El paso adelante dado por la Junta de Andalucía en pro de allanar el camino a la financiación del Metro de Málaga queda ahora pendiente de que el Ayuntamiento de la ciudad le dé continuidad. La posición de partida ya oficializada por la Consejería de Fomento, en el marco de una reciente comisión de seguimiento del Metro y en las declaraciones de la titular del departamento, Marifrán Carazo, en Málaga Hoy, es la de exigirle al Consistorio que asuma el pago del 25% de los costes de explotación del suburbano pero sólo de los viajeros reales que se suben al ferrocarril urbano. Es decir, eximiéndole de los costes acumulados por los retrasos en las obras.

Un anuncio asumido con satisfacción por el alcalde, Francisco de la Torre. "Lo que se nos dice de que no entrarán en juego los sobrecostes es un mensaje tranquilizador", afirmó a este periódico. En sus manifestaciones, el regidor aplazó cualquier pronunciamiento  firme a "ver los números".

"Estudiaremos esa cuestión desde una perspectiva de defensa de la economía municipal y con una visión global de los temas", añadió, valorando "la transparencia y facilidad de diálogo" de los actuales responsables autonómicos. "Es un tema complejo, pero estoy convencido de que podremos llegar a acuerdos razonables porque veo razonables las posturas", insistió.

La fórmula puesta sobre la mesa por la Consejería de Fomento, según los cálculos realizados por este periódico, elevaría a unos 34 millones la aportación que tendría que realizar el Consistorio por el funcionamiento del suburbano entre 2014 y 2020. La cifra, siendo importante, está lejos de los 112,7 millones que le corresponderían si se tomasen como referencia los gastos reales del Metro en este mismo periodo. La diferencia es de casi 80 millones .

Las dos partes inician de este modo una negociación que ya de por sí supone una novedad en las siempre convulsas relaciones Junta-Ayuntamiento. No es la primera vez que ambos abordan el tema de los dineros del Metro, pero sí en la que parece haber una disposición más clara por parte del Gobierno regional a acercar posturas.

En la línea de lo expresado por De la Torre, el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, quien estuvo presente en la última comisión de seguimiento, incidió en la necesidad de tener en cuenta a la hora de plantear cualquier propuesta que el Ayuntamiento ha estado excluido en todo momento de la toma de decisiones que provocaron el incremento de los costes de ejecución de las líneas 1 y 2, con consecuencias claras sobre la explotación.

"Vamos a analizar lo que nos plantean, pero no desde la culpabilidad sino desde la no participación en las decisiones que se han tomado en la obra, dejando claro no nos sentimos responsables de la mala ejecución demostrada". "No hemos formado parte de la toma de decisiones del consejo del Metro; que emanen responsabilidades cuantiosas desde el punto de vista económico para el Ayuntamiento, habrá que estudiarlo", insistió.

Y agregó: "No hay un posicionamiento en principio negativo a nada, pero sí haciendo ver que solo participamos en la adjudicación de la obra. ¿Cuál es la tarifa técnica, la que había en el convenio o la que ha derivado después?". En este sentido se reafirmó en la necesidad de que el actual Gobierno andaluz afronte este asunto con "perspectiva histórica".

Aunque sin concretar detalles sobre la factura, el mensaje municipal tiene ciertas similitudes con el empleado por el alcalde a finales de 2013. En aquella ocasión, tras aceptar la modificación del trazado ferroviario, que incorporó el tramo en superficie hasta el Civil en sustitución de la prolongación hasta la Malagueta, remitió una propuesta de addenda al convenio original que no fue tomada en consideración por la Junta.

Un documento que puede servir de guía en la discusión actual. El regidor arguyó su negativa a afrontar la explotación derivada del incremento económico de la obra, ya en aquel entonces muy superior al valor por el que fueron adjudicados los trabajos. Y, como elemento clave, defendió mantener las condiciones del contrato inicial del proyecto, cuando la tarifa técnica era de 1,94 euros, frente a los 4 euros actuales.

La aplicación de ese parámetro a los viajeros reales movidos por el ferrocarril urbano en estos casi siete años reduciría la factura municipal a unos 17 millones. Pero además, De la Torre puso sobre la mesa la necesidad de que la reclamación final tuviese en cuenta el déficit que la puesta en funcionamiento del Metro podía generar sobre la Empresa Malagueña de Transportes (EMT). La buena sintonía actual entre las dos administraciones hacer prever un entendimiento en la materia, pero la realidad es que a día de hoy las posturas no son del todo coincidentes.