1. Experto en teoría financiera y comisario europeo
2. Economista de prestigio internacional
3. La gran crisis italiana de 2011: caos político y asedio de la deuda
4. Sustituto técnico de Silvio Berlusconi en una coyuntura crítica


1. Experto en teoría financiera y comisario europeo
El segundo hijo de un gerente de banco en Milán y sobrino del economista y banquero antifascista Raffaele Mattioli, terminó el bachillerato en el Instituto Leone XIII, selecto centro educativo de la capital lombarda regido por los jesuitas, y en 1965, al cabo de una práctica en la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea, obtuvo la licenciatura en Economía por la también milanesa Universidad Comercial Luigi Bocconi. A continuación, hizo un curso de posgrado en Estados Unidos, en la Universidad de Yale, donde tuvo como profesor al futuro Premio Nobel de Economía James Tobin.

La docencia monopolizó su actividad profesional hasta principios de los años ochenta, como enseñante en las universidades de Trento, Luigi Bocconi y, sobre todo, Turín, donde impartió clases durante 15 años. En la década de los setenta, sus trabajos académicos sobre teoría monetaria, políticas financieras, sistema crediticio y autonomía del banco central, que le revelaron como un fino metodólogo y analista, debieron llamar la atención de personalidades como el economista Guido Carli, gobernador del Banco de Italia, y el empresario automovilístico Gianni Agnelli, quienes lo introdujeron en los círculos del poder financiero italiano, según reporta el diario La Stampa. Estos vínculos privilegiados le abrieron las puertas del servicio de Estado y, años más tarde, las de los consejos de administración y asesores de grandes compañías privadas como FIAT, Banca Commerciale Italiana y los Seguros Generali.

En 1981 las instituciones políticas de la República empezaron a solicitar su participación como experto en diversos comités gubernamentales y parlamentarios convocados para estudiar cuestiones relativas a la inflación, el ahorro del gasto de la Administración, la competencia, el sistema bancario y la deuda pública. En 1982 fue elegido presidente de la asociación de economistas y financieros Foro Monetario y Financiero Europeo (SUERF). Tres años después, dejó las aulas de la Universidad de Turín para ocupar una cátedra de Economía Política en la Bocconi. Más tarde, en 1989, se convirtió en rector de su alma máter y figuró entre los promotores del Instituto Innocenzo Gasparini de Investigación Económica (IGIER), inaugurado en 1990. En 1994 cesó en el rectorado para asumir la presidencia del Consejo de Administración de la casa de estudios milanesa, vacante por el fallecimiento de Giovanni Spadolini, antiguo presidente del Consejo de Ministros y líder del Partido Republicano. En todo este tiempo, el profesor fue un articulista habitual del Corriere della Sera.

Su verdadero salto a la notoriedad llegó en octubre de 1994 con motivo de su designación por el primer y efímero Gobierno de Silvio Berlusconi para cubrir, junto con la política radical Emma Bonino, la cuota de comisarios italianos en la Comisión Europea entrante, cuya presidencia recayó en el luxemburgués Jacques Santer; en su caso, le fue encomendada la Comisaría de Mercado Interior, Servicios Financieros e Integración Financiera, Aduanas y Asuntos Fiscales. El profesor estrenó su despacho en Bruselas el 24 de enero de 1995. Para entonces, Monti ya gozaba de una excelente reputación en la tecnocracia comunitaria por su participación en la elaboración de las normativas referentes a la Unión Económica y Monetaria, que ahora iba por la segunda de sus tres etapas. En los círculos académicos, se le estimaba por sus contribuciones a la econometría, en particular el estudio del comportamiento de los bancos bajo un régimen de monopolio. Esta situación financiera la había estudiado junto con el economista estadounidense de la escuela neokeynesiana Lawrence Klein, ganador del Premio Nobel de Economía en 1980. La investigación dio lugar a un modelo descriptivo que tomó el nombre de sus autores, el Klein-Monti.

Tras la renuncia en bloque de la Comisión Santer en marzo de 1999 a raíz del escándalo suscitado por la revelación de prácticas corruptas en su seno, Monti, como los demás comisarios, permaneció en funciones bajo la presidencia interina del español Manuel Marín. El 15 de septiembre siguiente inició su andadura la nueva Comisión Europea presidida por Romano Prodi, primer ministro de Italia entre 1996 y 1998, quien retuvo a su compatriota en el colegio de comisarios, pero ahora como titular de la Competencia, donde tomaba el relevo al belga Karel Van Miert. La continuidad del economista, un independiente sin filiación partidaria, en la Comisión Europea fue aceptada de buen grado por el sucesor de Prodi en el Gobierno italiano y la jefatura de la coalición centroizquierdista El Olivo, Massimo D'Alema, secretario nacional de los ex comunistas Demócratas de Izquierda (DS). El caso testimonió la capacidad de Monti de suscitar apoyos transversales desde sensibilidades ideológicas bien dispares, aunque en esta época fue patente su sintonía con el Polo de la Libertad, la coalición del centro-derecha acaudillada por Berlusconi.

En los cinco años siguientes, Monti generó abundantes titulares de prensa por las batallas que libró contra las prácticas monopolísticas y contrarias a la normativa europea antitrust de gigantes empresariales de Estados Unidos como Microsoft, General Electric o Time Warner, aunque fueron las compañías europeas las fiscalizadas en mayor número. Con Monti en la oficina de la Competencia, la Comisión Europea expedientó, sancionó, multó y vetó operaciones de fusión a varias decenas de compañías individuales por abusar de su posición dominante en el mercado, y a otras más que, formando carteles, se dedicaban a pactar en secreto precios y tarifas, una de las artimañas más habituales para impedir la libre competencia.

Las multas más famosas, por su cuantía y por la identidad de los multados, fueron las aplicadas a: Microsoft, por buscar acaparar segmentos del mercado de las aplicaciones informáticas de usuario valiéndose de la hegemonía de su sistema operativo Windows (497 millones de euros en 2004): las multinacionales Hoffmann-La Roche, Basf y otras seis farmacéuticas, por fijar el precio de las vitaminas (855 millones en 2001, en la que fue la mayor sanción económica impuesta hasta entonces por la UE); un cartel de cuatro empresas yeseras europeas, por pactar precios también (478 millones en 2002); el fabricante japonés de videojuegos Nintendo y siete de sus distribuidores oficiales en Europa, por mantener artificialmente altos los precios de sus consolas (168 millones en 2002); y otro cartel europeo, este del sector químico (138 millones en 2003).

Multas de menor cuantía recayeron en acerías, bancos, firmas automovilísticas (Opel, Volkswagen, Daimler-Chrysler), operadoras de comunicaciones (Deutsche Telekom) industrias cárnicas y hasta la casa de subastas Sotheby's. Otras muchas compañías, al igual que algunas administraciones públicas, fueron investigadas sin llegar a la sanción. En no pocos casos, espinosas operaciones de fusión empresarial recibieron finalmente la luz verde de Monti luego de realizar las firmas interesadas cambios técnicos y accionariales para ajustarse a la exigente legislación europea, a la sazón reforzada bajo su mandato. No sucedió así con los planes de fusión de General Electric y Honeywell (en 2001, considerada entonces la mayor operación industrial de la historia) de Time Warner y EMI (en este caso, el primer conglomerado mediático sí pudo, en cambio, unirse a America Online), de Sprint y WorldCom, y de Volvo y Scania, desbaratados todos por Bruselas. Otro frente regulador de Monti fue el de los regímenes tributarios especiales que tenían Gibraltar y algunas comunidades autónomas españolas.

Ahora bien, el comisario no fue inmune a los reveses, pues el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, en sentencias de los recursos presentados por las partes afectadas, anuló varias de sus decisiones, tanto favorables o desfavorables, sobre casos de concentraciones empresariales y de ayudas públicas a determinadas compañías. Al finalizar su mandato europeo, su vigorosa actuación en defensa de la libre competencia en el Mercado Único ya le había hecho acreedor al comisario italiano del mote de Supermario, en referencia al popular personaje de las videoconsolas de Nintendo.

En marzo de 2004, el segundo Gobierno Berlusconi barajó presentar a Monti como candidato a director gerente del FMI, pero la personalidad que suscitó el consenso europeo para ocupar este alto puesto internacional fue el ministro de Economía de España, Rodrigo Rato. A continuación, en julio, Berlusconi le ofreció ser el ministro de Economía y Finanzas de Italia para reemplazar a Giulio Tremonti, obligado a renunciar en el contexto de una de las periódicas trifulcas entre los socios de la Casa de la Libertad, pero Monti declinó la invitación. No pudiendo hallar por el momento un sustituto idóneo para Tremonti, Berlusconi tomó él mismo la cartera de Economía.

Monti ya había contrariado a Berlusconi en vísperas de las elecciones de 2001, ganadas por el centro-derecha, cuando rechazó ser su ministro de Exteriores. Con su negativa de ahora, el profesor perdió la confianza del empresario primer ministro. Así que, antes de terminar julio, Berlusconi informó que ya no contaba con Monti para la nueva Comisión Europea que entraba a presidir el portugués José Manuel Durão Barroso y que el representante italiano en la misma sería Rocco Buttiglione, ministro de Política Europea y dirigente democristiano en la Casa de la Libertad. Monti terminó sus funciones en Bruselas el 22 de noviembre de 2004 con la puesta de largo de la Comisión Barroso, siendo su sucesora en la Competencia la holandesa Neelie Kroes (en cuanto a Buttiglione, su asignación para la Comisaría de Justicia, Libertad y Seguridad fue recusada por el Parlamento Europeo, obligando a Berlusconi a presentar una alternativa no problemática en la persona de su ministro de Exteriores, Franco Frattini).


2. Economista de prestigio internacional
Finalizada su misión en la UE, Monti sólo mantenía el cargo de presidente de la Universidad Bocconi, pero el prestigio acumulado hizo de él una personalidad muy solicitada desde la academia, la empresa privada y, de nuevo, las instituciones europeas.

En 2005 fue contratado como asesor por la compañía de servicios financieros Goldman Sachs, que le dio asiento en el Consejo Consultivo de Investigación de su Global Market Institute. Ese mismo año se convirtió en el presidente fundacional de Bruegel, un think tank de análisis económico con sede en Bruselas, puesto que desempeñó hasta 2008, si bien luego siguió vinculado al centro en calidad de presidente honorario. Otra gran empresa que le reclutó como consultor internacional fue Coca-Cola, precisamente una de las corporaciones con las que había forcejeado en su etapa de comisario de la Competencia; en este caso, un pacto había puesto fin, en octubre de 2004, días antes de su marcha de Bruselas, a cinco años de investigaciones y advertencias de sanción por abuso de posición dominante en el mercado de las bebidas refrescantes: a cambio de suscribir un compromiso legalmente vinculante para moderar su agresiva política de distribución, la multinacional estadounidense se libró de la multa.

De la preocupación de Monti por el devenir de la UE fueron testimonio su ingreso en el Presidium del think tank Friends of Europe, su apoyo a la puesta en marcha de la red transnacional Foro Cívico Europeo, su participación en la iniciativa federalista conocida como el Grupo Spinelli y su inclusión en el Grupo de Reflexión o Comité de Sabios sobre el futuro de Europa, creado por el Consejo Europeo en 2007 y encabezado por el ex presidente del Gobierno español Felipe González. En las deliberaciones del Grupo de Reflexión, el representante italiano, siguiendo con su enfoque supranacional y escéptico con los procesos intergubernamentales de toma de decisiones, abogó por la constitución de un gobierno económico europeo y de un Fondo Monetario Europeo.

En octubre de 2009 el presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, encargó a Monti un informe sobre las perspectivas del Mercado Único europeo. El documento de opciones y recomendaciones, titulado Una nueva estrategia para el Mercado Interior al servicio de la economía y la sociedad de Europa, fue entregado a Barroso en mayo de 2010. En el mismo, Monti hacía hincapié en la necesidad de reforzar el Mercado Único, a casi dos décadas desde su puesta en marcha, con unos criterios tanto económicos, para impulsar la competitividad y el crecimiento, como políticos, para recuperar el respaldo social al proceso de integración europea en tiempos de crisis económica global.

Además, entre 2007 y 2008 Monti coordinó en nombre de la UE, en tanto que proyecto de interés europeo, el plan de interconexión eléctrica entre Francia y España, a cuyos presidentes entregó un estudio de viabilidad donde recomendaba una serie de opciones del trazado pensadas para minimizar el impacto medioambiental. En ese mismo período, fue panelista en la Comisión Attali, creada por el Palacio del Elíseo para estudiar cómo dinamizar el crecimiento de la economía francesa. A su elenco de filiaciones, Monti añadió la Comisión Trilateral, que en 2010 le nombró presidente de su rama europea, así como el exclusivo –y polémico, por el oscurantismo que rodea a sus reuniones anuales- Grupo Bilderberg, en cuyo comité directivo tomó asiento. En resumidas cuentas, al finalizar la primera década del siglo XXI, el profesor italiano se codeaba asiduamente con la flor y la nata de los círculos de poder políticos y económicos del mundo occidental.


3. La gran crisis italiana de 2011: caos político y asedio de la deuda
Mientras disfrutaba, a golpe de invitaciones de alto rango, de su condición de emérito, Monti fue testigo de la imparable degradación de la situación política y económica de su país, Italia. Constituido en mayo de 2008, el cuarto Gobierno Berlusconi dio pábulo a una interminable sucesión de polémicas y escándalos. La mayoría, a cuenta de las extravagancias y las trapacerías del magnate y político, generador nato de titulares por su populismo, sus fiestas privadas con jovencitas –que dieron lugar a denuncias de prostituir a menores-, sus comentarios inoportunos, sus juicios por presunta corrupción y su concepción de la ley como un instrumento moldeable al servicio de sus intereses particulares y empresariales.

A la búsqueda por Berlusconi de la impunidad judicial aprovechándose de su posición de poder institucional, que debilitaba los fundamentos del sistema democrático, se le sumó una creciente sensación de caos en el conjunto del juego político. En julio de 2010, al año de fundarse, el nuevo gran partido del centro-derecha berlusconiano, el Pueblo de la Libertad (PdL), empezó a hacer aguas por la defección del grupo de Gianfranco Fini, quien puso en marcha una formación autónoma, Futuro y Libertad para Italia (FLI). En adelante, Berlusconi confío su suerte al respaldo de la Liga Norte de Umberto Bossi, pero el oficialismo quedó sumido en una insoluble precariedad parlamentaria. Las mociones de confianza y de censura fueron sucediéndose, poniendo al gobernante italiano en la cuerda floja y cuestionando seriamente su pretensión de aguantar en el poder hasta el final de la legislatura en 2013.

El escenario se complicó enormemente en julio de 2011, al descargar con furia en Italia la borrasca que venía azotando a las deudas soberanas de la periferia de la Eurozona y cuya espuela permanente era la virtual bancarrota de Grecia. La presión de los inversores a un país que cada vez les producía menos confianza -pero que también era un gran y atractivo bocado para los especuladores- disparó la prima de riesgo italiana y encareció en igual medida la rentabilidad de los títulos de deuda a largo plazo, obligando a pagar más a un tesoro público que ya soportaba un endeudamiento equivalente al 120% del PIB, el doble de lo permitido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE. La Bolsa de Milán entró en una cadena de desplomes y las agencias de calificación se aprestaron a rebajar la nota de solvencia de Italia, la tercera economía del euro.

Alarmados, los socios comunitarios, el Banco Central Europeo (BCE, cuyas compras de deuda italiana aliviaban temporalmente la crisis, pero no la remediaban) y el FMI urgieron al Gobierno de Roma a adoptar drásticas medidas de ajuste para reducir su imponente deuda pública, consolidar sus finanzas y transmitir confianza a los mercados, que también tomaban nota de la virtual ausencia de crecimiento: desde que salió de la recesión en el tercer trimestre de 2009, la economía italiana apenas conseguía despegar su tasa del 0% trimestral.

Berlusconi respondió con un primer paquete de austeridad, bastante duro, que incluía el retraso de las jubilaciones anticipadas, la congelación de las pensiones más altas, el copago sanitario, la supresión de deducciones fiscales, un nuevo gravamen a los depósitos bancarios y privatizaciones de empresas. Los recortes, aprobados por el Parlamento, totalizaban los 79.000 millones de euros hasta 2014. El ministro de Finanzas, Giulio Tremonti, advirtió además que la Constitución tendría que ser modificada para haber obligatorio el equilibrio presupuestario, es decir, el déficit cero.

Toda vez que estas medidas no sirvieron para mitigar el acoso en el mercado de la deuda, el Ejecutivo, ya en agosto, elaboró un segundo plan de ajuste por 54.000 millones de euros y enfocado totalmente al presupuesto de 2013, ejercicio en el que el déficit público, por encima del 3% del PIB, tendría que ser totalmente enjuagado. Ahora, el Gobierno Berlusconi se proponía no renovar miles de contratos en el sector público, congelar los sueldos de los funcionarios, suprimir municipios, aplicar un "impuesto de solidaridad" a las rentas altas, abaratar el despido en el sector privado y adelantar el incremento de la edad de jubilación de las mujeres desde los 60 a los 65 años.

Sin embargo, antes de obtener la luz verde de las cámaras, el Ejecutivo invirtió un mes en darle forma definitiva al paquete (que incorporó una subida del IVA de un punto), sembrando el desconcierto general y aumentando el descrédito de un Gobierno presa de la improvisación, la dilación y el barullo. A lo largo de septiembre y octubre, el guirigay político, el recrudecimiento de la crisis de la deuda soberana y el aumento de la amenaza, en consecuencia, de que el país no pudiera hacer frente a sus pagos y hubiera de ser rescatado al igual que Grecia, Irlanda y Portugal, empujaron a Italia a una situación insostenible y agudizaron la tensión en la Eurozona, que seguía con angustia no menor las desventuras, igualmente penosas, de la deuda española.


4. Sustituto técnico de Silvio Berlusconi en una coyuntura crítica
Al comenzar noviembre, la gran mayoría de los observadores domésticos y foráneos identificaba ya a Berlusconi no como la solución de nada, sino como el motor de los problemas. Sometido a fortísimas presiones, el primer ministro llevaba meses diciendo que su dimisión estaba descartada y que él no era más que una "víctima", perseguido como estaba por la oposición, los fiscales "comunistas" y la prensa hostil. Berlusconi seguía aferrado al poder que legítimamente había obtenido de las urnas, pero las malas noticias siguieron lloviéndole, a cual más demoledora. El 4 de noviembre, con el riesgo país por encima de los 450 puntos básicos, el FMI se unió a la Comisión Europea en la supervisión de las reformas comprometidas por Roma. Cuatro días después, el oficialismo perdió la mayoría absoluta en una votación en la Cámara de Diputados debido a la "traición" (en expresión de Berlusconi, atónito por el golpe) de un puñado de miembros del PdL. Simultáneamente, el diferencial entre los bonos italiano y alemán a 10 años marcó un nuevo récord y alcanzó los 497 puntos.

Ese 8 de noviembre fue el día clave para la escritura de un punto y aparte en la agónica crisis de Italia. Sobrepasado por los acontecimientos, Berlusconi, por primera vez, abrió la puerta de la dimisión. Fue la salida que le prometió al presidente de la República, Giorgio Napolitano, en la reunión que sostuvo con él en el Palacio del Quirinal: pondría a su disposición el cargo tan pronto como los presupuestos para 2012 y la llamada Ley de Estabilidad, que contenían los recortes exigidos por Bruselas, recibieran la aprobación del Parlamento.

La salida de Berlusconi ya estaba decidida y se presumía inminente, aunque todavía no tenía fecha precisa. La prensa y los observadores intensificaron sus especulaciones sobre el tipo de Gobierno que sucedería al actual, si uno de concentración nacional, uno mandado de nuevo por el centro-derecha, o bien un equipo de técnicos apartidistas (en cuyo caso ya había un precedente, el del Gabinete de Lamberto Dini en 1995-1996), así como el mandato del mismo, su duración y, sobre todo, la identidad de su presidente. Este tendría que ser una personalidad de prestigio que inspirara la máxima confianza dentro y fuera de Italia, grata a las principales fuerzas parlamentarias y a las instancias europeas y, por supuesto, que fuera capaz de aquietar a los implacables mercados. El nombre de Monti corrió como la pólvora, opacando a cualquier otro sugerido. Al día siguiente, 9 de noviembre, la coyuntura se tornó dramática al rebasar la prima de riesgo la barrera psicológica de los 500 puntos y llegar a ofrecer los bonos italianos una rentabilidad del 7,4%; se trataba de unas cifras vertiginosas que empujaban a Italia a la zona del rescate.

Llegado este punto de la crisis, Napolitano salió a tomar las riendas de la situación y a imponer su marcaje institucional. Su primer movimiento fue nombrar a Monti senador vitalicio como reconocimiento a sus "altísimos méritos en el campo científico y social". Con esta promoción, Monti quedaba ungido como primer ministro in péctore. Sin solución de continuidad, Berlusconi volvió a emborronar el panorama indicando que le gustaría mantenerse en el cargo hasta febrero, cuando tendrían que tener lugar elecciones generales anticipadas. Automáticamente, la prima de riesgo se desbocó hasta los 574 puntos, nivel que superaba los de Grecia (553), Irlanda (541) y Portugal (510) cuando solicitaron el salvamento crediticio de la UE y el FMI entre abril de 2010 y abril de 2011.

Ante lo "alarmante" de la situación, Napolitano volvió a intervenir para asegurar que no se podía dudar de que "en breve", bien se formaría un nuevo Gobierno capaz de tomar "decisiones adicionales", bien se procedería a la disolución del Parlamento con convocatoria electoral, cual era la opción preferida por Berlusconi. El 10 de noviembre, su heredero designado, Angelino Alfano, secretario general del PdL y hasta julio ministro de Justicia, amenazó con no respaldar un Gabinete técnico encabezado por Monti, postura que hizo suya la Liga Norte, pero las resistencias del núcleo duro del oficialismo no iban a impedir la solución concebida por Napolitano y asumida a regañadientes por Berlusconi.

El mismo 10 de noviembre, Napolitano llamó al Quirinal a Monti para pedirle que cancelara todos sus compromisos y que estuviera listo para el nombramiento institucional. El último requisito, la ratificación parlamentaria de la Ley de Estabilidad de Presupuestos de 2012, fue satisfecho por el Senado el 11 de noviembre y por la Cámara de Diputados al día siguiente. En la primera de las sesiones, Monti acudió a la Cámara alta para tomar posesión de su escaño vitalicio, encontrándose con la ovación de los senadores. El 12 de noviembre por la noche, Berlusconi, jugando con el retardo hasta el último momento, presentó su dimisión a Napolitano. Al día siguiente, el presidente convocó al ex comisario europeo al Quirinal para encomendarle la formación del nuevo Gobierno. En su primera comparecencia con su nueva responsabilidad, Monti pidió un "esfuerzo colectivo" para salir de la crisis. "Italia debe volver a sanear su economía y reemprender el camino del crecimiento. Es algo que debemos a nuestros hijos, a quienes tenemos que dar un futuro concreto de dignidad y esperanza", aseguró. Más explícito fue cuando apeló a "vencer el desafío del rescate", ya que Italia tenía que "volver a ser elemento de fuerza de una UE de la que hemos sido fundadores y de la que debemos ser protagonistas".

Los grupos parlamentarios definieron su posición oficial. Secundaron la formación de un Consejo liderado por Monti el PdL (aunque con el patente desagrado de muchos de sus miembros, además de que Alfano insistió en conocer el programa del economista antes de asegurarle sus votos), el Partido Democrático (PD, la principal fuerza de oposición, de centro-izquierda, liderada por Pier Luigi Bersani) y el llamado Tercer Polo (de centro-derecha, que agrupaba al FLI de Fini, a la Unión de Centro de Pier Ferdinando Casini y a la Alianza por Italia de Francesco Rutelli). La Liga Norte de Bossi se declaró en la oposición desde ya mismo. En cuanto a la pequeña Italia de los Valores del ex juez anticorrupción Antonio di Pietro, avanzó su voto favorable en la investidura sólo si el Gabinete estaba integrado exclusivamente por tecnócratas e independientes.

Esta característica, la del Consejo sin presencia de políticos, era justamente la deseada por Napolitano y Monti, quien reclamó además un mandato no meramente interino, sino duradero, hasta el final natural de la legislatura en 2013. Tanto el jefe del Estado como el jefe del Gobierno entrante daban por descartado el adelanto electoral, pues tal escenario "restaría credibilidad a la acción de gobierno". Mientras reclutaba a sus ministros y se aseguraba el necesario respaldo parlamentario, tarea que le llevaría unos pocos días, el profesor pidió "paciencia" y "comprensión" a los mercados. El llamado cayó en saco roto, pues en las dos jornadas que siguieron el diferencial italiano volvió a superar con creces los 500 puntos y los bonos a largo plazo se subastaron con rentabilidades superiores al 7%. Monti reconoció que el programa que pensaba aplicar entrañaba "sacrificios", pero no tantos como para hablar de "lágrimas y sangre". El mismo 13 de noviembre, un sondeo con 500 entrevistas telefónicas apuntó que el 58% de los italianos confiaba en Monti como presidente del Consejo de Ministros.

El 16 de noviembre, tras obtener de Alfano y Bersani el necesario consenso operativo, Monti prestó juramento en el Quirinal junto con sus ministros, todos profesionales sin adscripción política, desconocidos por el gran público y de edad madura (el más joven tenía 55 años). De los 18 miembros del Consejo, una docena eran ministros con cartera y seis sin cartera, aunque encargados de área. Monti se reservó para sí el ministerio clave, Economía y Finanzas. El Ministerio de Asuntos Exteriores fue confiado al diplomático de carrera Giulio Terzi di Sant'Agata, en los últimos años representante permanente de Italia en la ONU y embajador en Estados Unidos. Defensa fue para un militar, el almirante Giampaolo Di Paola, anteriormente jefe del Estado Mayor de la Defensa y en la actualidad presidente del Comité Militar de la OTAN. Interior quedó en manos de Anna Maria Cancellieri, veterana de la función administrativa. Llamó además la atención el nombramiento del banquero Corrado Passera como superministro con doble cartera, Desarrollo Económico e Infraestructura y Transportes.

Con la premura que requerían las críticas circunstancias, el sexagesimoprimer Gobierno de la República Italiana ganó la confianza del Senado el 17 de noviembre por 281 votos contra 25, y de la Cámara de Diputados un día más tarde por 556 votos contra 61.

El presidente del Consejo de Ministros de Italia está casado desde 1970 con Elsa Antonioli y es padre de dos hijos, Giovanni y Federica, quienes le han dado hasta la fecha tres nietos.

(Cobertura informativa hasta 18/11/2011)