El Congreso del estado de Guanajuato va contra el “Plan B Electoral” del presidente de la república.
En una sesión extraordinaria, el grupo Parlamentario de Acción Nacional a través de su coordinador Luis Ernesto Ayala, presentó un punto de acuerdo para iniciar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por invasión de competencias, mismo que luego de dos horas y media de discusión, y pese a los argumentos en contra de los diputados de Morena, fue aprobado por mayoría con 27 votos a favor y 8 en contra.
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La controversia se deriva del decreto del ejecutivo federal, donde se reforma el articulo 26 de la Ley General de Comunicación Social donde a las entidades y municipios se les limita a ejercer el 0.01% de su propuesto en comunicación y difusión.
“Hablo de democracia, porque no podemos ser ingenuos ya que esta reforma publicada el 27 de diciembre del año pasado no es un hecho aislado, ni una pretensión inocente, forma parte de la estrategia declarada abiertamente por el régimen obradorista para destruir los equilibrios institucionales y demoler además las instituciones democráticas construidas durante décadas de participación y consenso ciudadano con el objetivo de reemplazarlas con una caprichos que llevan en su texto y en las intenciones las señales de la tiranía” externó en Tribuna la Diputada Panista Cristina Márquez.
Diputados del PAN, PRI, Partido Verde y Movimiento Ciudadano consideraron que esto representa una usurpación de funciones, pues es competencia exclusiva del congreso del estado de Guanajuato, la aprobación del presupuesto estatal, así como es competencia exclusiva del gobernador proponer en el presupuesto de egresos anual, cuánto habrá de destinarse a comunicación.
Inclusive, legisladores panistas ofrecieron públicamente el apoyo y asesoria legal a los 46 municipios del estado, en caso de que deseen presentar un recurso de inconstitucionalidad en este mismo sentido. Esfuerzo que ya encabeza la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez quien en calidad de presidenta de la Asociación Nacional de Alcaldes Panistas, presentará una controversia a nombre de los mas de 300 alcaldes que la conforman.
Por su parte, los diputados de Morena se mantuvieron en la postura de que el mandato tenía carácter constitucional y que buscaba evitar el “despilfarro” en campañas políticas y convenios con medios de comunicación, por lo que se dedicaron a detallar distintos actos que consideraron eran prueba de que no se manejan adecuadamente los recursos.
“Desde Morena, respaldamos la Reforma a la Ley General de Comunicación Social que viene a poner un límite importante al recurso que se despilfarra para financiar campañas políticas del gobierno del Estado, que está en campaña permanente el gobierno panista desde el inicio hasta el final del sexenio, están en campaña permanente” externó la diputada de Morena Alma Alcaráz.
Cabe destacar, fue el pasado 27 de diciembre del 2022 que se publicaron las reformas a la Ley General de Comunicación Social, que establecieron, entre otras disposiciones, la limitación del gasto, por lo que el congreso local tuvo que convocar al periodo extraordinario de sesiones, pues solo contaba con 30 días hábiles posteriores a su publicación para presentar dicha controversia.
MKHC
