Unidos. Entre 1907 y 1917, seis estados prohibieron por completo la pena de muerte y tres la limitaron a los delitos raramente cometidos de traición y asesinato en primer grado de un agente de la ley. Sin embargo, esta reforma duró poco. En Estados Unidos se respiraba un ambiente de frenesí, ya que los ciudadanos empezaban a sentir pánico ante la amenaza de una revolución a raíz de la Revolución Rusa. Además, Estados Unidos acababa de entrar en la Primera Guerra Mundial y existían intensos conflictos de clase, ya que los socialistas planteaban el primer desafío serio al capitalismo. Como resultado, cinco de los seis estados abolicionistas reinstauraron la pena de muerte en 1920.

En 1924 se introdujo el uso de gas cianuro, ya que Nevada buscaba una forma más humana de ejecutar a sus reclusos. Gee Jon fue la primera persona ejecutada con gas letal. El estado intentó bombear gas cianuro en la celda de Jon mientras dormía, pero esto resultó imposible y se construyó la cámara de gas.

Desde la década de 1920 hasta la de 1940, hubo un resurgimiento del uso de la pena de muerte. Esto se debió, en parte, a los escritos de los criminólogos, que argumentaban que la pena de muerte era una medida social necesaria. En Estados Unidos, los estadounidenses estaban sufriendo la Ley Seca y la Gran Depresión. En la década de 1930 hubo más ejecuciones que en cualquier otra década de la historia de Estados Unidos, una media de 167 al año.

En la década de 1950, el sentimiento público comenzó a alejarse de la pena capital. Muchas naciones aliadas abolieron o limitaron la pena de muerte, y en Estados Unidos el número de ejecuciones descendió drásticamente. Mientras que en la década de 1940 hubo 1.289 ejecuciones, en la década de 1950 hubo 715, y el número se redujo aún más, a sólo 191, entre 1960 y 1976. En 1966, el apoyo a la pena capital alcanzó un mínimo histórico. Una encuesta de Gallup mostró que el apoyo a la pena de muerte era de sólo el 42%.

La pena de muerte federal en los Estados Unidos
Además de las leyes de pena de muerte de muchos estados, el gobierno federal también ha aplicado la pena capital para ciertos delitos federales, como el asesinato de un funcionario del gobierno, el secuestro con resultado de muerte, la dirección de una empresa de drogas a gran escala y la traición. Cuando el Tribunal Supremo anuló los estatutos estatales de la pena de muerte en el caso Furman, los estatutos federales de la pena de muerte adolecían de las mismas deficiencias constitucionales que los estatutos estatales. Como resultado, las sentencias de muerte bajo los antiguos estatutos federales de la pena de muerte no han sido confirmadas.

En 1988, se promulgó una nueva ley federal de pena de muerte para el asesinato en el curso de una conspiración de tráfico de drogas. El estatuto se basó en los estatutos posteriores a Gregg que el Tribunal Supremo ha aprobado. Desde su promulgación, 6 personas han sido condenadas a muerte por violar esta ley, aunque ninguna ha sido ejecutada.

En 1994, el presidente Clinton firmó la Ley de Control del Crimen Violento y Aplicación de la Ley, que amplió la pena de muerte federal a unos 60 delitos, 3 de los cuales no implican asesinato. Las excepciones son el espionaje, la traición y el tráfico de drogas en grandes cantidades.

Dos años más tarde, en respuesta al atentado de Oklahoma City, el presidente Clinton firmó la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva de 1996. Esta ley, que afecta tanto a los presos estatales como a los federales, restringe la revisión en los tribunales federales estableciendo plazos más estrictos para la presentación de solicitudes, limitando la posibilidad de celebrar audiencias para la presentación de pruebas y permitiendo, por lo general, una única presentación de hábeas corpus en los tribunales federales. Los defensores de la pena de muerte argumentan que esta racionalización acelerará el proceso de la pena de muerte y reducirá significativamente su coste, aunque otros temen que una revisión federal más rápida y limitada pueda aumentar el riesgo de ejecutar a acusados inocentes.

Abolición internacional
En la década de 1980, el movimiento abolicionista internacional cobró impulso y se redactaron y ratificaron tratados que proclamaban la abolición. El Protocolo nº 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y sus sucesores, el Protocolo Adicional Interamericano a la Convención Americana de Derechos Humanos para la Abolición de la Pena de Muerte y el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte de las Naciones Unidas se crearon con el objetivo de convertir la abolición de la pena de muerte en una norma internacional.

En la actualidad, el Consejo de Europa exige a los nuevos miembros que se comprometan y ratifiquen el Protocolo nº 6. Esto ha llevado, en efecto, a la abolición de la pena de muerte en Europa del Este, donde sólo Bielorrusia mantiene la pena de muerte. Por ejemplo, Ucrania, que antes era uno de los líderes mundiales en ejecuciones, ha dejado de aplicar la pena de muerte y ha sido admitida en el Consejo. El parlamento sudafricano votó la abolición formal de la pena de muerte, que había sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Además, el presidente ruso Boris Yeltsin firmó en junio de 1999 un decreto por el que se conmutaban las penas de muerte de todos los condenados a muerte en Rusia. Entre 2000 y 2004, otros siete países abolieron la pena de muerte para todos los delitos, y otros cuatro la abolieron para los delitos comunes.

En abril de 1999, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó la Resolución de apoyo a la moratoria mundial de las ejecuciones. La resolución pide a los países que no han abolido la pena de muerte que restrinjan su uso, lo que incluye no imponerla a delincuentes juveniles y limitar el número de delitos por los que puede imponerse. Diez países, entre ellos Estados Unidos, China, Pakistán, Ruanda y Sudán, votaron en contra de la resolución. Cada año desde 1997, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha aprobado una resolución en la que se pide a los países que no han abolido la pena de muerte que establezcan una moratoria de las ejecuciones. En abril de 2004, la resolución fue copatrocinada por 76 Estados miembros de la ONU. (Amnistía Internacional, 2004).

Inyección letal
La inyección letal ha sido el método de ejecución más habitual en la era moderna de la pena capital en Estados Unidos. Entre la reanudación de las ejecuciones en 1977 y el 31 de agosto de 2018, 1.306 ejecuciones (casi el 90%) utilizaron la inyección letal. Cuando los estados empezaron a utilizar fármacos en las ejecuciones, muchos lo hicieron con la creencia de que la inyección letal sería más humana que los métodos más visiblemente cruentos a los que sustituía: la horca, la electrocución, el gas y el fusilamiento. Otros estados adoptaron la inyección letal para evitar las impugnaciones legales de la constitucionalidad de sus métodos anteriores.

A pesar del supuesto objetivo de los estados de garantizar ejecuciones más humanas, los expertos han estimado que más del 7% de las ejecuciones por inyección letal en Estados Unidos hasta 2010 fueron un fracaso. A partir de 2011, a medida que los estados han ido experimentando con nuevos fármacos de ejecución, los informes de ejecuciones problemáticas han aumentado notablemente. Al mismo tiempo, los estados han promulgado leyes que impiden al público obtener información sobre los fármacos de la inyección letal y sus proveedores.

Delitos castigados con la muerte
Las penas de muerte sólo pueden imponerse por delitos en los que la víctima es asesinada, pero las legislaturas estatales de América pueden determinar qué circunstancias específicas hacen que un asesinato pueda ser castigado con la pena de muerte.

Todos los presos actualmente en el corredor de la muerte y todos los ejecutados en la era moderna de la pena de muerte fueron condenados por asesinato. Históricamente, la pena de muerte se utilizaba mucho para las violaciones, sobre todo contra acusados negros con víctimas blancas. Cuando se restableció la pena de muerte en 1976, el Tribunal Supremo dejó abierta la posibilidad de imponer la pena de muerte por delitos distintos del asesinato, como la violación o incluso el robo a mano armada. Sin embargo, el Tribunal no tardó en dictaminar que la pena de muerte sería inconstitucional para la violación de un adulto en la que no se hubiera producido ninguna muerte. Esa prohibición se amplió posteriormente a cualquier violación no homicida mediante la decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. en el caso Kennedy contra Luisiana, y el Tribunal comentó que la pena de muerte ya no podía aplicarse por ningún delito contra un individuo en el que no se produjera una muerte. La cuestión de si la pena de muerte puede aplicarse a delitos contra el gobierno, como la traición o el espionaje, sigue sin resolverse.

Muchos estados de Estados Unidos permiten que todas las personas que hayan participado en un delito en el que se haya producido una muerte sean acusadas de asesinato y puedan ser condenadas a la pena de muerte, aunque no hayan matado directamente a nadie. El caso de los cómplices desarmados en un atraco a un banco en el que muere un empleado es un ejemplo típico de delito de asesinato. Como se supone que la pena de muerte está reservada para los "peores casos", las legislaturas o los tribunales podrían restringir su uso sólo a los que participaron directamente en el asesinato de la víctima. Los presos también han planteado que las circunstancias agravantes que hacen que un delito pueda ser castigado con la pena de muerte son demasiado amplias, ya que algunas leyes estatales de pena de muerte abarcan casi todos los asesinatos, en lugar de reservar la pena de muerte para un pequeño subconjunto de asesinatos.

Los ejecutados que no mataron directamente a la víctima

Todos los ejecutados desde que se reinstauró la pena de muerte en 1976 participaron en un crimen en el que murió al menos una víctima. En la mayoría de los casos, la persona ejecutada mató directamente a la víctima. En una pequeña minoría de casos, la persona ejecutada ordenó o contrató a otra persona para llevar a cabo el asesinato. En otro grupo de casos, la persona ejecutada participó en un delito durante el cual la víctima murió a manos de otro participante en el delito. El acusado en estos casos suele ser declarado culpable de "homicidio doloso" o según la "ley de las partes", y en algunos estados puede recibir la pena de muerte, a pesar de no haber matado o dirigido el asesinato de la víctima. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha restringido el uso de la pena de muerte en estos casos. Véase las sentencias Enmund v. Florida y Tison v. Arizona, de Estados Unidos.

Religión y la Pena de Muerte
Líderes y organizaciones que representan a una variedad de religiones han adoptado posturas sobre la pena de muerte, a menudo vinculando sus puntos de vista a creencias sobre la dignidad humana, la retribución y la redención.

Las confesiones religiosas de EE.UU. se han pronunciado con frecuencia sobre la pena de muerte, a veces señalando preocupaciones sobre su aplicación y otras veces juzgando la moralidad del propio castigo. Históricamente, la mayoría de los principales organismos religiosos permitían el uso de la pena capital, pero las críticas a esta práctica han aumentado considerablemente en los últimos tiempos.

En una democracia diversa, ningún punto de vista religioso ocupa una posición privilegiada en la elaboración de la ley. Sin embargo, los principios de las distintas comunidades religiosas son relevantes en el debate político porque contribuyen a informar las opiniones de sus respectivos electores y reflejan la "evolución de las normas de decencia" que son vitales para la interpretación de la Octava Enmienda por parte del Tribunal Supremo.

El budismo y la pena capital
Dado que el budismo existe en muchas formas, bajo muchas organizaciones, no hay una política budista unificada sobre la pena capital.

En términos de doctrina, la pena de muerte es claramente incompatible con las enseñanzas budistas. Los budistas ponen gran énfasis en la no violencia y la compasión por toda vida. El Primer Precepto exige que los individuos se abstengan de herir o matar a cualquier criatura viva.

Buda no habló explícitamente de la pena capital, pero sus enseñanzas no muestran ninguna simpatía por el castigo físico, por muy grave que sea el delito.

El budismo cree fundamentalmente en el ciclo de nacimiento y renacimiento (Samsara) y enseña que si se administra la pena capital tendrá efectos comprometedores en las almas del infractor y del castigador en futuras encarnaciones.

En cuanto al castigo en este mundo, el budismo tiene opiniones firmes:

el tratamiento inhumano de un delincuente no resuelve sus fechorías ni las de la humanidad en general - el mejor enfoque para un delincuente es reformador y no punitivo
el castigo debe ser sólo en la medida en que el delincuente necesite enmendarse, y su rehabilitación en la sociedad debe ser de suma importancia
castigar a un delincuente con excesiva crueldad dañará no sólo la mente del delincuente, sino también la de la persona que castiga
es imposible administrar un castigo severo con compostura y compasión
si el delito es especialmente grave, la persona puede ser desterrada de la comunidad o del país

A pesar de estas enseñanzas, varios países con importantes poblaciones budistas mantienen la pena de muerte, y algunos de ellos, por ejemplo Tailandia, siguen aplicándola.

No se trata de estados que tengan el budismo como religión oficial.

Esta aparente paradoja se debe en parte, según algunos expertos, a la diferencia entre el budismo popular y el monástico. La mayoría de los budistas laicos de estos países siguen las prácticas budistas y son totalmente sinceros en su compromiso, pero el estudio genuino del budismo, sus rituales y su traslación a la vida cotidiana es superficial para la mayoría de los seguidores budistas.

Católicos
"La nueva evangelización exige seguidores de Cristo que sean incondicionalmente pro-vida: que proclamen, celebren y sirvan el Evangelio de la vida en cualquier situación. Un signo de esperanza es el reconocimiento cada vez mayor de que la dignidad de la vida humana no debe ser nunca quitada, incluso en el caso de alguien que ha hecho un gran mal. . . . Renuevo el llamamiento que hice... para que se llegue a un consenso que ponga fin a la pena de muerte, que es cruel e innecesaria."
-Papa Juan Pablo II

El castigo "no debe llegar al extremo de ejecutar al delincuente sino en casos de absoluta necesidad, es decir, cuando no sea posible defender a la sociedad de otra manera. Sin embargo, hoy en día, como resultado de las constantes mejoras en la organización del sistema penal, estos casos son muy raros, si no prácticamente inexistentes. Juan Pablo II, El Evangelio de la Vida, [El castigo] no debe llegar al extremo de ejecutar al delincuente sino en casos de absoluta necesidad: es decir, cuando no sería posible defender a la sociedad de otra manera. Sin embargo, hoy en día, como resultado de las constantes mejoras en la organización del sistema penal, tales casos son muy raros, si no prácticamente inexistentes."
-Papa Juan Pablo II

Hinduismo
No existe una línea oficial hindú sobre la pena capital. Sin embargo, el hinduismo se opone al asesinato, la violencia y la venganza, de acuerdo con el principio de ahimsa (no violencia).

La India sigue manteniendo la pena de muerte, y es probable que las razones para ello sean similares a las sugeridas en la sección budista.

El debate sobre la pena capital en India se reavivó en 2004 con el caso de Dhananjoy Chatterjee, condenado por violación y asesinato.

En la actualidad hay más de 100 personas en el corredor de la muerte en India, aunque el número de ejecuciones en ese país es realmente muy bajo y el Tribunal Supremo indio ha dictaminado que la pena de muerte sólo debe utilizarse en los casos más raros.

Asamblea Rabínica

Resolución sobre la pena capital:

"Considerando que la Torá enseña que todos los seres humanos son creados a imagen y semejanza de Dios;

Considerando que la tradición judía defiende la santidad de la vida;

Considerando que, tanto en el concepto como en la práctica, los líderes rabínicos de muchos períodos históricos diferentes han encontrado la pena capital repugnante;

Considerando que no se han reunido pruebas que indiquen de forma persuasiva que la pena capital sirva para disuadir del crimen;

Considerando que los estudios jurídicos han demostrado que hasta 300 personas en este siglo han sido condenadas erróneamente por delitos capitales;

Por lo tanto, se resuelve que la Asamblea Rabínica se oponga a la adopción de leyes de pena de muerte e inste a su abolición en los estados que ya las han adoptado;

Que la Asamblea Rabínica inste a la promulgación de leyes que ordenen que algunos delitos capitales sean castigados con cadena perpetua sin libertad condicional;

Que la Asamblea Rabínica ofrezca su apoyo y se pronuncie en favor de las víctimas de delitos violentos y sus familias;

Que la Asamblea Rabínica aliente a sus miembros a enviar esta resolución a sus funcionarios electos correspondientes."

Encuestas
La "Encuesta de Valores Americanos" de septiembre de 2014 realizada por el Public Religion Research Institute (PRPI) mostró que el 48% de los estadounidenses dijo que prefería la cadena perpetua sin libertad condicional como castigo por el asesinato, en comparación con el 44% que dijo que prefería la pena de muerte. El sondeo descubrió lo que los comentaristas del PRPI describieron como "importantes divisiones religiosas en esta cuestión". El apoyo a la pena de muerte fue más bajo entre los protestantes hispanos y negros, con un 24% y un 25%, respectivamente. El 68% de ellos prefería la cadena perpetua sin libertad condicional. Los católicos, los judíos, otras religiones no cristianas y los no afiliados religiosamente preferían la cadena perpetua sin libertad condicional a la pena de muerte. Sólo los evangélicos blancos (59%) y los protestantes blancos de línea principal (52%) expresaron un apoyo mayoritario a la pena de muerte, con un 34% y un 40% de estos grupos, respectivamente, que preferían la cadena perpetua sin libertad condicional.

Clemencia
La clemencia es el proceso por el que un gobernador, un presidente o una junta administrativa puede reducir la condena de un acusado o conceder un indulto. Se han concedido clemencias en casos de pena de muerte por diversos motivos.

En Estados Unidos, todos los estados y el gobierno federal tienen un proceso para reducir la sentencia o indultar a quienes se enfrentan a cargos penales. La clemencia es una consideración especialmente importante para los condenados a muerte. Incluso después de que se hayan agotado todas las apelaciones en los tribunales, todavía existe la posibilidad de que se le perdone la vida al recluso.

Sin embargo, las clemencias en casos de pena capital han sido escasas. Aparte de las ocasionales concesiones generales de clemencia por parte de gobernadores preocupados por la equidad general de la pena de muerte, desde 1976 se han concedido menos de dos de media al año. En el mismo periodo, más de 1.500 casos han sido ejecutados. Entre las razones aducidas para la concesión de clemencia en los casos de pena capital se encuentran: la enfermedad mental del acusado, un coacusado al que se le impuso una condena menor y la evidencia de que el acusado puede haber sido condenado erróneamente.

Dado que la facultad de conceder clemencia corresponde al poder ejecutivo del gobierno, los tribunales se han mostrado reacios a imponer normas a este procedimiento. Los gobernadores están sujetos a la influencia política, e incluso la concesión de un solo indulto puede dar lugar a duros ataques. Por ello, las clemencias en casos de pena de muerte han sido imprevisibles e inmunes a la revisión.

Si se examina la concesión de clemencia por estados desde 1976 en Estados Unidos, se puede observar que el número de clemencias en
Illinois ha sido de 187, más que el resto de Estados combinados (poco más de 100).

Desde 1976, se han concedido siete clemencias amplias o generales a presos del corredor de la muerte en Estados Unidos:

El gobernador Jared Polis en Colorado en 2020 (todos los presos del corredor de la muerte).
El gobernador Martin O'Malley en Maryland en 2015 (todos los condenados a muerte).
El gobernador Pat Quinn en Illinois en 2011 (todos los presos del corredor de la muerte), justo antes de firmar el proyecto de ley que deroga la pena de muerte.
El gobernador Jon Corzine en Nueva Jersey en 2007 (todos los presos en el corredor de la muerte), justo antes de firmar la ley de derogación de la pena de muerte.
El gobernador George Ryan en Illinois en 2003 (todos los presos condenados a muerte).
El gobernador Richard Celeste en Ohio en 1991 (8 presos condenados a muerte).
El gobernador Toney Anaya en Nuevo México en 1986 (todos los presos condenados a muerte).