Organizaciones condenan asesinato de madre buscadora María Carmela Vázquez
María Carmela Vázquez buscaba a su hijo Osmar Zúñiga Vázquez desde el 14 de junio de este año.
- Redacción AN / FPR
Organizaciones, colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas exigieron la investigación del asesinato de la madre buscadora María Carmela Vázquez.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reprobó el asesinato e hizo un llamado a las autoridades para que investiguen y tomen en cuenta su labor de búsqueda.
El pasado domingo, María del Carmen Vázquez Ramírez fue asesinada a balazos afuera de su domicilio en Abasolo, Guanajuato, por dos hombres en motocicleta que se habrían dado a la fuga.
Vázquez Ramírez era integrante del colectivo “Personas Desaparecidas de Pénjamo” y buscaba a su hijo Osmar Zúñiga Vázquez desde el 14 de junio de este año.
El representante en México de la ONU-DH, Guillermo Fernández-Maldonado Castro, señaló los riesgos que enfrentan los familiares que buscan a sus seres queridos desaparecidos.
“Las familias, además de padecer el profundo dolor que genera la desaparición de sus seres queridos, se ven obligadas a enfrentar situaciones de alto riesgo al tomar parte en acciones de búsqueda e investigación que, no debemos olvidar, son obligaciones que corresponde cumplir a las autoridades” denunció.
La ONU-DH recordó que este caso se suma a los asesinatos de las madres buscadoras Rosario Lilián Rodríguez Barraza y de Blanca Esmeralda Gallardo, ocurridos el 30 de agosto en Sinaloa y el 4 de octubre en Puebla, respectivamente.
Ante esto, reiteró que las autoridades deben garantizar la seguridad y protección de las víctimas que participan en procesos de búsqueda. Asimismo, instó al Estado a adoptar medidas efectivas para prevenir la desprotección y la impunidad, así como a investigar exhaustivamente y otorgar atención integral a la familia de Vázquez.
Te puede interesar > Asesinan a madre buscadora en Guanajuato; Amnistía Internacional pide justicia
Por su parte, la Unión de Búsqueda del Bajío, integrada por más de 40 Colectivos de 8 entidades federativas, demandó que se investigue el homicidio, al tiempo que señaló que es la 5° persona persona buscadora asesinada en Guanajuato en 3 años.
De acuerdo con el grupo, de las 2 mil 874 personas desaparecidas en Guanajuato, 75 ocurrieron en Abasolo.
La Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato se unió a dicho posicionamiento y envió una solicitud al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU para que “realicen una intervención inmediata” y solicite al gobierno mexicano un Plan emergente para la protección de las buscadoras.
A su vez, el Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda Guanajuato señalaron las agresiones, intimidaciones y amenazas de muerte que han sufrido las personas buscadoras, por lo que exigieron condiciones de seguridad y no revictimización.
Pronunciamiento ante la situación de asesinatos de mujeres buscadoras en Guanajuato. pic.twitter.com/Te8Uuhr5UA
— Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda Guanajuato (@ConsejoECGto) November 7, 2022
Igualmente, Amnistía Internacional (AI) lamentó el asesinato de María Carmela Vázquez e hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato a que realice las investigaciones pertinentes “para garantizar verdad, justicia y reparación para su familia”. A estos llamados se sumaron otras organizaciones como Espacio OSC y Red TDT.
El pasado 16 de mayo, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de México superó las 100 mil personas registradas como desaparecidas. Desde entonces la cifra ha continuado creciendo hasta alcanzar más de 107 mil a inicios de noviembre.
Además, de acuerdo con el informe que realizó el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU tras su visita a México, hay más de 52 mil personas fallecidas no identificadas en el país que se encuentran en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de custodia y almacenamiento forense.
Hasta noviembre del año pasado, solo entre el 2%y el 6% de los casos habían resultado en procesos penales, y solo se habían dictado 36 condenas en casos a nivel nacional.
