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Accidentes de buses ocurren por imprudencia
Foto: Bomberos Voluntarios
Lesiones, amputaciones y muertes son los resultados de los accidentes provocados por autobuses extraurbanos de pasajeros. Por esa razón, los usuarios temen abordar estas unidades, debido al peligro a sus vidas. Sin embargo, deben utilizar ese medio de locomoción por necesidad. Estos incidentes representan el tres por ciento de hechos de tránsito, en lo que va del año, de acuerdo con reportes oficiales.
Quienes demandan el servicio de transporte público han mostrado su preocupación y temen por su vida al abordar un bus, debido a los accidentes que se han consumado en las carreteras.
En su mayoría, se señala la irresponsabilidad de los pilotos por estos hechos, ya que conducen con imprudencia, sin experiencia y por competir con sus demás compañeros.
96 percances han ocurrido en lo que va del presente año, según registros del DT-PNC.
Alrededor de 96 accidentes en los que estuvieron involucrados buses colectivos han sido reportados desde el 1 de enero de este año a la fecha, según datos del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (DT-PNC).
Guillermo Escobar, quien ha viajado en estos vehículos por más de 30 años, denunció que “la mayoría de choferes son imprudentes. Ellos rebasan a gran velocidad y sin importar si llevan o no la vía y siempre quieren tener la razón”. Agregó que, en ocasiones, ha sido testigo de competencias entre camionetas por recoger pasaje en zonas de peligro. Las rutas donde ocurren más incidentes son hacia el Occidente, la Costa Sur y el Atlántico.
Sanciones
Jairo Rivera, abogado y monitor de estos hechos, comentó que los choferes pueden ser perseguidos y condenados penalmente por lesiones o muertes culposas, si se comprueba que conducían de una forma imprudente y, más aún, si son hallados bajo efectos de licor o cualquier otra droga.
“Los pilotos corren por pasaje y no por lo que entregan a los patrones; es decir, el resto del dinero se lo quedan”, comentó Eduardo N, exempresario de buses extraurbanos, quien además declaró que “una de las razones por la que se dan estos accidentes es por la misma necesidad de los pilotos de juntar más dinero por motivos de deuda; incluso, hasta por vicios y no por desperfectos mecánicos como muchos indican”.
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Provial y DGT inician proceso para certificación ISO 37001
principio de transparencia, se inició el proceso para obtener la certificación ISO 37001 del Sistema de Gestión Antisoborno, para las direcciones generales de Protección y Seguridad Vial (Provial) y de Transportes (DGT).
La acción es impulsada por instrucciones de la titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), Jazmín de la Vega.
Zoltán Rodas, de la empresa World Compliance Association, la cual otorga el certificado, explicó que ambas instituciones serán sometidas a una evaluación y diagnóstico, con el propósito de establecer los requisitos con los que ya cumplen para lograr el objetivo y se recibirán las recomendaciones para mejorarlos.
Poseer ese estándar internacional contribuye a prevenir la corrupción en las compañías e instituciones. En este caso, fortalece la buena imagen y el espíritu de servicio que caracterizan a Provial y la DGT, agregó el
ejecutivo.
Por su parte, De la Vega recalcó que la cartera a su cargo es la primera entidad del Estado en someterse a esta certificación, la cual se da regularmente a empresas privadas. Agregó que abarca varios actores que pueden ser susceptibles a la corrupción como colaboradores, brigadas y proveedores, entre otros.
Por su parte, Santiago Palomo, titular de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), aseguró que se espera que otras dependencias obtengan el referido estándar internacional, aunque dependerá de cada uno de los ministerios.
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Concejo aprueba servidumbre en medio de malestar
Debate y polémica ante mecanismo para demoler y construir el puente Bran.
Una servidumbre por 50 años sobre tres tramos de una finca propiedad de la comuna fue aprobada por el Concejo Municipal de Guatemala, a cambio de que la empresa a la que se le entregó el derecho financie la demolición y reconstrucción del puente Rodolfo Mijangos López, cuyo costo será de 16 millones de quetzales.
La aprobación fue pedida por Luis Chavarría Rodríguez, en su calidad de gerente general y representante legal de la entidad Corredor Verde, Sociedad Anónima, que construirá una carretera para agilizar el tránsito desde Mixco hasta la capital.
El proceso de solicitud generó controversia debido a señalamientos de opacidad. Inicialmente, se presentó como una servidumbre a perpetuidad, que sería abordada el pasado viernes, pero tras la solicitud de la concejal novena, Ninotchka Matute, se pospuso para su revisión.
Después de un extenso debate, la propuesta fue aprobada con nueve votos a favor y cuatro en contra. Entre los argumentos contrarios se destacó la falta de análisis jurídico en el dictamen presentado, así como la inquietud por los valores en juego y la ausencia de beneficios claros para la municipalidad.
El concejal octavo Oscar Girón resaltó la falta de respaldo ambiental y expresó su preocupación por el uso del terreno sin beneficio comunal, además de criticar la omisión de los mecanismos de licitación. María Cruz, síndica segunda, dijo que la propuesta se hizo para evitar alterar el presupuesto municipal, ya que la edificación del puente no tiene financiamiento. Destacó que la decisión recae en el pleno del Concejo, en un ejercicio de democracia.
Matute calificó los argumentos a favor como mediocres, pues la modificación a una concesión de 50 años fue una reacción de última hora. Denunció la opacidad del proceso y cuestionó por qué se favorecía a un privado sin competir con otros.
La finca, inscrita en el Registro General de la Propiedad con el número 42 mil 718, folio 180 del libro 350 de Guatemala, tiene un área de 27 mil 662.46 metros cuadrados. Solo 10 días duró el proceso para aprobar el permiso.
Tres opciones
Entre las opciones que se ofreció a la empresa favorecida está la construcción de un paso a desnivel en la intersección Calzada Mateo Flores, Calzada San Juan y Periférico, con un monto aproximado de 42 millones de quetzales; la demolición y edificación del puente Óscar Rodolfo Mijangos López, por 16 millones de quetzales, y el recapeo y mejoramiento de base de 2.8 kilómetros de asfalto para mejorar las calzadas Martí y José Milla, zonas 2 y 6, por 38 millones de quetzales.
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Cultura rescindirá millonario contrato por anomalías
En el último día del gobierno anterior
se firmó convenio con tres empresas por 60 millones de quetzales.
Un conjunto de contratos anómalos, firmados un día antes de que la anterior administración entregara el cargo, para brindar seguridad a seis parques y centros deportivos a cargo del Viceministerio del Deporte y la Recreación, del Ministerio de Cultura, serán rescindidos por estar sobredimensionados.
Estos, suscritos con tres empresas, suman 60 millones de quetzales y requieren el servicio de 280 guardias “cuando un estudio técnico determinó que al final de cuentas son 55 (elementos) los que necesitamos”, afirmó Francisco Aguilar, titular del referido vicedespacho.
Las adjudicaciones criticadas fueron dadas a V.I.P Security, S. A., por 29.8 millones de quetzales para la vigilancia del Parque Erick Barrando y el campo del Roosevelt.
A Seguridad Control y Vigilancia, S. A., le fue asignado un contrato por 15.8 millones de quetzales para resguardar los centros deportivos y recreativos Gerona, La Paz (Zacapa) y La Paz en la zona 21 capitalina, mientras que a Security Professional Sistems S. A., el acuerdo es por 14.2 millones de quetzales para la protección de Campo de Marte.
Son contratos “espurios y en contra de los intereses del Estado. Esta semana la ministra Liwy Grazioso firmará la rescisión”, aseguró el entrevistado.
“Sí es prácticamente en toda la administración pública, carteras, entidades descentralizadas y autónomas que se dio todo este saqueo con acuerdos que eran no necesarios o sobrevalorados”, indicó Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana (AC).
Otras irregularidades encontradas
Las actuales autoridades del Ministerio de Cultura encontraron que obras de arte fueron trasladadas de manera irregular de un museo a otro. “Es decir, no se siguieron los procesos y protocolos correspondientes.
Eso nos obliga a ver los inventarios de las colecciones para asegurarnos de que están donde debe estar”, enfatizó Liwy Grazioso, titular del citado despacho. Agregó que se realizaron “despidos injustificados” en las áreas de Danza y Cultura de la citada cartera.
Sumado a ello, “nos topamos con que las plazas las dejaron desfinanciadas”, aseguró. Sobre este particular, indicó que están “buscando la manera de refinanciarlas porque son, absolutamente, necesarias”.
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