El 15 de enero de 2020, en su discurso anual ante la Asamblea Federal, el Parlamento bicameral de Rusia, el presidente Vladímir Putin anunció una serie de "drásticos" cambios en el sistema político que requerirán la revisión y enmienda de la Constitución nacional, y en consecuencia una "votación ciudadana" de validación. En su inesperada propuesta, entre otras novedades, Putin contempla una transferencia de poder del presidente de la Federación a la Duma Estatal, que será la que elija al primer ministro y a los miembros del Gobierno; el jefe del Estado no podrá vetar los nombramientos, aunque luego sí destituir al primer ministro, facultad que mantendrá.
Inmediatamente después de la alocución presidencial y continuando con el guión preestablecido, el primer ministro Dmitri Medvédev comunicó la dimisión en bloque del Gobierno y acto seguido Putin propuso como nuevo primer ministro a Mijaíl Mishustin, director en la última década del Servicio Federal de Impuestos (FNS). Al día siguiente, Mishustin fue refrendado por la Duma, dominada por el partido oficialista Rusia Unida, con 383 votos a favor, 41 abstenciones (los del Partido Comunista) y, por primera vez en la historia, ningún voto en contra. La selección de Mishustin, un alto funcionario virtualmente desconocido fuera de Rusia, y el trasfondo de cambios constitucionales apresurados han cogido por sorpresa a analistas y politólogos. Estos intentan desentrañar los planes de Putin, dirigente prácticamente absoluto de Rusia, para cuando concluya su mandato presidencial no renovable en 2024 y elucubran sobre el papel que su promovido al frente del Gobierno jugará en esta nueva fase.
UNA OPERACIÓN POLÍTICA RODEADA DE INCÓGNITAS
El perfil de Mishustin, surgido del anonimato para la mayoría de sus propios paisanos, admite pocos matices y hasta resulta típico de mucha de la actual generación de servidores del Kremlin: se trata un
tecnócrata sin filiación partidista ni ambiciones políticas conocidas, con un currículum limpio de escándalos y que goza de la buena consideración de sus jefes por sus aptitudes y obediencia. A título más particular, Mishustin es un ingeniero de sistemas informáticos y economista familiarizado con los ambientes financieros y empresariales, si bien tampoco es visto como una personalidad liberal en el sentido político. No se trata de un
siloviki, los mandos del Estado que, empezando por el mismo Putin, proceden del aparato de seguridad, la milicia y los servicios de inteligencia, aunque sus inicios en el FNS fueron cuando este organismo tenía una naturaleza policial.
Como jefe de la agencia tributaria y
entusiasta de la digitalización, Mishustin ha sido
elogiado por combatir eficazmente la evasión fiscal, hacer aflorar muchos pequeños negocios sumergidos y triplicar la recaudación del Estado en unos años de pobre crecimiento económico. Todo lo contrario que Medvédev, en lo sucesivo vicepresidente del Consejo de Seguridad, muy desgastado por el incumplimiento de los objetivos para el aumento del nivel de vida de la población y tocado también por unas acusaciones de corrupción vertidas desde medios opositores.
A partir de 2000 Putin presidió Rusia durante dos periodos electorales de cuatro años. Como la Constitución de 1993 le impedía encadenar un tercero, en 2008 situó al dócil Medvédev en su puesto y él siguió despachando los asuntos del Ejecutivo desde el cargo de primer ministro, que ya ocupara brevemente en la etapa postrera de
Borís Yeltsin. En 2012 volvió a ser candidato presidencial y una vez electo, con un mandato extendido de seis años, se intercambió de nuevo los puestos con Medvédev. En 2018 Putin ganó la reelección y desde entonces se especuló intensamente sobre cómo sortearía esta vez el presidente, de cuya determinación de seguir mandando más allá de 2024 muy pocos dudaban, la limitación legal de los dos ejercicios consecutivos. Se barajó una repetición del mecanismo de 2008 e incluso, con mucha menos credibilidad dado el burdo mensaje de arbitrariedad y autoritarismo que semejante paso transmitiría, una reforma constitucional ad personam para abolir la prohibición estipulada por la Carta Magna, como ya se ha hecho en Bielarús, Turkmenistán y China.
Al final, parece que Putin se ha decantado por una sofisticada ingeniería legal que de concretarse evocaría el modelo implantado en Kazajstán, el de un ex presidente altamente influyente, aunque el esquema en ciernes dista de estar claro. Sin descartar tampoco su regreso a la oficina del primer ministro, que con la reforma constitucional verá aumentados su "independencia y responsabilidad". Ahora bien, el mandatario ha afirmado también que "Rusia debe seguir siendo una república fuertemente presidencialista", en la que "el presidente retenga indiscutiblemente el derecho de determinar las tareas y prioridades del Gobierno".
La institución clave de la operación en marcha sería el Consejo de Estado, órgano asesor del presidente recreado por Putin en 2000 pero mantenido en la sombra desde entonces. Ahora, Putin, con tono críptico, cree conveniente
"reajustar el estatus y el papel" del Consejo de Estado, del que forman parte las principales autoridades de la Duma y el Consejo de la Federación, los enviados plenipotenciarios del Kremlin a los distritos federales y los gobernantes de las distintas entidades territoriales constitutivas de la Federación Rusa. Un Consejo de Estado potenciado, que establezca "las direcciones principales de las políticas doméstica y exterior", y por él presidido permitiría a Putin, jubilado de la Presidencia en 2024 o acaso antes, conservar una posición prominente en la estructura del poder, más al disponer su sucesor en el Kremlin de menos prerrogativas. Se trataría de una situación similar a la del ex presidente kazajo
Nursultán Nazarbáyev, que sigue gozando de mucho ascendiente político en el país vecino en tanto que presidente del Consejo de Seguridad de Kazajstán.
En cuanto al discreto y diligente Mishustin, por el momento
se ignora si será tan solo un gobernante de transición, hasta las elecciones legislativas de 2021, cuando deberían entrar en vigor las reformas constitucionales anunciadas, o si Putin, de cuyo círculo interno no es miembro, le reserva cometidos de alto calado para más adelante. La continuidad, quizá mayor de la esperada, se advierte en la composición del nuevo Gabinete, dada a conocer el 21 de enero, horas después de enviar a la Duma Putin su paquete de reformas exprés de la Constitución. Una decena de ministerios han cambiado de titular, pero
las carteras de más peso siguen en manos de los hombres de confianza de Putin, todos veteranos ya de sus respectivos despachos: continúan
Serguéi Lavrov en Exteriores, el general Serguéi Shoygú en Defensa, Vladímir Kolokoltsev en Interior y Anton Siluánov en Finanzas. Las únicas mudanzas relevantes son la salida de Maksim Oreshkin en Economía y la baja de Siluánov como primer viceprimer ministro, condición que asume el economista Andréi Belousov.
(Texto actualizado hasta enero 2020)