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La petición de derecho fue una lista de demandas del rey Carlos I de Inglaterra (que reinó de 1625 a 1649) emitida por el Parlamento en junio de 1628. La petición se produjo después de tres años de desacuerdos entre el rey y el Parlamento sobre las finanzas, los asuntos religiosos y el apoyo de Carlos a ciertas figuras políticas clave pero impopulares, especialmente el duque de Buckingham (1592-1628).
La petición de derecho pretendía definir y frenar los poderes del monarca e incluía asuntos relacionados con los impuestos, la aplicación de la ley marcial, el encarcelamiento sin juicio y el acantonamiento de las tropas en hogares civiles. Carlos aceptó la petición pero luego la ignoró. Además, el rey no convocó ningún parlamento entre 1629 y 1640, lo que fue una de las varias causas de las guerras civiles inglesas (1642-1651).
El rey contra el Parlamento
Carlos, el segundo de los reyes Estuardo después de Jacobo I de Inglaterra (que reinó de 1603-1625), se veía a sí mismo como un monarca con derecho divino a gobernar, es decir, creía que era designado por Dios y que ningún mortal estaba por encima de él ni debía cuestionar su reinado. Este punto de vista iba más bien en contra de la creciente tradición en Inglaterra de que el Parlamento debía tener una participación importante en el gobierno, especialmente en lo referente a las finanzas. En consecuencia, la relación de Carlos con el Parlamento fue empeorando a medida que avanzaba la década de 1620.
Durante los Tudor se había establecido la convención de que un monarca convocaba al Parlamento cuando quería recaudar fondos, por ejemplo, para financiar una guerra o un gran proyecto de construcción. Los diputados decidían entonces un presupuesto y la forma de recaudar el dinero, normalmente a través de diversos impuestos y tasas. Carlos consideraba que esto era un mecanismo molesto que, si los diputados no cumplían, se podía abandonar si conseguía ingresos por medios alternativos. Como declaró el rey inglés en una ocasión: "Los parlamentos están totalmente en mi poder... Según me parezcan buenos o malos sus frutos, han de continuar o no" (McDowall, 88).
Una de las primeras fuentes de discordia fue sobre los derechos de aduana, concretamente el Tunnage y el Poundage, un impuesto sobre el comercio de lana y vino. Tradicionalmente, a un monarca se le concedían estos ingresos en su primer Parlamento y se le otorgaban para toda la duración de su reinado. En el caso de Carlos, el Parlamento decidió conceder estos ingresos solo por un año, tras el cual se renovarían, una astuta estratagema para asegurarse de que el rey llamara al Parlamento. Carlos se lo tomó como un gran insulto, pero el Parlamento se mostró muy receloso a la hora de conceder fondos a un monarca que ya había demostrado en los últimos años del reinado de su padre (cuando había sido, de hecho, regente del rey enfermo) que era muy probable que los despilfarrara en guerras extranjeras.
Durante la siguiente década, el rey encontró unas cuantas alternativas para recaudar dinero, pero aunque los frutos de la recaudación fueran exitosos, no eran especialmente populares entre sus súbditos. Impuso impuestos extraparlamentarios, vendió monopolios, pidió préstamos a los banqueros y extrajo nuevos derechos de aduana donde pudo. El rey amplió la extracción y el uso del impuesto a las embarcaciones (originalmente impuesto a las comunidades costeras solo para ayudar a financiar la marina). También impuso multas basadas en las arcaicas leyes forestales y aumentó las multas impuestas por los tribunales.
Quizás lo más significativo de todo es que Carlos, como no podía imponer los derechos de aduana, impuso en su lugar préstamos forzosos a los ricos. Estos "préstamos" eran esencialmente una obligación feudal de dar dinero al rey con apenas una promesa tentativa de ser devuelto alguna vez. Los préstamos, que no eran populares en ningún momento, llegaron en una época de depresión económica: había habido una racha de malas cosechas y la peste negra había vuelto a asomar su horrible cabeza. Los jueces de paz se encargaban de cobrar los préstamos forzosos, y los que se negaban a pagar a menudo eran encarcelados u obligados a servir en el ejército (o al menos amenazados con ello). Negarse a pagar un préstamo forzoso no solo molestaba al soberano y suponía un riesgo para la libertad, sino que también tenía consecuencias para el alma. Roger Manwaring (nacido hacia 1589), que llegó a ser capellán del rey, predicaba que los que se negaran serían condenados.
Carlos fue responsable de otras fuentes de fricción con el Parlamento, cuestiones que surgieron y que los diputados querían resolver antes de que se discutieran asuntos de finanzas. El Parlamento de 1626 quería destituir a Jorge Villiers, duque de Buckingham, tras su fallido y costoso ataque a las flotas del tesoro español en Cádiz en diciembre de 1625. El rey apoyó a su antiguo consejero y disolvió el Parlamento de 1626. Luego, una guerra con Francia obligó al rey a buscar más dinero mediante una ronda de préstamos forzosos en septiembre de 1626. Este dinero se dilapidó en otra fallida escapada militar dirigida por Buckingham, esta vez en octubre de 1627 en la defensa de la Rochelle hugonote contra un ataque francés.
Otro problema fue el apoyo del rey a los arminianos desde 1627, una rama de la Iglesia anglicana que enfatizaba el ritual, los sacramentos y el clero. No era el estilo de predicación visto en otras ramas más cercanas al calvinismo y más del agrado de la mayoría de los parlamentarios, que veían el apoyo al arminianismo como un peligroso retroceso hacia el catolicismo y una inversión de la Reforma inglesa. Peor aún, los arminianos (entre los que destacaba William Laud) parecían favorecer la idea de un monarca absoluto porque apoyaban la extracción de préstamos forzosos de los ricos. No ayudó en esta situación que la reina, Enriqueta María (1609-1669), fuera francesa y católica. Otra figura que se vio atrapada entre el rey y el Parlamento fue el anticalvinista Richard Montagu (nacido en 1577). Detestado por muchos diputados, Montagu fue apoyado por Carlos, que lo nombró obispo de Chichester en 1628. El caso fue un ejemplo de la frecuente falta de voluntad del rey para comprometerse cuando le hubiera costado muy poco hacerlo.
En 1627 se produjo otro punto de fricción entre el rey y el Parlamento, en lo que se conoció como el caso de los Cinco caballeros. Cinco caballeros fueron encarcelados por negarse a pagar los préstamos forzosos del rey, pero alegaron que, en virtud del antiguo derecho de habeas corpus, no se los podía retener indefinidamente sin juicio. Un tribunal falló a favor de Carlos tras la presión del rey, que ahora quería que la decisión se convirtiera en un precedente legal, algo que el Parlamento no permitía. Otros agravios de ese año fueron que el rey permitió la aplicación de la ley marcial en algunas zonas en las que se acantonaban las tropas reales y en las que no se compensaba debidamente a los lugareños por los recursos requisados. También hubo otra expedición fallida a la Rochelle en mayo de 1628. Finalmente, los asuntos llegaron a un punto crítico en junio.
La petición
Nathaniel Fiennes, Lord Saye y Sele (nacido en 1582) fue uno de los destacados señores que se negó a pagar un préstamo forzoso. Fiennes encabezó entonces un grupo de lores igualmente descontentos que tomaron la Carta Magna de 1215 y su limitación del poder real como precedente inspirador. Los diputados, de acuerdo con la Cámara de los Lores, redactaron la petición de derecho en junio de 1628 en un intento de definir mejor el poder real y evitar que Carlos decidiera a su antojo su prerrogativa (sus derechos independientes del Parlamento). Sir Edward Coke (1552-1634), diputado, abogado y antiguo presidente de la Cámara de los Comunes, fue otra figura que contribuyó a reunir los puntos de la petición, a hacerla más moderada (y, por tanto, con más posibilidades de que se acordara) y a ayudarla a pasar el escrutinio de los miembros de la Cámara de los Lores. El propio uso de las palabras "petición" y "derecho" era significativo. La primera sugería que se invitaba al rey a colaborar en la mejor definición de la ley, y la segunda indicaba claramente que el Parlamento consideraba estas peticiones un derecho legal.
Con la petición de derecho, el Parlamento exigía
- La revocación de la decisión del tribunal contra los Cinco caballeros
- El fin de los intentos del rey de recaudar dinero fuera del Parlamento
- El fin de los préstamos forzados
- El fin del encarcelamiento sin juicio
- El fin de la obligación de los civiles de proporcionar alojamiento gratuito a los soldados alojados
- El fin del uso de la ley marcial contra los civiles
El siguiente extracto de la petición de derechos resume estas principales quejas:
Por lo tanto, ruegan humildemente a su excelentísima Majestad que en lo sucesivo ningún hombre sea obligado a hacer o ceder ningún regalo, préstamo, benevolencia, impuesto o carga similar, sin el consentimiento común por medio de una ley del Parlamento, y que nadie sea confinado, molestado o perturbado en relación con lo mismo, o por negarse a ello, y que ningún hombre sea detenido o encarcelado como se menciona anteriormente; y que su Majestad se complazca en retirar a los soldados y marineros y que su pueblo no sea tan agobiado en el futuro; y que las comisiones para los procedimientos de la ley marcial sean revocadas y anuladas.
(Dicken, 58)
El Parlamento solo liberaría fondos para el rey si éste aceptaba todos los puntos de la petición. Desesperado por la necesidad de dinero para su guerra con Francia, el rey se vio obligado a aceptar las demandas, y los puntos de la petición se convirtieron en ley. En realidad, la aceptación de la petición no alteró en absoluto la opinión de Carlos sobre su condición de monarca que no necesitaba consultar a nadie sobre cómo gobernar su reino. El rey continuó extrayendo derechos de aduana ilegales a pesar de las protestas del Parlamento, con el argumento de que la petición no los había prohibido específicamente. Esto agrió todo el ambiente de acuerdo, situación que empeoró aún más cuando el duque de Buckingham fue asesinado en agosto de 1628 en la posada Greyhound de Portsmouth.
Legado
Se convocó un nuevo parlamento en enero de 1629. Los puntos conflictivos fueron la aplicación continuada de los derechos de aduana por parte del rey, el júbilo de algunos diputados y de la mayor parte del público por la desaparición de Buckingham, y el apoyo del rey a los arminianos (había promovido a Laud como obispo de Londres, por ejemplo, en 1628). Carlos prorrogó (suspendió) rápidamente el Parlamento. El Parlamento se negó a disolverse y los diputados se reunieron de todos modos, reteniendo al Presidente de la Cámara de los Comunes por la fuerza física para prolongar la sesión. El Parlamento decidió las Tres Resoluciones: frenar el crecimiento del arminianismo, detener la recaudación ilegal de Tunnage y Poundage, y apoyar a los que se negaban a pagar los derechos del rey. Indignado, Carlos disolvió entonces el Parlamento de 1629. A partir de entonces, el rey decidió gobernar sin convocar ningún otro parlamento entre 1629 y 1640, un periodo que a menudo se denomina "gobierno personal" del rey. Esta estrategia funcionó bastante bien hasta que el rey necesitó fondos desesperadamente en 1639 para pagar sus campañas contra un ejército escocés, que había ocupado el norte de Inglaterra, y una grave rebelión en Irlanda, ambas alimentadas por diferencias religiosas y la política prepotente del rey. Así comenzó la desintegración de la relación entre el rey y el Parlamento, que finalmente condujo a la guerra civil que comenzó en 1642.
A pesar de los acontecimientos que condujeron al "gobierno personal", la petición de derecho inspiró a los parlamentarios de la década de 1640, muchos de los cuales eran protegidos de Sir Edward Coke, a legislar sobre definiciones aún más audaces del poder y la prerrogativa reales. En este sentido, la petición de derecho se considera un paso importante en el largo proceso de cambio de una monarquía absoluta a una democracia parlamentaria en la que la monarquía es solo una parte del proceso de gobierno junto con la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores.
