Jeremy Hunt figura entre los altos mandos del Partido Conservador aupados al protagonismo en la turbulenta actualidad británica desde el referéndum que dijo sí al Brexit. Y acaso puede considerársele uno de los más moderados, pragmáticos y sensatos, un político apegado a la realidad de los hechos y nada dado a formular visiones triunfalistas dictadas por la ideología.

La trayectoria profesional de Jeremy Hunt, hijo del almirante de la Royal Navy sir Nicholas Hunt, es relativamente convencional dentro del campo tory. Tras su paso por la Universidad de Oxford, donde estudió Filosofía, Economía y Ciencias Políticas, invirtió casi dos décadas en el sector privado, primero como consultor de empresas y luego como emprendedor en ramos dispares, desde la exportación alimentaria hasta la publicación de guías académicas —su negocio más boyante, el cual le hizo multimillonario—, pasando por las relaciones públicas en las tecnologías de la información.

Las elecciones generales de mayo de 2005 activaron la carrera política de Hunt, que ganó el escaño de común por la circunscripción inglesa de South West Surrey y pasó a formar parte del Shadow Cabinet conservador, en la oposición a los gobiernos laboristas. En mayo de 2010 David Cameron le nombró secretario de Estado de Cultura, Olimpiadas, Medios de Comunicación y Deportes en su Gobierno de coalición con los liberales. En septiembre de 2012 el primer ministro le trasladó a la Secretaría de Estado de Salud y Atención Social, posición gubernamental que Hunt vio confirmada en mayo de 2015, cuando Cameron formó su segundo Gabinete de mayoría monocolor, y de nuevo en julio de 2016, cuando Theresa May asumió el mando.

En esta época, Hunt se hizo notar por una serie de cambios polémicos que afectaban a las plantillas médicas y a los hospitales del Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido, pero también por su pertenencia al ala del Partido Conservador contraria a la salida de la UE.

Inicialmente, el ministro encajó con frustración el mandato del Leave emitido por los electores en el referéndum de junio de 2016, sobre todo si el Brexit implicaba el abandono con todas las consecuencias del Mercado Interior Único y su amplia franquicia para los bienes, servicios y capitales británicos. Sin embargo, el endurecimiento en 2017 de las negociaciones entre Londres y la Comisión Europea, tachada por él de "arrogante", acabó convirtiendo a Hunt en un partidario vocal del Brexit, si no encendido, al menos sí inequívoco. Su tesis era la de May, sobre que resultaba imprescindible firmar con Bruselas un divorcio pactado a fin de ahorrarle al país incertidumbres y peligros por el flanco comercial, sin olvidar el estatus de la frontera entre las dos Irlandas.

Hunt pudo probar su recién adquirida condición de brexiter moderado, comprometido con una marcha de la UE tan suave como fuera posible, desde la Secretaría de Estado para Asuntos Exteriores y de la Commonwealth, cartera eminente que Theresa May le confió en julio de 2018 para sustituir al dimitido Boris Johnson, preclaro simpatizante del Brexit duro. Ahora bien, el responsable diplomático no dirigió las borrascosas y accidentadas negociaciones con la Comisión Europea; estas eran supervisadas desde el Gabinete por un secretario de Estado nombrado a tal efecto, Dominic Raab y desde noviembre de 2018 Steve Barclay, y ejecutadas técnicamente por un negociador jefe, Olly Robbins en este período. Institucionalmente, el Foreign Office carecía de competencias directas sobre la salida de la UE, materia específica del Departamento del Gobierno creado ad hoc por May en julio de 2016.

La sucesión de bofetones de los diputados radicales de su propio partido durante los acalorados debates parlamentarios sobre la manera de materializar el ya retrasado Brexit empujó a la atribulada Theresa May a anunciar su partida a finales de mayo de 2019. Arrancó entonces un proceso de elección del nuevo líder del conservadurismo al que se presentaron Hunt, Johnson y otros ocho candidatos. Las sucesivas votaciones eliminatorias dejaron en pie solo a los dos primeros y el 23 de julio se anunció que Johnson era el amplio ganador de la interna con el doble de votos que el secretario del Foreign Office. Al día siguiente, Johnson tomó las riendas del Gobierno británico y nombró un Gabinete donde la cartera de Exteriores era para Dominic Raab.

Excluido por decisión propia del Gabinete y el círculo de colaboradores de Johnson, cuyo ofrecimiento de ser su secretario de Defensa declinó, Hunt se refugió en el escaño en Westminster. Su activismo en el área de su especialidad, las políticas públicas de sanidad, el funcionamiento del NHS y la mejora de la atención al paciente, le perfilaron como el diputado idóneo, también a los ojos del Partido Laborista, para encabezar el Comité Selecto de Salud y Asistencia Social, la comisión parlamentaria responsable de supervisar el Departamento de Salud y Asistencia Social del Ejecutivo y sus agencias asociadas.

En enero de 2020, en vísperas de producirse la salida oficial de la UE en virtud del acuerdo definitivo de retirada, Hunt fue elegido presidente del Comité Selecto y poco después se declaró la pandemia COVID-19, crisis que devolvió al ex ministro al primer plano de la actualidad. Hunt censuró determinados aspectos de la gestión de la emergencia sanitaria por el Gobierno Johnson y estas críticas sin ambages dieron pie a un libro de título Zero: Eliminating unnecessary deaths in a post-pandemic NHS.

ENTRE TRUSS Y SUNAK: VOLANTAZO ECONÓMICO EN LAS RECETAS ANTICRISIS

Llegado 2022, la prolongación agudizada del desorden y las divisiones en las filas conservadoras iba a suponer para el habitualmente serio y contenido Hunt su retorno al Gobierno con una cierta aureola de hombre-providencia, como encargado de corregir los desbarajustes causados por otros.

Para empezar, Boris Johnson sucumbió al Partygate, el descomunal escándalo por malas prácticas personales durante los confinamientos y restricciones a lo largo de la pandemia, el 7 de julio; aquel día, Johnson comunicó su dimisión, si bien no inmediatamente efectiva. Como en 2016 y 2019, el Partido Conservador se puso a buscar un nuevo líder y Hunt, quien había votado contra Johnson en la moción interna de confianza del 6 de junio, saltó por segunda vez a la arena, aunque con mínimas posibilidades ahora. Su plataforma matizada o cautelosa en materia fiscal, con la defensa de la reciente subida de las cotizaciones a la seguridad social un 1,25%, la propuesta de bajar el impuesto de sociedades al 15% (frente al plan del Gobierno Johnson de elevarlo desde el 19% actual al 25% a partir de 2023) y el rechazo a recortar el impuesto sobre la renta en plena deceleración económica, fue ignorada por sus colegas tories del Parlamento.

Así, ya en la primera de las cinco rondas de voto, el 13 de julio, Hunt, con tan solo 18 apoyos sobre 358, fue el primero de los ocho competidores en caer eliminado, a la vez que el canciller del Exchequer Nadhim Zahawi. A continuación, Hunt expresó su apoyo a Rishi Sunak, hasta julio canciller del Exchequer y comprometido con las alzas de los impuestos para compensar el sobreesfuerzo en el gasto público, pero el liderazgo del partido, y por ende el puesto de primer ministro, se lo llevó la secretaria de Exteriores Liz Truss, figura identificada con la tradición liberal thatcherista y el recorte tributario a ultranza.

Al terminar el verano de 2022, la coyuntura en el Reino Unido era de suma dificultad por las crisis en cadena, afectando a los suministros y abastecimientos, a la oferta de trabajadores cualificados, a los precios de todos los bienes de consumo y a las facturas de la energía, más el factor agravante de la invasión rusa de Ucrania. Había mucho malestar ciudadano por las dificultades en la cesta de la compra, crudos conflictos laborales asomaban en el horizonte y el espectáculo degradante brindado por el Partido Conservador difundía la imagen de una dirección política sumida en el caos, precisamente cuando el país iniciaba su andadura fuera de la UE.

Hunt continuó fuera del Gobierno, aunque por poco tiempo. Tras tomar posesión como primera ministra el 6 de septiembre, Liz Truss, asistida desde el Exchequer por Kwasi Kwarteng, anunció con gran bombo un paquete de bajada general de impuestos que según ella permitiría a la economía británica volver a crecer con brío. Se trataba de la mayor rebaja fiscal en medio siglo, desde tiempos del Gobierno, también conservador, de Edward Heath.

El llamado por la prensa mini-presupuesto, pregonado por Truss con triunfalismo populista y lanzado oficialmente el 23 de septiembre, contemplaba entre otras las siguientes medidas: el adelanto a abril de 2023 de la bajada en un punto del tipo básico del impuesto sobre la renta (del 20%), inicialmente prevista para abril de 2024; la abolición del tipo máximo del 45% también en abril de 2023; la cancelación del aumento en seis puntos del impuesto de sociedades, previsto para abril de 2023; la reversión del 1,25% de subida de las cotizaciones laborales aplicada vigente desde abril de 2022; el abandono del plan sobre una nueva Tasa de Salud y Asistencia Social; la retirada de las anunciadas alzas de los impuestos especiales sobre las bebidas alcohólicas; desgravaciones fiscales para las compañías start-up de hasta 250.000 libras; y el destope de los bonus en la banca.

Truss y Kwarteng calculaban que en los próximos cinco años los contribuyentes y las empresas se ahorrarían de pagar 161.000 millones de libras al fisco, dinero que podrían destinar a afrontar costes cotidianos, gastar en consumo y generar inversión, amén de que las familias preservarían en sus cuentas otros 60.000 millones por la congelación durante dos años de los importes de las facturas del gas y la electricidad, con el consiguiente impacto positivo en la inflación.

La percepción de que Truss, más que nada, quería bajarles los impuestos "a los ricos" y el hecho de que el Estado, todo lo que dejara de ingresar por la vía fiscal lo compensaría tirando alegremente de deuda pública generaron de inmediato un vasto rechazo social y, hecho determinante, un huracán en los mercados cambiario, deudor y bursátil, alarmados por el fuerte desequilibrio financiero del Estado. El Banco de Inglaterra hubo de salir en socorro de la libra esterlina, depreciada a toda velocidad frente al dólar, y de los bonos soberanos a largo plazo, a los que los suscriptores exigían un rendimiento sustancialmente mayor. En un inesperado daño colateral, la venta generalizada de bonos en el mercado secundario puso en jaque todo el sistema de fondos privados de pensiones.

El 3 de octubre, Truss, atropelladamente pero sin dejar de defender el concepto general de su plan, accedió a retirar el punto, acaso el más impopular del paquete, de la supresión del tipo máximo del 45% del impuesto sobre las rentas más altas. Esta corrección, que en realidad solo comprometía a menos de 7.000 millones de libras, no fue suficiente para aplacar la bronca generar y el 14 de octubre Truss anunció el despido de Kwarteng, descargando en él toda la responsabilidad. Fue entonces cuando irrumpió en escena Hunt, nombrado con urgencia por la primera ministra canciller del Exchequer, esto es, superministro de Economía y Finanzas del Reino Unido.

Incluso antes de asumir el ministerio de manera oficial, el 19 de octubre, Hunt empezó a revertir el grueso de las ya bautizadas como Trussonomics, recetas económicas de corte neoliberal tan polémicas como efímeras, produciendo la respuesta positiva de los mercados. De entrada, se apearon de la agenda del Gobierno la cancelación de la subida del impuesto de sociedades, que habría privado al erario de 63.000 millones de libras, y el adelanto en un año de la bajada al 19% del tipo básico del impuesto sobre la renta. Además, los topes subvencionados en las facturas energéticas de los hogares ya no serían por dos años, sino por un semestre. Hunt argüía que "en un momento en que los mercados exigen con razón el compromiso con las finanzas públicas sostenibles, no es correcto pedir prestado para financiar el recorte de impuestos".

Aunque las tensiones sobre la cotización de la libra y los títulos de deuda soberana empezaron a amainar —más que nada, gracias al intervencionismo enérgico del Banco de Inglaterra—, la reputación política de Truss estaba destrozada y la primera ministra, acosada desde todos los frentes, de manera decisiva el grupo parlamentario y el Gabinete, no tuvo más salida que la dimisión, la cual comunicó a las puertas del 10 de Downing Street el 20 de octubre, tras solo 45 días en el cargo. Rishi Sunak fue elegido líder del Partido Conservador el 24 de octubre y en la jornada posterior tomó posesión de la jefatura del Gobierno, con Hunt confirmado en los puestos de canciller del Exchequer y segundo lord del Tesoro.

Al estrenarse como el quinto primer ministro en algo más de seis años y el tercero en menos de dos meses, Sunak se esforzó en transmitir tranquilidad y confianza, prometiendo "corregir los errores" de su predecesora, pero avisando también de "decisiones difíciles" por tomar. El país quedó a la expectativa del nuevo paquete fiscal del tándem Sunak-Hunt, cuya presentación el canciller del Exchequer demoró hasta el 17 de noviembre. Para entonces, ya se sabía que el PIB británico había decrecido en el tercer trimestre de 2022 (una contracción intertrimestral del -0,3%, iba a precisarse en diciembre, si bien el año iba a terminar con un crecimiento positivo superior al 4%, tal era la previsión, frente al 7,5% de 2021 y el histórico -11% negativo de 2020 debido la COVID-19), mientras que la inflación anual andaba ya en el 11,1%, la tasa más elevada desde 1981.

Aquel día, Hunt hizo lectura en la Cámara de los Comunes de la llamada declaración de otoño, que, tal como se esperaba, vino a ser el golpe de gracia a las Trussonomics. En adición a los cambios ya anunciados en octubre, el Gobierno retiraba del plan de septiembre la exención del IVA en las compras por turistas extranjeros, la reforma del impuesto especial a los alcoholes y el no aumento de la tributación de los dividendos corporativos y las ganancias de capital, que ahora verían disminuir sus márgenes de desgravación y exención.

Los únicos recortes de contribuciones que se salvaban del mini-presupuesto de Truss eran la no subida de las cotizaciones a la seguridad social (por valor de 77.000 millones de libras hasta 2026, aunque ahora la congelación se extendía hasta 2028) y la elevación del umbral exento en el impuesto del timbre (stamp duty), gravamen aplicado a la compra de inmuebles o terrenos. La famosa retención fiscal máxima del 45% para las rentas más pudientes, salvo en Escocia, vería descender su umbral de aplicación, desde las 150.000 a las 125.140 libras; tal cambio operaría hasta abril de 2028. Los demás tipos marginales, el básico del 20% desde las 12.571 libras y el superior del 40% desde las 50.271 libras no se tocaban, y así permanecerían como mínimo hasta 2028. Como ya se había indicado en octubre, el 1 de abril de 2023 el impuesto de sociedades subiría del 19% al 25%. En cuanto a la cancelación de la Tasa de Salud y Asistencia Social, seguía en pie porque la legislación ad hoc ya había sido aprobada por el Parlamento.

Por otro lado, el ministro confirmó que en enero de 2023 y hasta marzo de 2028 el impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las compañías de petróleo y gas (windfall tax) pasaría del 25% al 35%, al tiempo se aplicaría un nuevo impuesto temporal del 45% a las empresas generadoras de electricidad. Hasta 2025 el presupuesto del NHS de Inglaterra crecería en 6.600 millones de libras y el de las escuelas públicas en 4.600 millones. Adicionalmente, Hunt anunció subidas del salario mínimo y de las pensiones en línea con la inflación, luego en torno al 10%. La estrategia presupuestaria a cinco años vista era que el gasto público aumentara durante los dos primeros ejercicios y que a partir de 2025 la consolidación de la deuda y el déficit adquiriese prioridad.

(Cobertura informativa hasta 9/1/2023)