Contra la vulneración del derecho a la protesta.
Estas semanas, la eliminación del delito de sedición ha cubierto portadas de periódicos y de medios de comunicación. Se elimina un delito antiguo y obsoleto que ha afectado principalmente a los presos políticos del proceso independentista a partir del 1O, que podía castigarse hasta con 15 años de prisión, por ejemplo, por cuestionar la unidad impuesta del estado español. Con la supresión de este delito, se añade uno nuevo: desórdenes públicos agraviados.
Por Corriente Roja
¿Qué supone este cambio?
La nueva reforma del delito de sedición, que ya ha pasado el primer trámite parlamentario este 24 de noviembre, fue presentada por el gobierno del PSOE y UP, con el apoyo de ERC. Esta modificación supondrá la criminalización de luchador@s y activistas, pues «introduce la actuación en grupo con el fin de atentar contra la paz pública con existencia de violencia o intimidación», hecho preocupante porque se utilizan términos subjetivos como «intimidación» o violencia, sin definir muy bien lo que son, que harán más fácil judicializar la lucha social. De hecho, incluso a Amnistía Internacional le preocupa que esta reforma no especifique a qué se refieren estos términos. Siguiendo la legislación internacional tendría que limitarse a casos graves que no incluyan la interrupción del tráfico o empujones.
Lo que todavía es más grave, es que movilizarse sin violencia ni intimidación dentro de un edificio propiedad de una entidad privada o pública se constituirá como delito. Este hecho es preocupante para todo el activismo en general, puesto que cualquier movilización u ocupación del espacio público puede ser considerada como desorden público agraviado y, por lo tanto, sancionada. Además, nos quita todo el componente de presión social que tenemos para reivindicarnos o para reclamar la carencia de derechos, como puede ser tanto una acción estudiantil en el interior de un rectorado universitario, los piquetes de l@s trabajador@s para defender el derecho colectivo a la huelga o, incluso, la actividad diaria de las plataformas en defensa de la vivienda para parar desahucios. Los castigos podrán ser multas, que desgastan a los movimientos sociales, o penas de prisión de 3 a 6 meses, eludibles si no hay antecedentes previos. Además, se prevén inhabilitaciones de 3 a 5 años para cargos públicos e inhabilitaciones de 6 a 8 años por autoridades (políticas). Por lo tanto, se reducirán las penas de l@s pres@s polític@sde primer orden, mientras que el estado facilita represión a toda aquella persona que se organice y defienda sus derechos.
Sin embargo, esta situación no es nueva, hace poco nos hacíamos eco del episodio de criminalización de 15 activistas al barrio de Sants de Barcelona en una protesta dentro de una oficina del banco Santander[4], para tratar de suspender un desahucio y pedir una negociación urgente de alquiler social para una familia desamparada. Gracias a la Ley Mordaza, los activistas ya pueden ser judicializados y enviados a prisión.
Un nuevo ataque al legítimo derecho de movilizarse y luchar
Desde la aprobación de la Ley Mordaza en 2015 hemos asistido a la vulneración del derecho a la protesta y el endurecimiento legislativo contra la misma. El gobierno de PSOE-UP se comprometió en campaña electoral a derogarla, cosa que no han llegado a hacer. En su lugar, proponen una modificación de la ley, la cual en estos momentos se encuentra en trámite, y que muy posiblemente no garantizará que el derecho en la movilización deje de ser perseguido.
Volvemos a presenciar, una vez más, la hipocresía de Unidas Podemos y de los Comunes. Bajo la bandera de la defensa de los derechos democráticos y “la convivencia”, no están dispuestos a hacer algún paso que suponga romper con la solidaridad gubernamental. Es por este motivo que defienden el delito de desórdenes públicos agraviados – aun sabiendo que comportará la criminalización de la protesta – y es por el mismo motivo que no defendieron la amnistía en nombre de “no generar falsas expectativas” y de “no engañar la gente”, tal y como dijo Jaume Asens.
ERC, por su parte, sigue negociando con el gobierno PSOE-UP para liberar a sus dirigentes de la represión del estado a dos años del acuerdo de confianza en la Mesa de Diálogo que ya se ha demostrado fraudulenta. A cambio, están dispuestos a validar los presupuestos generales del estado y mantener la estabilidad en el frágil gobierno en solitario de Pere Aragonès en Catalunya.
Corriente Roja, que participamos en las manifestaciones contra la sentencia a l@s pres@s polític@s independentistas; que acompañamos a los miles de personas que salieron a la calle indignadas ante un juicio que resultó ser una farsa; que trabajamos, codo a codo con el movimiento de represaliad@s para dar un altavoz a todos los casos de represión, estamos en contra de la implementación del delito de desórdenes públicos agraviados y defendemos:
1/ Ni sedición ni delito de desórdenes públicos agraviados! Esta es solo una maniobra más del PSOE y UP para cerrar las luchas sociales al redil institucional y para asegurar el apoyo de ERC, los grandes beneficiados de esta reforma.
2/ El fin de la criminalización de la lucha social, que exige el archivo de todas las causas judiciales abiertas y retirada de todos los cargos contra luchador@s.
3/ La derogación inmediata de la Ley Mordaza, tal y como prometió el gobierno de PSOE-UP y de todos los artículos del Código Penal que contemplan delitos por “injurias a la Corona”, “enaltecimiento del terrorismo” o que protegen “los sentimientos religiosos”.
4/ La amnistía general para todos/as los/as presos/as políticos/as y luchadores/as represaliados/as y el retorno de los/as exiliadas que exigirá, necesariamente, retomar un plan de lucha colectivo.
5/ La depuración de las responsabilidades políticas, policiales y judiciales por las brutalidades cometidas durante el 1 y el 3 de octubre, durante la lucha contra la sentencia, pero también en los desahucios u otras luchas como las movilizaciones contra el encarcelamiento de Pablo Hasel.
6/ Defendemos las movilizaciones convocadas contra la implementación del delito de desórdenes públicos agraviados y gritamos a participar. La lucha, pero, exige unificar política y organizativamente a todos los sectores afectados por la represión policial y judicial e integrar en esta lucha las organizaciones de trabajador@s y los movimientos sociales.
