Los días 5 y 6 de abril tuvo lugar en Roma la “Conferencia Internacional para la Abolición Universal de la Gestación Subrogada” en la que han participado representantes de organismos internacionales, políticos y académicos que buscaban generar un debate público entorno a esta práctica.
La conferencia fue organizada por los expertos firmantes de la Declaración de Casablanca. En ese documento, presentado el 3 de marzo de 2023, más de 100 personas de 75 nacionalidades se comprometían a luchar contra la gestación subrogada para proteger y preservar la dignidad humana y los derechos de las mujeres y los niños, mediante la aplicación de las siguientes medidas:
- Prohibiendo la maternidad subrogada en su territorio.
- Negando todo valor jurídico al contrato que conlleva el compromiso de una mujer de gestar y dar a luz a un niño.
- Sancionar a las personas físicas y jurídicas que actúen como intermediarios entre las madres de alquiler y los mandantes.
- Perseguir judicialmente a las personas que recurran a la maternidad subrogada en su territorio.
- Perseguir judicialmente a sus nacionales que recurran a la maternidad subrogada fuera de su territorio.
El objetivo de la Conferencia fue señalar los límites éticos de la maternidad subrogada y concienciar sobre un negocio en plena expansión, que generó 14.000 millones de euros en 2022.
La bonne humeur, dans toutes les circonstances.
Un soutien pour la @CasaDeclaration.
La GPA est un marché global de la femme et de l’enfant.
Voilà ce que je garde en mémoire de cette rencontre. En me présentant comme féministe et athée, en toute simplicité, Pape François, que… pic.twitter.com/xmLJt6Q6uM
— Olivia Maurel (@maurel_olivia) April 4, 2024
La portavoz de la Declaración de Casablanca, Olivia Maurel, es una mujer francesa que tras una adolescencia complicada y problemática en la que sentía que no encajaba en su familia, al llegar a la edad adulta se hizo una prueba de ADN y descubrió que había nacido por gestación subrogada. Ese descubrimiento dio sentido a su vida. Desde entonces es una activista que lucha para conseguir la prohibición de esta práctica, que va en contra de la dignidad humana, en todo el mundo.
El día antes de comenzar la Conferencia, tanto Maurel, que es atea y feminista, como otros representantes de la Declaración de Casablanca fueron recibidos en audiencia privada por el Papa Francisco, que les manifestó su apoyo y se mostraron totalmente contrarios a la gestación subrogada.
Ya el pasado 8 de enero, en su discurso a los miembros del cuerpo diplomático, el Papa declaró: “considero deplorable la práctica de la llamada maternidad subrogada, que ofende gravemente la dignidad de la mujer y del niño y se basa en la explotación de la situación de necesidad material de la madre. Un hijo es siempre un don y nunca el objeto de un contrato. Por ello, hago un llamamiento para que la Comunidad internacional se comprometa a prohibir universalmente esta práctica”.
La Conferencia contó con la presencia de Miroslaw Wachowski, subsecretario de la Sección para los Estados y los Organismos Internacionales de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, que llamó a defender la dignidad de las mujeres y los niños. También intervinieron la ministra de Familia, Natalidad e Igualdad de Oportunidades de Italia, Eugenia Roccella y Reem Alsalem, relatora especial de Naciones Unidas en la Violencia contra las Mujeres y las Niñas.
¿Dónde es legal la maternidad subrogada?
Algunos de los lugares donde la maternidad subrogada es legal son los siguientes: Estados Unidos, Canadá, Rusia, Ucrania, Georgia, Sudáfrica, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Grecia, India, Tailandia, México y Brasil.
De momento, esta práctica ha sido prohibida explícitamente en pocos países como Francia, Alemania, Croacia y Egipto. En España no está permitida, pero sí que se puede inscribir en el registro a los niños nacidos en el extranjero tras haber recurrido a un vientre de alquiler.
En Italia se la ha catalogado como un delito universal y se espera que el Senado apruebe en unos meses un proyecto de ley que prevé penas de cárcel de entre tres meses y dos años, y multas de hasta un millón de euros para quien “compre” niños, incluso en países extranjeros donde esté legalizada esta práctica.
